Este estudio analiza el sistema de integridad del Estado de Nuevo León y las reformas para desarrollar una cultura de integridad en su administración pública, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. El estudio presta especial atención a los mecanismos para bridar consejo y orientación oportuna a los funcionarios públicos cuando se confrontan con dilemas y cuestionamientos éticos. Además, analiza las fortalezas y debilidades del control interno y el marco para la gestión de riesgos y el grado en el cual las reformas a las políticas de integridad en Nuevo León promueven la participación de la sociedad en su conjunto, involucrando efectivamente a los ciudadanos y al sector privado. Finalmente, el estudio proporciona un plan de acción para apoyar estos esfuerzos, atender los retos actuales y facilitar un respaldo permanente a la construcción de un sistema sostenible de integridad pública.
Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Estado de Nuevo León, México
Resumen
Resumen Ejecutivo
El Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León (SEANL), instituido en 2017, se creó para implementar la reforma nacional de combate a la corrupción emprendida en 2015, a fin de asegurar la coordinación y coherencia entre las políticas, instituciones e iniciativas en favor de la integridad y contra la corrupción en todos los órdenes de gobierno en México. Este estudio ofrece una evaluación del sistema de integridad pública de Nuevo León y se centra en tres áreas principales: crear un sistema estratégico de integridad pública, fomentar una cultura de integridad en el sector público y perfeccionar el control interno y la gestión de riesgos.
Nuevo León basó su sistema de integridad en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNAC) y, al mismo tiempo, adoptó un enfoque más ambicioso respecto de la participación ciudadana y la posibilidad de que el SEANL emita recomendaciones de carácter vinculante. Sin embargo, es necesario esforzarse más para garantizar el compromiso y la contribución de todas las instancias pertinentes en el estado, incluidos los municipios; y para incorporar de manera prioritaria las políticas de integridad en las entidades públicas.
El gobierno del Estado de Nuevo León creó un mecanismo para la planeación estratégica y la evaluación de sus actividades. Lo dirige el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, organismo público que agrupa a funcionarios del gobierno, representantes de la sociedad civil y directores universitarios para promover el desarrollo sostenible del estado al margen de los plazos limitados por los mandatos políticos. Aunque el Consejo Nuevo León identificó al “gobierno eficaz y transparente” como una de sus principales prioridades, la estrategia para prevenir la corrupción podría mejorarse al promover una colaboración estrecha entre las instituciones que integran el SEANL y el Sistema Nacional Anticorrupción, así como el Consejo Nuevo León, para que los planes del estado, el estratégico y el de desarrollo, coincidan con las políticas nacionales y estatales de combate a la corrupción.
El marco de integridad de Nuevo León consta de valores, principios y normas consagradas en diferentes instrumentos, entre ellos un Código de Ética creado con la participación de los interesados y aprobado en 2016. Sin embargo, este código podría modificarse para adoptar un enfoque más equilibrado, al asegurar que las normas sobre ética y conflictos de interés se expliquen con claridad y se apliquen en forma sistemática. Se necesitan directrices concretas para ayudar a los servidores públicos a enfrentar los dilemas éticos y los conflictos de interés, y para atender de manera adecuada las áreas en riesgo. En octubre de 2016, Nuevo León emprendió una ambiciosa estrategia de capacitación y concientización que llevó a cabo una red de “agentes del cambio”. El propósito fue aumentar el conocimiento de los servidores públicos sobre las normas y los valores de integridad, y garantizar la aplicación de dichas normas. Aunque esta iniciativa es un primer paso para crear una cultura de integridad en la administración pública, una evaluación provisional mejoraría las fases restantes de la estrategia. Las áreas que deben atenderse incluirían la identificación de puestos específicos donde hay riesgo de corrupción, tomar en cuenta los conocimientos de las ciencias de la conducta, y llegar a los municipios y utilizar escenarios que se basen en casos reales al instruir a los servidores públicos.
Nuevo León también podría beneficiarse al crear las condiciones para una cultura organizacional abierta. Por ejemplo, se podrían establecer canales explícitos para asesorar a los servidores públicos que enfrenten dilemas de integridad. A los altos funcionarios también se les podrían asignar responsabilidades específicas para demostrar liderazgo y compromiso ético. La Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, aprobada en 2013, es un paso para apoyar una cultura organizacional abierta al proporcionar un sistema de protección específico. Además, es única en México, ningún otro estado del país, ni siquiera el gobierno federal, ha formulado una ley de este tipo. Sin embargo, se podrían mejorar algunos aspectos del marco jurídico, como asegurar la disponibilidad de canales internos y externos para divulgar la corrupción, garantizar la confidencialidad y seguridad de la información de los denunciantes, y definir y estipular con claridad el proceso para buscar protección contra las represalias.
El gobierno de Nuevo León, consciente de los desafíos que plantea la integridad, trabaja con empresas y la sociedad civil para promover una cultura de integridad por conducto del Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad. También ha organizado varias campañas de concientización para informar a los funcionarios públicos, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil sobre iniciativas en curso para combatir la corrupción. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno para comprometer al sector privado y la sociedad civil podrían coordinarse mejor al definir un plan de acción que identifique los objetivos deseados, los productos esenciales, los destinatarios y los principales aliados. La Secretaría de Educación, en conjunto con otras entidades gubernamentales, ha hecho progresos considerables preparando material para cultivar una cultura de integridad en las futuras generaciones, junto con el Instituto Estatal de la Juventud. No obstante, se podría ampliar el alcance de los materiales didácticos actuales sobre el régimen de derecho, la integridad pública y el combate a la corrupción al incorporarlos al plan básico de materias educativas.
Nuevo León incorporó varios elementos de un sistema de control interno y gestión de riesgos en su marco normativo, por ejemplo, gestionar riesgos, y garantizar la integridad y la transparencia; además, fortaleció sus procesos para lograr los objetivos y prevenir la corrupción. Sin embargo, queda mucho por hacer para integrar un esquema de control interno y gestión de riesgos en la actividad diaria. Un sistema estratégico de gestión de riesgos ayudaría a lograr esto, al darle a los funcionarios operativos la titularidad de la gestión de riesgos, establecer mecanismos de control interno coherentes y fortalecer la autonomía de la función de auditoría interna. Más aún, Nuevo León podría asegurar la aplicación de su esquema de control interno y gestión de riesgos al ampliar los programas de capacitación y profesionalización, y alentar a todo el personal a que contribuya a mejorar la integridad de las instituciones y su resistencia a la corrupción. La ejecución de la ley y los procedimientos disciplinarios también deben ser transparentes y aplicarse sistemáticamente a todos por igual.
