En este capítulo se incluye información sobre normativa y políticas de comercio nacionales que inciden en los sectores de servicios, en los cuales hay más mujeres trabajando. Los obstáculos al comercio de servicios no solo afectan a los proveedores de servicios extranjeros, sino también a los nacionales que, en consecuencia, experimentan mayores dificultades para contratar servicios a precios competitivos. Este análisis se centra en los obstáculos al comercio de servicios horizontales que se extienden a toda la economía, así como en el entorno normativo de diferentes sectores de servicios, entre ellos los servicios prestados por medios digitales. También se examinan los beneficios económicos que reporta reducir las diferencias existentes entre los marcos normativos del comercio de servicios en cada país y el país menos restrictivo del conjunto de datos.
Estudio sobre comercio y género en América Latina
Resumen
Los sectores de servicios desempeñan un papel fundamental en lo que se refiere a posibilitar que las mujeres participen en el mercado de trabajo y contribuyan al crecimiento económico y el bienestar. En su mayoría, las mujeres trabajan en los sectores de servicios, y el número de mujeres contratadas en dichos sectores es mayor que el de hombres (Sección 2). También son estos sectores, cada vez más digitalizados, los que cuentan con mayor frecuencia con empresas dirigidas por mujeres (Sección 3).
Las empresas dirigidas por mujeres interactúan con los clientes a través de Internet al menos en la misma medida que los hombres (Sección 3), y las pequeñas y medianas empresas (pymes) propiedad de mujeres que aprovechan herramientas de comercio digital, tales como los sitios web, presentan una tasa de exportación más elevada (Poole and Volpe, 2023[1]). Esto supone que el comercio digital no solo es una herramienta de crecimiento empresarial, sino que puede constituir también una plataforma para que las mujeres empresarias amplíen el alcance y la influencia de su actividad a escala mundial.
Por otra parte, se ha observado que las pymes que utilizan herramientas digitales, tales como páginas web, emplean a más mujeres (Andrenelli and Lopez Gonzalez, 2023[2]). Esto apunta a que la digitalización del comercio no solo empodera a las mujeres empresarias, sino que además genera más oportunidades de empleo para la mujer en el mercado de trabajo. Por lo tanto, la digitalización del comercio puede considerarse un elemento catalizador de la igualdad de género en el lugar de trabajo, que derriba barreras tradicionales y ofrece a la mujer más oportunidades de destacar.
En este capítulo se incluye información sobre la normativa y las políticas de comercio nacionales que inciden en los sectores de servicios de los países seleccionados ―Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú―, que pueden afectar no solo a los proveedores de servicios extranjeros, sino también a los nacionales que, en consecuencia, encuentran más dificultades para contratar servicios a precios competitivos. Este análisis se centrará en primer lugar en los obstáculos al comercio de servicios horizontales que se aplican al conjunto de la economía. A continuación, examinará el marco normativo de los servicios prestados por medios digitales en los países seleccionados.
Este capítulo se basa en los datos sobre regulación recabados a través del Índice de Restricción del Comercio de Servicios Digitales (DGSTRI) de la OCDE correspondientes a los siete países de América Latina mencionados anteriormente y el Índice de Restricción del Comercio de Servicios (STRI) de seis de ellos (se excluye Argentina). Estas herramientas sirven para identificar y examinar obstáculos transversales que afectan, respectivamente, al comercio de servicios y a los servicios comercializados por medios digitales. Posteriormente, analiza cómo pueden incidir determinadas políticas en las empresas dirigidas por mujeres.
Los sectores de servicios desempeñan una función esencial en las economías de América Latina seleccionadas (Gráfico 5.1). El valor agregado de los servicios de estos países (entendido como el valor generado durante la producción, que incluye la contribución de la mano de obra y del capital) representó en promedio un 57% de su PIB en 2023, lo que señala su resiliencia y su importancia para estas economías. Puesto que los sectores de servicios contribuyen de manera importante al PIB, toda novedad que se produzca en ellos podría tener consecuencias considerables para el desempeño económico global de estos países, incluido el empleo. Industrias tales como el comercio minorista, la hostelería, la atención sanitaria, la educación, las finanzas y las tecnologías de la información son especialmente intensivas en mano de obra y ofrecen amplias oportunidades laborales. Además, los trabajos y servicios digitales son especialmente relevantes para las mujeres, que suelen preferir sistemas de trabajo más flexibles.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (consultados el 7 de febrero de 2025).
Los países seleccionados registraron un crecimiento constante de los servicios como porcentaje del PIB en términos interanuales desde 2014 hasta 2019; desde 2019 hasta 2022, sin embargo, experimentaron un ligero pero constante descenso que se detuvo o se invirtió en 2023.
Los servicios representan más del 50% del PIB en todos los países seleccionados. Dentro de este grupo de países, Costa Rica, con un 68% del PIB, es el mayor productor de servicios, seguido de Brasil y México, con un 59%, Chile y Colombia con un 57%, Argentina, con un 53% y, por último, Perú, con un 51%
Por lo que respecta a la competitividad de los países objeto de estudio en el mercado digital mundial y su capacidad para aprovechar la tecnología en beneficio del comercio internacional, los siete países muestran un crecimiento sistemático de las exportaciones de servicios prestados por medios digitales (Gráfico 5.2). Entre 2014 y 2023, sus exportaciones se dispararon de 33.980 millones USD a 61.860 millones USD, un aumento del 82%. Brasil lidera el grupo, al crecer sus exportaciones de servicios prestados por medios digitales un 54% de 2014 a 2023.
