Para hacer frente de manera eficaz a los riesgos de fraude actuales y emergentes, las estrategias antifraude deben considerarse documentos vivos que evolucionan a través de la incorporación de resultados de las evaluaciones en las actualizaciones periódicas de dichas estrategias. Este capítulo expone las cuestiones clave que deben tener en cuenta los responsables de las estrategias antifraude a la hora de determinar la naturaleza y el alcance de las actualizaciones de dichas estrategias; hace hincapié en prácticas recomendadas para utilizar los resultados de las evaluaciones como base para las revisiones; y subraya la importancia de comunicar los avances y los resultados a las partes interesadas internas y externas a fines de fomentar la coherencia de las políticas y el aprendizaje continuo a lo largo del tiempo.
Evaluación, actualización y monitoreo de las estrategias antifraude
Resumen
La ventaja del monitoreo y la evaluación para la gestión, el diseño de políticas y el aprendizaje organizacional depende en gran medida de cómo se comunican los avances y los resultados, y de cómo se incorporan a las futuras versiones de la estrategia antifraude y su correspondiente plan de acción. Las evaluaciones de las estrategias antifraude deben servir de base para ajustar la estrategia y el plan de acción con el fin de lograr el cambio deseado (evaluaciones iniciales e intermedias), extraer enseñanzas para futuras estrategias (evaluaciones finales) y fomentar la confianza de los ciudadanos en el proceso político y el apoyo a los esfuerzos antifraude. Las Directrices sobre Estrategias Nacionales Antifraude de la Comisión Europea adoptan un enfoque similar en materia de monitoreo y evaluación. Según las Directrices, los objetivos operativos de la ENAF deben actualizarse o revisarse en función de los resultados del monitoreo y la evaluación, para introducir nuevas medidas o ajustar las ya existentes, y actualizar los indicadores y los plazos. Además, hacen hincapié en la necesidad de informar al público en general sobre las medidas adoptadas en el marco de la estrategia antifraude, lo que incluye la publicación de información sobre la estrategia y sus objetivos operativos, así como la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad, incluidos sectores específicos. (European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), 2016[1])
Sin embargo, los datos de la OCDE muestran que la mayoría de los países miembros y socios de la OCDE que cuentan con objetivos estratégicos pertinentes no utilizan indicadores de resultados ni evaluaciones para demostrar las ventajas concretas de las mejoras en materia de integridad, y menos de la mitad de los países tienen prevista una evaluación final como actividad formal (OECD, 2026[2]). Esto no solo afecta a la capacidad de los países para demostrar el retorno de la inversión derivada de la aplicación de medidas en el marco de una estrategia antifraude, sino también a la hora de justificar la asignación de recursos a dichas medidas y de defender la necesidad de realizar nuevas inversiones en este ámbito.
Además, aunque la adopción de estrategias antifraude y anticorrupción es una práctica cada vez más extendida a nivel mundial, es habitual que existan deficiencias entre los ciclos estratégicos, de modo que, en ocasiones, las estrategias llevan años caducadas antes de que se elabore una nueva o se actualice la existente (OECD, 2026[2]). Esto afecta a la capacidad de los países para garantizar que las reformas antifraude se consoliden y aporten resultados duraderos, ya que la continuidad de las estrategias y el aprendizaje a lo largo de los ciclos estratégicos son esenciales para que las estrategias antifraude sean eficaces y sirvan como herramientas útiles para la reforma, sobre todo teniendo en cuenta la rápida evolución del fraude.
