Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025

1. Evaluación y recomendaciones

Resumen

Este capítulo resume la evaluación exhaustiva llevada a cabo en el marco del examen de la adhesión de Perú y presenta recomendaciones clave para mejorar el desempeño del sistema de salud en dimensiones esenciales, como el acceso, la calidad, la sostenibilidad, la eficiencia y la resiliencia. Si bien se han realizado notables avances en los indicadores de salud de la población y el acceso a la atención (en especial tras la promulgación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud en 2009), siguen existiendo grandes desigualdades en el acceso a una atención de calidad entre los distintos grupos de la población. Estas disparidades son fruto de la fragmentación y la segmentación del sistema de salud de Perú, y se ven agravadas por una infraestructura de salud insuficiente, la escasez de trabajadores de salud, y los considerables desequilibrios geográficos en la distribución del personal. Para plantar cara a estos retos, es necesario fortalecer la gobernanza de la calidad y los sistemas de información de salud, invertir en mejoras de los servicios de salud de gran impacto, y frenar las ineficiencias.

Perú cuenta con políticas e instituciones bien diseñadas de las que otros países podrían aprender, y que deberían ser más conocidas a nivel internacional. Sin embargo, debido a los limitados recursos de Perú, será esencial realizar esfuerzos encaminados a aumentar la rentabilidad para liberar los recursos necesarios a fin de invertir más en la mejora de la calidad y la accesibilidad de la atención, en especial para las mujeres, los grupos étnicos desfavorecidos y los grupos de población que viven en las zonas rurales.

Aunque en el último decenio Perú ha avanzado en la prestación de una atención de salud adecuada, redoblar los esfuerzos puede ayudar a reducir las grandes desigualdades en el acceso a la atención

En los últimos 40 años, Perú ha mejorado considerablemente en la mayoría de los indicadores generales de salud de la población. En especial, en Perú ha aumentado mucho la esperanza media de vida, que ha subido 13 años desde 1980, llegando a los 72,4 años en 2022. La mortalidad de niños menores de 1 año ha disminuido drásticamente en los últimos decenios, de 83 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos en 1980 a 11 fallecidos en 2021. La mortalidad materna también se ha reducido, de 101,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2002 a 51,9 en 2023. La expansión de la cobertura sanitaria ha contribuido a estas mejoras. Perú promulgó una Ley Marco de Aseguramiento Universal de la Salud en 2009 y, desde entonces, ha realizado avances sustanciales hacia la cobertura universal. La cobertura del aseguramiento ha seguido aumentando, del 61 % de la población en 2009 pasó al 83 % en 2017 y superó el 97 % en 2023. La afiliación al Seguro Integral de Salud, la aseguradora pública, ha sido el instrumento primordial en el que se ha apoyado la expansión de la cobertura sanitaria. Las anteriores reformas fueron marcadamente progresivas, y se diseñaron específicamente para llegar a la población pobre y vulnerable. La afiliación aumentó a mayor velocidad entre la población con menos recursos y en las zonas rurales (entre 2005 y 2022, por ejemplo, la cobertura del Seguro Integral de Salud de las poblaciones rurales pasó del 25 % al 85 %), y el acceso a los servicios sanitarios logró una distribución más igualitaria. En 2019, por ejemplo —antes de la pandemia de COVID‑19—, se registró que el 77 % de los niños de menos de 1 año habían recibido vacunas rutinarias tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Del mismo modo, los pagos directos han disminuido más de un 22 % en la última década.

No obstante, todavía existen grandes desigualdades en el acceso a atención de salud. En Puno (la región andina con una gran densidad de población indígena), por ejemplo, la proporción de personas que afirman tener necesidades médicas no satisfechas casi duplica la del área metropolitana de Lima (el 40 %, frente al 23 %). Las mujeres (33 %) declaran con más frecuencia tener necesidades médicas no satisfechas que los hombres (29 %), y se enfrentan a tiempos de espera más largos que los hombres. Se observan desigualdades étnicas y regionales similares en países miembros de la OCDE como Colombia, Chile y México. Otras poblaciones, como la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), también tienen dificultades para acceder a la atención sanitaria.