Se ha concluido que, en cierta forma, los servicios prestados por medios digitales son más igualitarios que los de sectores tradicionales1. Suelen reducir la discriminación porque no siempre resulta evidente cuál es el género de la persona empresaria o prestadora de servicios. Además, permiten mayor flexibilidad en cuanto a horario de trabajo y ubicación, lo cual resulta especialmente favorable para las mujeres, que suelen compaginar el trabajo retribuido con múltiples responsabilidades familiares, como el trabajo doméstico y los cuidados. La posibilidad que ofrecen las plataformas digitales de acceder a los mercados por unos costos más bajos puede beneficiar de manera especial a las empresas más pequeñas, grupo en el que más abundan las dirigidas por mujeres. Por último, las herramientas de comercio digital pueden ayudar a las empresarias a superar obstáculos tradicionales para acceder al mercado, entre otros, redes profesionales más limitadas o restricciones en cuanto a movilidad. A través de las plataformas digitales, las mujeres pueden llegar a una base de clientes internacional, colaborar con socios empresariales de todo el mundo y acceder a recursos e información que podrían no encontrarse fácilmente disponibles en su entorno local.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMC. Organización Mundial del Comercio, https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/gstdh_digital_services_s.htm (consultado el 13 febrero de 2025).
La digitalización ha abierto considerables oportunidades en todos los sectores de servicios, en particular desde la pandemia de COVID-19. La comunidad empresarial, incluidas las empresarias, incrementaron su uso de las tecnologías digitales para sobrevivir durante la pandemia de COVID-19 creando nuevos canales de compras y distribución a través del comercio electrónico2. Con la infraestructura, la creación de capacidad y la ayuda adecuadas, muchos servicios ya se pueden prestar por medios electrónicos. Brasil, por ejemplo, ha triplicado la penetración de Internet en 15 años y los servicios prestados por medios digitales representaron el 65% de sus exportaciones de servicios en 20203.
Sin embargo, las actuales disparidades en cuanto a género han supuesto que un acceso a Internet de costo elevado, las escasas oportunidades de formación en tecnologías digitales, un limitado acceso a financiamiento e importantes responsabilidades familiares hayan provocado un descenso de la participación de la mujer en Internet y una distribución desigual de los beneficios que brinda la economía digital en comparación con sus homólogos hombres4.
La siguiente sección profundiza en la regulación del comercio, en particular en medidas horizontales introducidas en 22 sectores de servicios de los países seleccionados, prestando especial atención a detectar obstáculos que puedan dificultar de manera específica la capacidad de las mujeres para aprovechar oportunidades comerciales.
América Latina presenta un panorama heterogéneo en cuanto a restricción del comercio en los diferentes sectores de servicios5. La puntuación promedio de los 38 países de la OCDE es de 0,19 de 1; de los seis países seleccionados, tres se sitúan por debajo de este promedio (es decir, son menos restrictivos): Chile (0,16), Costa Rica (0,16) y Perú (0,18), y dos se sitúan por encima (es decir, son más restrictivos): Brasil (0,22) y México (0,24). La puntuación de Colombia (0,19) coincide con el promedio de la OCDE.
Un análisis más profundo de los sectores específicos revela que las dificultades que encaran las empresas dirigidas por mujeres pueden verse agravadas en ámbitos específicos de las políticas. Por ejemplo, las restricciones al ingreso de extranjeros pueden aumentar el costo de los insumos de servicios, lo que podría perjudicar su productividad y su capacidad para expandirse a nivel internacional. Además, una falta de transparencia normativa puede provocar desventajas, en particular para las empresas propiedad de mujeres, ya que podrían tener menor experiencia o acceso a redes de apoyo que sus homólogos hombres. En cambio, algunos países han otorgado un acceso preferente a licitaciones públicas a pymes o empresas dirigidas por mujeres o propiedad de estas. Existen pruebas de que dichas medidas han aumentado el porcentaje de empresas dirigidas por mujeres en los mercados de licitaciones públicas. Sin embargo, su impacto podría depender de la plena ejecución de dichos programas y de si los proveedores no tradicionales del sector público son capaces de aprovechar estas oportunidades6.
En el momento en el que se preparó este capítulo, no se disponía de información sobre Argentina.
1. Restricciones al ingreso de extranjeros del STRI.
Fuente: STRI de la OCDE (2024).
En las subsecciones siguientes, se incluyen ejemplos concretos de estas medidas horizontales dentro de los diferentes sectores de política, mostrando además su posible impacto en las empresas dirigidas por mujeres.
Servicios que tradicionalmente han necesitado de una presencia local pueden ofrecerse ahora de manera transfronteriza, lo que reduce los gastos y las dificultades a las que se enfrentan las empresas para constituir filiales en el extranjero. Sin embargo, determinados países pueden estar frenando estas oportunidades al imponer a las empresas la constitución de una presencia mercantil o local para poder prestar dichos servicios.
En los países seleccionados, las exigencias relativas a una presencia mercantil o local suelen ser la excepción y no la regla en los diferentes sectores. No obstante, existen sectores específicos en algunos países en los que dicha presencia es obligatoria, entre otros los de servicios profesionales y de distribución. Cabe señalar que algunos de estos sectores coinciden además con aquellos en los que hay una abultada presencia de mujeres empresarias.
Por ejemplo, en Brasil es obligatorio contar con presencia local para el suministro transfronterizo de servicios profesionales tales como los de contabilidad, ingeniería, asesoramiento jurídico y arquitectura. Los abogados extranjeros deben constituir un bufete en el país e inscribirlo en el registro. Para ejercer como profesional de la ingeniería, primero hay que conseguir inscribirse ante el Consejo Regional que corresponda, es decir, aquel que tenga la competencia sobre la zona en la que se vaya a ejercer.
