Discurso de Mathias Cormann, Secretario General, OCDE
31 de marzo de 2023
Estimado D. [Arturo] Criado,
Estimados colegas, distinguidos invitados:
Gracias por la invitación a exponer el punto de vista de la OCDE sobre el mercado de trabajo español en este tercer Simposio “Wake Up, Spain”.
Ciertamente, el mercado de trabajo de España ha mejorado en esta última década.
En mayo del año pasado, España registró su menor tasa de desempleo desde el comienzo de la crisis financiera de 2008.
Desde entonces, el desempleo se ha mantenido relativamente estable en torno al 13%. Aunque aún es demasiado elevado, esta cifra es la mitad de los niveles máximos alcanzados a principios de 2013.
Las reformas de las políticas públicas, incluidas las del mercado de trabajo adoptadas hace aproximadamente veinte meses, han contribuido a estos resultados.
Dichas reformas han abordado la utilización excesiva de contratos temporales, mientras que han proporcionado alternativas flexibles a las empresas para adaptarse a las fluctuaciones de las circunstancias económicas.
La preponderancia de contratos temporales implica que los trabajadores corren desproporcionadamente con los riesgos asociados a una crisis económica, y a menudo terminan soportando sus peores consecuencias.
Quienes están empleados con contratos temporales pueden tener mayores dificultades para acceder a créditos y a la vivienda, para desarrollar su carrera y para fortalecer sus aptitudes.
La reforma introducida por el gobierno ha limitado los supuestos bajo los cuales está permitido utilizar contratos temporales.
En consecuencia, los contratos indefinidos son ahora más frecuentes.
Al final de 2022, el 82% de los asalariados tenían contratos indefinidos, lo que supone un incremento del 7 por ciento con respecto al comienzo de 2021.
Asimismo, esperamos que esta reforma produzca efectos positivos en el bienestar de los trabajadores y en su empleabilidad a largo plazo.
En virtud de las reformas laborales de diciembre de 2021, se introdujo un nuevo marco que presta mayor apoyo a las empresas y protege el empleo en circunstancias extraordinarias.
El “Mecanismo de Flexibilidad y Estabilización del Empleo” mejora la regulación de los regímenes de trabajo a tiempo reducido, lo que contribuirá que los trabajadores mantengan su empleo, gracias a la financiación de una parte de su salario.
Los nuevos instrumentos ofrecen flexibilidad a las empresas para adaptar el tamaño de su plantilla en caso de crisis económica o en caso de necesitar reasignar o recapacitar su mano de obra debido a cambios estructurales en el sector de actividad.
España puede mantener esta dinámica y basarse en las reformas de 2021 para hacer frente a una serie de desafíos estructurales clave.
En primer lugar, aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
España ha adoptado medidas significativas para fomentar un reparto más equitativo entre hombres y mujeres del trabajo remunerado y no remunerado.
Por ejemplo, actualmente España ofrece la baja por paternidad más larga de los países de la OCDE, de hasta 16 semanas, retribuyendo la totalidad de la base reguladora del sueldo para un trabajador de salario medio.
Ello ha contribuido a incrementar la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral a lo largo de esta última década.
En el tercer trimestre de 2022, el sesenta por ciento de las mujeres desempeñaban un trabajo remunerado, esto es, una mujer más de cada diez respecto diez años atrás.
No obstante, todavía existe una brecha de 10 puntos porcentuales entre las tasas de participación laboral de hombres y mujeres.
Aumentar la disponibilidad de guarderías y de educación de la primera infancia, en especial para los niños menores de tres años, contribuiría a estrechar esa brecha aún más.
Cuatro de cada diez niños menores de tres años están matriculados en la escuela infantil, comparado con aproximadamente tres en el conjunto de la OCDE. Sin embargo, en España el gasto en educación y cuidado de la primera infancia es relativamente inferior al de la mayoría de los países de la OCDE.