Perú debe reducir la fragmentación de su sistema de salud

La segmentación y fragmentación del sistema de salud de Perú tiene repercusiones negativas en el acceso a la atención, la calidad y la eficiencia. Perú se enfrenta a un doble reto, pues su sistema sanitario está segmentado (está dividido en diferentes subsistemas que atienden a distintos segmentos de la población) y fragmentado (estos subsistemas no están debidamente integrados y coordinados). El Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Seguro Integral de Salud (SIS) cubren a distintos grupos de la población, proporcionan distintos niveles de cobertura y cuentan con redes independientes de proveedores con sus propias estructuras de gobernanza y sistemas de financiamiento. EsSalud opera una red exclusiva a la que solo pueden acceder las personas afiliadas al sistema del Seguro Social de Salud, que cubre a aproximadamente el 26 % de la población (todos trabajadores formales asalariados y sus familias). Por otra parte, las personas afiliadas al SIS son atendidas en establecimientos públicos de salud que son titularidad directa del Ministerio de Salud en el área metropolitana de Lima y de los gobiernos regionales en el resto del país. El SIS cubría en torno al 62 % de la población en 2023, en su mayoría personas pobres, grupos vulnerables, emprendedores y trabajadores por cuenta propia. Mientras que el SIS es un sistema esencialmente no contributivo y se financia mediante los impuestos generales, EsSalud es un sistema contributivo que se financia casi exclusivamente con contribuciones relacionadas con el empleo.

La fragmentación implica la duplicación de servicios en algunas regiones, donde operan a la vez hospitales de ambas redes, mientras que en otras (normalmente en las zonas rurales) solo es posible acceder al sector público del SIS. Esto da lugar a la asignación ineficiente de los recursos sanitarios y a desigualdades en el acceso a una atención de calidad. Muchos pacientes, en especial los cubiertos por EsSalud, se ven obligados a acudir a hospitales para recibir atención primaria de salud. En 2022, solo el 32 % de la población peruana acudió primero a un centro público de atención primaria de salud cuando necesitaba asistencia de salud. Para promover un acceso igualitario en todos los subsistemas, se recomienda redoblar el uso de los intercambios prestacionales para un conjunto básico de servicios, como los servicios de atención primaria de la salud. Estos intercambios prestacionales permiten a los afiliados recurrir al SIS o a EsSalud para acceder a los servicios de salud de la red a la que no están afiliados. De este modo, se mejoraría el acceso a la atención de salud preventiva e integral, y se lograría un uso más eficiente de la sanidad.

Además, para reducir la fragmentación del sistema de salud, a Perú le vendría bien armonizar de forma progresiva el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud entre el SIS y EsSalud. Chile, Colombia y México, países miembros de la OCDE cuyos sistemas de salud están fragmentados de un modo similar, han adoptado medidas para fomentar la convergencia de los planes de aseguramiento de los diferentes sistemas de seguro de salud. Una de las principales dificultades radicará en definir el nivel de servicios que se ofrece en el plan de aseguramiento común. Si son demasiado restringidos, las personas afiliadas al Seguro Social de Salud tendrían acceso a menos servicios que con el sistema actual, lo que mermaría el apoyo a la reforma.