En este contexto, garantizar la continuidad estratégica y el aprendizaje mediante la incorporación de los resultados de las evaluaciones a nivel de todo el sistema en cada actualización de la estrategia antifraude constituye un paso fundamental para asegurar la eficacia de las medidas de lucha contra el fraude. Esto implica garantizar que las actualizaciones de la estrategia se basen en los riesgos de fraude graves y transversales identificados en las Evaluaciones de Riesgo de Fraude realizadas por las entidades encargadas de la implementación de la estrategia antifraude, información que debe ser recopilada y consolidada por el organismo central responsable de la coordinación de la estrategia. La recopilación de datos procedentes de las Evaluaciones de Riesgo de Fraude también proporciona a los responsables de la estrategia información sobre sectores específicos con mayor riesgo de fraude (por ejemplo, la agricultura, la energía o el transporte), lo que podría servir de base para establecer objetivos estratégicos específicos para cada sector, hacer frente a los riesgos emergentes y aprovechar las lecciones aprendidas de crisis anteriores. (OECD, 2026[2])
La Tabla 3.1 incluye criterios clave sobre las prácticas de evaluación para medir la medida en la que éstas han influido en la toma de decisiones a la hora de elaborar estrategias antifraude y garantizar prácticas de evaluación transparentes y eficaces, tal y como se describe en el Indicador de Integridad Pública (PII) de la OCDE sobre prácticas de evaluación (OECD, 2024[3]).
Nota: La lista de criterios contenida en esta tabla se ajusta a los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE, Principio 3, indicador 8.
3.1.1. ¿Cuándo es necesario realizar una actualización?
Una vez realizada una evaluación (por ejemplo, intermedia o final), el organismo coordinador de la estrategia antifraude debe plantearse una serie de cuestiones para determinar si procede actualizar dicha estrategia, así como la naturaleza y el alcance de dicha actualización. La actualización de una estrategia antifraude podría implicar la actualización o revisión de los objetivos principales y secundarios, el ajuste de los recursos de gestión o el ajuste de los indicadores de impacto y de resultados. La naturaleza y el alcance de la actualización dependerán de las conclusiones específicas de los informes de monitoreo y evaluación, así como de factores externos, tales como los cambios estructurales, organizativos o políticos. Estas consideraciones se resumen en la Tabla 3.2 a continuación. Por su parte, el Anexo C incluye una lista más exhaustiva en forma de lista de verificación para actualizar las estrategias y los planes de acción antifraude, con el fin de ayudar al coordinador de la ENAF a evaluar si la estrategia o el plan de acción actuales son adecuados para su finalidad.
Nota: Al responder a las siguientes preguntas, la autoridad coordinadora de la ENAF podrá evaluar si es necesario actualizar la ENAF y, en caso afirmativo, determinar la naturaleza y el alcance de la revisión requerida. El Anexo C ofrece una descripción completa de la lista de verificación, su finalidad, los usuarios a los que va dirigida, sus interrelaciones con otras herramientas, así como orientaciones sobre su aplicación y sus limitaciones. Las preguntas deben adaptarse al contexto nacional pertinente antes de utilizarlas para actualizar una ENAF.
Fuente: Secretaría de la OCDE.
3.1.2. Comunicación de los resultados de las evaluaciones
La comunicación con las partes interesadas internas y externas sobre los avances y los resultados de la estrategia antifraude fomenta la rendición de cuentas, refuerza la credibilidad de las iniciativas en materia de integridad y estimula la adopción de medidas futuras. Además, la publicación proactiva de información y la disponibilidad de datos pertinentes relacionados con la estrategia de lucha contra el fraude pueden servir como fuentes adicionales de pruebas para el seguimiento y la evaluación, reforzando al mismo tiempo la supervisión social, la trazabilidad de la gestión pública y la capacidad analítica en relación con los riesgos y patrones de fraude. Al respecto, el organismo encargado de coordinar la implementación, el monitoreo y la evaluación de la estrategia antifraude (generalmente el AFCOS en los Estados miembros de la UE) debería velar por que los resultados del monitoreo y la evaluación se comuniquen adecuadamente y que el plan de acción se ponga a disposición del público, por ejemplo, mediante la publicación de los informes de monitoreo y evaluación en una página web específica gestionada por el organismo central, como la página web del AFCOS. La Tabla 3.3 ofrece una visión general de algunos aspectos que el organismo encargado de coordinar la implementación, el monitoreo y la evaluación de la estrategia antifraude podría tener en cuenta a la hora de elaborar los informes de monitoreo y evaluación.
