Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025

Las acciones de política recientes, como la simplificación regulatoria, las mejoras en la cobertura y beneficios de las pensiones, los avances en inclusión financiera y digitalización, y una sólida cartera de inversiones en infraestructura, irrigación y minería, sientan las bases de una economía más resiliente e inclusiva. Pero un crecimiento sostenido, inclusivo y más rápido también requerirá enfrentar de manera más amplia los cuellos de botella estructurales: reducir la corrupción y mejorar la independencia y eficiencia del sistema judicial, elevar la calidad de la educación, impulsar el empleo femenino, reducir la informalidad y las cargas regulatorias. También es necesario ampliar el espacio fiscal para financiar el gasto social y en infraestructura resiliente.

Resulta especialmente importante abordar la persistencia de la informalidad laboral y empresarial, ya que incide en todos estos desafíos: limita la productividad, restringe el espacio fiscal, debilita la calidad del empleo y la cobertura de la protección social, y frena el desarrollo del capital humano. Reducir la informalidad permitiría amplificar el impacto de las reformas y hacer posible una economía más fuerte, más justa y más resiliente. Fortalecer las instituciones y la capacidad administrativa también es vital para asegurar una implementación y aplicación efectivas de estas reformas. En conjunto, estas medidas permitirían que el PIB per cápita de Perú alcance el 65% del promedio de la OCDE en 2070, en lugar de quedarse en el 45% de dicho promedio con las políticas actuales. Esto significa que Perú podría acelerar la convergencia por dos décadas (Gráfico 1)

Se proyecta que el crecimiento del PIB se desacelere a 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026 (Tabla 1), con riesgos sesgados a la baja. Se espera que la inflación se mantenga cercana a la meta del 2% del Banco Central. En términos generales, el banco central mantiene una orientación monetaria neutral, que es adecuada, y debe mantener esta posición cautelosa y dependiente de la información. Si bien la consolidación fiscal se ha reanudado, se requiere una mayor prudencia fiscal para cumplir con la regla fiscal y salvaguardar el sólido marco macroeconómico. A mediano plazo, preservar la sostenibilidad de la deuda exige un compromiso claro con una gestión fiscal prudente, mejorar la eficiencia del gasto público y elevar los ingresos tributarios para crear espacio fiscal destinado a infraestructura, protección social y la transición climática

La economía se ralentizará tras repuntar en 2024. La incertidumbre global y doméstica mantendrá el crecimiento moderado al debilitar la confianza empresarial y del consumidor. El impulso del gobierno para acelerar las Asociaciones Público-Privadas (APP), junto con la agilización de permisos y la baja inflación, compensarán parcialmente los efectos de la incertidumbre al respaldar la inversión y el consumo privados. El gasto público se moderará a medida que se retome la consolidación fiscal. Se prevé que el crecimiento de las exportaciones disminuya por la menor demanda global y la imposición de nuevos aranceles de EE.UU. sobre exportaciones peruanas.

Los riesgos están sesgados a la baja. El endurecimiento de las condiciones financieras globales y la elevada incertidumbre han incrementado los riesgos negativos para el crecimiento, en particular a través de una menor inversión y demanda externa. Una desaceleración más fuerte de lo esperado en los principales socios comerciales, China y Estados Unidos, y menores precios del cobre lastrarían sobre la economía del país que se basa en exportaciones, reduciendo ingresos fiscales e inversión. La incertidumbre política doméstica de cara a las elecciones generales de 2026 podría afectar aún más la inversión y la actividad económica, mientras que el aumento del crimen y la inseguridad podrían erosionar la confianza y detonar conflictos sociales. Los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes también representan riesgos, con posibles daños a las infraestructuras y la agricultura.

La política monetaria mantiene una posición aproximadamente neutral, lo que es apropiado, con expectativas de inflación bien ancladas. La inflación se mantiene dentro del rango meta de 1-3% del banco central desde inicios de 2024. Sin embargo, se requiere mantener cautela, ya que choques externos o climáticos, o una demanda interna más débil, podrían desviar la inflación de su objetivo en cualquier dirección

La posición fiscal de Perú se deterioró en 2024, con un déficit que aumentó a 3,5% del PIB. Este fue el segundo incumplimiento consecutivo de las metas de déficit bajo la regla fiscal (Gráfico 2). El marco fiscal de mediano plazo establece un techo de déficit de 1% del PIB, que no se ha cumplido desde 2014, con objetivos transitorios para orientar la convergencia que se revisan con frecuencia. Tras el fuerte aumento del déficit en 2020 por la pandemia, se produjo una consolidación gradual en 2021-2022, pero el desempeño fiscal volvió a deteriorarse en 2023, cuando los ingresos cayeron con la contracción económica y el gasto aumentó para enfrentar choques climáticos y conflictos sociales. En 2024, presiones salariales, apoyos repetidos a Petroperú y nuevas medidas de gasto sin ingresos adecuados debilitaron aún más la postura fiscal.