Es posible unificar más el sistema de salud mediante una gobernanza de la calidad más sólida y una infraestructura de información de salud interoperable

En Perú, existen pocas iniciativas en materia de calidad a nivel sistémico. Aunque los establecimientos de salud son los responsables de implementar procesos de gestión de la calidad, como el establecimiento de directrices de prácticas clínicas, la elaboración de protocolos para la seguridad de los pacientes y la realización de auditorías, solo lo hacen de manera esporádica, y su seguimiento depende de la capacidad regional o local para asumir mecanismos de aseguramiento de la calidad. Además, los indicadores de calidad y de resultados se recopilan y analizan de manera irregular. El proceso de evaluación de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud se centra en analizar si cumplen las normativas, pero el sistema se focaliza en el cumplimiento de unos estándares mínimos de disponibilidad de los servicios (como el registro de la infraestructura, el equipamiento y las reservas de fármacos en los sistemas de información) y acarrea sanciones, en lugar de premiar y apoyar las iniciativas de mejora. Sería positivo centralizar las funciones de aseguramiento de la calidad e intensificar la supervisión de las actividades locales y regionales. Podría reforzarse el papel de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) estableciendo estándares nacionales de calidad para todos los subsistemas, vigilando el cumplimiento de estos estándares de calidad y proporcionando incentivos para las mejoras de la calidad. Otros países miembros de la OCDE cuentan con inspecciones nacionales similares en el ámbito de la salud. Un ejemplo es la Haute Autorité de Santé de Francia, que verifica de manera independiente el cumplimiento de los estándares de calidad, define las buenas prácticas y ayuda a los establecimientos con más dificultades a mejorar sus estándares de calidad.

Perú también se beneficiaría de contar con una infraestructura de información de salud interoperable que mejorase aún más la eficacia de su sistema de salud en términos de accesibilidad, calidad y ganancias en eficiencia. En Perú, la información de salud no está estandarizada entre los distintos subsistemas, y resulta difícil vincular los datos de salud personales entre los diversos establecimientos de salud. En consecuencia, no es posible medir de forma exhaustiva las actividades, la calidad de la atención o los resultados a escala nacional, a fin de comparar a los distintos proveedores, ni hacer un seguimiento de los protocolos asistenciales, en particular en el caso de los pacientes con necesidades asistenciales complejas. A tal fin, Perú está trabajando en sistema único nacional de datos de salud (REUNIS) que le permita compartir un conjunto básico de información entre todos los subsistemas. El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales son los que transmiten fundamentalmente datos de salud al sistema de información REUNIS. Aumentar la interoperabilidad entre todos los subsistemas y estandarizar y hacer obligatoria la comunicación de indicadores relativos a los recursos, las actividades y la calidad de la atención ayudaría a crear un sistema de seguimiento armonizado. También es preciso redoblar los esfuerzos para aumentar la comunicación de datos y la comparabilidad de estos siguiendo las normas de la OCDE para la realización de análisis comparativos nacionales e internacionales. Por ejemplo, Perú utiliza datos procedentes de encuestas y comunica la esperanza de vida en bloques de cinco años, mientras que la mayoría de los países se basan en estadísticas demográficas que obtienen de tablas de supervivencia. Asimismo, Perú no tiene la capacidad de facilitar datos sobre el empleo, la migración del personal y el gasto sanitario por tipo de servicios y de proveedores. Muchos países de América Latina y el Caribe miembros de la OCDE empezaron teniendo las mismas limitaciones y poco a poco fueron aumentando el alcance de los datos que presentaban.

La resiliencia y la sostenibilidad del sistema de salud de Perú pueden mejorar

El gasto sanitario en Perú es reducido, lo que indica que su sistema de salud está infradotado en comparación con los de otros países de América Latina y el Caribe y la OCDE. En 2022, Perú destinó el 6,2 % de su PIB a salud, un porcentaje inferior que en Costa Rica (7,2 % del PIB), Colombia (7,8 % del PIB) o Chile (10,0 % del PIB). En la misma línea, el nivel de gasto público total es mucho menor en Perú que en otros países de la OCDE y de América Latina y el Caribe. En 2021, el gasto público total equivalió al 23 % del PIB, un porcentaje menor que en Chile (26 %) o México (27 %), y fue casi la mitad que la media de la OCDE (40 % del PIB). Esto se traduce en un elevado gasto directo. En 2022, los pagos directos supusieron el 27 % del gasto sanitario total, casi 1,4 veces más que la media de la OCDE, que se sitúa en el 19 %.