Fuente: Secretaría de la OCDE, basado, entre otros, en (European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), 2016[1]); (European Commission, 2022[5]).
Garantizar la independencia, la objetividad y responsabilidades claramente definidas es esencial para asegurar la fiabilidad de los resultados de la evaluación. Estos factores son fundamentales a la hora de planificar y diseñar futuras estrategias antifraude destinadas a subsanar las limitaciones o deficiencias detectadas en versiones anteriores. El Recuadro 3.1 destaca ejemplos exitosos de países que han utilizado evaluaciones para fomentar la coherencia de las políticas y el aprendizaje continuo a lo largo del tiempo.
Evaluación intermedia de la Estrategia Nacional de Bulgaria para la Prevención y Lucha contra las Irregularidades y el Fraude (2021-2027)
La Dirección del AFCOS de Bulgaria, con el apoyo de la OCDE en el marco de este proyecto del Instrumento de Apoyo Técnico (IAT), ha llevado a cabo recientemente una evaluación intermedia de su Estrategia Nacional para la Prevención y Lucha contra las Irregularidades y el Fraude 2021-2027 (ENAF de Bulgaria). La evaluación intermedia consistió en la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos, la comparación con el marco de integridad pública de la OCDE, así como en la realización de encuestas y entrevistas estructuradas con diversas autoridades encargadas de la lucha contra el fraude que participan en la aplicación de la ENAF de Bulgaria, tales como las autoridades de gestión, las agencias nacionales de Hacienda y Aduanas, los organismos de auditoría, la agencia de contratación pública, la Fiscalía y los cuerpos de seguridad.
La evaluación intermedia siguió los criterios de evaluación del CAD y formuló una serie de recomendaciones destinadas a mejorar el marco general de gobernanza e implementación de la ENAF de Bulgaria, así como a abordar áreas prioritarias clave mediante objetivos estratégicos y operativos actualizados, con el fin de hacer frente de manera eficaz a los riesgos de fraude actuales y emergentes que afectan a los intereses financieros de la UE en Bulgaria.
Tras la evaluación intermedia, el Consejo del AFCOS elaborará un nuevo documento estratégico para el próximo periodo de programación (2028-2034) que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas. Es importante destacar que la nueva ENAF de Bulgaria incluirá indicadores de resultados mensurables a nivel de los objetivos estratégicos y operativos, con el fin de dotar a la Dirección del AFCOS de la información necesaria para evaluar de manera eficaz el grado de consecución de los objetivos establecidos en la ENAF de Bulgaria. Los resultados de la revisión intermedia, incluida la nueva ENAF de Bulgaria, se publicarán en el sitio web de la Dirección del AFCOS.
Evaluación intermedia de la Estrategia sectorial de Antifraude de Grecia (2021-2027)
Grecia adoptó su primera estrategia antifraude en el 2014, desarrollada por la Secretaría General de Inversiones Públicas y el Marco Estratégico Nacional de Referencia (MERN) a través del Servicio Especial de Apoyo Institucional y Sistemas de Información (EYTHYPS), dependiente de la Autoridad Nacional de Coordinación. La Estrategia Antifraude de Grecia, actualizada en marzo de 2017, abarca las operaciones financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo para una Transición Justa (FTJ) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). Por lo tanto, Grecia cuenta con una estrategia antifraude nacional sectorial, en lugar de una estrategia nacional antifraude que cubra todos los sectores de gasto.
El Servicio Especial de Apoyo Institucional y Sistemas de Información (SISS), dependiente de la Autoridad Nacional de Coordinación (NCA), se encarga de planificar y monitorear la implementación de la estrategia antifraude en el marco del sistema de gestión y control. El SISS ha llevado a cabo recientemente una evaluación intermedia de su estrategia antifraude con el apoyo de la OCDE, en el marco de este proyecto del Instrumento de Apoyo Técnico (IAT).
