Política digital

Los datos y los flujos de datos son esenciales para la transformación digital. La reducción de los costos en el procesamiento y almacenamiento de datos, el aumento de la conectividad y la adopción de tecnologías digitales, así como los recientes avances en inteligencia artificial, han propiciado un rápido aumento de la importancia de los datos en la actividad económica. El uso y la gobernanza eficaces de los datos dependen de la capacidad para transferirlos, compartirlos, analizarlos y protegerlos. La adopción de mecanismos técnicos, normativos, regulatorios e institucionales constituye una prioridad fundamental para los gobiernos en el ámbito de las políticas públicas.

El Gobierno digital promueve y apoya el desarrollo y la implementación de estrategias de gobierno digital que acercan los gobiernos a la ciudadanía y a las empresas. Reconoce que la tecnología es hoy un motor estratégico no solo para mejorar la eficiencia del sector público, sino también para reforzar la eficacia de las políticas públicas y avanzar hacia gobiernos más abiertos, transparentes, innovadores, participativos y fiables.

En un mundo tan interconectado como el actual, la conectividad de banda ancha resulta imprescindible. La banda ancha constituye la infraestructura clave que impulsa la transformación digital de las economías y las sociedades en todo el mundo. La OCDE proporciona estadísticas detalladas sobre la banda ancha, así como recomendaciones específicas por regiones y países, con el fin de mejorar el acceso a infraestructuras y servicios de comunicaciones de alta calidad a precios competitivos.

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología transformadora capaz de llevar a cabo tareas que suelen requerir una inteligencia similar a la humana, como la comprensión del lenguaje, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones. La IA puede resultar útil para afrontar retos complejos, desde la mejora de la educación y la atención sanitaria hasta el impulso de la innovación científica y la acción climática. Sin embargo, también plantea riesgos para la privacidad, la seguridad y la autonomía humana. Para garantizar que el desarrollo y la implantación de la IA sean seguros y fiables, es esencial una gobernanza eficaz, con políticas y regulaciones que fomenten la innovación y la competencia.

Respetar y proteger la privacidad es esencial para el buen funcionamiento de la economía digital. Las personas que confían en las medidas de protección que se aplican sobre sus datos personales tienden a participar de forma más activa en actividades en línea, compartir información y a formar parte de la economía digital. A su vez, estos factores impulsan el crecimiento económico, fomentan la innovación y favorecen la libre circulación de datos a través de las fronteras.

La seguridad digital constituye la dimensión económica y social de la ciberseguridad. Es fundamental para garantizar la confianza en nuestras economías, que dependen cada vez más del ámbito digital, así como para impulsar la resiliencia en un mundo marcado por los crecientes conflictos geopolíticos y la ciberdelincuencia.

Internet ha conectado a las personas como ninguna otra tecnología lo había hecho antes. Sin embargo, los usuarios malintencionados saben utilizarla con la misma destreza que los legítimos. Este hecho pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los usuarios y, por tanto, su confianza. Ante esta situación, cada vez más jurisdicciones están respondiendo con regulaciones. Aun así, para que las políticas sean eficaces se necesita una base sólida de datos. Y, además, no se pueden perder de vista los beneficios que ofrece Internet en el intento por garantizar la seguridad de los usuarios.

La transformación digital, es decir, el impacto de los datos y las tecnologías digitales, así como su uso en actividades existentes y nuevas, se está acelerando en todo el mundo y afecta a todos los sectores. Y, aunque ofrece grandes oportunidades para nuestras economías y sociedades, también plantea riesgos importantes que deben abordarse para poder aprovechar sus beneficios. Para avanzar hacia un futuro digital fiable, sostenible e inclusivo, los países y las partes interesadas deben colaborar adoptando un enfoque basado en datos empíricos que abarque todos los ámbitos de la gobernanza.