El crimen organizado constituye una amenaza importante para la economía y las sociedades de todo el mundo, ya que los grupos de crimen organizado tratan cada vez más de obtener ventajas indebidas recurriendo a la corrupción para infiltrarse en la economía legal y los servicios públicos, y al fraude para apropiarse de fondos públicos. En respuesta, los países deben introducir marcos estratégicos coherentes que tengan en cuenta las conexiones entre la corrupción y el crimen organizado, abordar brechas de gobernanza, debilidades e ineficiencias que los grupos de crimen organizado pueden explotar y mejorar la cooperación intergubernamental e internacional. En el marco de este enfoque mejorado y más estratégico, los países deben reforzar su capacidad de resiliencia preventiva frente al crimen organizado mejorando los instrumentos de prevención y reforzando la integridad de las instituciones públicas, especialmente en sectores vulnerables como la concesión de licencias, las fronteras, la planificación y la contratación pública.
Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026
Resumen
El crimen organizado representa una amenaza importante para la economía y las sociedades de todo el mundo. Según estimaciones recientes, sus costes globales ascienden hasta el 5 % del PIB mundial anual (UNODC, 2025[13]). La Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de 2024 puso de relieve que en promedio el 30 % de los ciudadanos de los 30 países participantes sitúan la delincuencia y la violencia entre los tres principales problemas a los que se enfrenta su país (OECD, 2024[8]). Las redes delictivas explotan cada vez más las cadenas mundiales de suministro, los sistemas transfronterizos de blanqueo de capitales y las herramientas digitales para diversificar y ampliar sus actividades. En consecuencia, hacer frente a las crecientes amenazas del crimen organizado, que solía ser una prioridad para unos pocos países miembros y socios de la OCDE, se ha convertido ahora en una prioridad para la mayoría, si no para todos.
Los grupos de crimen organizado utilizan la corrupción, la coacción y la explotación de estructuras empresariales y gubernamentales legítimas para aumentar su influencia en los sectores público y privado, así como en la sociedad en general. La corrupción contribuye a manipular la prestación de servicios públicos, defraudar al estado, obstruir la justicia e influir indebidamente en el ciclo de las políticas públicas, sobre todo a nivel local. Aunque muchos países están tomando medidas para combatir el crimen organizado, su vínculo con la corrupción podría comprenderse y abordarse mejor.
En este capítulo se evalúa la necesidad de que los gobiernos, el sector privado y la sociedad en general den una respuesta más contundente y estratégica al uso de la corrupción y la explotación de las vulnerabilidades institucionales por parte del crimen organizado. Sin ella, el crimen organizado seguirá debilitando la integridad de los sectores público y privado, aumentará el coste para las economías y se socavará la estabilidad y eficacia de las instituciones democráticas. Este capítulo constata que:
Los grupos de crimen organizado tratan cada vez más de obtener ventajas indebidas utilizando la corrupción para infiltrarse en la economía legal y los servicios públicos, y el fraude para apropiarse de fondos públicos
Un mayor número de países podría reforzar sus marcos estratégicos y mejorar la cooperación interinstitucional para hacer frente a la amenaza de corrupción que plantea el crimen organizado
Los países podrían reforzar su resiliencia frente al crimen organizado reforzando la integridad de las instituciones públicas, en particular las que son vulnerables a ella
Aunque las definiciones de crimen organizado varían entre los países miembros y socios de la OCDE, en general destacan la presencia de tres características: estructura, continuidad y finalidad (Figura 11.1).
Fuente: Elaboración de la OCDE
Estos elementos básicos son consistentes en los países, pero su alcance, complejidad e impacto están aumentando debido a la globalización y la digitalización. Estos avances han permitido, por ejemplo, que los grupos se aproximen a víctimas de distintas jurisdicciones y muevan dinero a través de esquemas financieros complejos con una trazabilidad mínima. Los mercados negros y las criptomonedas han hecho más accesibles los bienes y servicios ilícitos y han permitido un intercambio más eficaz de conocimientos y recursos entre los agentes delictivos. Las plataformas de comunicación en línea, incluidas las redes sociales, ofrecen a los grupos de crimen organizado la oportunidad de establecer redes, organizarse y colaborar, en muchos casos sin temor a ser detectados gracias al cifrado y al anonimato.