En Colombia, las empresas de contabilidad y los contables deben constituir una entidad mercantil en el país para poder prestar sus servicios. Toda persona que tenga intención de prestar este tipo de servicios debe inscribirse ante la Junta Central de Contadores de Colombia, contar con un domicilio en Colombia de forma ininterrumpida durante al menos tres años antes de la inscripción y aportar pruebas de su experiencia contable en Colombia de un año, como mínimo.
En Chile, las empresas extranjeras del sector de la distribución deben designar además un representante local.
En Costa Rica, las empresas contables extranjeras solo pueden anunciarse y ejercer la contabilidad pública en el país a través de oficinas o profesionales nacionales.
5.2.1. Medidas preferentes en las licitaciones públicas
Los organismos públicos suelen necesitar una amplia variedad de bienes, servicios y proyectos de construcción. Ganar contratos de licitación pública puede aportar importantes ingresos y oportunidades de crecimiento a las empresas. La licitación pública representa en muchos países un porcentaje considerable del PIB: en promedio se sitúa entre el 10% y el 15% del PIB de los países desarrollados y hasta un 40% en algunos países en desarrollo7. Las políticas de licitación pública pueden abordar algunas de las dificultades que impiden que las empresas participen plenamente en los mercados de licitaciones públicas.
Las empresas propiedad de mujeres, que suelen ser de un tamaño más reducido, encaran dificultades singulares además de las que encuentran todas las pymes. Entre ellas está la falta de información sobre oportunidades de licitación, enrevesados procedimientos administrativos y una intensa competencia en cuanto a precios8.
Por norma general, los siete países contemplan un trato preferente explícito para los proveedores nacionales y locales en su normativa sobre licitaciones públicas, lo que podría favorecer a las empresas dirigidas por mujeres si se les informa a estas de oportunidades de licitación pública y pueden participar y competir en la fase de presentación de ofertas. En Brasil, por ejemplo9, el Gobierno federal puede establecer márgenes de preferencia en relación con el precio de bienes y servicios producidos en Brasil y que se ajusten a las normas técnicas de este país.
En Colombia, se da preferencia a las empresas nacionales sobre las extranjeras y a aquellas de estas últimas que usan personal y contenido de origen local sobre las que no lo hacen. También existen preferencias especiales en el caso de las pymes nacionales. El artículo 21 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública de Colombia10, prioriza la participación de proveedores de bienes y servicios nacionales en los contratos con la Administración. Para ello, la Ley obliga a las entidades estatales a: (a) garantizar condiciones competitivas: los proveedores nacionales compiten en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, junto con los competidores internacionales, (b) mantener la objetividad en la selección: el proceso de selección para la adjudicación de los contratos seguirá siendo objetivo, con independencia del origen del proveedor; y (c) dar prioridad a las ofertas nacionales (en igualdad de condiciones): si dos ofertas que compiten entre sí son iguales en todos los demás aspectos, se adjudica el contrato al proveedor nacional.
Además, en 2020 Colombia promulgó la Ley 2069 de 2020 destinada a promover la iniciativa empresarial y el crecimiento económico11. El artículo 32 de esta Ley permite que las entidades públicas establezcan criterios diferenciales para las pymes dirigidas por mujeres en las licitaciones públicas, además de ciertos procesos por debajo del umbral de licitación pública, según el análisis del sector. Se obliga a las autoridades contratantes a realizar un análisis sectorial para identificar pymes que podrían ser contratistas directos o indirectos.
Costa Rica fomenta la participación de las pymes favoreciendo la contratación a través de pymes locales que emplean, sobre todo, a personas de la región en relación con un conjunto de productos y en determinadas regiones. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio puede otorgar además garantías de cumplimiento y colaterales a través del Fondo Especial para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME) o por los instrumentos financieros creados al amparo de la Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo12.
En México13, existe una preferencia clara por los proveedores que emplean recursos y mano de obra nacionales. Se da prioridad a los proveedores nacionales sobre los extranjeros, incluso cuando los precios de estos últimos son hasta un 15% más bajos. Solo se permite la participación de entidades internacionales en las licitaciones públicas si se cumplen dos condiciones: a) si no hay ofertas nacionales válidas y se ha realizado una que se declaró desierta; y b) si la contratación se financia con un crédito externo otorgado a México. De acuerdo con la Ley de Obras Públicas, las entidades extranjeras solo pueden participar en las licitaciones si existe un acuerdo de reciprocidad.
Además, el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2014-2018 de México impone la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de todas las políticas públicas de México. En consonancia con esta obligación y con el objetivo de promover el empoderamiento económico de las mujeres mediante la eliminación de los obstáculos a su plena participación en actividades económicas retribuidas, en 2014 se reformó la Ley de Contratación Pública para ofrecer una ventaja (es decir, una puntuación superior) durante el proceso de licitación a las empresas que demuestren su compromiso con la inclusión y el apoyo al desarrollo de las mujeres.
Chile ha dado prioridad a las cuestiones de género en la contratación pública para promover la participación de empresas dirigidas por mujeres: la Directiva 2014 sobre contratación pública promulgada en 2015 y actualizada en 2022 incorporó una perspectiva de género en los procesos de contratación pública al permitir la inclusión de criterios de evaluación relacionados con un alto impacto social, tales como la promoción de la participación de las mujeres en el sistema de contratación pública. A tales efectos, solo las empresas propiedad de mujeres o controladas por mujeres (es decir, con más de un 50% de participación femenina, que tengan una directora general o con más de un 50% de representantes legales que sean mujeres) pueden acogerse a estas disposiciones. En 2023, Chile modificó su Ley de Contratación Pública para que las entidades públicas pudiesen incorporar criterios complementarios en las evaluaciones de las ofertas, con el objetivo de promover la igualdad de género y avanzar en el liderazgo de la mujer dentro de las estructuras organizativas empresariales. Desde diciembre de 2024, se permite a las entidades públicas que den prioridad a iniciativas con un alto impacto social, como las lideradas por pymes propiedad de mujeres, en licitaciones directas de compras valoradas al menos en 30 UTM (68 317 USD).