Tras la evaluación intermedia, el SISS está en proceso de actualizar su estrategia antifraude basándose en las recomendaciones formuladas a raíz de dicha evaluación. Al delimitar las responsabilidades de las entidades pertinentes en el marco de la lucha contra el fraude, definir los objetivos estratégicos y las medidas para su aplicación, y diseñar indicadores para monitorear y evaluar los avances, la evaluación intermedia respalda el compromiso de Grecia con un enfoque integral de lucha contra el fraude. El SISS celebró recientemente una reunión con los miembros de su Red Antifraude (45 participantes) para debatir las propuestas de actualización de la estrategia antifraude y definir los próximos pasos, con el fin de fomentar la participación de las partes interesadas pertinentes en la implementación de la futura estrategia.
Fuente: Elaborado por la Secretaría de la OCDE a partir de los Informes Analíticos de la OCDE sobre la Revisión y las Recomendaciones para la Actualización de las Estrategias Nacionales Antifraude de Bulgaria y Grecia (sin publicar).
En resumen, hay tres elementos fundamentales que deben incluirse en los sistemas de evaluación de las estrategias antifraude para garantizar que los resultados de las evaluaciones den lugar a nuevas medidas:
Comunicación eficaz. Los resultados de las evaluaciones deben comunicarse con claridad tanto a las partes interesadas internas como a las externas. Por ejemplo, el Indicador de Integridad Pública (PII) 3.5 de la OCDE sobre la idoneidad de las estructuras de implementación y la presentación de informes exige que se consulte a los grupos públicos y de la sociedad civil en relación con los informes de monitoreo. Del mismo modo, el criterio 3.8.2 del PII de la OCDE evalúa si las autoridades nacionales publican informes de evaluación en línea. La comunicación de los resultados de la evaluación a los distintos grupos es fundamental para fomentar la participación en la toma de decisiones sobre las medidas futuras. Un enfoque participativo en esta fase, medido según el criterio 3.8.3, contribuye a aportar perspectivas diversas sobre las medidas que deben adoptarse. Si no se alcanza un objetivo en un sector específico, las partes interesadas de ese sector, o los usuarios de los servicios del sector, pueden ofrecer información valiosa sobre los factores que socavan la eficacia y ofrecer orientación sobre cómo abordar esos desafíos en el futuro.
Mecanismos de retroalimentación para fomentar la participación. Para fomentar un enfoque participativo, los procesos de evaluación deben incluir mecanismos que permitan analizar y dar respuesta a los comentarios de las partes interesadas (Johnsøn, 2011[6]). Estos mecanismos fomentan la rendición de cuentas en cuanto al uso que se da a los resultados. Los canales formales de retroalimentación pueden incluir procesos de revisión, revisiones por pares, seminarios y talleres (Schütte, 2017[7]). Para que estos mecanismos sean eficaces, es necesario contar con personal adecuado, recursos financieros y el respaldo de la alta dirección (OECD, 2010[8]). Por lo tanto, se deberían incorporar mecanismos de retroalimentación al proceso de evaluación y prever los recursos presupuestarios correspondientes. Lamentablemente, estos mecanismos suelen pasarse por alto en los planes de acción. En un análisis comparativo de 41 Planes de Acción Nacionales para la Integridad (NIAC), se constató que solo unos pocos países contaban con mecanismos de participación ciudadana o de monitoreo y evaluación participativos (Pyman, 2017[9]).