En consecuencia, el coste del crimen organizado es cada vez mayor. El crimen organizado tiene profundas repercusiones económicas, ya que se calcula que cuesta a la economía mundial entre el 2 % y el 5 % del PIB anual mundial, es decir, entre 800.000 millones y 2 billones de dólares estadounidenses al año (UNODC, 2025[13]). Estos costes se reflejan en las estimaciones por países y regiones (aunque basadas en metodologías ligeramente diferentes), estimándose que el coste del crimen organizado representa el 2 % del PIB en el Reino Unido, el 3,5 % en la región de ALC y hasta el 4 % en Australia, considerando los costes indirectos para la sociedad. Además de este impacto económico, el crimen organizado también conlleva un elevado coste social, ya que los grupos de crimen organizado socavan el Estado de derecho y la confianza en las instituciones públicas mediante la manipulación de la contratación pública, el fraude al estado, la obstrucción de la justicia o el establecimiento de sistemas informales de prestación de servicios y de gobernanza que no rinden cuentas a quienes viven en ellos. Puede incluso tener repercusiones en la seguridad nacional, donde la línea entre el crimen organizado y la disrupción por motivos políticos se difumina y los grupos delictivos proporcionan apoyo logístico, fuentes de inteligencia, canales de financiamiento o servicios de desinformación a los autores de amenazas híbridas (Europol, 2025[52]).
Para apoyar y ampliar sus actividades, los grupos de crimen organizado recurren cada vez más a la corrupción en sus modelos de negocio y se dirigen a determinados ámbitos de los sectores público y privado. De hecho, el 71 % de los grupos de crimen organizado que fueron reportados a Europol en 2024 incurren en corrupción, frente al 60 % en 2021 (Europol, 2024[94]) (Europol, 2021[95]). Aunque la corrupción siempre ha formado parte de las herramientas de las redes delictivas, esta tendencia al alza puede reflejar tanto la expansión espacial y sectorial de las actividades del crimen organizado como el creciente número de intermediarios a los que pueden dirigirse dentro de los sectores público y privado.
Sin embargo, a diferencia de otras formas de corrupción, los incentivos que ofrece el crimen organizado son a menudo mayores y se refuerzan con amenazas, intimidación y violencia, y sus objetivos suelen diferir de los de las formas más tradicionales de corrupción. Esta combinación de tácticas aumenta la susceptibilidad de los objetivos a la corrupción y dificulta la detección y la aplicación de la ley, también al reducir la disposición de los objetivos a colaborar con las fuerzas de seguridad. El uso de la corrupción de este modo es especialmente frecuente en los mercados ilegales y muy lucrativos, como el de las drogas, el tráfico ilegal y la prostitución, en los que los grupos de crimen organizado tienen como objetivo a funcionarios públicos y trabajadores del sector privado que trabajan en aduanas, fronteras, logística, Administraciones locales y cuerpos de seguridad para facilitar su actividad ilícita y obtener ventaja sobre sus competidores (Europol, 2025[52]). En última instancia, la corrupción de los grupos de crimen organizado puede ir más allá, al tratar de influir indebidamente en los sistemas políticos y manipular a los titulares de cargos políticos, especialmente a nivel local. Una investigación reciente en Suecia ha demostrado que alrededor del 10 % de los políticos nacionales, regionales y municipales encuestados habían sufrido amenazas o violencia por parte de grupos de crimen organizado grave durante su mandato (Brå, 2023[96]). Por ello, la corrupción se ha convertido en una herramienta importante para que los grupos delictivos consoliden su poder, refuercen sus intereses comerciales lícitos e ilícitos y obtengan ventajas en el mercado.