Según el Boletín n.º 46 de Comunidad Mujer15, una organización de la sociedad civil que promueve la transformación social, cultural, normativa y organizativa en favor de la igualdad de género en Chile, tras la introducción de un enfoque de género en las políticas de compras públicas, se ha producido un aumento de las mujeres que son proveedoras del Estado (durante 2017, de 34 000 a 36 051 proveedoras como personas físicas; y de 350 a 529 empresas proveedoras lideradas por mujeres como personas jurídicas). Su participación en las cuantías negociadas en el mercado público aumentó un 25% entre 2013 y 2017, y la cuantía promedio negociada por cada proveedora aumentó en casi 1 500 USD. Sin embargo, las empresas proveedoras de Chile propiedad de mujeres siguen siendo menos que sus homólogas propiedad de hombres, al representar tres de cada diez proveedores estatales.
5.2.2. Transparencia reglamentaria
La transparencia reglamentaria es esencial para las empresas que quieren acceder a mercados extranjeros, porque les ofrece un conocimiento claro de las normas, los reglamentos y los procedimientos del nuevo mercado. Así, les permite calcular con exactitud los posibles riesgos, costos y beneficios de expandir sus operaciones a un nuevo país. La transparencia puede reducir además las probabilidades de encontrar obstáculos jurídicos y reglamentarios imprevistos, que pueden derivar en sanciones o retrasos costosos. Además, la transparencia reglamentaria promueve un entorno empresarial justo y competitivo, al garantizar que todas las empresas se rijan por las mismas reglas y normas, con independencia de su tamaño, del género de las personas que integren su equipo directivo o del país de origen. Esta igualdad de condiciones fomenta la innovación y el crecimiento y desincentiva la discriminación y el clientelismo, lo que beneficia a las empresas, en particular a aquellas que están dirigidas por mujeres, que suelen encarar la dificultad que supone carecer de información debido a que poseen unas redes profesionales más limitadas que las de los hombres.
Todos los países de la selección están obligados legalmente a comunicar sus reglamentaciones al público. Sin embargo, no prever un plazo suficiente entre la publicación y la entrada en vigor de las leyes y los reglamentos puede generar incertidumbre y costos añadidos. Además, no siempre se realiza una consulta a las partes interesadas pertinentes sobre las nuevas iniciativas legislativas. Todavía no se aplica de manera uniforme en todos los sectores de los países seleccionados el uso de medios electrónicos para realizar consultas.
Por ejemplo, en Brasil16 las leyes suelen desplegar sus efectos 45 días después de su publicación oficial, salvo que se especifique otra cosa. Además, por norma general, el público tiene acceso al proceso legislativo. Por el contrario, en Chile, las leyes se publican en el Diario Oficial y en plataformas electrónicas pertinentes, y despliegan sus efectos de manera inmediata con la publicación, a menos que se especifique una fecha diferente. El órgano administrativo competente puede determinar, a su criterio, los métodos de participación ciudadana. Será dicho órgano el que identifique las cuestiones de interés público sobre las que se precise la opinión ciudadana.
En algunos países de la región, las regulaciones no se ajustan a las mejores prácticas internacionales, a saber, que se establezca un plazo de 14 días entre la publicación y la entrada en vigor de las leyes y los reglamentos. En Colombia y Perú, la ley entra en vigor de inmediato tras su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, ambos han creado un procedimiento integral para recabar observaciones del público17. Los organismos estatales están obligados a fomentar la participación ciudadana a través de foros físicos y digitales, que permitan a los ciudadanos y a los grupos de interés aportar opiniones sobre iniciativas reglamentarias específicas. Se emplean diversos canales de comunicación para divulgar la información sobre los objetivos de la reglamentación propuesta, el plazo para enviar observaciones y los procedimientos y mecanismos para recibirlos.
En diciembre de 2021, 67 Miembros de la OMC adoptaron una Declaración en la que anunciaban la conclusión satisfactoria de las negociaciones sobre la reglamentación nacional en el ámbito de los servicios, encaminadas a que los procedimientos para la autorización de proveedores de servicios fueran más transparentes, previsibles y eficientes (Recuadro 5.1). El consenso alcanzado sobre los principios que contiene la Declaración indica el compromiso nacional con la creación de una reglamentación nacional transparente, eficiente y efectiva en el ámbito de los servicios. Asimismo, constituye el reconocimiento por parte de un país de la necesidad de cooperación internacional en esta esfera.
Por último, resulta esencial tener en cuenta que los obstáculos en el ámbito nacional pueden incidir en la capacidad para exportar servicios prestados por medios digitales, así como en el costo de su exportación. Estos obstáculos podrían lastrar el crecimiento y el desarrollo de dichos servicios, de ahí la necesidad de abordarlos de manera efectiva.
Iniciativa Conjunta sobre la Reglamentación Nacional en el Ámbito de los Servicios de la OMC
La Iniciativa Conjunta sobre la Reglamentación Nacional en el Ámbito de los Servicios de la OMC, acordada en 2021, abarca un conjunto integral de disciplinas encaminadas a reducir la carga administrativa y las condiciones en materia de licencias para los proveedores de servicios.