Contar con un plan para responder a los comentarios. La credibilidad del sistema de evaluación y de la estrategia antifraude en general se ve reforzada cuando se registran sistemáticamente los comentarios recibidos y se mantiene la transparencia sobre si (y cómo) se ajusta el diseño o la implementación de la estrategia en respuesta a estos. La Estrategia Nacional de Integridad Pública de Chile, aprobada en diciembre de 2023, sirve de ejemplo. Esta se elaboró mediante un enfoque participativo, incorporando las aportaciones de las consultas públicas. El documento estratégico detalla cómo se integraron estos datos, aportando transparencia al incluir una lista de los académicos y las ONG que participaron en el proceso, así como el porcentaje de respuestas a cada pregunta de la encuesta realizada entre octubre y noviembre de 2022. (Government of Chile, 2023[10])
Una política proactiva para hacer frente a resultados deficientes también contribuirá a reforzar la credibilidad y la rendición de cuentas. En Colombia, por ejemplo, se exige a los responsables de alcanzar los objetivos que den explicaciones detalladas cuando no se cumplen dichos objetivos, y éstas se publican en un sitio web del gobierno. (Mackay, 2007[11]) Para garantizar la rendición de cuentas en la aplicación de las recomendaciones, es necesario realizar un análisis de las medidas de seguimiento acordadas. Por su parte, las evaluaciones posteriores deben determinar si las recomendaciones se han aplicado y si han tenido los efectos deseados, además de examinar los mecanismos de retroalimentación y respuesta existentes (Johnsøn, 2011[6]).
3.1.3. Ser consciente de los posibles efectos indirectos de la comunicación
Las comunicaciones antifraude desempeñan un papel fundamental en diversas fases del ciclo de desarrollo de la estrategia. Sensibilizar a los ciudadanos y a los funcionarios públicos sobre cuestiones relacionadas con el fraude y la integridad puede contribuir a generar interés en la estrategia y fomentar la participación de diversos grupos de interés en su desarrollo, monitoreo y evaluación mediante procesos de consulta y retroalimentación. La sensibilización sobre prácticas fraudulentas concretas o cuestiones relacionadas con la integridad, como la doble financiación o la tergiversación de los requisitos de elegibilidad para acceder a programas de subvenciones, también puede impulsar los cambios de comportamiento que la estrategia pretende lograr.
Además, tal y como se indica en el Capítulo 4 más abajo, comunicar los resultados del monitoreo es fundamental para garantizar que los organismos ejecutores puedan identificar qué aspectos de la estrategia antifraude están funcionando y en qué ámbitos es necesario introducir ajustes. Del mismo modo, hacer públicas las evaluaciones puede reforzar la confianza en el proceso de formulación de políticas. Al hacer públicos los resultados de las evaluaciones, los ciudadanos y las organizaciones de control pueden ver no solo los efectos positivos de las reformas, sino también cómo los responsables políticos reconocen las limitaciones y se comprometen a abordarlas en futuras versiones.
Las estrategias antifraude deben incluir planes para comunicar los resultados tanto del monitoreo como de la evaluación de una manera transparente, eficaz y adaptada a los distintos públicos. Una diferencia clave entre los informes de monitoreo y los de evaluación radica en su periodicidad: los datos de monitoreo deben actualizarse periódicamente, mientras que las evaluaciones se llevan a cabo en momentos concretos. Por consiguiente, aunque las partes interesadas que participan en la implementación de la estrategia antifraude consultan habitualmente los informes de monitoreo, otros actores (por ejemplo, los donantes institucionales o el público en general) suelen mostrar mayor interés por las evaluaciones, que son poco frecuentes y suelen ser objeto de cobertura por parte de los medios de comunicación tradicionales. Esto hace que sea aún más importante tener en cuenta los posibles efectos indirectos a la hora de comunicar los resultados de la evaluación. Estos efectos pueden resultar beneficiosos, ya que mostrar resultados positivos puede reforzar el apoyo público o político a los esfuerzos de integridad (Georgieva-Andonovska, 2016[12]). Por ejemplo, dar a conocer las auditorías o las investigaciones sobre incumplimientos normativos puede disuadir futuras infracciones.
