Los carteles son considerados la infracción más grave al derecho de la competencia y las autoridades de competencia actúan para prevenirlos y aplicar la ley contra ellos. Como parte de un marco eficaz para alcanzar ese objetivo, resulta importante habilitar e incentivar herramientas de resolución anticipada de casos, tal como lo establece la Recomendación del Consejo relativa a una Acción Eficaz contra los Cárteles Intrínsecamente Nocivos [OECD/LEGAL/0452].
La resolución anticipada suele adoptar la forma de acuerdos transaccionales o negociaciones de declaración de culpabilidad, que con frecuencia requieren la admisión de culpabilidad o la admisión de los hechos o la renuncia al derecho de apelación [OECD/LEGAL/0452]. La resolución anticipada también puede materializarse mediante compromisos, cuando estos consisten en obligaciones jurídicamente vinculantes presentadas voluntariamente ante una autoridad de competencia por las partes de una investigación antimonopolio, con el objetivo de eliminar las razones que justifican la continuación de la actuación de defensa de la competencia (OCDE, 2016[1]).
Las autoridades de competencia pueden beneficiarse de la resolución anticipada de casos de carteles al ahorrar tiempo y los recursos que un procedimiento contencioso exigiría, asignándolos de manera más eficiente a la detección y persecución de otros carteles y contribuyendo a un mayor impacto de sus acciones de aplicación de la ley. Un beneficio adicional es la posibilidad de obtener cooperación de las partes investigadas,1 que puede aportar valor a la investigación y persecución de otros participantes en el cartel, por ejemplo, mediante la provisión de pruebas o la aclaración de detalles sobre el funcionamiento de la conducta ilícita. Por su parte, las partes investigadas se benefician de una menor exposición financiera, mayor certidumbre y previsibilidad respecto del resultado del procedimiento, así como de una resolución más rápida de sus casos.
En América Latina y el Caribe (ALC), la resolución anticipada también está disponible en muchas jurisdicciones, aunque la experiencia parece limitada y podría desarrollarse aún más. La proporción de acuerdos transaccionales respecto del total de infracciones fluctuó considerablemente entre 2020 y 2024, con una tendencia general descendente hasta aproximadamente el 32% en 2024 (OCDE, 2025[2]). El diseño de la resolución anticipada contribuye a los incentivos de las partes investigadas para solicitar esta herramienta, lo que puede tener un impacto significativo en otros elementos de la persecución de carteles, como los programas de clemencia, la acción civil y la disuasión. El marco jurídico también es importante, incluyendo requisitos tales como la admisión de culpabilidad y el deber de cooperar con la autoridad de competencia.
Esta nota se basa en trabajos previos de la OCDE sobre el tema y cuestiones relacionadas, centrándose en las jurisdicciones de ALC. A lo largo de los años, la OCDE ha llevado a cabo un trabajo extenso sobre mecanismos para la resolución anticipada de casos de cartel, como las notas de antecedentes de la mesa redonda del Comité de Competencia sobre “Negociación de culpabilidad/acuerdos transaccionales en casos de carteles” (OCDE, 2008[3]), de la mesa redonda del Grupo de Trabajo No. 3 sobre la “Experiencia con acuerdos directos en casos de carteles” (OCDE, 2009[4]), y de la mesa redonda del Comité de Competencia sobre “Decisiones de compromisos en casos antimonopolio” (OCDE, 2016[1]), las cuales estuvieron centradas en un contexto global.
Esta nota está organizada de la siguiente manera:
La Sección 2 presenta una visión general de las resoluciones anticipadas, incluidos los objetivos de política pública que tienen las autoridades de competencia al investigar y perseguir carteles, así como los riesgos y consideraciones al diseñar herramientas para alcanzarlos.
La Sección 3 ofrece una visión general del marco jurídico de las resoluciones anticipadas en la región, examinando su disponibilidad y las formas que adopta, considerando los modelos de acuerdos transaccionales y de compromisos, y analizando las características clave que pueden observarse en la legislación y las políticas de la región.
La Sección 4 presenta experiencias de aplicación en la región, mostrando cómo las autoridades de competencia de la región abordan algunas de las cuestiones que pueden afectar la implementación de programas eficaces de resolución anticipada.
La Sección 5 expone las principales conclusiones.