Con esta medida, los países seleccionados han acordado, entre otros compromisos, garantizar que toda medida relacionada con la autorización de la prestación de un servicio no discrimine entre hombres y mujeres. La Iniciativa Conjunta presenta una disposición histórica, pues incluye, por primera vez en las normas de la OMC, una disposición sobre no discriminación entre hombres y mujeres, relativa a la autorización para el suministro de un servicio. Además, no se considera discriminatorio un trato diferenciado destinado a acelerar el logro de la igualdad de facto entre hombres y mujeres1.
Los siete países de América Latina se han comprometido a aplicar las disciplinas sobre la reglamentación nacional en el ámbito de los servicios, que entraron en vigor en febrero de 2024 para los 46 signatarios durante 13ª Conferencia Ministerial de la OMC.
1. «Un trato diferenciado que sea razonable y objetivo y tenga por finalidad alcanzar un objetivo legítimo, y la adopción por los Miembros de medidas especiales temporales destinadas a acelerar el logro de la igualdad de facto entre hombres y mujeres, no se considerarán discriminación a los efectos de la presente disposición» (Documento de Referencia sobre la Reglamentación Nacional en el Ámbito de los Servicios de la OMC, Sección II – Disciplinas sobre la reglamentación nacional en el ámbito de los servicios, nota al pie 18, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/SDR/2.pdf&Open=True).
El entorno reglamentario que afecta a los servicios prestados por medios digitales es diverso, tal como muestra la amplia distribución del rango de los Índices de Restricción del Comercio de Servicios Digitales (DGSTRI), que va de 0, la puntuación menos restrictiva (en el caso de Canadá) a 0,2996, la más restrictiva (en el caso de Argentina) (Gráfico 5.4).
La puntuación promedio del DGSTRI de los países seleccionados (0,18728) es superior al promedio de la OCDE (0,1824). Costa Rica y México destacan como los entornos reglamentarios menos restrictivos, y son también menos restrictivos que la OCDE en promedio. Por el contrario, Argentina, Chile y Colombia presentan el nivel más elevado de restricciones del grupo que son miembros de la OCDE y del DGSTRI en el Gráfico 5.5. Las principales restricciones identificadas en los países seleccionados están relacionadas con la infraestructura de las comunicaciones y la conectividad, seguida por las transacciones electrónicas, mientras que los obstáculos asociados con los derechos de propiedad intelectual son la forma menos predominante de limitación.
Los obstáculos al comercio de servicios relacionados con la infraestructura y la conectividad, las transacciones electrónicas y los sistemas de pago en línea, entre otros, pueden dificultar la participación de las empresas en transacciones comerciales a distancia. También pueden incrementar el costo que supone hacer negocios, lo que puede comportar una menor productividad de las empresas que usan dichos servicios. No obstante, la eliminación de obstáculos innecesarios podría tener el efecto contrario.
En las subsecciones siguientes, los ejemplos concretos muestran su impacto en las empresas dirigidas por mujeres dentro de diferentes sectores de políticas.
Nota: Los índices toman valores entre cero y uno, siendo uno el más restrictivo.
Fuente: STRI digital (2024).
Nota: Los índices toman valores entre cero y uno, siendo uno el más restrictivo.
Fuente: STRI digital (2024).
5.3.1. Infraestructura y conectividad
Costa Rica es el menos restrictivo de los países seleccionados en infraestructura y conectividad; Argentina y Colombia muestran una puntuación de 0,2380 cada uno, que coincide con la puntuación máxima de los países de la OCDE (Gráfico 5.6). El promedio de los países seleccionados es 0,1360, una cifra considerablemente superior al promedio de los países de la OCDE, de 0,0532.
Entre las medidas de infraestructura y conectividad se encuentran normas de interconexión que favorecen la competencia entre los operadores de red, restricciones o prohibiciones sobre el uso de los servicios de comunicación, así como políticas que influyen en la localización de los datos y su movimiento transfronterizo. Las condiciones y los precios de interconexión no regulados de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones, junto con la falta de ofertas de referencia de interconexión públicamente disponibles socavan la competencia y contribuyen en consecuencia a aumentar el nivel de restricción.
Otra factor tenido en cuenta es la gestión no discriminatoria del tráfico de Internet y si es obligatorio por ley o no. Los países seleccionados se rigen por este principio y establecen la obligación de que los proveedores de acceso a Internet no bloqueen, interfieran, discriminen ni restrinjan arbitrariamente el derecho de los usuarios a acceder a contenido, aplicaciones o servicios. Esto implica que el contenido o los servicios en línea de las pymes no pueden ralentizarse ni bloquearse injustamente, lo que les otorga igualdad de oportunidades para llegar a sus clientes y competir en el mercado digital.
Las restricciones sobre el uso de los servicios de comunicaciones también pueden influir de manera significativa en las pymes, al mermar su capacidad para conectar de manera efectiva con los clientes, los socios y los proveedores. Asimismo, esto puede afectar a sus estrategias de marketing y operaciones empresariales generales y puede provocar un descenso de la competitividad y crecimiento.
Nota: Los índices toman valores entre cero y uno, siendo uno el más restrictivo.
Fuente: STRI Digital (2024)
5.3.2. Medidas que afectan a las transacciones electrónicas
Los países seleccionados son más restrictivos que los países miembros de la OCDE en cuanto a medidas que afectan a las transacciones electrónicas, con un promedio de 0,0303 frente al promedio de los países Miembros de la OCDE, de 0,0268. México, Perú, Colombia y Argentina son menos restrictivos (por debajo del promedio de la OCDE) que Costa Rica, Brasil y Chile (por encima del promedio de la OCDE). Esta mayor restricción se debe en parte al hecho de que Brasil y Chile no ofrecen a los proveedores extranjeros no residentes la posibilidad de realizar en línea los trámites de registro o declaración de impuestos. Desde 2023, Costa Rica permite que los proveedores extranjeros no residentes se registren y declaren impuestos, aunque persisten ciertas restricciones.