Además de apuntar al sector público y manipular la toma de decisiones políticas, las redes delictivas también se infiltran cada vez más en la economía lícita. Aunque los agentes jurídicos, empresariales y financieros pueden actuar como guardianes que ayudan a prevenir y detectar la delincuencia, también pueden convertirse en facilitadores del crimen organizado –conscientemente o no– al ayudar a ocultar, transferir o blanquear activos ilícitos. Entre los facilitadores profesionales que pueden utilizar sus conocimientos para ayudar a los clientes a cometer delitos se encuentran los profesionales tributarios, los proveedores de servicios jurídicos, los contadores, los asesores financieros, los agentes de constitución de empresas, los agentes registrados, los notarios, los fideicomisarios de empresas, las instituciones financieras y los proveedores de servicios fiduciarios y corporativos. Más allá de los sectores jurídico y financiero, otros sectores empresariales también son propensos a las actividades de crimen organizado, conscientemente o no, así como de forma voluntaria o coaccionada. Las organizaciones delictivas tienden a utilizar estructuras empresariales legales como plataformas polivalentes para actividades delictivas y blanqueo de capitales. Aunque todos los sectores corren peligro, entre los objetivos más comunes se encuentran la construcción y el sector inmobiliario, las empresas de gran liquidez, como la hostelería, y la logística, es decir, las empresas de transporte y de importación/exportación (Europol, 2025[52]).
El crimen organizado moderno se caracteriza por una menor centralización, un mayor networking y una mayor interacción entre los grupos que persiguen objetivos delictivos comunes. En distintos momentos del proceso delictivo, los grupos pueden operar o prestar servicios a varias redes diferentes. Estos modelos de delincuencia como servicio, cada vez más complejos, y el reclutamiento o la corrupción de funcionarios públicos, empresas legítimas e incluso civiles en la actividad crimen organizado pueden extender la influencia de los grupos de crimen organizado al sector privado y a la sociedad en general. Estas dinámicas hacen más compleja la lucha contra el crimen organizado y exigen una respuesta coherente y sofisticada por parte de los gobiernos. Sin esa coordinación, los esfuerzos corren el riesgo de fragmentarse y ser menos eficaces, lo que permite a los grupos criminales aprovechar las brechas entre respuestas gubernamentales inconexas (Europol, 2021[95]).
Para ello, la cooperación internacional ha sido de vital importancia en los esfuerzos de los países por combatir el crimen organizado. Estos esfuerzos han evolucionado considerablemente desde la creación de INTERPOL en 1923. Entre los hitos más importantes cabe citar la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 1989 para hacer frente a los flujos financieros ilícitos, y la ratificación casi universal de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) por parte de 194 países desde 2000. Los principales instrumentos de cooperación internacional, como la UNODC, INTERPOL, EUROPOL, EPPO y la Convención de la OCDE contra el soborno facilitan la coordinación de las fuerzas del orden, el intercambio de información y las medidas anticorrupción. Las organizaciones de la sociedad civil, como la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, aportan capacidades de investigación y seguimiento.
A pesar de estos avances, persisten importantes retos. Los déficits de confianza entre jurisdicciones, las normas jurídicas divergentes, la escasa colaboración en materia de datos y la aplicación desigual de los marcos internacionales dificultan una cooperación eficaz, sobre todo en los países con menores capacidades. Las redes delictivas aprovechan estas brechas e incoherencias normativas para eludir la aplicación de la ley a través de las fronteras. Para ello, identificar formas de reforzar el compromiso internacional ayudará a aumentar la resiliencia de los países frente a la infiltración delictiva. La creciente complejidad y diversidad de las actividades delictivas también apuntan a la oportunidad de aumentar la cooperación internacional en ámbitos como la lucha contra la corrupción, la transparencia fiscal, la conducta empresarial responsable y la gobernanza, que ofrecerán enfoques novedosos y aportarán perspectivas adicionales para responder a los nuevos retos que plantea la delincuencia organizada.
