Este capítulo introduce el concepto de espacio cívico como principio básico de la vida democrática y presenta las diez recomendaciones de alto nivel de la OCDE para su protección y promoción. Se explican los beneficios de la protección del espacio cívico para los gobiernos, los objetivos de la guía y el público al que va dirigida. El capítulo concluye con una visión general de la metodología utilizada en este manual.
Guía práctica para responsables políticos sobre la protección y promoción del espacio cívico
Resumen
El informe global de referencia de la OCDE, La Protección y la Promoción del Espacio Cívico. Fortalecer la alineación de estándares y lineamientos internacionales, ofrece un estudio comparativo de la protección y promoción del espacio cívico basado en datos de 52 países (33 miembros de la OCDE y 19 no miembros), acompañado de una revisión de las principales tendencias, desafíos y oportunidades (OCDE, 2022[1]). El informe proporciona un análisis de referencia, recogiendo la realidad desigual y cambiante de los marcos legales, políticos e institucionales y las prácticas que los gobiernos encuestados han implementado en sus cuatro áreas clave (Figura 1.1): libertades civiles, acceso a la información, libertades de los medios de comunicación y el espacio cívico en la era digital y la creación de un ambiente propicio para la sociedad civil. El espacio cívico se define como el conjunto de condiciones legales, de política pública, institucionales y prácticas que los actores no gubernamentales necesitan para acceder a la información, expresarse, asociarse, organizarse y participar en la vida pública.
El informe global incluye diez recomendaciones interrelacionadas de alto nivel y numerosas medidas para que los países consideren su adopción, proporcionando una vía para que los gobiernos, las administraciones públicas, las legislaturas y las instituciones de supervisión independientes actúen para consolidar el espacio cívico como parte del fortalecimiento de la democracia, tanto entre los países miembros como entre los no miembros de la OCDE (Recuadro 1.1). La guía práctica para responsables políticos es una publicación paralela al informe global, tomando como base las diez recomendaciones y profundizando en cada una de ellas para ofrecer orientaciones prácticas más detalladas a los responsables políticos. Se encuentra completamente alineada con el informe global, yendo incluso más allá al proporcionar una serie de tablas explicativas, listas de verificación e infografías para ayudar a la comprensión y al aprendizaje de las medidas prácticas clave que pueden adoptarse en un amplio número de áreas que afectan al espacio cívico.
1. Promover un ambiente propicio para organizaciones de la sociedad civil que sea de ayuda en su contribución positiva para la sociedad.
2. Proteger y facilitar la libertad de expresión.
3. Proteger el espacio cívico en línea, combatiendo también el discurso de odio, la información errónea y la desinformación.1
4. Fomentar un ecosistema de información de interés público que proteja los medios independientes y que promueva el acceso a la información.
5. Resguardar y proteger a los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, así como a los miembros de las OSC, activistas y trabajadores de los medios de comunicación.2
6. Proteger y facilitar la libertad de reunión pacífica y el derecho a protestar.
7. Respetar la privacidad y garantizar la protección de datos personales, para evitar intrusiones arbitrarias e interferencias en la vida pública.
8. Combatir la discriminación, exclusión y marginalización que afectan desproporcionadamente a ciertos grupos y dificultan la participación equitativa en la vida pública.
9. Proteger y promover sistemáticamente el espacio cívico como un facilitador de la participación de los ciudadanos y de las partes interesadas en la toma de decisiones públicas para fomentar una gobernanza más abierta, transparente y responsable.3
10. Proteger el espacio cívico, tanto a nivel nacional como en los países no miembros, en el marco de un enfoque político coherente.4
Las recomendaciones 1-9 se centran en las acciones de los países miembros y no miembros de la OCDE para proteger el espacio cívico en el territorio nacional, mientras que la recomendación 10 incluye un enfoque exterior, examinando las medidas que se pueden tomar como parte de la cooperación al desarrollo y de la ayuda humanitaria, además de la política exterior, comercial y climática.
Las diez recomendaciones se basan en la legislación internacional sobre derechos humanos y en las normas y orientaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales. Las normas legales relevantes se citan a detalle en La Protección y la Promoción del Espacio Cívico. Fortalecer la alineación de estándares y lineamientos internacionales (OCDE, 2022[1]) y no se repiten de forma sistemática en esta guía práctica.
Nota: Las recomendaciones en esta guía se presentan en un orden diferente al que aparecen en el informe global sobre espacio cívico.
1. La OCDE define la información errónea como información falsa o inexacta no diseminada con la intención de engañar al público. La desinformación es información falsa, inexacta o engañosa creada deliberadamente, presentada y diseminada con el propósito de engañar al público.
2. La redacción original en OCDE (2022[1]) fue “Salvaguardar y proteger a los defensores de los derechos humanos, periodistas, denunciantes internos y otros grupos en riesgo”. Esto se ha extendido para los propósitos de esta guía.