El DGSTRI también tiene en cuenta factores como la presencia de condiciones discriminatorias de concesión de licencias para realizar actividades de comercio electrónico y la existencia de mecanismos de solución de controversias en relación con transacciones internacionales, entre otros. Cabe señalar que ninguno de los países cuenta con leyes o reglamentos que exijan a los proveedores de servicios de comercio electrónico obtener una licencia o autorización, aparte de las licencias de actividad habituales.
Todos los países seleccionados han introducido leyes o reglamentos que equiparan las firmas electrónicas a las manuscritas tradicionales, lo que impulsa el comercio electrónico al garantizar una comunicación segura. Cada uno de estos países posee además mecanismos de solución de controversias a los que pueden acceder los consumidores en relación con disputas relativas a transacciones de comercio electrónico.
Entre los ejemplos de estos sistemas de solución de controversias en línea se incluyen Concilianet, creado por el Gobierno de México, que ofrece servicios de mediación en línea, la Red Internacional de Protección al Consumidor (ICPEN), utilizada por organismos de protección del consumidor de los países seleccionados y el programa eConfianza del Instituto Latinoamericano del Comercio Electrónico. Sin embargo, persisten ciertos desafíos, entre ellos consensuar la legislación y el fuero aplicables, la digitalización de los procedimientos judiciales y administrativos, y la ejecución de las decisiones.
Nota: Los índices toman valores entre cero y uno, siendo uno el más restrictivo.
Fuente: STRI Digital (2024).
5.3.3. Sistemas de pago
Por lo que se refiere a las medidas que afectan a sistemas de pago, los países seleccionados muestran una imagen heterogénea. Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia y Perú no presentan restricciones importantes en este ámbito. Argentina y México, por el contrario, tienen una puntuación de 0,0184; esto convierte a este último país en uno de los más restrictivos de los de la OCDE (solo Turquía es más restrictivo, con una puntuación de 0,0368).
Este mayor nivel de restricción en México y Argentina puede atribuirse a varios factores. En México, no existen reglas expresas que impongan normas de seguridad en los pagos internacionales y en Argentina, desde 2019, las entidades financieras y otros emisores de tarjetas nacionales deben contar con la aprobación previa del Banco Central de Argentina para acceder al mercado de cambio, a fin de realizar pagos al extranjero por operaciones específicas. Como parte del control de cambio de Argentina, en 2022 se introdujeron nuevas medidas que imponen límites al número de transacciones transfronterizas que pueden realizarse desde cuentas locales, aunque fueron levantadas el 28 de diciembre de 2023. Este tipo de inestabilidad reglamentaria genera incertidumbre en relación con las transacciones transfronterizas.
El DGSTRI muestra que la mayoría de los siete países seleccionados se abstienen de imponer obstáculos importantes a los métodos de pago electrónico, tales como restricciones al uso de una cuenta bancaria local o el uso de diferentes divisas para pagos internacionales.
Nota: Los índices toman valores entre cero y uno, siendo uno el más restrictivo.
Fuente: STRI Digital (2024).
Tal como se ha puesto de relieve anteriormente, los países latinoamericanos objeto de estudio tienen diferentes perfiles reglamentarios. En esta sección se destacan los beneficios económicos que reporta reducir la brecha entre el marco normativo del comercio de servicios de cada uno de estos países y las mejores prácticas globales. El escenario de liberalización del comercio de servicios ilustrativo que se considera en este documento parte del supuesto de que, en un sector dado, se reduce en un 50% la diferencia entre la puntuación del STRI del país latinoamericano que corresponda y la puntuación del país menos restrictivo, entre todos los países que abarca la base de datos del STRI de la OCDE. Los beneficios que se señalan en el escenario se aplican en principio a todas las empresas, aunque las empresas más pequeñas, con peor financiamiento, como muchas de las que son propiedad de mujeres o están dirigidas por estas, pueden ser las que resulten más beneficiadas.
En función del nivel actual de restricciones de un país al comercio de servicios en un sector específico, este escenario puede comportar reformas integrales y ambiciosas. Por ejemplo, la simulación exige una reducción de 0,15 en la puntuación del STRI en el caso de los servicios de la banca comercial de México. Se podría conseguir una reducción de la puntuación del STRI a través de un conjunto de reformas de liberalización que engloban la anulación de prescripciones sobre nacionalidad y residencia del personal directivo, la abolición de las exigencias relativas a la presencia comercial y la eliminación de varios de los obstáculos a la competencia, por ejemplo, mejorando la independencia de la autoridad reguladora18.
En términos generales, una hipotética liberalización de este tipo podría dar lugar a un descenso considerable de los costos del comercio derivados de la política en los seis países. El impacto de las iniciativas para eliminar los obstáculos reglamentarios al comercio de servicios sería especialmente pronunciado con respecto a los servicios financieros. En el caso de la banca comercial, la reducción de los costos del comercio estimados asciende a un 34% en promedio en los seis países, oscilando entre el 19% (Costa Rica) y el 49% (México). De manera análoga, se prevé una reducción promedio de los costos del comercio del 19% en el caso de los servicios de seguros, siendo Brasil (32%) el país que muestra mayores probabilidades de beneficiarse de reformas reglamentarias.
