El financiamiento político es un elemento clave de las democracias funcionales. Pero no mantener salvaguardias eficaces en el financiamiento político puede producir resultados perjudiciales en las políticas públicas, una regulación sesgada y gravosa y la sobrerrepresentación de determinados intereses en la sociedad y los mercados. Aunque la normativa de los países es, en general, sólida, persiste una importante brecha de implementación en muchos sistemas de financiamiento político. En muchos países, los partidos políticos no respetan las normas de información y transparencia, por lo que es posible que no se detecte el financiamiento prohibido y las influencias malignas en la elaboración de políticas. Los organismos de supervisión podrían hacer un mejor uso de auditores certificados para reforzar la supervisión de las cuentas de los partidos. Y aunque la digitalización y la globalización están modificando los riesgos en torno al financiamiento político, las leyes de muchos países no se están adaptando a los nuevos riesgos y continúan omitiendo salvaguardias clave.
Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026
Resumen
Muchos países han celebrado elecciones nacionales desde la publicación de las Perspectivas de Anticorrupción e Integridad 2024. En 2024, calificado de "superaño" electoral, los votantes acudieron a las urnas en unos 70 países, lo que representa aproximadamente la mitad de la población mundial (OECD, 2024[20]; IDEA, n.d.[23]; Politics UK, 2025[24]). Muchos países miembros de la OCDE se encontraban entre este grupo más amplio, y otros celebraron sus elecciones nacionales en 2025. Dado que algunos países van a celebrar elecciones nacionales en 2026, garantizar la transparencia y la integridad en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales seguirá siendo crucial para construir sociedades en las que se respete la dignidad en las que los ciudadanos sientan que sus representantes están a su servicio y en las que se proteja la competencia en el mercado (OECD, 2017[11]).
El financiamiento político permite a particulares y entidades salvaguardar y promover sus intereses canalizando su apoyo hacia los candidatos y partidos que mejor les representan. A su vez, el financiamiento político es un recurso necesario para que los candidatos y los partidos se presenten a las elecciones y promuevan ideas y programas, facilitando así la competencia en las elecciones y una mayor capacidad de elección para ciudadanos y entidades (OECD, 2016[25]).
Sin embargo, cuando las salvaguardias en torno al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales no son adecuadas, el dinero puede convertirse en un instrumento de influencia indebida y captura de políticas. En tales circunstancias, el financiamiento político puede conducir a la sobrerrepresentación de intereses concretos en lugar de los de la sociedad o los mercados en general, puede reducir la calidad y la eficacia de la toma de decisiones en los órganos legislativos y ejecutivos, y puede dar lugar a normativas sesgadas, menos eficaces o excesivamente gravosas que aumenten las barreras de entrada y reduzcan la competencia (OECD, 2016[25]; OECD, 2024[26]; Business at OECD, 2024[27]). En resumen, una mala gestión del financiamiento político puede producir peores resultados democráticos y económicos para los ciudadanos y las empresas.
Este capítulo explora los sistemas de los países para mantener la integridad en el financiamiento político y constata que:
Muchos países cuentan con normativas sólidas, pero persiste una brecha de implementación importante en los sistemas de financiamiento político de los países.
La mayoría de los países cuentan con requisitos estrictos de transparencia e información sobre financiamiento político, pero el cumplimiento de estos requisitos por parte de los partidos políticos podría mejorar.
Los organismos de supervisión del financiamiento político podrían hacer un mejor uso de auditores certificados en la supervisión de las cuentas de los partidos.
La digitalización y la globalización están transformando y aumentando la complejidad del financiamiento político y las campañas electorales con mayor rapidez de lo que se adaptan las normativas.
Un marco normativo sólido es esencial para garantizar la integridad en el financiamiento de los partidos políticos. Unas normas claras sobre las donaciones prohibidas y permitidas pueden contribuir a garantizar una multiplicidad de fuentes de financiamiento, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de que intereses particulares o indeseables obtengan una influencia indebida sobre los partidos políticos y los candidatos. Las normativas sobre información, transparencia y rendición de cuentas apoyan la supervisión eficaz del financiamiento político y contribuyen a garantizar a los ciudadanos y a los mercados que los donantes y los receptores trabajan dentro de las normas. Una normativa clara sobre los procesos contables adecuados, los controles del gasto y la conducta esperada ofrece claridad a donantes, partidos y candidatos sobre las prácticas correctas y sienta las bases de una cultura de integridad en torno al financiamiento político (OECD, 2016[25]; OECD, 2020[14]).