3. La redacción original hacía referencia al espacio cívico protegido como una condición previa de la participación de ciudadanos y partes interesadas.
4. La redacción original se refiere explícitamente a la cooperación del desarrollo (OCDE, 2022[1]). Para los propósitos de esta guía, se ha extendido para englobar cualquier actividad en los países no miembros, incluyendo la cooperación de desarrollo.
Fuente: OCDE (2022[1]), La Protección y la Promoción del Espacio Cívico: Fortalecer la alineación de estándares y lineamientos internacionales (The Protection and Promotion of Civic Space: Strengthening Alignment with International Standards and Guidance), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d234e975-en.
A lo largo de la última década, los países han reconocido cada vez más el espacio cívico como principio básico para el funcionamiento de la democracia. Cuando se protegen las libertades civiles fundamentales (en línea con los marcos legales internacionales y nacionales clave que protegen los derechos humanos), los ciudadanos y las partes interesadas, como las organizaciones de la sociedad civil (OSC),1 los trabajadores de los medios de comunicación, los sindicalistas y los académicos pueden interactuar con las instituciones públicas, expresar sus opiniones, participar en la elaboración de políticas públicas y en los ciclos de toma de decisiones, evaluar los resultados y desempeñar un papel crucial de supervisión. Por lo tanto, proteger el espacio cívico, es crear las condiciones legales, institucionales y sociales en las que los ciudadanos y los actores no gubernamentales puedan participar en actividades cívicas y ejercer sus derechos democráticos más allá y entre las elecciones. Además, se trata de salvaguardar los derechos legales para que los ciudadanos puedan defender y participar en debates públicos sin miedo a la represión, al acoso, a la violencia o a la difamación.
Existen diversas formas de proteger el espacio cívico entre los miembros de la OCDE. Estas van desde garantías constitucionales y legislaciones que regulan las libertades civiles, hasta oficinas que promueven el acceso a la información, medios de comunicación libres e independientes y medidas para contrarrestar el discurso de odio y la desinformación. También incluyen programas de protección para los trabajadores de los medios de comunicación y para los defensores de los derechos humanos, así como financiamiento público y el reconocimiento de utilidad pública para las OSC. Así pues, un espacio cívico próspero surge de los esfuerzos conjuntos de toda una serie de instituciones, tanto dentro como fuera del sector público.
¿Por qué es necesario proteger y promover el espacio cívico? Los gobiernos cuentan con claras obligaciones nacionales e internacionales en relación con la protección del espacio cívico. Además, los países obtienen muchos beneficios de una mayor participación ciudadana, facilitada a través de la protección del espacio cívico. Entre ellos se encuentran el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas; una formulación de políticas públicas más efectiva y sensible; mayor participación en las políticas públicas y resultados mejores y más inclusivos para que la democracia funcione para los ciudadanos (OCDE, 2017[2]).
¿Qué pretende conseguir la guía? La guía tiene el objetivo de respaldar a los legisladores y responsables políticos en la implementación de las recomendaciones de alto nivel de la OCDE sobre la protección y la promoción del espacio cívico. Para ello, identifica a los actores, las políticas públicas, las instituciones y las prácticas más relevantes y ofrece una orientación concreta sobre su implementación, basándose en la evidencia que ha recopilado la OCDE. Su enfoque en 64 buenas prácticas de 27 contextos nacionales muestra cómo los países se están adaptando y respondiendo a retos complejos en una amplia gama de áreas de políticas públicas. Las recomendaciones se centran principalmente en las oportunidades y los desafíos identificados en los miembros de la OCDE. Además, la guía también incluye temas fundamentales que son más relevantes para los países no miembros y, por lo tanto, de interés para cualquier gobierno que busque reforzar su democracia fortaleciendo las normas en este ámbito. Aunque el área principal de atención es la protección del espacio cívico en el territorio nacional de los miembros, la guía también destaca las acciones que pueden emprenderse en los países socios como parte de la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria, además de la política exterior, comercial y climática.
¿Para quién es esta guía? La responsabilidad de promover y proteger el espacio cívico recae en una amplia variedad de actores, incluidas las diferentes instituciones estatales y los poderes del estado. La guía está diseñada para apoyar a una serie de responsables políticos, incluidos los ministerios competentes, las oficinas nacionales de estadística, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), las instituciones defensoras del pueblo, las agencias ejecutivas, las escuelas de administración pública, los parlamentos y los comités parlamentarios, los gobiernos regionales y locales y otras instituciones claves, como la policía y los cuerpos de seguridad.
El Recuadro 1.2. describe la metodología en la que se basa la guía.
