La región de América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta cuellos de botella estructurales y bajos niveles de innovación, lo cual provoca vulnerabilidad en las economías y dependencia de una estrecha gama de exportaciones. Sin embargo, dados sus abundantes recursos y sus ecosistemas de innovación emergentes, cuenta con los elementos necesarios para emprender la transformación productiva. Para lograrlo, requiere un crecimiento inclusivo, bajo en carbono, altamente cualificado, respaldado por inversiones y alianzas internas e internacionales. Este cambio es esencial para desarrollar resiliencia, reducir la desigualdad e impulsar el desarrollo sostenible.
Perspectivas económicas de América Latina 2025
Impulsando y financiando la transformación productiva
Abordar los retos económicos, sociales y medioambientales en forma aislada ha configurado el modelo productivo actual de ALC, caracterizado por la baja productividad, una alta prevalencia de empleo informal y dependencia de recursos no renovables. Para avanzar hacia un modelo más productivo, más inclusivo y más verde, es preciso repensar en conjunto dichas prioridades: económicas, sociales y medioambientales. Lo anterior exige un enfoque sistémico que atienda las causas de estos retos, reconozca su interdependencia y promueva la congruencia de políticas en el diseño e implementación del nuevo modelo productivo.
El crecimiento económico está en proceso de desaceleración en ALC, de acuerdo con la evolución de la economía mundial. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita se ha estabilizado cerca al crecimiento del PIB potencial (Gráfico 1). Además, la persistente inflación, las vulnerabilidades fiscales, las tensiones geopolíticas y las perturbaciones climáticas siguen planteando retos, los cuales difieren en gran medida entre los países de la región, debido a la variedad de estructuras económicas como composiciones de exportación, vulnerabilidades medioambientales y capacidades institucionales.
Los flujos financieros externos a la región muestran una alta volatilidad. Las inversiones en cartera bajaron notoriamente durante la última década, mientras que la inversión extranjera directa (IED) se estancó en medio de la incertidumbre acerca de las dinámicas comerciales mundiales, aunque los niveles se mantienen relativamente altos en comparación con otras regiones. La reducción del comercio y la inversión amenaza tanto el crecimiento económico a corto como a largo plazo.
Los retos económicos de la región giran en torno a una productividad persistentemente baja, apoyando un crecimiento insuficiente y una convergencia débil con economías avanzadas. La productividad laboral, impulsada por la limitada productividad factorial total, creció solo 0.9% al año de 1991 a 2024, en comparación con el 1.2% de los países de la OCDE. Las ganancias en productividad han sido particularmente bajas en el sector de servicios, exacerbado por el empleo informal y las prácticas insostenibles.
Nota: Producto interno bruto per cápita. Precios constantes, la paridad del poder de compra; dólar internacional en 2021. Promedios simples de diferentes grupos económicos. Las economías dependientes de la exportación de productos básicos tienen más del 60% de sus exportaciones de mercancías como productos básicos (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela). Las economías dependientes de la exportación de servicios exceden el 45% del comercio de servicios (Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas). Las economías ubicadas en las 60 principales del Índice de Complejidad Económica (Costa Rica, República Dominicana, México y Trinidad y Tobago) se clasifican como diversificadas con complejidad económica alta; las restantes (Barbados, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá) se clasifican como diversificadas con baja complejidad.
Fuente: Elaboración de los autores basándose en (IMF, 2025[1]).
La estructura económica de ALC sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones primarias y de baja tecnología, lo cual limita las oportunidades de mejora y el aumento de la productividad. Solo unas cuantas economías, en particular Costa Rica, República Dominicana y México, se han diversificado en sectores de media y alta tecnología (Gráfico 2). Fortalecer el comercio intrarregional, que actualmente es limitado en comparación con los referentes globales, podría mejorar la diversificación y permitir una integración regional más profunda en las cadenas de valor, reforzando la competitividad.
Las condiciones socioeconómicas son también complejas en la región, con una informalidad laboral persistente y generalizada. En 2023, uno de cada dos trabajadores tenía empleo informal en ALC (55.1%). Sin embargo, en los países con datos disponibles a lo largo del tiempo, la proporción ha bajado desde 2009 (62.5%) (ILO, 2025[2]). Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de mayor edad resultan particularmente afectados por la informalidad laboral. Entre 2013 y 2022, el único grupo en el cual se agudizó la informalidad fue el de jóvenes de 15 a 24 años, en tanto que el aumento de las tasas de empleo para las mujeres se acompañó del incremento del trabajo informal (ECLAC, 2024[3]).
Nota: Los grupos manufactureros de intensidad tecnológica se basan en la Clasificación de Tecnología de la OCDE en ISIC Rev.3. Las economías basadas en la exportación de productos básicos clasifican más del 60% de sus exportaciones de mercancías como productos básicos crudos y productos basados en recursos (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela) (UNCTAD, 2023[4]). Las economías basadas en la exportación de servicios exceden el 45% del comercio de servicios (Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Las economías ubicadas entre las 60 principales del Índice de Complejidad Económica (Costa Rica, República Dominicana, México, Trinidad y Tobago) se clasifican como diversificadas con una complejidad económica alta (Harvard Growth Lab, 2023[5]); las restantes (Barbados, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá) se clasifican como diversificadas con baja complejidad.
Fuente: Elaboración de los autores basándose en (WITS, 2025[6]).