No obstante, las investigaciones demuestran que no todos los mensajes son eficaces y que pueden resultar contraproducentes o generar efectos secundarios negativos e imprevistos si no se gestionan adecuadamente. Por ejemplo, hay quien sostiene que decirle a personas que ya conocen del tema o que tienen opiniones firmes al respecto que la corrupción está generalizada puede dar a entender que mucha gente participa en actividades corruptas, lo cual las hace parecer más socialmente aceptables. También puede dar la impresión de que el problema es demasiado grande como para poder abordarlo, lo cual podría desanimar al personal de la administración pública y a los ciudadanos a la hora de tomar medidas. Si perciben que todos los demás están participando en prácticas fraudulentas, pueden llegar a pensar que lo más sensato es seguir su ejemplo. Además, factores como el medio utilizado y la credibilidad del emisor son elementos decisivos para que una campaña sea bien recibida y pueda promover eficazmente el cambio deseado (Peiffer and Cheeseman, 2023[13]).
En este contexto, es importante presentar los resultados de la evaluación de tal manera que se fomente la confianza de los ciudadanos en el proceso de reforma. Además, generar sensibilización sobre los mecanismos de retroalimentación en materia de rendición de cuentas, en los que los ciudadanos pueden participar de forma significativa en los esfuerzos de reforma, puede ayudar a prevenir o contrarrestar la apatía ciudadana. También hay que encontrar un delicado equilibrio a la hora de comunicar resultados negativos a las partes interesadas internas. Los malos resultados deben considerarse como un llamado a la acción, pero hay que tener cuidado en no humillar a nadie, ya que esto podría incentivar la manipulación de los procesos de evaluación en el futuro. Centrarse en los objetivos generales, en lugar de en objetivos o indicadores específicos, en la comunicación de la dirección puede reducir el riesgo de que se «juegue» con el sistema. Muchos de estos riesgos pueden mitigarse mediante un diálogo continuo con las partes interesadas y evitando la difusión de información abstracta sin contexto suficiente (OECD, 2017[14]).
En su guía "Guía práctica para la elaboración de mensajes anticorrupción”, Peiffer y Cheeseman exponen varios principios clave para diseñar campañas eficaces contra la corrupción, que son igualmente aplicables a las campañas de comunicación para estrategias antifraude:
Asegurarse de que los mensajes sean claros, concisos y coherentes
Evitar mensajes «negativos» sobre la magnitud del problema
Evitar culpar o avergonzar al público
Utilizar mensajes positivos y fiables siempre que sea posible
Sin embargo, los dos investigadores señalan que no existen soluciones universales y destacan la importancia de personalizar, orientar y probar las comunicaciones ("las tres T", en inglés) para minimizar el riesgo de que éstos resulten ineficaces o contraproducentes. Sus conclusiones y recomendaciones se resumen en el siguiente plan de trabajo de comunicación, junto con las cuestiones clave que deben tenerse en cuenta en cada una de sus cinco fases:
1. ¿Qué papel desempeña la sensibilización en su teoría del cambio? ¿El cambio en la actitud del público le permitirá alcanzar los resultados deseados? ¿Es posible cambiar la percepción del público? ¿Se pueden combinar los mensajes con cambios en las políticas u otras muestras de compromiso con la lucha contra el fraude para que resulten creíbles?
2. Identifique los objetivos clave y cómo se pueden integrar los mensajes en una estrategia antifraude para maximizar su impacto. Identifique al público objetivo y averigüe cuáles son sus creencias y qué opinan sobre los objetivos de su campaña de comunicación, para poder identificar los temas y cuestiones que les interesan y que se ajustan a sus valores. Evite mensajes descriptivos negativos y considere el uso de mensajes positivos y creíbles, por ejemplo, basados en el rechazo social hacia el fraude.
3. Decida quiénes son las personas y las instituciones más adecuadas para "generar" y transmitir el mensaje, teniendo en cuenta su credibilidad ante el público objetivo. Piense en cuál es la mejor forma de llegar a su público objetivo y qué tipos de medios son los más eficaces y adecuados.