La guía se basa en el proceso de recopilación de datos y en el aprendizaje relacionado con el informe de referencia La Protección y la Promoción del Espacio Cívico. Fortalecer la alineación de estándares y lineamientos internacionales (OCDE, 2022[1]).1 Este proceso implicó la recopilación y validación de datos gubernamentales en 2021-22 de 52 países, incluyendo 33 miembros de la OCDE, 20 estados miembros de la Unión Europea y 13 países de Latinoamérica y el Caribe. Además de fundarse en la base de datos de la OCDE de prácticas que apoyan la protección y promoción del espacio cívico, la guía también se basa en lo aprendido por la OCDE gracias al trabajo con los países (scans del espacio cívico y revisiones de países),2 además de los eventos celebrados por el Observatorio del Espacio Cívico.
La guía fue desarrollada por el Observatorio del Espacio Cívico dentro de la División de Gobierno Innovador, Digital y Abierto (INDIGO) de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE. La Dirección para la Cooperación y el Desarrollo aportó también contenido y la guía fue revisada por equipos de la OCDE que trabajan sobre gobierno abierto, transformación digital, seguridad en línea y gobernanza y privacidad de datos, disminución de la información errónea y la desinformación, integridad, gobernanza y confianza, estadísticas y datos y sociedad civil en el contexto de la cooperación para el desarrollo, la ciencia, la tecnología y la innovación.
1. El informe se basó en una encuesta sobre espacio cívico que incluyó 33 preguntas (y subpreguntas, que arrojaron aproximadamente 300 puntos de datos para gráficas y diagramas) dirigidas a los gobiernos nacionales y basadas en el marco analítico de la OCDE para el espacio cívico, así como una sección independiente sobre acceso a la información que incluyó 29 preguntas.
2. El Observatorio del Espacio Cívico ha realizado seis estudios de países desde 2020, ya sea en forma de scans del espacio cívico y revisiones de países, o como parte de estudios sobre gobierno abierto en los casos de Finlandia (OCDE, 2021[3]); Portugal (OCDE, 2023[4]); Rumanía (OCDE, 2023[5]); Brasil (OCDE, 2022[6]); Túnez y Marruecos (a continuación).
La guía forma parte de un espectro de directrices prácticas desarrolladas por la OCDE en el contexto de su trabajo sobre la protección del espacio cívico y el gobierno abierto. Por lo tanto, se fundamenta en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto (OCDE, 2017[2]). También está en línea con la Recomendación del Comité de Asistencia para el Desarrollo sobre la habilitación de la sociedad civil en la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria (OCDE, 2021[7]), además de la Declaración de Luxemburgo sobre el fomento de la confianza y el fortalecimiento de la democracia (en lo sucesivo “Declaración de Luxemburgo”), publicada por los ministros y representantes de 42 países y la Unión Europea en 2022 (OCDE, 2022[8]). La Declaración incluye un compromiso hacia “un espacio cívico capacitado y protegido”, lo que se refleja en la Iniciativa para reforzar la democracia, principalmente en su pilar 2 sobre la mejora de la representación, la participación y la apertura en la vida pública y el Plan de acción ministerial que lo acompaña.
En particular, a efectos de la presente guía, se entiende por “ciudadano” un habitante de un lugar específico y no un nacional legalmente reconocido de un estado. Por su parte, el término partes interesadas significa “cualquier parte interesada y/o afectada, incluyendo: individuos, independientemente de su edad, género, orientación sexual, afiliaciones religiosas y políticas e instituciones y organizaciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación o el sector privado” (OCDE, 2017[2]).
Referencias
[4] OCDE (2023), Civic Space Review of Portugal: Towards People-Centred, Rights-Based Public Services, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/8241c5e3-en.
[5] OCDE (2023), Civic Space Review of Romania, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/f11191be-en.
[8] OCDE (2022), “Declaration on Building Trust and Reinforcing Democracy”, OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0484, OCDE, París, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0484.
[6] OCDE (2022), Open Government Review of Brazil: Towards an Integrated Open Government Agenda, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/3f9009d4-en.
[1] OCDE (2022), The Protection and Promotion of Civic Space: Strengthening Alignment with International Standards and Guidance, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/d234e975-en.
[3] OCDE (2021), Civic Space Scan of Finland, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/f9e971bd-en.
[7] OCDE (2021), “DAC Recommendation on Enabling Civil Society in Development Co-operation and Humanitarian Assistance”, OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/5021, OCDE, París, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5021.
[2] OCDE (2017), “Recommendation of the Council on Open Government”, OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0438, OCDE, París, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438.
← 1. A efectos de esta guía, las OSC son una representación organizacional de la sociedad civil e incluyen organizaciones sin ánimo de lucro, no estatales, no partidistas, no violentas y autónomas fuera de la familia, en la que la gente se reúne en torno a necesidades compartidas, ideas, intereses, valores, fe y creencias, incluyendo organizaciones formales, legalmente registradas, así como asociaciones informales sin estatuto jurídico pero con una estructura y actividades propias (OCDE, 2021[7]). El término excluye a representantes del gobierno, legisladores, académicos y medios de comunicación.