Ello ocasiona dificultades para poder acceder a estos servicios, en particular para los hogares de bajos ingresos.
El plan de crear 65.000 plazas adicionales en guarderías públicas a partir de 2024 representa un avance significativo respecto de este reto.
Incrementar la asistencia de los niños a la educación infantil contribuirá a la incorporación de más mujeres a la fuerza laboral, especialmente aquellas provenientes de hogares de bajos ingresos.
En segundo lugar, ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo remunerado.
En la actualidad, aproximadamente un 30% de los trabajadores jóvenes de entre 15 y 24 años están en situación de desempleo.
Es la tasa más alta de la OCDE y triplica aproximadamente la tasa de desempleo de las personas de 25 años o más.
Además, los trabajadores españoles están sufriendo un deterioro acusado de su poder adquisitivo.
Entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022, los salarios reales en España disminuyeron un 5,4%, lo cual supone uno de los descensos más marcados entre los países de la OCDE.
Esta situación es aún más grave entre los trabajadores jóvenes, cuyos salarios reales han sufrido un descenso significativo en las dos últimas décadas.
Con el fin de ofrecer más oportunidades a los jóvenes de España, el Gobierno español ha elaborado el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027.
Con una dotación de fondos europeos de más de 3.000 millones de euros, dicho plan ayuda a los jóvenes emprendedores, refuerza la orientación profesional y promueve la formación.
La OCDE prestará apoyo a España en la evaluación y seguimiento de sus resultados, en colaboración con los servicios públicos de empleo estatales y autonómicos.
En tercer lugar, solucionar el desajuste entre las competencias disponibles y las exigidas por el mercado de trabajo.
En España, la demanda de competencias está más polarizada que en muchos otros países de la OCDE.
Es decir, los niveles de cualificación requeridos son muy altos o muy bajos.
Al mismo tiempo, la oferta de trabajadores de baja cualificación supera su demanda.
Estos trabajadores son también los que corren mayor riesgo de convertirse en desempleados de larga duración, como sucedió cuando la industria de la construcción se desplomó durante la crisis financiera.
El gobierno tendrá que apoyarlos en fortalecer sus competencias para prevenir futuros problemas y retos estructurales, como los relacionados con la automatización de sus tareas o con los cambios del mercado laboral causados por la transformación verde de la economía.
Deberían introducirse programas de recapacitación y formación continua, así como programas activos de empleo que ofrezcan asistencia en la búsqueda laboral y orientación profesional.
En España, el gasto en este tipo de políticas sigue siendo comparado con otros países.
Actualmente, solo el 35% de los adultos españoles reciben formación cada año, frente a una media del 40% en la OCDE.
Es necesario que esta cifra aumente tanto en la OCDE como en España. En un contexto de transformaciones estructurales de la economía, el compromiso con la formación continua es más importante que nunca.
Exhortamos a España a proseguir la reforma del sistema de educación y formación profesional adoptada el año pasado, que facilita la participación de los adultos en el aprendizaje y promueve vías personalizadas de recapacitación o formación continua.
En el otro extremo del espectro, muchos trabajadores españoles están sobrecalificados para sus puestos de trabajo.
Ello se debe a un desajuste entre las carreras elegidas por los estudiantes universitarios y las cualificaciones que demanda el mercado de trabajo.
Reforzar la orientación profesional para los estudiantes de secundaria contribuiría a solucionar estos problemas.
Por último, es preciso clarificar los costos y reducir las incertidumbres relacionadas a la extinción de los contratos indefinidos.
Creemos que proporcionar una mayor claridad y certeza a las empresas les inducirá a contratar más trabajadores.
Para concluir, acogemos con satisfacción el compromiso de España de mejorar las condiciones del mercado de trabajo.
Esta ambición debe prolongarse con el compromiso de hacer seguimiento de las reformas y garantizar que alcancen los resultados previstos, realizando ajustes cuando sea necesario.
La OCDE está dispuesta a continuar apoyando esos esfuerzos.