4. Los grupos focales pueden ayudar a comprobar si el significado de un mensaje es el deseado. Utilice técnicas experimentales para identificar qué tipo de mensaje tiene más probabilidades de hacer efecto en el público objetivo. Seleccione solo aquellos mensajes que hayan demostrado tener una respuesta positiva.
5. Elabore un plan de monitoreo y evaluación para valorar el impacto. Transmita los mensajes en combinación con otras medidas. Aprenda de lo que salió mal o bien para orientar futuras campañas de comunicación.
Nota: La Secretaría de la OCDE ha sustituido el término «anticorrupción» por «antifraude» para que el mensaje resulte más claro, dado que los principios clave son aplicables a las campañas antifraude.
Fuente: Adaptado de (Peiffer and Cheeseman, 2024[15])
Referencias
[5] European Commission (2022), 33rd Annual Report on the Protection of the European Union’s financial interests and the Fight against fraud, https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/pif-report-2021_en_0.pdf (accessed on 22 March 2026).
[1] European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF) (2016), Guidelines on National Anti-Fraud Strategies, European Commission, https://sfc.ec.europa.eu/sites/default/files/EN-ORI-General%20Guidelines%20on%20National%20Anti-Fraud%20Strategies%20ARES(2016)6943965.pdf (accessed on 15 November 2024).
[12] Georgieva-Andonovska, E. (2016), Monitoring and Evaluation of Anticorruption Action Plans, World Bank, https://documents1.worldbank.org/curated/en/129401593200074880/pdf/Monitoring-and-Evaluation-M-E-of-Anti-Corruption-Action-Plans.pdf (accessed on 22 March 2026).
[10] Government of Chile (2023), Estrategia Nacional de Integridad Pública, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago.
[6] Johnsøn, J. (2011), “How to Monitor and Evaluate Anti-Corruption Agencies: Guidelines for Agencies, Donors, and Evaluators”, U4 Anti-corruption Resource Centre 8, https://www.u4.no/publications/how-to-monitor-and-evaluate-anti-corruption-agencies-guidelines-for-agencies-donors-and-evaluators-2.pdf (accessed on 22 March 2026).
[11] Mackay, K. (2007), How to Build M&E Systems to Support Better Government.
[2] OECD (2026), Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026: La integridad como ventaja estratégica, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f112b919-es.
[3] OECD (2024), OECD Public Integrity Indicators, https://www.oecd.org/en/topics/public-integrity.html (accessed on 3 April 2025).
[4] OECD (2023), A Strategic Approach to Public Integrity in Hungary: The 2023-25 National Anti-Corruption Strategy and Action Plan, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a5461405-en.
[14] OECD (2017), Monitoring and Evaluating Integrity Policies, Working Party of Senior Public Integrity Officials GOV/PGC/INT(2017) Vol. 4, Paris.
[8] OECD (2010), Evaluating Development Co-operation: Summary of Key Norms and Standards. 2nd ed.
[15] Peiffer, C. and N. Cheeseman (2024), A How-to Guide to Anti-Corruption Messaging, Center for International Private Enterprise (CIPE), https://www.cipe.org/resources/a-how-to-guide-to-anti-corruption-messaging/ (accessed on 22 March 2026).
[13] Peiffer, C. and N. Cheeseman (2023), “Message misunderstood: Why raising awareness of corruption can backfire”, U4 Brief, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute.
[9] Pyman, M. (2017), Research comparing 41 national anti-corruption strategies, Insights and guidance for leaders, https://curbingcorruption.com/wp-content/uploads/2018/07/Pyman-et-al-2017-Research-comparing-41-national-anti-corruption-strategies.pdf (accessed on 12 March 2026).
[7] Schütte, S. (2017), Bespoke monitoring and evaluation of anti-corruption agencies, https://www.u4.no/publications/bespoke-monitoring-and-evaluation-of-anti-corruption-agencies.pdf.