El derecho de la competencia y el derecho de propiedad intelectual (PI) se apoyan en distintos instrumentos para alcanzar objetivos similares, a saber, promover la innovación, el crecimiento económico y el bienestar de los consumidores. Sin embargo, los derechos de PI protegen a sus titulares y les permiten excluir determinados usos o limitarlos frente a terceros. Esto es susceptible de crear o reforzar el poder de mercado, ya que puede incentivar a los titulares de derechos a restringir el acceso y obstaculizar la innovación ulterior.
El Comité de Competencia de la OCDE ha trabajado amplia y exhaustivamente en torno a la interacción entre estas dos esferas. En particular, la Recomendación de la OCDE sobre Derechos de Propiedad Intelectual y Competencia [OECD/LEGAL/0495] (2023[1]) establece los principios clave que deben regir al aplicar leyes de competencia que involucran prácticas comerciales relacionadas con la PI. Asimismo, brinda orientaciones sobre cómo evaluar estos casos. Todo ello con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de los mercados y los incentivos necesarios para innovar.
Las autoridades de competencia de todo el mundo han emprendido iniciativas relacionadas con los derechos de PI, entre ellas investigaciones sobre prácticas anticompetitivas y exámenes de fusiones. Dichas iniciativas buscan mitigar los efectos anticompetitivos de determinadas conductas vinculadas a la PI, sin socavar por ello los fines de protección de la PI. Las autoridades de competencia también han participado en actividades destinadas a promover políticas y procesos de PI más favorables a la competencia.
Las principales conclusiones del documento son las siguientes:
En América Latina y el Caribe, la práctica de aplicar la legislación sobre competencia para resolver determinadas conductas relacionadas con la PI es relativamente reciente y se concentra solo en unas pocas jurisdicciones.
La aplicación de leyes antimonopolio en América Latina y el Caribe se ha orientado principalmente a las patentes farmacéuticas, si bien también se han investigado otros sectores y derechos de PI (por ejemplo, los derechos de autor en el sector audiovisual y las patentes en la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones).
Los derechos de PI han desempeñado un papel fundamental en el control de fusiones en la región, tanto en las evaluaciones de la competencia como en la formulación de medidas correctivas, especialmente con respecto a las marcas comerciales.
Las iniciativas de promoción de la competencia de las autoridades de América Latina y el Caribe, particularmente en el sector farmacéutico, han demostrado ser un buen punto de partida para que las autoridades de competencia se ocupen de cuestiones relacionadas con la PI.
La cooperación entre las autoridades de competencia y los organismos de PI puede conducir a una regulación de la PI más favorable a la competencia, así como facilitar que se aplique la legislación en materia de competencia contra determinadas conductas en materia de PI.
La cooperación entre las autoridades de competencia también es fundamental, teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de muchos derechos de PI y prácticas comerciales conexas.
En conclusión, sigue habiendo un margen de actuación significativo para ampliar el alcance de las iniciativas en materia de PI en la región de América Latina y el Caribe, y ello pese a las dificultades que plantean los recursos limitados, otras prioridades y el alto nivel de conocimientos especializados necesarios para evaluar un ámbito tan complejo y técnico como el derecho de PI.