La prestación de cualquier servicio público, ya sea en ámbitos como la atención sanitaria, la protección del medio ambiente, el orden público o los asuntos económicos —como las infraestructuras, el transporte, las comunicaciones, la energía o la I+D—, requiere procesos de contratación pública. Al mismo tiempo, el bienestar de la ciudadanía depende en gran medida de la cantidad y calidad de los servicios públicos recibidos. Según las estimaciones actuales, algunos servicios públicos representan una proporción significativa del gasto en contratación pública. Este es el caso de la sanidad, que concentra por sí sola alrededor de un tercio de dicho gasto.
Contratación pública
La contratación pública se refiere a la compra de bienes, servicios y obras por parte de las administraciones y las empresas públicas. Es un pilar esencial de la prestación de servicios a las administraciones públicas. Dado que concentra una proporción significativa del dinero de los contribuyentes, se espera que las administraciones públicas lleven a cabo la contratación pública de manera eficiente y con altos estándares de integridad, a fin de garantizar la calidad de la prestación de servicios y salvaguardar el interés público.
Al tratarse de una actividad fundamental para las administraciones públicas, una contratación pública bien gobernada puede y debe desempeñar un papel fundamental en el fomento de la eficiencia del sector público, la generación de confianza en la ciudadanía y la contribución a prioridades gubernamentales clave como la transformación digital y el crecimiento verde.
Mensajes clave
La contratación pública moviliza grandes cantidades de dinero de los contribuyentes, por lo que exige no solo una gestión responsable, sino también eficiencia. Para mejorar la eficiencia, las administraciones públicas desarrollan, aplican y revisan continuamente sus sistemas de contratación pública, así como diversos mecanismos y herramientas.
La contratación pública concentra gran parte del gasto público. Para garantizar la mejor relación calidad-precio, es esencial que los sistemas y las herramientas de contratación pública sean eficientes.
La contratación pública es un ámbito de alto riesgo por diversos factores, como el elevado valor económico de los intereses en juego, el volumen de las operaciones, la estrecha interacción entre los sectores público y privado, y los vínculos con cadenas de valor complejas.
Además, puede verse expuesta a una amplia variedad de riesgos que afectan tanto al propio proceso de contratación como, de forma más amplia, a los proyectos o a la prestación de servicios. Los riesgos no se limitan al proceso de licitación, sino que persisten durante toda la vigencia del contrato o a lo largo de la vida útil del bien adquirido. Tras centrarse inicialmente en las amenazas para la integridad, en los últimos años los países han prestado cada vez más atención a otros riesgos que afectan a los resultados de la contratación pública, como los riesgos informáticos, financieros, reputacionales, sociales o medioambientales. Muchos de estos riesgos inciden en el objetivo esencial de la contratación pública: que los bienes, servicios u obras se entreguen en el lugar adecuado y en el momento oportuno.
Sin embargo, los riesgos para la integridad del sistema de contratación pública siguen siendo significativos y muchos países están implantando herramientas, sistemas y normas para preservar esa integridad.
Los países recurren cada vez más a un enfoque basado en datos y en el riesgo para identificar y gestionar mejor los riesgos en todas las categorías.
Al usar su poder de compra para obtener bienes, servicios y obras, las administraciones públicas pueden alcanzar otros objetivos, como la sostenibilidad (por ejemplo, al elegir bienes con un menor impacto medioambiental), la innovación (al promover soluciones innovadoras), la responsabilidad social (al incorporar normas de responsabilidad empresarial en sus políticas de compra) o la promoción de las pequeñas y medianas empresas. Los objetivos en materia de políticas públicas, como la protección del medio ambiente y la garantía de condiciones sociales (derechos humanos en materia de igualdad de género y derechos laborales), van más allá de los proveedores directos, ya que pueden extenderse a lo largo de las cadenas de suministro. Este concepto está estrechamente relacionado con el de calidad-precio (value for money), cuyo uso está cada vez más extendido todo el mundo. Se emplean distintas expresiones para referirse al uso estratégico de la contratación pública con miras a lograr objetivos de política más amplios: contratación pública sostenible, contratación pública estratégica, contratación pública responsable o contratación pública ética.
Contexto
Las administraciones públicas contratan grandes cantidades de bienes y servicios con el objetivo de aplicar políticas públicas y de prestar servicios públicos
El gasto en contratación pública como porcentaje del PIB ha aumentado significativamente en la OCDE durante la última década, pasando del 11,8 % del PIB en 2007 al 12,9 % del PIB en 2021. Por otra parte, la contratación pública respecto del gasto público total disminuyó 1,9 puntos porcentuales en los países de la OCDE entre 2019 y 2021. Esto podría deberse al aumento general del gasto debido a las medidas de apoyo económico introducidas durante la pandemia de COVID-19. Una gran parte del gasto en contratación pública de los países de la OCDE sigue concentrándose a escala subnacional (el 61,2 % en 2021).
La contratación pública está presente en todas las áreas de gasto público, desde la sanidad hasta la protección del medio ambiente, el orden público y los asuntos económicos
Una buena gobernanza de la contratación pública se traduce en mejores servicios públicos que, a su vez, mejoran el nivel de vida. Por ejemplo, la sanidad es el ámbito al que se destina mayor gasto en contratación pública en la mayoría de los países de la OCDE. En 2021, representó, en promedio en los países de la OCDE, el 31,9 % del gasto en contratación pública, frente al 29,3 % en 2019. Le siguieron el gasto en asuntos económicos (16,4 %), educación (10,7 %), defensa (9,9 %) y protección social (9,8 %), que presentaron relativamente pocas variaciones entre los distintos países. La sanidad es la única categoría que registró un crecimiento del gasto, debido a la contratación intensiva de productos sanitarios durante la pandemia de COVID-19. La contratación pública es crucial para la inversión en infraestructuras públicas, que se espera que alcance 71 billones de dólares en 2030.