Por su parte, los marcos estratégicos de los gobiernos deberían responder a la creciente complejidad del crimen organizado fomentando la coordinación y la cooperación entre los organismos públicos, especialmente entre las autoridades anticorrupción y las que luchan contra el crimen organizado. De lo contrario, se corre el riesgo de que los países queden expuestos a la fragmentación, la duplicación y la ineficiencia, ya que es menos probable que las respuestas políticas estén coordinadas entre los agentes gubernamentales responsables, y la separación de los esfuerzos anticorrupción y contra el crimen organizado crea distinciones artificiales que no reflejan cómo operan las organizaciones criminales. Sin embargo, mientras que 24 miembros de la OCDE cuentan con una estrategia anticorrupción, solo ocho de ellas contienen objetivos estratégicos relacionados con la lucha contra el crimen organizado. Del mismo modo, solo el 29 % de los miembros de la OCDE incluyen objetivos estratégicos para abordar la corrupción en sus estrategias nacionales contra el crimen organizado (Tabla 11.1).
Cómo leer: La figura muestra la alineación de las estrategias anticorrupción y contra el crimen organizado de los países miembros de la OCDE, destacando la incorporación de objetivos contra el crimen organizado en las estrategias anticorrupción, y la presencia de estrategias contra el crimen organizado que incorporan medidas anticorrupción. Por ejemplo, Australia cuenta con una estrategia activa contra la corrupción y otra contra el crimen organizado, aunque no contienen referencias cruzadas entre ellas.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
Un enfoque estratégico de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción va más allá de las referencias cruzadas entre documentos estratégicos e incluye un proceso de colaboración para el desarrollo y la implementación de la estrategia. Como han reconocido los países miembros de la OCDE, estos procesos deben basarse en consultas proactivas entre las autoridades públicas implicadas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, incluidas las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera, los organismos de gestión de fronteras y las autoridades anticorrupción, junto con la participación del sector privado y la sociedad civil (Recuadro 11.1). Como se señala en el capítulo sobre "Estrategia", aunque no es necesario duplicar la planificación estratégica en los distintos marcos estratégicos, la alineación entre estrategias mediante la consulta y la planificación coordinada permite dar las respuestas más coherentes y eficaces a los problemas más complejos.
El 17 de octubre de 2023, el Ministerio de Justicia de Finlandia nombró un grupo de trabajo en el que participan diversas autoridades del sector público que trabajan en cuestiones relacionadas con el crimen organizado, con el fin de preparar una estrategia y el correspondiente plan de acción para combatir el crimen organizado. En sus deliberaciones, el grupo de trabajo utilizó el gran volumen de información en poder de las autoridades y mantuvo una estrecha colaboración con los numerosos proyectos en curso del programa gubernamental sobre temas relacionados. La estrategia resultante para combatir el crimen organizado, que abarca el periodo 2025-2030, incluye los siguientes objetivos:
la cooperación entre los principales agentes es eficaz y está bien establecida
el producto del delito para los grupos criminales ha disminuido, las actividades delictivas se han vuelto más difíciles de perseguir y los riesgos que entrañan han aumentado
se ha impedido la infiltración del crimen organizado en las estructuras básicas de la sociedad
las personas especialmente vulnerables a la delincuencia están mejor protegidas
Esta estrategia sitúa la prevención en el centro de la labor de Finlandia, dando prioridad a la lucha contra el producto del crimen, apoyando la salida de la delincuencia y de los grupos delictivos y reforzando la cooperación entre el gobierno y el sector educativo.
Es importante destacar que la estrategia hace hincapié en los riesgos de corrupción generados por el crimen organizado, iniciando un proceso de investigación a escala gubernamental para conocer los niveles actuales de influencia indebida de los funcionarios públicos y las posibles medidas de prevención.
Para apoyar esta labor, la estrategia establece una colaboración permanente entre los agentes de todos los niveles gubernamentales de Finlandia, incluidos diversos ministerios, agentes de los gobiernos locales y autoridades portuarias, así como con las instituciones de la Unión Europea.
Fuente: Ministerio de Justicia finlandés (2025), Resolución del gobierno sobre una estrategia y un plan de acción para combatir el crimen organizado (2025-2030).