El gobierno prevé una consolidación gradual a mediano plazo para realinear el déficit con las reglas fiscales, pero las nuevas medidas de gasto y la erosión de la base tributaria sin medidas compensatorias afectan la credibilidad y viabilidad de la estrategia, y amenazan la sostenibilidad fiscal. Cumplir las metas fiscales en 2025 y 2026 requerirá medidas adicionales por alrededor de 0,4% del PIB, pese a mayores ingresos derivados de altos precios de metales. Esto podría lograrse mediante un mayor control de la planilla pública y la eliminación gradual de subsidios ineficientes al diésel y de gastos tributarios. Un compromiso más firme con la disciplina fiscal es necesario para proteger la reputación de Perú en la gestión macroeconómica, garantizar la sostenibilidad fiscal y evitar mayores costos de financiamiento y la pérdida del grado de inversión.

El sistema tributario peruano requiere una reforma profunda para recaudar más ingresos que financien las necesidades sociales, de infraestructura y de adaptación y mitigación climática, y a la vez asegurar la sostenibilidad fiscal. La recaudación tributaria fue de 17% del PIB en 2024, según la OCDE, muy por debajo de los promedios regionales y de la OCDE, debido a alta evasión, informalidad, excesiva dependencia de impuestos indirectos y una base estrecha. A corto plazo, los esfuerzos deben centrarse en fortalecer la administración tributaria y reducir gastos tributarios ineficientes. Simplificar el sistema del impuesto corporativo, unificando los regímenes de pequeñas y medianas empresas, también reduciría la evasión, fomentaría la formalización y elevaría la productividad. A mediano plazo, ampliar la base del impuesto a la renta de las personas y a la vez reducir las contribuciones sociales de los trabajadores de bajos ingresos mejoraría la recaudación y fortalecería los incentivos a la formalización. El incremento de la recaudación a través de los impuestos a la propiedad, selectivos y ambientales diversificaría la recaudación y haría el sistema más eficiente y equitativo. Esto debe acompañarse de reformas que impulsen el crecimiento de largo plazo, reforzando la sostenibilidad fiscal en el tiempo.

Debilidades en la planificación presupuestaria, la gestión de la inversión y contratación públicas y la gobernanza subnacional reducen la eficiencia del gasto público. Reducir las modificaciones presupuestarias durante el año y fortalecer la planificación multianual mejoraría la calidad del gasto. Priorizar la inversión sustentada en análisis costo-beneficio estandarizados es fundamental para aumentar el impacto de la inversión pública. La corrupción sigue siendo un obstáculo mayor para el progreso económico y social del país, al debilitar la eficacia del gobierno, distorsionar el gasto público y fomentar la criminalidad organizada. Es necesario reforzar la aplicación de las medidas anticorrupción y establecer un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia para aplicar plenamente las políticas de integridad y reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento. Implementar la reforma del servicio civil y fortalecer la independencia del sistema judicial también son pasos necesarios para combatir la corrupción

El limitado acceso al financiamiento está frenando la inversión, la productividad y la transición hacia una economía más resiliente e inclusiva. La penetración del crédito sigue siendo baja y los mercados de capitales, poco desarrollados, no ofrecen alternativas de financiamiento. Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME), que representan al 99,4% de las empresas, tienen dificultades para acceder a créditos asequibles (Gráfico 3) y se enfrentan a unas elevadas tasas de interés, exigencias de colateral y pocas alternativas de financiamiento, incluso cuando son formales. La mayoría de las empresas está excluida del crédito formal por operar en la informalidad. En conjunto, esta situación limita la capacidad de las firmas para invertir y crecer. Las reformas deben centrarse en reducir los costos de financiamiento, desarrollar fuentes alternativas adaptadas a las necesidades de MIPYME tanto formales como informales y profundizar los mercados de capital.

