Los gobiernos de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos para proteger a los menores frente a los riesgos de las redes sociales. Desde 2023, varios estados de EE. UU. han aprobado leyes que exigen una edad mínima para crear una cuenta, que prohíben los "feeds adictivos" o que limitan el tiempo que un menor puede pasar en las redes sociales. Australia sentó un precedente nacional a finales de 2024 al fijar en 16 años la edad mínima para utilizar las redes sociales. Actualmente se están estudiando propuestas similares en Irlanda, Nueva Zelanda, Singapur y España, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha planteado recientemente la posibilidad de celebrar un referéndum al respecto.
Por qué quieren los gobiernos fijar nuevos límites de edad para las redes sociales
Si bien las redes sociales pueden ofrecer oportunidades de conexión y creatividad a los menores, también pueden presentar riesgos graves. Los pederastas, por ejemplo, suelen utilizar estas plataformas para tener acceso a los menores. La OCDE presentó recientemente un estudio que identifica un total de 50 servicios que suelen utilizarse para facilitar la explotación y el abuso sexual de menores, incluidas varias plataformas de redes sociales muy conocidas.
Pero las redes sociales también presentan otros riesgos para los menores. Por ejemplo, un análisis de la OCDE muestra que el uso problemático de las redes sociales —caracterizado por factores como el desasosiego, el escapismo o la generación de conflictos— afecta sobre todo a las niñas.
El impulso que están adquiriendo estas medidas legislativas también refleja el reconocimiento cada vez mayor de que muchas plataformas no se han diseñado teniendo en cuenta la seguridad o el bienestar de los menores y no han aplicado eficazmente sus propios requisitos de edad mínima.
El panorama jurídico de la verificación de edad está fragmentado
Durante años, muchas plataformas han basado sus límites de edad en la legislación sobre privacidad y protección de datos, siendo los 13 años el umbral más habitual. Sin embargo, la OCDE presentó recientemente un informe que analiza el panorama jurídico en el ámbito de la verificación de edad en los países miembros y que revela que los límites de edad varían no solo entre jurisdicciones, sino también entre disciplinas jurídicas —como la privacidad, la seguridad y la protección de los consumidores. Este mosaico de normas genera confusión con respecto a las plataformas mundiales y da lugar a mecanismos incoherentes de protección de menores.
Además de esta fragmentación normativa, el citado estudio comparativo de 50 servicios en línea revela que, aunque muchas plataformas establecen una edad mínima, estas limitaciones suelen ser ambiguas, jurídicamente complejas o pueden ser anuladas con el consentimiento de los padres. Expresiones como "edad mínima a la que una persona puede utilizar el servicio en su país" o "edad legal para formalizar un contrato vinculante" pueden confundir a los usuarios o dificultar la transparencia.
Además, las plataformas suelen trasladar a los padres la responsabilidad de establecer mecanismos de protección adecuados a su edad. Los controles aplicables al contacto, al uso de datos o a contenidos como la publicidad no suelen estar habilitados por defecto, pueden ser difíciles de gestionar y se desactivan fácilmente.
La aplicación actual de los límites de edad en las redes sociales sigue siendo todo un reto
A pesar del uso generalizado de los 13 años como límite de edad, la utilización de las redes sociales entre niños más pequeños sigue siendo muy habitual: en 2023, casi el 40% de los niños estadounidenses de entre 8 y 12 años utilizaban las redes sociales mientras que en Reino Unido esta cifra ascendía al 63% en el caso de los menores de entre 8 y 11 años. Según un estudio elaborado en Canadá el 86% de los menores de 13 años tenía al menos una cuenta en una plataforma que prohíbe el acceso a usuarios menores de esa edad.
La falta de verificación de la edad real de los usuarios tiene graves consecuencias. Los menores pueden crear cuentas con fechas de nacimiento falsas, anulando así los mecanismos de protección por edades. Por ejemplo, un niño que indica que tiene 13 años al registrarse (en lugar de los 8 años que en realidad tiene) podría ser tratado como un adulto de 18 años cuando cumpla 13 años, dándole acceso a funciones potencialmente perjudiciales, como la mensajería directa o las retransmisiones en directo. Un estudio realizado en el Reino Unido en 2022 reveló que cerca de un tercio de los menores de entre 8 y 17 años tenía un perfil de usuario adulto (mayor de 18 años) en al menos una plataforma de redes sociales, y que el 23% de dichos menores tenían entre 8 y 12 años.
Además, los mecanismos de protección por edades solo funcionan si el servicio conoce la edad real del usuario. Sin embargo, solo dos de los 50 servicios analizados en el estudio comparativo de la OCDE verifican sistemáticamente la edad al crear una cuenta. La mayoría se basa en la declaración del propio usuario o solo verifica la edad en casos específicos —por ejemplo, cuando se detecta una actividad sospechosa o para acceder a determinadas funciones. Algunas plataformas no disponen de ningún mecanismo para verificar la edad.
Es fundamental reforzar la verificación de edad mediante la colaboración
Los gobiernos valoran cada vez más la posibilidad de introducir leyes que establezcan requisitos de edad mínima para el acceso de los menores a las redes sociales. Esto refleja la preocupación de que los límites de edad establecidos por defecto no garantizan necesariamente que un servicio sea seguro o adecuado para la edad del menor.
Si bien puede que no haya una solución única para todos los casos, es evidente que se necesita un enfoque más coherente y uniforme que tenga en cuenta tanto la seguridad como las necesidades de desarrollo de los menores. Conforme los países adoptan sus propias medidas, aumenta el riesgo de fragmentación de las normas, creando así más complejidad con respecto a las plataformas e incoherencias en la protección de los menores. Cualquier nuevo límite de edad que se establezca ha de fundamentarse en evaluaciones sólidas y basadas en datos empíricos, tanto en lo que respecta a los riesgos como a los beneficios.
La aplicación de un mecanismo eficaz de verificación de edad es tan urgente como complejo. Requiere innovación técnica, claridad normativa y una estrecha colaboración entre el sector público y el privado. Aunque las soluciones técnicas avanzan con rapidez, sigue habiendo preocupación por la capacidad de las plataformas para garantizar la verificación de la edad de forma fiable y a gran escala. Por su parte, los gobiernos deben proporcionar marcos claros y coordinados que protejan los derechos y la seguridad de los menores al tiempo que sopesan unos mandatos normativos en conflicto, como es el caso de los marcos que supervisan la seguridad en línea y la protección de datos.
Para apoyar a todos los actores relevantes, la OCDE tiene previsto llevar a cabo estudios sobre las tecnologías de verificación de edad y la idoneidad de los servicios digitales utilizados por menores. La OCDE también reunirá a los responsables políticos y a las principales partes interesadas para promover un enfoque más coherente y basado en datos empíricos, que se centre en la seguridad, respete los derechos de los menores y refleje la realidad de un entorno digital en continua evolución.