Además de promover la alineación estratégica intergubernamental, el refuerzo de la resiliencia frente al crimen organizado exigirá marcos coherentes de gobernanza a varios niveles que conecten las estrategias nacionales con las realidades operativas de las autoridades subnacionales, incluidas las autoridades portuarias, los gobiernos locales y los municipios, así como los organismos locales de aplicación de la ley. Esta conexión es fundamental porque las autoridades subnacionales suelen constituir el punto de interacción entre el gobierno y las operaciones del crimen organizado. Dado su control sobre los procedimientos administrativos (como los procesos de concesión de permisos locales, la organización urbanística o permisos de construcción), la prestación de servicios públicos (como la gestión de residuos y la vigilancia policial) y los centros logísticos como puertos o aeropuertos, los funcionarios de estos niveles pueden ser a menudo importantes intermediarios en las operaciones comerciales ilícitas y las actividades de blanqueo de capitales de los grupos de crimen organizado, lo que los convierte en objetivos principales para el soborno o la coacción. Este riesgo se ve agravado por el hecho de que las autoridades subnacionales suelen disponer de menos recursos y de mecanismos de supervisión menos desarrollados, incluida una menor capacidad de auditoría o control interno, lo que crea brechas y oportunidades que las redes delictivas pueden aprovechar.
Por lo tanto, reforzar la resiliencia frente al crimen organizado exige funciones y responsabilidades claras, una coordinación eficaz entre los distintos niveles gubernamentales y mecanismos de integridad sólidos que ajusten la capacidad local a los objetivos de las políticas nacionales. Alinear la planificación estratégica nacional y subnacional puede ayudar a mitigar estos riesgos, aportando conocimientos, recursos y capacidades a nivel nacional para hacer frente a los riesgos a nivel subnacional. Además, dadas las experiencias compartidas y las amenazas a las que se enfrentan las autoridades subnacionales, el fomento de la colaboración internacional entre las autoridades portuarias y los funcionarios de los gobiernos municipales y nacionales con la experiencia pertinente será un componente importante del desarrollo de la capacidad estatal. Permitir que las autoridades subnacionales accedan a conocimientos especializados, compartan prácticas eficaces y creen redes de homólogos fomentará la coordinación transfronteriza para atajar las redes delictivas intrínsecamente transnacionales.
La lucha contra el crimen organizado y su uso de la corrupción es una responsabilidad fundamental de los organismos encargados de la aplicación de la ley en términos de detección, investigación y aplicación, por un lado, y en lo que respecta a la prevención y la creación de resiliencia frente a las amenazas planteadas, por otro. Este papel de prevención puede ser indirecto e incluye el efecto disuasorio de las acciones policiales o de la presencia física de los agentes en determinados lugares. También puede ser directo, por ejemplo mediante análisis de riesgos y actividades de sensibilización. La dotación de recursos suficientes, el desarrollo del intercambio de información a escala nacional e internacional y el refuerzo de las competencias tecnológicas serán elementos clave para mejorar las funciones de reacción y prevención de los organismos encargados de la aplicación de la ley en relación con la amenaza cada vez más variada y compleja de las redes de crimen organizado en los próximos años.
La mejora de la integridad en las instituciones públicas puede complementar los esfuerzos de aplicación de la ley y aumentar la resiliencia preventiva frente a los esfuerzos de los grupos criminales para utilizar la corrupción para influir en los procesos de toma de decisiones y desviar los servicios públicos para facilitar sus actividades ilegales. Tales medidas pueden incluir procedimientos de verificación y controles de integridad que identifiquen el riesgo de corrupción en el momento en que los empleados acceden a sus puestos y de forma periódica durante el empleo. Estos controles deben equilibrarse con los principios de privacidad personal y protección de datos. Sin embargo, pueden revelar indicios de posibles conexiones con el crimen organizado, como relaciones personales de alto riesgo entre empleados y partes externas o transacciones financieras inusuales y riqueza inexplicable. También pueden ayudar a identificar la vulnerabilidad potencial de los empleados a la explotación por parte del crimen organizado debido, por ejemplo, a dificultades económicas. Los procedimientos de verificación y los controles de integridad son, por tanto, una herramienta importante para que las autoridades públicas identifiquen y gestionen la influencia real y potencial del crimen organizado.