Si bien los recursos financieros destinados al Seguro Integral de Salud (SIS) prácticamente se han cuadruplicado en el último decenio (de 517 millones PEN en 2010 a 2.483 millones PEN en 2022), el escaso gasto público es un problema directamente relacionado con los reducidos ingresos del Estado, consecuencia de una carga impositiva relativamente baja y una limitada base tributaria a causa de la informalidad. El complejo proceso de presupuestación es otro obstáculo para la sostenibilidad financiera del sistema de salud peruano. El Ministerio de Economía y Finanzas realiza un control estricto del presupuesto del Seguro Integral de Salud e impide que los fondos destinados a una partida presupuestaria se reasignen a otra. Esto implica que, aunque quizás el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales o las unidades ejecutoras dispongan de fondos para una partida, necesiten financiamiento para otra y no puedan redistribuir los fondos entre partidas. Asimismo, las transferencias del Gobierno al Seguro Integral de Salud únicamente se calculan teniendo en cuenta los costos variables de los servicios y no incluyen costos recurrentes como los gastos de mantenimiento y personal. Esto afecta a la capacidad de los gobiernos regionales y locales para prestar servicios de salud, ya que pueden tener unas capacidades técnicas y financieras limitadas para administrar estos costos. Transferir el pago de los costos recurrentes al Ministerio de Salud para subsanar este problema ayudaría a garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de salud y aumentaría la capacidad del Ministerio de Salud para implementar mecanismos de pago adicionales que incentiven una atención de calidad y la contratación de más trabajadores.

A Perú le convendría priorizar los esfuerzos encaminados a obtener ganancias en eficiencia y reducir el despilfarro en el sector sanitaria, con vistas a liberar recursos para mejorar la infraestructura de salud. Al igual que varios países, Perú debe atender la necesidad de aumentar la inversión en el sistema de salud a fin de mejorar la calidad y el acceso, con un financiamiento público limitado y prioridades contrapuestas para la distribución de los fondos públicos. Perú debería utilizar fórmulas de ajuste de riesgo para aumentar la eficiencia, a fin de garantizar que el SIS cuente con recursos suficientes para atender a la población afiliada a él y cubrir sus necesidades de salud. También es necesario reforzar, mediante el establecimiento de mejores mecanismos de pago, la rendición de cuentas de los establecimientos públicos de salud que son propiedad directa del Ministerio de Salud en el área metropolitana de Lima y de los gobiernos regionales en lo que respecta a la mejora de los resultados de salud de la población y la calidad de la atención. La adopción de una presupuestación basada en los resultados para objetivos de salud horizontales clave y el aumento de la flexibilidad presupuestaria para los gobiernos regionales y locales impulsará aún más la eficiencia del gasto en salud pública.

Asimismo, es necesario prestar especial atención a la prevención y la promoción de la salud mediante la modernización del sector de la atención primaria de salud, el desarrollo continuo del Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad, y la implantación progresiva de Redes Integradas de Salud. Esto es fundamental para garantizar que la atención primaria de salud pueda desempeñar sus principales funciones en lo que respecta a la salud pública, la prevención y la gestión de enfermedades, apoyándose en una capacidad de laboratorio y diagnóstico suficiente. Este es un asunto de especial importancia debido a las necesidades de salud de la población, que en los últimos años se caracterizan por las crecientes tasas de obesidad, la persistencia de la elevada prevalencia de la anemia y el predominio aún en la actualidad de enfermedades infecciosas como el dengue.

Puesto que el Ministerio de Salud considera que la mayoría de los establecimientos públicos de salud son precarios o incapaces de proporcionar una atención adecuada a los pacientes, Perú también debería convertir los hospitales pequeños e ineficientes en establecimientos de salud intermedios, al tiempo que fortalece las aplicaciones de telesalud y el transporte médico, a fin de no poner el peligro el acceso a atención de pacientes de agudos que viven en zonas remotas. Esto ayudaría a mejorar la seguridad de los pacientes y aumentaría la eficiencia en la asignación.