Habida cuenta de que las empresas de América Latina que, cuando menos, están parcialmente participadas por mujeres, podrían percibir el acceso limitado al crédito como un obstáculo (Presbitero and Rabellotti, 2016[3]), las medidas en favor de una mayor adaptación de la regulación del sector bancario a las mejores prácticas internacionales pueden brindar importantes beneficios a las mujeres empresarias. Cabe señalar que estos efectos positivos no se limitarían a los sectores de servicios, pues las industrias situadas aguas abajo en la cadena de suministro también pueden beneficiarse de las reformas en materia de políticas dirigidas a sectores de servicios aguas arriba, tales como la banca comercial. Un amplio conjunto de publicaciones subraya la pertinencia de servicios financieros que funcionen adecuadamente para el desempeño económico, por ejemplo de las industrias manufactureras (Amiti and Weinstein, 2011[4]; Manova, Wei and Zhang, 2015[5]; Liu et al., 2020[6]).
Otra esfera con buenas perspectivas para la introducción de reformas en el futuro son los servicios de logística y otros conexos. En lo que atañe a los servicios de mensajería, la simulación indica que los costos de comercio de las empresas podrían disminuir considerablemente si Brasil (30%), Chile (27%) y Perú (14%) redujesen a la mitad la diferencia con el país más liberal. En el escenario de reforma hipotética relativo a la carga y descarga, los costos del comercio caerían un 11% en promedio en los seis países. Si bien cabría esperar que Chile registrase una reducción de los costos del comercio próxima al 5%, las estimaciones relativas a los otros cinco países oscilan entre una reducción del 12% (Costa Rica) y del 14% (Perú). También se podría producir una reducción considerable de los costos del comercio en el caso de los servicios de transporte. Así, en el escenario de una hipotética reforma, los costos del comercio de medios de transporte por carretera caerían un 24% en México y un 14% en Costa Rica. Habida cuenta del papel central que desempeñan los servicios de logística y transporte en las cadenas de valor internacionales (Blyde and Molina, 2015[7]), así como los elevados costos de los servicios de logística y transporte señalados por las mujeres empresarias durante las mesas redondas celebradas en Colombia y Costa Rica, rebajar las restricciones en dichos sectores reduciría los costos y facilitaría el comercio en una amplia variedad de bienes y servicios.
El análisis revela también oportunidades para sacar provecho de la eliminación de obstáculos al comercio en los servicios de telecomunicaciones. En estos seis países, se prevé que los costos del comercio de este sector desciendan un 9%. Los beneficios estimados son especialmente cuantiosos en Chile (12%), Brasil (10%), Colombia (10%) y México (10%), y siguen siendo considerables en Perú (6%) y Costa Rica (7%). El sector de las telecomunicaciones tiene una importancia esencial para el intercambio de información y la coordinación de actividades de producción geográficamente dispersas (Fink, Mattoo and Neagu, 2005[8]; Robert-Nicoud, 2008[9]; Nordås and Kim, 2013[10]; Fort, 2016[11]). Entre los ejemplos de puntos de partida para emprender posibles reformas están las iniciativas para mejorar la independencia de la autoridad reguladora (por ejemplo, en Chile), la modificación de los procedimientos de licitación pública (por ejemplo, en Brasil) y la introducción de mejoras en el procedimiento para que las empresas puedan hacer observaciones sobre la reglamentación (por ejemplo, en México).
Aunque está fuera del alcance del presente Estudio hacer una disertación sobre la viabilidad política de dichas reformas, es importante adoptar una perspectiva holística de la política sobre el comercio de los servicios. Las repercusiones de las reformas que reduzcan los obstáculos reglamentarios al comercio de servicios no necesariamente se manifiestan solo en el sector de los servicios objeto del cambio en las políticas. Al evaluar los beneficios económicos de la liberalización del comercio de servicios, así como los costos de las restricciones para dicho comercio, deben tenerse en cuenta importantes efectos indirectos en los sectores aguas abajo ocasionados por el papel esencial de los servicios empresariales, como los insumos (Benz et al., 2023[12]).
Al facilitar un análisis de los procesos de producción dividiéndolos en partes cada vez más pequeñas (fine slicing) entre las diferentes funciones y ubicaciones, los insumos de los servicios ―por ejemplo, los servicios de transporte, la logística y los servicios de telecomunicaciones― permiten a las empresas aprovechar los beneficios de la especialización de las cadenas de valor internacionales (Deardorff, 2001[13]; Francois and Hoekman, 2010[14]). Los costos del comercio que se deben a la imposición de estrictas regulaciones sobre los servicios inciden en empresas de todos los sectores, siendo más probable que las más pequeñas se vean más afectadas que las grandes (Rouzet, Benz and Spinelli, 2017[15]). Puesto que las empresas que son propiedad de mujeres o están dirigidas por estas suelen ser más pequeñas que las que son propiedad de hombres o están dirigidas por estos, cabe esperar que los costos superiores de los insumos de los servicios perjudiquen de en mayor proporción el crecimiento de las empresas dirigidas por mujeres.
Bibliografía
[4] Amiti, M. and D. Weinstein (2011), “Exports and Financial Shocks”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 126/4, pp. 1841-1877, https://doi.org/10.1093/qje/qjr033.
[2] Andrenelli, A. and J. Lopez Gonzalez (2023), “Understanding the potential scope, definition and impact of the WTO e-commerce Moratorium”, OECD Trade Policy Papers, No. 275, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/59ceace9-en.
[12] Benz, S. et al. (2023), “Right here, right now? New evidence on the economic effects of services trade reform”, OECD Trade Policy Papers, No. 271, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1159657f-en.