Ampliar el acceso al financiamiento más allá de los préstamos tradicionales fortalecería el rol de las pequeñas empresas como generadoras de empleo de calidad y aumentaría su aporte a la innovación, la productividad y la transición verde. Las firmas informales —a menudo no registradas y sin historial crediticio— quedan excluidas del crédito formal y dependen de prestamistas informales o microfinancieras. Las MIPYME enfrentan tasas de interés elevadas, exigencias de garantías y escasas opciones de financiamiento. Mejorar el acceso al crédito a tasas asequibles requiere reducir los costos de intermediación financiera. La evaluación del riesgo crediticio puede mejorar con nuevas tecnologías que aprovechen información sistémica sobre historiales financieros compartida mediante los canales de banca abierta (open banking). Las garantías de créditos pueden reducir las primas de riesgo ayudando a micro y pequeñas empresas a construir historial crediticio, pero deben focalizarse en sectores prioritarios para ser costo-efectivos y limitar el riesgo moral. Reducir cargas administrativas y promover alternativas a los préstamos bancarios —como factoring, arrendamiento financiero (leasing), las compras a plazo o el financiamiento participativo (crowfunding)—, además de facilitar la entrada de nuevos actores como fintechs, ampliaría la oferta de financiamiento a tasas más competitivas. Estas medidas también beneficiarían a las empresas informales al fortalecer los incentivos para formalizarse y mejorar su acceso a crédito más asequible, pero deben formar parte de una estrategia más amplia para combatir la informalidad e impulsar la productividad.

La profundización de los mercados de capital complementaría al crédito formal y ampliaría el acceso a financiamiento de largo plazo para infraestructura, innovación e inversiones climáticas. La baja liquidez sigue siendo una restricción importante, causada por una base de inversionistas reducida y pocos instrumentos transables. Apoyar a empresas pequeñas y medianas dinámicas con alto potencial de crecimiento mediante un programa de preparación empresarial para cumplir con estándares de reporte y gobernanza facilitaría su ingreso al mercado, aumentaría la oferta de activos transables y ayudaría a liberar mayor liquidez. Un fortalecimiento institucional de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y mejores mecanismos formales de coordinación entre los reguladores financieros mejorarían la capacidad de modernizar la supervisión y aplicar regulaciones de manera efectiva.

Liberar todo el potencial de Perú requiere dar a todos una oportunidad justa de progresar, sin importar su origen. Cada vez más jóvenes alcanzan niveles de educación más altos que sus padres, pero los resultados educativos y el acceso a empleos formales de alta calidad siguen dependiendo, en gran medida, de su origen socioeconómico (Gráfico 4). Para que la educación genere mejores resultados, es necesario impulsar el acceso a una educación de calidad desde la primera infancia, reforzar la transición de la escuela al trabajo, reducir las desigualdades de género en el mercado laboral y mejorar el acceso al empleo formal

Ampliar gradualmente el acceso a una educación de primera infancia y cuidado infantil de alta calidad tendría efectos positivos en los resultados educativos futuros de los más jóvenes. Esto sería especialmente beneficioso para los niños de entornos desfavorecidos, que son más propensos a encontrarse en entornos de aprendizaje infantil de baja calidad. También contribuiría a reducir las desigualdades de género, al aliviar la carga de las mujeres en los cuidados familiares y permitir una mayor participación en empleos formales y mejor remunerados. En primaria y secundaria, los esfuerzos deben centrarse en mejorar la calidad de la enseñanza y las infraestructuras escolares, además de atender las disparidades urbano-rurales y las altas tasas de deserción. Ampliar la cobertura y beneficios de los programas de transferencias condicionadas vinculadas a la asistencia escolar puede ayudar a mantener a los estudiantes en la escuela y asegurar que la educación se traduzca en mejores oportunidades laborales.

Muchos jóvenes, especialmente mujeres y aquellos en zonas rurales, enfrentan dificultades para insertarse en el empleo formal, con altas tasas de jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI) y con la informalidad limitando sus perspectivas. Incrementar la matrícula en la educación y formación técnica y profesional (EFTP) es fundamental para mejorar las oportunidades laborales y romper ciclos de desventaja. Establecer un marco unificado de EFTP debería ser una prioridad para mejorar la calidad y la supervisión. Fortalecer las trayectorias dentro del sistema, ampliar la oferta de formación flexible, digital y modular, y expandir la certificación de competencias y el reconocimiento de aprendizajes previos ayudaría a que más jóvenes, en especial de contextos vulnerables, obtengan calificaciones relevantes y accedan a empleos formales. Una mayor participación de los empleadores en el diseño curricular y la promoción del aprendizaje en el trabajo facilitarían la alineación de habilidades con las necesidades del mercado laboral.