Otras medidas esenciales para aumentar la eficiencia en el gasto farmacéutico consisten en mejorar la planificación y el proceso de abastecimiento de medicamentos no estratégicos, garantizar una mayor disponibilidad de genéricos e integrar el análisis económico en las evaluaciones de la tecnología de la salud.

Aunque Perú ha mejorado en los últimos años su preparación frente a crisis sanitarias, debe reforzar la planificación y los incentivos del personal para mejorar la resiliencia de su sistema de salud

La COVID‑19 tuvo un impacto devastador en la salud de la población peruana. En 2020 y 2021, el país tuvo el mayor exceso de mortalidad anual de todos los países de América Latina y el Caribe y de la OCDE. Perú tuvo una media de 437 muertes adicionales por cada 100.000 personas en 2020 y 2021, casi el cuádruple que la media de la OCDE, de 114 muertes adicionales por cada 100.000 personas, y más del doble de la media de América Latina y el Caribe. Los malos resultados de salud se explican por la existencia de unos determinantes de la salud mejorables, unos sistemas de información deficientes, la escasez de personal sanitario clave y la limitada coordinación entre los distintos subsistemas para brindar una atención adecuada.

La respuesta de Perú a la pandemia de COVID‑19 hizo que se mejorase su preparación frente a crisis gracias a la consolidación de la gestión de crisis. Entre 2020 y 2022, el MINSA ejecutó cinco planes nacionales para hacer frente a la pandemia de COVID‑19, todos ellos en línea con el Reglamento Sanitario Internacional. La elaboración de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 y los planes de la Estrategia para la prevención y respuesta ante emergencias internacionales de salud pública, junto con el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio para controlar la vigilancia de las enfermedades infecciosas, también han contribuido a mejorar la preparación frente a crisis. Perú también está avanzando hacia el enfoque de Una Salud con el desarrollo de un sistema integrado de control de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) que abarca los sectores sanitario, agrícola, productivo y medioambiental, y con la formulación de una Ley Marco para la Contención de la Resistencia a los Antimicrobianos bajo el Enfoque “Una Salud”. No obstante, la eficacia de las iniciativas de preparación frente a pandemias y crisis sanitarias depende de su ejecución robusta a escala regional. Pese a contar con planes nacionales claros en los que se identifican las fuentes de financiamiento, el éxito de estas medidas depende en gran parte de las decisiones y ejecuciones regionales. Los problemas de capacidad técnica y organizativa a nivel regional podrían conducir a la ejecución deficiente de estas políticas sanitarias esenciales, lo que haría necesaria una vigilancia adicional a nivel central.

Para mejorar la resiliencia del sistema de salud de Perú, resulta necesario elaborar una estrategia de planificación de la fuerza de trabajo más sólida que abarque los distintos subsistemas y tenga en cuenta las necesidades a medio y largo plazo. Aunque ya ha adoptado medidas para fortalecer sus políticas relativas al personal sanitario (por ejemplo, mediante la creación del Registro Nacional del Personal de la Salud y los programas SERUMS y PROFAM, destinados a reforzar la capacitación de los médicos de las zonas rurales y de atención primaria), Perú todavía tiene problemas para aumentar el número de trabajadores de la salud y corregir los desequilibrios geográficos. Por ejemplo, Perú tenía una densidad de médicos per cápita de 1,6 por cada 1.000 habitantes en 2022, un número bajo y ligeramente inferior a la media de la región de América Latina y el Caribe (2 por cada 1.000) y muy inferior a la media de la OCDE, de 3,8. Como ocurre en otros países de la región y de la OCDE, en Perú existen importantes disparidades geográficas en la oferta de médicos, que escasean especialmente en las zonas rurales. En 2021, tan solo el 9,8 % de los médicos trabajaba en zonas rurales, frente al 14,8 % en 2013. También se deberían reforzar las estrategias destinadas a que el personal sanitario siga ejerciendo, por ejemplo, mediante planes de mejora salarial para los trabajadores de la salud del sector público y los que trabajan en zonas rurales. Perú podría tratar de mejorar la resiliencia de su sistema de salud invirtiendo en la capacitación de enfermeras y enfermeros e integrando a la comunidad de trabajadores de la salud, al tiempo que realiza actividades de prevención sanitaria y promoción de la salud.