[7] Blyde, J. and D. Molina (2015), “Logistic infrastructure and the international location of fragmented production”, Journal of International Economics, Vol. 95/2, pp. 319-332, https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2014.11.010.
[13] Deardorff, A. (2001), “International Provision of Trade Services, Trade, and Fragmentation”, Review of International Economics, Vol. 9/2, pp. 233-248, https://doi.org/10.1111/1467-9396.00276.
[8] Fink, C., A. Mattoo and I. Neagu (2005), “Assessing the impact of communication costs on international trade”, Journal of International Economics, Vol. 67/2, pp. 428-445, https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2004.09.006.
[11] Fort, T. (2016), “Technology and Production Fragmentation: Domestic versus Foreign Sourcing”, The Review of Economic Studies, p. rdw057, https://doi.org/10.1093/restud/rdw057.
[14] Francois, J. and B. Hoekman (2010), “Services Trade and Policy”, Journal of Economic Literature, Vol. 48/3, pp. 642-692, https://doi.org/10.1257/jel.48.3.642.
[6] Liu, X. et al. (2020), “Services development and comparative advantage in manufacturing”, Journal of Development Economics, Vol. 144, p. 102438, https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102438.
[5] Manova, K., S. Wei and Z. Zhang (2015), “Firm Exports and Multinational Activity Under Credit Constraints”, Review of Economics and Statistics, Vol. 97/3, pp. 574-588, https://doi.org/10.1162/rest_a_00480.
[10] Nordås, H. and Y. Kim (2013), “The Role of Services for Competitiveness in Manufacturing”, OECD Trade Policy Papers, No. 148, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5k484xb7cx6b-en.
[1] Poole, J. and M. Volpe (2023), Can Online Platforms Promote Women-Led Exporting Firms?, Interamerican Development Bank, https://publications.iadb.org/en/can-online-platforms-promote-women-led-exporting-firms.
[3] Presbitero, A. and R. Rabellotti (2016), “Credit Access in Latin American Enterprises”, in Firm Innovation and Productivity in Latin America and the Caribbean, Palgrave Macmillan US, New York, https://doi.org/10.1057/978-1-349-58151-1_8.
[16] Rimmer, S. (2017), Gender-smart Procurement: Policies for Driving Change, Chatham House Research Paper.
[9] Robert-Nicoud, F. (2008), “Offshoring of routine tasks and (de)industrialisation: Threat or opportunity—And for whom?”, Journal of Urban Economics, Vol. 63/2, pp. 517-535, https://doi.org/10.1016/j.jue.2007.03.002.
[15] Rouzet, D., S. Benz and F. Spinelli (2017), “Trading firms and trading costs in services: Firm-level analysis”, OECD Trade Policy Papers, No. 210, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b1c1a0e9-en.
← 3. Véase https://www.oecd.org/publications/digital-trade-review-of-brazil-0b046dfe-en.htm#:~:text=This%20Digital%20Trade%20Review%20of,the%20benefits%20shared%20more%20inclusively.
← 4. Pese a las diferencias observadas entre los distintos países de América Latina, la brecha de género por lo que respecta al acceso a Internet puede ser considerable, sobre todo en Perú (15 puntos porcentuales) y México (6 puntos porcentuales). Además, es menos probable que las mujeres de América Latina cuenten con las competencias digitales que necesitan en su lugar de trabajo. Véase https://socialdigital.iadb.org/es/sph/resources/investigaciones-y-publicaciones/19435.
← 5. El Índice de Restricción del Comercio de Servicios (STRI) de la OCDE ofrece información sobre el entorno normativo que afecta al comercio en los 22 sectores siguientes: servicios informáticos, construcción, servicios jurídicos, servicios contables, servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, telecomunicaciones, servicios de distribución, radiodifusión, cinematografía, grabación de sonido, banca comercial, seguros, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte por carretera, transporte por ferrocarril, servicios de mensajería y logística (carga y descarga, almacenamiento y depósito, expedición de mercancías y corretaje de aduanas).
← 6. Rimmer (2017[16]) señala algunas políticas y programas implantados en cuatro áreas económicas (Australia, Chile, la Unión Europea y los Estados Unidos) para apoyar a las mujeres en los mercados de licitaciones públicas.
← 7. Véase https://www.intracen.org/es/noticias-y-eventos/campanas/mujeres-en-la-adquisicion-publica.
← 8. Véase https://lac.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/05/compras-publicas-con-perspectiva-de-genero-avances-y-desafios-en-america-latina-para-dinamizar-a-las-empresas-lideradas-por-mujeres.
← 12. Véase http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=94469&nValor3=0&strTipM=TC.
← 14. Véase https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2022/11/Directiva20-Perspectiva-de-Genero.pdf.
← 15. Véase https://comunidadmujer.cl/wp-content/uploads/2022/04/CM_Boletin_46_Compras-publicas-con-enfoque-de-genero.pdf.
← 17. Véase el Decreto 270 de 2017 de Colombia http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30030343.See y el Decreto Supremo n.º 009-2024-JUS de Perú https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1383890.
← 18. En un reducido número de casos, el escenario que se simula aquí no comporta liberalización alguna porque el país latinoamericano correspondiente se encuentra totalmente alineado con la mejor práctica mundial. Esto se aplica a los servicios de contabilidad y los servicios de transporte aéreo en Chile, y a los servicios jurídicos en Costa Rica. Puesto que ningún otro país comprendido en la base de datos del STRI es más abierto al comercio de servicios, el escenario simulado no abarca ninguna iniciativa de reforma en el caso de Chile y Costa Rica en dichos sectores específicos.