Además, los sistemas sólidos de declaración de bienes y conflictos de intereses también pueden ser una herramienta útil para revelar en qué casos las personas podrían beneficiarse –o se han beneficiado– de relaciones ilícitas con el crimen organizado. Adoptar un enfoque basado en el riesgo para gestionar las declaraciones de bienes e intereses puede ayudar a las autoridades a identificar posibles anomalías entre aquellos empleados para los que las relaciones con el crimen organizado o la influencia indebida de esta podrían ser más perjudiciales para el interés público. Entre los titulares de cargos de riesgo se encuentran los cargos electos (como se analiza en el capítulo 5 sobre "Financiamiento político") y los que ocupan puestos de responsabilidad en la toma de decisiones. También incluye a quienes trabajan en sectores de especial interés para el crimen organizado, como la concesión de licencias, las fronteras, la planificación, la logística o la contratación pública (como se analiza con más detalle en el capítulo 10 sobre "Integridad en la contratación pública"). Hay margen para que los países refuercen los requisitos para que los funcionarios en puestos de riesgo presenten declaraciones de bienes o intereses, ya que el 64 % de los miembros de la OCDE y el 69 % de todos los países evaluados a través de los Indicadores de Integridad Pública cuentan con un requisito de este tipo. Como también se explica en el capítulo 4 sobre "Conflictos de intereses", los requisitos normativos para las declaraciones de bienes e intereses deben estar respaldados por medidas de implementación adecuadas, incluidos procesos eficaces de supervisión y verificación, el uso adecuado de sanciones en caso de infracción y materiales de sensibilización específicos. Estas medidas también reducen el riesgo de que las autodeclaraciones de los empleados puedan ser inexactas o falsas, ayudando a las autoridades a hacerse una idea más clara de las posibles influencias sobre los titulares de los cargos y a poner en marcha las medidas de mitigación adecuadas.
Los procesos eficaces de denuncia de irregularidades, incluidos los canales de denuncia, son otra herramienta importante para que las autoridades identifiquen la posible influencia del crimen organizado. La creación de una cultura abierta en la que los empleados se sientan capaces de plantear sus preocupaciones y hablar de intentos de influencia o de influencia real por parte del crimen organizado es crucial para que las autoridades puedan mitigar los riesgos de influencia que, de otro modo, podrían permanecer encubiertos. También es vital ofrecer una protección eficaz a los denunciantes que permita a los empleados plantear a las autoridades competentes sus preocupaciones relacionadas con el crimen organizado sin temor a represalias.
Una gestión de riesgos y unos sistemas de control interno sólidos son también herramientas importantes para que las autoridades mitiguen el riesgo de corrupción relacionado con el crimen organizado. Los procesos de gestión del riesgo de corrupción pueden ayudar a las autoridades a identificar el origen y cuantificar la exposición a los riesgos de corrupción, incluidos los relacionados con el crimen organizado, y a poner en marcha las medidas de mitigación adecuadas. El control interno ofrece garantías de que los recursos públicos se aplican de forma eficiente, eficaz y conforme a los fines previstos, por lo que puede ayudar a detectar las áreas en las que el crimen organizado puede estar tratando de desviar recursos y servicios para facilitar sus actividades. El 70 % de los miembros de la OCDE ha publicado directrices sobre la prevención del fraude y la corrupción como parte de sus sistemas de control interno, y el 71 % de los países abordan explícitamente estos riesgos en su marco de gestión de riesgos. Podrían obtenerse más beneficios destacando en estos marcos el crimen organizado como factor clave del riesgo de corrupción, especialmente en sectores como la concesión de permisos o la contratación pública.