Recuadro 1.1. Recomendaciones políticas para fortalecer el desempeño del sistema de salud peruano

Perú puede plantearse aplicar las siguientes recomendaciones con el fin de mejorar el desempeño de su sistema de salud y de incrementar su sostenibilidad y resiliencia, para así acercarse más a los estándares, las políticas y las mejores prácticas de la OCDE:

Mejorar el acceso y la calidad

• Aumentar el uso del intercambio de servicios entre el SIS y EsSalud en lo tocante a los servicios básicos de atención primaria de salud.

• Armonizar progresivamente el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud entre el SIS y EsSalud, y ofrecer a las personas afiliadas un seguro secundario para los servicios que no estén incluidos en él.

• Seguir promoviendo el uso de la telesalud para atender mejor a las poblaciones que viven en zonas remotas. Mejorar la conectividad para garantizar las teleconsultas en las regiones menos desarrolladas y más remotas.

• Reforzar la atención primaria de salud en Perú para que pueda desempeñar todas sus funciones claves en relación con la salud pública, la prevención y la gestión de las patologías crónicas. Plantearse evaluar el plan de estudios de Medicina, y velar por que el programa de capacitación PROFAM se ofrezca en todas las facultades de Medicina y sea obligatorio para quienes quieran ejercer como médicos de atención primaria. La atención primaria de salud debería sustentarse en una capacidad de laboratorio y diagnóstico suficiente.

• Continuar introduciendo cambios en los sistemas de pago de la atención primaria de salud y de la atención hospitalaria, con miras a premiar la calidad de la atención (por ejemplo, asignar una capitación ponderada a los establecimientos de salud, en lugar de a las unidades regionales; utilizar los pagos para un conjunto de servicios, y plantearse introducir pagos complementarios para fomentar la coordinación de la atención y la gestión efectiva de las enfermedades crónicas).

• Crear un marco nacional de aseguramiento de la calidad sólido a nivel del sistema que esté unificado en todos los subsistemas. Intensificar la vigilancia de las actividades locales y regionales. Reforzar el papel de SUSALUD para el establecimiento de estándares de calidad nacionales, hacer un seguimiento del cumplimiento de dichos estándares y ofrecer incentivos para las mejoras de la calidad. Plantearse introducir gradualmente un sistema voluntario de acreditación para los hospitales.

• Seguir unificando el sistema de información y reforzar la recopilación, la estandarización y la interrelación de datos nacionales y el análisis de datos de salud con vistas a mejorar la calidad de la atención. Mejorar la coordinación entre el SIS y EsSalud a fin de aumentar la interoperabilidad de los registros sanitarios electrónicos. Velar por que la estrategia nacional para la gobernanza de los datos de salud se adopte antes de que termine 2025.

• Adoptar los estándares de la OCDE para la realización de análisis comparativos nacionales e internacionales con el objetivo de mejorar la calidad y la cobertura de los datos, sobre todo en lo que respecta a los indicadores relativos a la calidad de la atención, los resultados de salud y las actividades de atención de salud. Es importante presentar informes anuales sobre los principales indicadores del estado de salud, como la esperanza de vida al nacer.

Reforzar la eficiencia y la sostenibilidad financiera

• Estudiar formas de aumentar los ingresos públicos para garantizar financiamiento adicional para el sistema de salud peruano, fundamentalmente aprovechando las ganancias en eficiencia.

