Seguimiento de la política agrícola

Durante mucho tiempo, los principales objetivos de las políticas agrícolas han sido garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, respaldar los medios de vida de los agricultores y fomentar el crecimiento de las economías rurales. También se han incorporado nuevas prioridades en el diseño de las políticas, como la sostenibilidad medioambiental, la inclusión social y el crecimiento equitativo. La necesidad de impulsar la resiliencia y de adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos ha añadido un nivel adicional de complejidad. Para abordar estos múltiples objetivos con unos presupuestos públicos limitados es necesario que los responsables de la formulación de políticas hagan un uso eficiente de los recursos disponibles y sopesen detenidamente las sinergias y las contrapartidas resultantes. Al arrojar luz sobre los resultados de las medidas adoptadas por los gobiernos, este seguimiento periódico de las políticas agrícolas ayuda a orientar las reformas y dotar a las políticas de una mayor coherencia, precisión y eficacia.

En 2022, ministros y secretarios de Agricultura de todo el mundo acordaron la Declaración sobre soluciones transformadoras para la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles, que articula una visión compartida por los gobiernos sobre las medidas necesarias para transformar la agricultura y los sistemas alimentarios con vistas a i) garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición, ii) reforzar la sostenibilidad y iii) consolidar unos medios de vida inclusivos.

Una parte considerable de las ayudas agrícolas se concede a través de mecanismos que tienen un elevado potencial para distorsionar los mercados y el comercio y para perjudicar al medio ambiente. Son especialmente problemáticos el sostenimiento de los precios de mercado, los pagos basados en la producción y las subvenciones para fertilizantes, combustible o agua, sobre todo cuando no se establecen límites de uso. Estas políticas incentivan una producción superior a las necesidades del mercado, aumentan el uso de insumos contaminantes y fomentan y perpetúan prácticas insostenibles. En la actualidad, este tipo de políticas representan dos tercios de las ayudas a los productores que se recogen en la base de datos de EAP de la OCDE.

Este tipo de ayudas también tienden a favorecer a las explotaciones agrícolas de mayor tamaño, ya que pueden incrementar el precio del suelo y de los insumos, y reducir los beneficios para los agricultores hasta en un 75 %. Estas políticas también retrasan la adopción de cambios estructurales que son necesarios para mejorar la resiliencia a largo plazo, adaptarse al cambio climático y garantizar el acceso a alimentos seguros, nutritivos y asequibles. Asimismo, las políticas de seguridad alimentaria que incrementan los precios internos por encima de los niveles internacionales —a menudo a través de aranceles o restricciones a la importación― pueden resultar contraproducentes al perjudicar de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos. En algunos casos, los gobiernos intentan contrarrestar estos efectos mediante costosas ayudas a los consumidores o sistemas públicos de distribución de alimentos, que pueden ser ineficaces y poco precisos en su asignación.

Por el contrario, para que resulten eficaces, las estrategias de seguridad alimentaria deben combinar la inversión en programas internos de producción sostenible y el libre acceso a los mercados internacionales de alimentos.

El comercio internacional es una piedra angular de los sistemas alimentarios productivos, resilientes y sostenibles. En la actualidad, cerca del 20 % de las calorías que se consumen en el mundo cruzan al menos una frontera internacional, y ningún país es plenamente autosuficiente a la hora de producir todos los alimentos que consume. Sin una circulación ágil de alimentos entre países, los consumidores pagarían precios más altos y tendrían un menor surtido de productos, mientras que los agricultores perderían el acceso a mercados importantes y a oportunidades de ingresos. El comercio también desempeña un papel clave en la seguridad alimentaria, ya que permite que las regiones que tengan malas cosechas puedan abastecerse con los suministros de otras regiones, e impulsa la difusión de innovaciones que mejoran tanto la productividad como la sostenibilidad. 

Sin embargo, siguen siendo muy habituales las barreras comerciales, como los aranceles a la importación, las prohibiciones de exportación, las cuotas y demás medidas restrictivas.  De hecho, las medidas de restricción a las importaciones representaron 334 000 millones de dólares en transferencias anuales a los productores durante el período 2022-24, mientras que las restricciones a las exportaciones generaron 179 000 millones de dólares al año en beneficio de los consumidores y los presupuestos públicos, aunque en detrimento de los agricultores.

Desde la Revolución Verde de la década de 1960, el incremento de la productividad ha permitido a los agricultores satisfacer la creciente demanda de alimentos sin ampliar en gran medida el uso del suelo. Los avances en genética, gestión agrícola, maquinaria y materiales han sido posibles gracias a la inversión pública en investigación y desarrollo, servicios de extensión agraria, formación y asesoramiento en las explotaciones. 

La realización de inversiones adicionales y bien definidas a largo plazo en bienes públicos —como en sistemas de bioseguridad, infraestructuras y servicios digitales— puede generar un entorno propicio para mantener el crecimiento. Se trata de un ámbito en el que los gobiernos pueden redoblar sus esfuerzos. En el período 2022-24, solo el 13 % del total de las ayudas agrícolas de 54 países se destinó a innovación, infraestructuras y demás servicios generales, a pesar de las pruebas que acreditan los beneficios a largo plazo de este tipo de inversiones. Este dato equivale al 2,4 % del valor de la producción del sector, lo que supone un descenso con respecto al 4,7 % registrado en el período 2000-02.

En algunos casos, los gobiernos vinculan las ayudas agrícolas a la adopción voluntaria de medidas específicas destinadas a mejorar el desempeño medioambiental de sus actividades, como una reducción en el uso de fertilizantes. Sin embargo, estas ayudas siguen representando una parte mínima del apoyo al sector. Solo el 5 % de las ayudas se destina a ajustes voluntarios de los métodos de producción con fines medioambientales.