Sin embargo, incluso los marcos normativos más sólidos deben estar respaldados por medidas eficaces para su implementación, como el desarrollo de procesos de información eficientes y accesibles o la creación de organismos de supervisión fuertes e independientes con poderes de investigación y ejecución adecuados. Sin estos mecanismos de implementación, las normas sobre financiamiento político pueden quedarse en mera teoría, dejando sin resolver los riesgos de corrupción, parcialidad e influencia indebida.
Una brecha persistente en la implementación sigue perjudicando la integridad de los sistemas de financiamiento político entre los países miembros y socios de la OCDE. Desde 2022, la calidad de las normativas de financiamiento político en los países miembros de la OCDE se ha mantenido en gran medida estable, con países que cumplen una media del 76 % de los criterios de la OCDE sobre normativas de financiamiento político en 2025, frente al 73 % en 2022 (OECD, 2024[20]). Sin embargo, al igual que en 2022, la calidad general de las normativas de los países contrasta con su implementación en la práctica. Los países miembros de la OCDE cumplen una media del 58 % de los criterios de implementación de las normativas sobre financiamiento político en 2025, frente al 58 % en 2022 (Figura 5.1). Existe, por tanto, una brecha de implementación de 18 puntos porcentuales en los sistemas de financiamiento político de los países miembros de la OCDE, lo que indica que las salvaguardias contra la influencia indebida sobre los partidos políticos y los candidatos establecidas en las normativas de los países miembros de la OCDE no están siendo plenamente respaldadas por las medidas de implementación pertinentes. Como se expone en los apartados siguientes, esta brecha de implementación se debe en gran medida a que los partidos políticos de varios países no siempre respetan las normas de información y transparencia y presentan los informes financieros a las autoridades de supervisión con retraso o no los presentan en absoluto. Además, las autoridades de supervisión están adoptando diferentes enfoques para evaluar las cuentas financieras de los partidos políticos, pero podrían utilizar a los auditores certificados de forma más eficaz.
Esta brecha de implementación y los riesgos que entraña para la competencia y la toma de decisiones son aún más pronunciados en los países socios de la OCDE. Muchos países socios cuentan con una estricta normativa sobre financiamiento político, que prohíbe, en mayor medida que los países miembros de la OCDE, las donaciones procedentes de fuentes de mayor riesgo, como donaciones anónimas, Estados o empresas extranjeras, o empresas de titularidad pública. Sin embargo, los países socios están teniendo más dificultades que los países miembros de la OCDE para apoyar sus normativas con medidas de implementación, especialmente en relación con la información y la transparencia en torno al financiamiento político. Como resultado, los países socios de la OCDE arrastran una brecha de implementación de 35 puntos porcentuales, cumpliendo una media del 82 % de los criterios de la OCDE sobre la normativa y del 47 % sobre la práctica (Figura 5.1).
Nota: Datos de 2025, o del último año disponible. No se han facilitado datos de Japón y Suiza.
Cómo leer: En promedio, en 2025, Argentina cumplía el 90 % de los criterios sobre normativa y el 71 % sobre práctica. Los países miembros de la OCDE están representados por barras de color azul oscuro. Los países socios de la OCDE están representados por barras de color azul claro. Los promedios de los países miembros y socios de la OCDE y el promedio mundial están representados por barras rojas.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
Una de las principales razones de la brecha de implementación en los sistemas de financiamiento político de los países es la falta de información y transparencia. Estos mecanismos son cruciales, ya que proporcionan a los ciudadanos y a los mercados una mayor garantía de que las salvaguardias funcionan, de que los partidos y los candidatos actúan dentro de las normas y de que se mitigan los riesgos de influencia indebida (OECD, 2016[25]). La presentación de información efectiva sobre el financiamiento político es esencial para una supervisión adecuada, ya que permite a las autoridades responsables controlar el cumplimiento de las normas y hacer frente a las irregularidades. Un financiamiento político transparente fomenta la confianza en los procesos democráticos al permitir el escrutinio de las donaciones y las relaciones políticas, y que las autoridades y los observadores públicos se hagan una idea de las posibles fuentes de influencia sobre partidos y candidatos. Este nivel de escrutinio es especialmente importante en el contexto de las donaciones políticas de grupos de crimen organizado que buscan una influencia indebida y de Estados y agentes extranjeros que pueden intentar ocultar o disfrazar donaciones para socavar la soberanía de los países objetivo o la estabilidad de sus mercados (IDEA, 2025[28]).