La automatización de los procesos de cumplimiento, la digitalización de los procedimientos administrativos y el refuerzo de las medidas de control interno también pueden proporcionar un mayor control de la toma de decisiones e identificar áreas de exposición a la influencia del crimen organizado. La certificación de auditores puede mejorar tanto la eficacia de la auditoría interna como medio para detectar la influencia del crimen organizado, como la resiliencia de los auditores internos a la influencia indebida de los grupos de crimen organizado. Por un lado, los auditores certificados se adhieren a normas profesionales y metodologías de auditoría sólidas, lo que les permite identificar patrones asociados con el fraude, la colusión y el uso indebido de fondos, todas ellas características comunes de las tramas de crimen organizado. La auditoría certificada también mejora la prevención, ya que ofrece garantías de que los controles de la corrupción funcionan y, en caso contrario, determina cómo puede mejorarse la resiliencia de los sistemas de integridad a la corrupción y el crimen organizado. Por otra parte, someter a los auditores a una acreditación externa introduce una importante salvaguardia institucional que interfiere en el espacio operativo de las redes de crimen organizado. Mediante una acreditación adecuada, los auditores quedan sujetos a normas profesionales, supervisión externa y mecanismos disciplinarios independientes, lo que puede hacer que sea más difícil manipularlos o intimidarlos y que sea más probable que denuncien esos intentos de influencia, también a las fuerzas del orden y a los organismos de normalización profesional. Por lo tanto, recurrir a auditores certificados tanto en el sector público como en el privado puede aumentar el riesgo y las consecuencias de la detección, lo que significa que el cálculo coste-beneficio de los delincuentes cambia. Un mayor número de países podría aprovechar estas ventajas en sus instituciones públicas. Aunque muchos miembros de la OCDE disponen de un sistema de certificación para los profesionales de la auditoría interna a nivel nacional, solo en tres países miembros de la OCDE al menos el 85 % de los funcionarios públicos que desempeñan funciones de auditoría interna han obtenido un certificado nacional o internacional (Figura 11.2).
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE, octubre de 2025
Varios países miembros de la OCDE han reconocido el valor de fomentar la resiliencia preventiva frente al crimen organizado mediante el desarrollo de la integridad pública, especialmente en sectores de alto riesgo como la gobernanza local, y están trabajando para abordar las vulnerabilidades sistémicas antes de que puedan ser explotadas por el crimen organizado (Recuadro 11.2). En general, fomentar la resiliencia preventiva puede ayudar a reducir las oportunidades de que los grupos de crimen organizado utilicen la corrupción como herramienta para promover sus intereses y obtener ventajas indebidas. En apoyo de las medidas de aplicación de la ley, el refuerzo de la integridad en todos los niveles gubernamentales y con los socios no gubernamentales puede dificultar que los grupos delictivos se afiancen en las sociedades, se infiltren y desafíen la autoridad del Estado, distorsionen los mercados y obtengan ventajas económicas indebidas (UNODC, 2021[97]).
Varios países miembros de la OCDE están tomando medidas para aumentar la resiliencia preventiva frente a la corrupción relacionada con el crimen organizado. Por ejemplo:
La Estrategia nacional para combatir el crimen transnacional, grave y organizado de 2018 de Australia ofrece un enfoque holístico para hacer frente al crimen organizado, que incluye recurrir a todas las herramientas del gobierno para utilizar la intervención adecuada en el momento adecuado; asociaciones sólidas entre el gobierno y la sociedad civil; y una mayor capacidad a través de las habilidades y la tecnología adecuadas.
La Estrategia y el plan de acción para combatir el crimen organizado de 2025 de Finlandia incluyen la cooperación eficaz entre las partes interesadas y la prevención de la infiltración de grupos de crimen organizado en las estructuras básicas de la sociedad como dos de sus objetivos estratégicos.
El Plan de acción contra la corrupción y la influencia indebida 2024-2027 de Suecia introduce una serie de medidas para reducir los riesgos incrementados de corrupción en la sociedad sueca debido a la creciente amenaza del crimen organizado. El plan de acción centra varias de estas medidas en mejorar la resiliencia frente a la corrupción y el crimen organizado en el ámbito subnacional, que las autoridades suecas han identificado como especialmente vulnerable a la influencia del crimen organizado.
Los Países Bajos están desarrollando su concepto de criminalidad subversiva para incluir no solo la persecución de los delincuentes mediante más competencias policiales, sino también una mayor atención al refuerzo de la resiliencia de la sociedad y a la movilización de los sectores público y privado contra el crimen organizado.
Fuente: Elaboración de la OCDE