El acceso desigual y limitado al empleo formal, especialmente entre mujeres y poblaciones rurales, restringe la movilidad social. Es necesario adoptar una estrategia integral que aborde los factores que impulsan la informalidad. Sustituir el actual sistema de contribuciones sociales, donde las tasas varían según el tamaño de la empresa, por una estructura progresiva basada en los ingresos de los trabajadores —con tasas menores para trabajadores de bajos ingresos— fortalecería los incentivos a la formalización y al crecimiento empresarial, eliminaría desincentivos asociados al tamaño y sería fiscalmente neutra. Abordar la informalidad también ayudaría a reducir brechas de género, dado que las mujeres están sobrerrepresentadas en empleos informales y de bajos salarios. Reforzar la fiscalización laboral y tributaria, reducir los costos de creación de empresas formales y apoyar el desarrollo de competencias y la productividad empresarial ampliaría las oportunidades de acceso a empleos formales

Perú es altamente vulnerable al cambio climático. Reforzar la resiliencia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero requiere una profunda transformación de la economía. Para cumplir los compromisos de descarbonización de Perú es necesario adoptar tres pilares principales: detener y luego revertir la deforestación en la Amazonía, descarbonizar el transporte y cuadruplicar la capacidad de generación eléctrica del país con recursos renovables. Una mejor implementación de los planes y políticas de adaptación, incluyendo su integración entre sectores y niveles de gobierno, es clave para fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad.

Perú ha asumido compromisos ambiciosos para reducir emisiones y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, pero estos deben reflejarse de manera más clara en los planes y políticas sectoriales y subnacionales para asegurar su implementación. Esto requiere establecer metas operativas claras por sector, mejores mecanismos de coordinación horizontal y vertical con foco en la ejecución de planes, políticas y objetivos climáticos, fortalecer la capacidad institucional y administrativa, y haciendo uso de un conjunto más amplio de instrumentos climáticos disponibles.

La experiencia reciente con fuertes lluvias y desastres naturales evidencia la necesidad de reforzar la capacidad de adaptación. El aumento de las temperaturas del mar, los cambios en los patrones de lluvia, las inundaciones y el retroceso glaciar amenazan la habitabilidad, las infraestructuras y el sector agrícola en varias regiones del país. Para poder dar una respuesta adecuada a estos desastres de rápida aparición requiere fortalecer el marco de gestión del riesgo de desastres, los sistemas de alerta temprana y las políticas de adaptación. Para fomentar la resiliencia en las regiones más afectadas, es necesario además integrar las medidas de adaptación en la planificación del uso del suelo y de las infraestructuras, así como en la inversión pública.

Detener la deforestación en la Amazonía es el componente más importante de la ruta para cumplir las metas de descarbonización de Perú (Gráfico 5). La deforestación contribuye al 50% de las emisiones actuales y está motivada por la expansión de la frontera agrícola y por las prácticas informales e ilegales de tala, minería y producción de coca. Para abordar estas causas es necesario adoptar una estrategia integral que implique una mejor coordinación entre las entidades públicas y una aplicación más estricta de la ley, unos derechos de propiedad más sólidos mediante mecanismos más sencillos de titulación de tierras y un catastro moderno, un aumento de los incentivos económicos —incluidos los destinados a la reforestación— y un mayor empoderamiento de las comunidades para que sean guardianas efectivas de sus bosques.

Reducir las emisiones procedentes de los combustibles fósiles y transitar hacia un transporte libre de emisiones requiere una expansión masiva de la capacidad eléctrica proveniente de energías renovables. Una reforma reciente de la legislación energética eliminó desventajas regulatorias que habían frenado por años el desarrollo de proyectos eólicos y solares. La rápida implementación de esta reforma y de una estrategia energética que priorice la generación renovable, junto con señales de precios predecibles mediante la aplicación gradual de un impuesto al carbono y un sistema de comercio de emisiones, y la rápida ejecución de la cartera acumulada de proyectos renovables, deben ser una prioridad