Sin embargo, los países miembros de la OCDE cumplen en promedio menos de dos tercios (58 %) de los criterios relativos a la práctica, y los países socios de la OCDE cumplen menos de la mitad (47 %). Los marcos de integridad que promueven la transparencia de los informes financieros anuales de los partidos políticos están bien establecidos y funcionan eficazmente en todos los países miembros de la OCDE. Casi todos los países (94 %) exigen legalmente a los partidos políticos que publiquen informes financieros anuales incluyendo todas las contribuciones por encima de un límite fijo. Los partidos políticos de una gran mayoría de países de la OCDE (81 %) han puesto sus informes financieros a disposición del público, demostrando un fuerte cumplimiento en la práctica. Sin embargo, los marcos de integridad que promueven la transparencia de las campañas electorales podrían reforzarse en la práctica. Aunque el 94 % de los países de la OCDE exigen a los partidos políticos o los candidatos que informen sobre su financiamiento y sus gastos durante las campañas electorales, estos informes financieros solo se han presentado dentro de los plazos definidos por la legislación en los dos últimos ciclos electorales en el 39 % de los países de la OCDE (Tabla 5.1).
Esta discrepancia entre la normativa y la práctica es mayor entre los países socios de la OCDE, donde la información y la transparencia siguen siendo escasas en la práctica. Aunque el 79 % de los países socios de la OCDE exigen a los partidos políticos que hagan públicos sus informes financieros anuales, en la práctica, estos informes financieros solo están disponibles públicamente en el 58 % de los países socios de la OCDE. Y aunque el 92 % de los países socios de la OCDE exigen a los partidos o los candidatos que informen de sus finanzas durante las campañas electorales, solo en el 33 % de los países socios de la OCDE todos los partidos políticos han presentado las cuentas relacionadas con las elecciones dentro de los plazos designados en los dos últimos ciclos electorales (Tabla 5.1).
Nota: Datos de 2025, o del último año disponible
Cómo leer: Francia cumplía el criterio de que "los partidos políticos deben hacer públicos los informes financieros, incluidas todas las contribuciones que superen un límite máximo fijo" y no cumplía el criterio de que "todos los partidos políticos han presentado cuentas anuales dentro de los plazos definidos por la legislación nacional durante los últimos cinco años". Francia también cumplía el criterio de que “los partidos o los candidatos deben informar sobre sus finanzas (financiamiento y gastos) durante las campañas electorales” y no cumplía el criterio de que “todos los partidos políticos han presentado cuentas relacionadas con las elecciones dentro de los plazos definidos por la legislación nacional en los dos últimos ciclos electorales”.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
Es difícil determinar las razones por las que los partidos no cumplen sus obligaciones de información a partir de los informes anuales de los organismos de supervisión, pero existen varias posibilidades. Tanto en los países miembros de la OCDE como en los países socios, en muchos casos parece que los partidos políticos han presentado sus informes fuera de plazo debido a errores administrativos u organizativos, más que por tratar de eludir las normas. En otros casos, podría deberse a que el propio sistema de presentación de informes es excesivamente burocrático o a que los plazos de presentación de informes son demasiado ajustados y han llevado a los partidos a incumplir los plazos. Esta posibilidad se ve confirmada por los esfuerzos de varios países para aliviar la carga de los partidos políticos y mejorar la eficacia de la presentación de información financiera mediante la introducción de sistemas electrónicos. Un ejemplo es la plataforma POLITDATA de Ucrania, que facilita a los partidos políticos el registro y la presentación de informes, y mejora la verificación de los informes por parte de las autoridades mediante una mejor comparación de los datos de las presentaciones históricas de los partidos y de las bases de datos. Sin embargo, otra razón que no se destaca en los informes anuales podría ser que algunos partidos políticos se sienten menos obligados a informar debido a la falta de autoridad o de capacidad percibida de las autoridades de supervisión para controlar la presentación de informes. En cualquier caso, la presentación tardía o la no presentación de informes impide a las autoridades de supervisión comprobar que los partidos políticos trabajan dentro de las normas y que se está mitigando el riesgo de influencia indebida en el financiamiento político.