• Simplificar los mecanismos de presupuestación sanitaria para que los gobiernos regionales y locales tengan más flexibilidad para realizar reasignaciones presupuestarias. Transferir los pagos de los costos recurrentes (mantenimiento y salarios) al Ministerio de Salud, respaldado con recursos adicionales del MEF.

• Alejarse del gasto histórico y asignar los recursos del SIS teniendo en cuenta el número de afiliados y sus necesidades sanitarias. Aumentar el uso de la presupuestación basada en resultados centrando la atención en los objetivos de salud horizontales clave.

• Modernizar la atención primaria de salud incrementando las competencias de los médicos generales y hacer obligatoria la capacitación en medicina de atención primaria.

• Mejorar la eficiencia en la asignación transformando los hospitales pequeños y menos productivos en establecimientos de salud intermedios, para así consolidar los recursos en los centros hospitalarios de mayor tamaño. Garantizar el acceso puntual a atención urgente con aplicaciones de telesalud y el transporte médico de hospitales rurales a hospitales generales mejor equipados de zonas urbanas. Implementar en los hospitales sistemas de pago que incentiven la calidad.

• Fortalecer la planificación del abastecimiento de medicamentos mediante sistemas de información que permitan estimar mejor la demanda sanitaria. Aumentar la administración por parte del Ministerio de Salud para ayudar a las regiones que no poseen una capacidad de planificación o administrativa suficiente para realizar las compras directamente.

• Aumentar la disponibilidad de medicamentos genéricos obligando a las farmacias privadas a que, de los medicamentos esenciales que tengan en existencias, el 30 % siempre sean genéricos. Integrar la evaluación económica en las evaluaciones de la tecnología de la salud.

Mejorar la resiliencia y la preparación

• Invertir en la planificación de la fuerza de trabajo nacional teniendo en cuenta las necesidades de la población y la distribución regional de los trabajadores de la salud. Incrementar los requisitos de presentación de informes de INFORHUS aplicables a todos los subsistemas a fin de evaluar las necesidades en términos de recursos humanos. Proporcionar apoyo a las autoridades regionales que no tengan el alcance y la capacidad técnica y financiera necesarios para evaluar sus propias necesidades en materia de personal sanitario y formular posibles políticas.

• Implantar estructuras de incentivos adecuadas para mejorar la contratación y retención de los trabajadores de la salud. Proporcionar incentivos financieros más elevados, combinados con incentivos de otra índole, a médicos y enfermeros para que trabajen en regiones remotas y subatendidas.

• Vigilar y regular la práctica dual público-privada. Permitir que médicos y enfermeros ocupen más de un puesto en el sector público.

• Invertir en enfermería por medio de programas de capacitación y educación que contribuyan a la práctica avanzada. Integrar de una manera más oficial a los agentes de salud comunitarios en el sistema de salud, en particular en zonas rurales donde atienden a poblaciones indígenas.

• Seguir fortaleciendo la cooperación multisectorial para luchar contra la RAM. Subsanar las deficiencias en la ejecución de políticas con vistas a mejorar la gestión y la vigilancia en todas las partes interesadas relevantes, fundamentalmente mediante una aplicación más coherente de las directrices relativas al uso de antibióticos, la realización de un seguimiento sistemático para fundamentar las políticas, y campañas nacionales amplias que conciencien acerca de la RAM.

• Desarrollar una respuesta política a nivel nacional, regional y local para revertir la tendencia en la vacunación infantil, que está descendiendo. Esto incluye mantener unos sólidos estándares de calidad, realizar campañas nacionales de comunicación pública, fomentar la alfabetización en materia de salud y llevar a cabo programas de divulgación.

• Fortalecer la preparación frente al riesgo de pandemias a través de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, que deberá estar respaldada por planes operativos adecuados a nivel regional.