El gasto social incluye las prestaciones monetarias, los bienes y servicios en especie y los beneficios fiscales con finalidad social.
Abarca la ayuda destinada a grupos como los hogares de bajos ingresos y las personas mayores, con discapacidad, desempleadas, enfermas o jóvenes. Para que un programa se considere «social», debe implicar la participación obligatoria o la redistribución de ingresos entre los hogares. El gasto se considera público si es gestionado por las Administraciones públicas (incluida la seguridad social) y privado si se gestiona fuera de ellas. El gasto social no incluye las transferencias privadas entre particulares. El gasto social total neto engloba el gasto tanto el gasto público como el privado, ajustado para reflejar el efecto de los impuestos y los beneficios fiscales.
Este indicador se mide como porcentaje del PIB.