Estos bajos niveles de información y transparencia en torno al financiamiento político en los países miembros y socios de la OCDE se ven agravados por la falta de disponibilidad de datos accesibles sobre las cuentas de los partidos. En el 67 % de los miembros de la OCDE, todos los informes financieros están disponibles en una única plataforma en línea en un formato fácil de usar, mientras que este es el caso en el 42 % de los países socios de la OCDE. Cuando los datos no se publican en un formato accesible que pueda ser analizado tanto por las autoridades responsables como por el público, las discrepancias e infracciones son más difíciles de identificar y resolver (Transparency International, 2025[29]).
Estas deficiencias en la información y la transparencia en torno al financiamiento político están dejando a los países expuestos a los riesgos de influencia indebida y captura política y a los efectos que pueden tener en la toma de decisiones y en los mercados. Por lo tanto, se necesitan mayores esfuerzos para mejorar la información y la transparencia, incluida la mejora de la verificación de la información y la contabilidad por parte de los organismos de supervisión, la aplicación de sanciones por incumplimiento de los requisitos de información y transparencia, y un mejor uso de las herramientas digitales para facilitar una información transparente y accesible. Esto contribuiría a garantizar que la toma de decisiones en los poderes legislativo y ejecutivo siga fomentando la confianza, manteniendo la capacidad de los ciudadanos para participar en los procesos democráticos y construyendo economías más fuertes y estables.
Los organismos de supervisión eficaces son un medio importante para llevar a la práctica las salvaguardias de financiamiento político, ya que desempeñan un papel central en la verificación y auditoría de las cuentas de partidos y candidatos y, por tanto, en garantizar que los partidos y los candidatos trabajan dentro de las normas. Este proceso suele incluir la comprobación de que los partidos y los candidatos registran correctamente sus finanzas, la evaluación de la permisibilidad de las donaciones políticas, la comprobación de la idoneidad del gasto político y la adopción de medidas correctivas (incluida la imposición de sanciones) cuando se han producido infracciones de las normas (OECD, 2020[14]; OECD, 2016[25]). Para desempeñar bien esta función, los organismos de supervisión deben asegurarse de que cuentan con las competencias y los conocimientos adecuados para analizar y auditar las cuentas (a menudo complejas) de los partidos y los candidatos.
El 75 % de los países miembros de la OCDE tienen un organismo independiente con el mandato de supervisar el financiamiento político, y sus enfoques para auditar las cuentas de los partidos políticos varían ampliamente. Algunos países (como México) utilizan administradores cualificados para auditar las cuentas de los partidos que deben cumplir una serie de requisitos administrativos, académicos y profesionales antes de ser nombrados para tal función. Otros países (como Chequia) emplean expertos en contabilidad que verifican las declaraciones presentadas por partidos y candidatos, que deben haber sido auditadas por un auditor antes de su presentación al organismo de supervisión. Y otros países (como Estonia) recurren a auditores externos en el marco de auditorías especiales asignadas por el órgano de toma de decisiones del organismo de supervisión. Sin embargo, el enfoque más común para la auditoría de las cuentas de los partidos políticos, adoptado por la mitad de los miembros de la OCDE (50 %), es que los organismos de supervisión mantengan auditores certificados en nómina (Figura 5.2).
