Las Directrices en materia de lucha contra la corrupción e integridad en las empresas públicas (Directrices ACI) son el primer instrumento internacional que ofrece a los Estados, en su papel de propietarios de empresas, apoyo en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad en las empresas de su propiedad. Las Directrices buscan ayudar a los Estados a garantizar que los propietarios den un ejemplo de integridad con su conducta, que los acuerdos de propiedad propicien la integridad, que las empresas públicas se adhieran a las buenas prácticas en el ámbito de las empresas de propiedad estatal y que los mecanismos de rendición de cuentas sean parte integrante de los sectores de las empresas de propiedad estatal. Las Directrices complementan los objetivos de las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas.