Aunque las prácticas de los países han demostrado, por tanto, que existen diferentes soluciones para auditar las cuentas de los partidos políticos, hay varias ventajas en este enfoque más común de que los organismos de supervisión mantengan auditores certificados en nómina. Por ejemplo, para que los auditores obtengan la certificación deben mantener un nivel mínimo de conocimientos especializados y adherirse a una metodología de auditoría normalizada, lo que puede mejorar el nivel y la coherencia del examen de las cuentas de los partidos políticos por parte de los organismos de supervisión. Además, y como se analiza en el capítulo sobre "Crimen organizado y corrupción", la certificación también puede reducir la susceptibilidad de los auditores a las influencias externas, ya que forman parte de una red profesional y pueden recurrir a canales de denuncia y apoyo a través de sus afiliaciones profesionales. Los organismos de supervisión que mantienen auditores en nómina, en lugar de externalizar las funciones de auditoría, pueden reducir asimismo la susceptibilidad a la influencia externa, ya que los auditores también están sujetos a las salvaguardias reglamentarias que sustentan la independencia del organismo y a sus normas de conducta. Además, mantener auditores certificados en nómina puede mejorar la continuidad entre auditorías y la memoria institucional (OECD, 2024[30]). Aunque no es necesario que todos los países miembros de la OCDE adopten la misma metodología, los países cuyos organismos de supervisión no tienen auditores certificados en nómina pueden estar perdiéndose estas ventajas de las que disfrutan sus homólogos. Los países socios de la OCDE también podrían considerar las ventajas de este enfoque, ya que del 88 % de los socios que tienen un organismo independiente que supervisa el financiamiento político, en solo el 38 % de los países el organismo de supervisión tiene auditores certificados en nómina.
Nota: Datos de 2025, o los primeros datos disponibles. La Comisión Federal de Elecciones (FEC) de Estados Unidos es el organismo de supervisión del financiamiento político y las campañas electorales. Sin embargo, como la legislación no define los procedimientos de destitución del director del órgano gestor de la autoridad, la FEC no cumple el requisito de independencia del criterio "Un organismo independiente tiene el mandato de supervisar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales". La FEC tiene auditores certificados en nómina. No se han facilitado datos de Japón y Suiza.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
Mientras persiste la brecha de implementación en los sistemas de financiamiento político de los países, el panorama del financiamiento político evoluciona y se hace cada vez más complejo. Los avances clave relacionados con la digitalización y la globalización están haciendo que sea más difícil para los países gestionar las donaciones a partidos y candidatos y garantizar que el financiamiento político siga apoyando las democracias representativas y los mercados competitivos.
En el contexto de esta evolución, desde 2015 la mayoría de los países miembros y socios de la OCDE han aprobado una nueva legislación sobre financiamiento político o han actualizado la que ya tenían. Sin embargo, a pesar de estas reformas, los marcos normativos de muchos países siguen careciendo de salvaguardias básicas para el financiamiento político, lo que dificulta la información y la transparencia y deja a los agentes políticos vulnerables a riesgos cambiantes. Es más, la legislación más reciente no está proporcionando necesariamente salvaguardias más robustas en torno al financiamiento político; muchas normativas más recientes cumplen menos criterios de la OCDE sobre la calidad de las normativas de financiamiento político que sus homólogas más antiguas en otros países. De hecho, la comparación muestra que las normativas aprobadas o modificadas en 2025 cumplen en promedio 6.2 % menos de criterios de la OCDE que las aprobadas o modificadas en 2015 (Figura 5.3). Sigue siendo el caso que solo el 53 % de los países miembros de la OCDE prohíben las donaciones anónimas a partidos políticos o candidatos, mientras que el 79 % de los socios sí lo hacen. Además, el 81 % de los miembros de la OCDE prohíben las contribuciones de Estados o empresas extranjeras, frente al 100 % de los socios, y el 83 % de los países miembros de la OCDE prohíben las contribuciones de empresas públicas, frente al 100 % de los países socios de la OCDE. Cuando los países reforman sus normativas de financiamiento político, pero no mejoran las salvaguardias que ofrecen, siguen siendo vulnerables a los riesgos de influencia indebida de fuentes de financiamiento indeseables y no permitidas.
Nota: En promedio, las normativas aprobadas o modificadas en 2025 cumplen en torno a un 10 % menos de criterios que las aprobadas o modificadas en 2015. No se han facilitado datos de Japón y Suiza. En el caso de Estados Unidos, la última modificación se produjo en 2002 y el país obtuvo una puntuación del 60 % para la normativa sobre financiamiento político según los criterios de los PII de la OCDE.
Cómo leer: La normativa de financiamiento político de Francia se modificó por última vez en 2022 y cumple los 10 criterios de la OCDE sobre la calidad de las normativas de financiamiento político.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
Los riesgos de no introducir salvaguardias básicas en los sistemas de financiamiento político son especialmente graves a medida que el panorama del financiamiento político cambia y se vuelve más complejo debido a la digitalización y la globalización. Por ejemplo, las campañas políticas y electorales utilizan cada vez más las herramientas digitales y las redes sociales para mejorar la sofisticación y el alcance de sus esfuerzos de recaudación de fondos. Pero, aunque estos nuevos enfoques pueden hacer más eficaces los esfuerzos de recaudación de fondos, introducen nuevos riesgos para la integridad. Entre sus ventajas, cabe destacar que la recaudación de fondos en línea suele ser más barata que los métodos tradicionales, como los medios impresos o audiovisuales, y que los algoritmos de las redes sociales permiten enviar mensajes muy específicos a grupos concretos de votantes ("microtargeting"). El uso de la inteligencia artificial y el análisis de big data amplifica estas ventajas, ya que permite a los responsables de las campañas generar rápidamente materiales de recaudación de fondos personalizados, basados en análisis predictivos avanzados y modelos de comportamiento de los posibles donantes según la ubicación geográfica, los datos demográficos, el historial de donaciones o los intereses (Wilfried Martens Centre for European Studies, 2024[31]; IDEA, 2025[32]; IDEA, 2025[28]). Sin embargo, la recaudación de fondos en línea también puede ocultar la verdadera fuente y los intermediarios de las donaciones políticas, incluyendo el uso de plataformas de pago en línea, servicios de recaudación de fondos o pequeñas donaciones repetidas que son difíciles de rastrear individualmente. Esto aumenta la vulnerabilidad a la explotación por parte de agentes malignos o extranjeros que buscan eludir las prohibiciones tradicionales sobre donaciones e intentan influir de forma encubierta en las elecciones y el debate político de los países objetivo.
Los partidos políticos y los candidatos también recurren cada vez más a los influencers de las redes sociales en sus campañas, lo que refleja el creciente papel de los influencers como fuente clave de información y noticias para los ciudadanos. En muchos países latinoamericanos, africanos y del sudeste asiático, las redes sociales son la principal fuente de noticias de la población (Reuters Institute, 2025[33]). Este es el caso especialmente entre las personas jóvenes; una encuesta en América Latina reveló que las redes sociales son el canal más importante de información sobre política para las personas de 16 a 24 años (Luminate, 2022[34]). El uso de influencers puede ayudar a los partidos políticos y a quienes hacen campaña a llegar a nuevos públicos, adaptar sus mensajes a grupos específicos y aclarar las posiciones de partidos y candidatos en formatos accesibles. Sin embargo, estos nuevos canales también permiten a los políticos recurrir más a canales de comunicación que a menudo no tienen las mismas directrices de transparencia financiera, lo que da lugar a un panorama mediático cada vez más opaco y fragmentado. Por ejemplo, las normativas de financiamiento político de algunos países no exigen a los partidos ni a los promotores de campañas que informen de sus relaciones con influencers ni de los gastos que realizan en ellos, lo que impide la transparencia en torno a una parte cada vez más importante de su actividad de campaña. En otros países, la actividad de los influencers puede caer en zonas grises, con los reguladores decidiendo caso por caso si la actividad de influencia cuenta como libertad de expresión de una persona física o como donación política en especie de un servicio (IDEA, 2025[32]).
Además, el financiamiento ilícito de los partidos políticos y las campañas es una de las herramientas clave del crimen organizado internacional para aumentar su influencia, poder e ingresos. Como se analiza con más detalle en el capítulo sobre "Crimen organizado y corrupción", el crimen organizado internacional representa una amenaza creciente para los países miembros y socios de la OCDE. Al dirigir fondos ilícitos a partidos políticos y candidatos, los grupos de crimen organizado intentan influir en los responsables de la toma de decisiones en los órganos legislativos y ejecutivos, debilitar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad e influir en los procesos de regulación para adaptarlos a sus propios intereses (IDEA, 2016[35]). Estos riesgos son especialmente frecuentes entre los partidos y candidatos con menor acceso a fuentes legítimas de financiamiento, como los movimientos de base, o los partidos más pequeños o nuevos (IDEA, 2016[35]).