Las tasas actuales de empleo informal en ALC destacan la urgencia de alcanzar la transformación productiva. El dinamismo sectorial limitado y la concentración de empresas informales en actividades de baja productividad restringen la generación de empleos de calidad. Por consiguiente, los puestos que requieren competencias tecnológicas y digitales avanzadas son aún escasos, lo cual limita la capacidad de la región para competir en mercados intensivos en conocimiento (Gráfico 3, Paneles A y C). En el año más reciente con datos disponibles, los empleos de alta y media intensidad tecnológica representaron solo 2.1% del empleo total, en comparación con el 7.7% en los países de la OCDE, en tanto que aquellos con intensidad digital alta se colocaron en 15%, contra el 21% de la OCDE. La transformación productiva inclusiva requiere inversión estratégica en sectores con un gran potencial para generar empleos de calidad, ya que los bonos salariales son imprescindibles. En los países de ALC, los empleos de alta intensidad tecnológica y digital reciben salarios muy por arriba del promedio nacional, ofreciendo así una ruta clara para aumentar los ingresos y mejorar la calidad de los empleos (Gráfico 3, Paneles B y D).
Países seleccionados de ALC, 2023 o último año disponible
Nota: Los datos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y Perú se refieren a 2023; Chile y Guatemala, 2022; República Dominicana y Uruguay, 2018. La intensidad tecnológica se define utilizando la Taxonomía de la OCDE de Actividades Económicas basadas en I+D (investigación y desarrollo). Las industrias se clasifican de acuerdo con cinco quintiles del valor o la inversión en I+D relativa al valor añadido. En el Panel A se muestra información sobre la distribución del empleo en industrias con una intensidad de media a alta. La intensidad digital se define utilizando la Taxonomía de la OCDE de Sectores Intensivos en Digitalización. Las industrias se clasifican en cuatro cuartiles de los insumos digitales usados en su producción. En el Panel C se brinda información sobre la distribución del empleo en industrias con alta, mediana (que corresponde en la taxonomía a mediana-alta y mediana-baja) e intensidad digital baja.
Fuente: (OECD, 2024[7]), Base de datos Key Indicators of Informality based on Individuals and their Household (KIIbIH) a partir de (Galindo-Rueda and Verger, 2016[8]) y (Calvino et al., 2018[9]).
El modelo de producción de ALC actual debe evolucionar para convertirse en uno más inclusivo y sostenible en términos medioambientales. Aunque la contribución de la región a las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo proporcional a su participación en la población total, en las últimas décadas las estrategias de producción en la región han contribuido significativamente a la degradación ambiental. Entre 1990 y 2022, con este modelo, las emisiones de gases de efecto invernadero en ALC aumentaron 10% en todos los sectores. Las tendencias comparativas resaltan la urgencia del cambio. De 1990 a 2022, Asia Oriental y el Pacífico registraron el mayor aumento de emisiones (+165%), en tanto que Europa y Asia Central las redujeron 28%. La trayectoria de ALC se asemeja a la de África subsahariana, donde las emisiones de la agricultura y las actividades relacionadas con la energía crecieron 81% y 80%, respectivamente. Por su parte, Europa y Asia Central redujeron las emisiones de la agricultura 33% y las emisiones relacionadas con la energía 26%, lo que muestra caminos viables para las transiciones bajas en carbono (Gráfico 4).
Nota: ALC incluye datos disponibles de 33 países. El sector energético incluye emisiones de la producción de electricidad y de calor, transporte, inmuebles, manufactura y construcción, otras emisiones de la quema de combustibles y emisiones fugitivas. MtCO2e significa millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (Climate Watch, 2025[64]).
En el futuro, la transformación productiva debe intencionalmente integrar la igualdad social y la sostenibilidad medioambiental, de la mano con el crecimiento económico. Sin estas consideraciones, la carga de la transformación podría socavar la prestación a la economía de servicios ecosistémicos decisivos, recayendo de manera desequilibrada sobre comunidades específicas, profundizando las desigualdades existentes y posiblemente debilitando el apoyo público a las reformas tan necesarias.
Políticas de desarrollo productivo eficaces pueden aumentar la productividad y la diversificación y, al mismo tiempo, promover una economía más sostenible, inclusiva y resiliente. Para que las políticas estimulen actividades de mayor valor añadido y productos exportables, mayor diversificación, aumento de la sofisticación tecnológica, generación de empleos más inclusiva y métodos de producción medioambientalmente responsables, es necesario que al formular políticas públicas se preste atención particular a la etapa de implementación. Las nuevas políticas de desarrollo productivo deben también trabajar de cerca con el sector privado para abordar los cuellos de botella en productividad, infraestructura, competencias, regulaciones y el entorno empresarial.
Un enfoque integral a las políticas de desarrollo productivo deberá incorporar varios elementos innovadores para lograr la transformación productiva con eficacia. Resulta esencial contar con mecanismos robustos de gobernanza, para así asegurar la participación sostenida de las partes interesadas más allá de los ciclos políticos. Los marcos institucionales de capacidades – basados en capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas – son esenciales para convertir los planes en resultados tangibles. Las estrategias basadas en el lugar pueden aprovechar los activos territoriales y las ventajas competitivas y, a la vez, mantener la congruencia nacional. Por último, la priorización de sectores estratégicos es clave para movilizar recursos en la escala necesaria para impulsar el cambio transformativo.
Las políticas de desarrollo productivo inclusivas y sostenibles requieren una combinación de políticas horizontales – como incentivos bien diseñados de investigación y desarrollo (I+D), créditos fiscales y apoyo empresarial – y políticas verticales que abarcan más allá de las ventajas comparativas estáticas, para priorizar a los sectores capaces de impulsar la transformación estructural hacia actividades de mayor valor añadido e intensivas en conocimientos. En 2022, los países de ALC asignaron menos de 0.5% del PIB a políticas de desarrollo productivo explícitas (excluidas la infraestructura y la educación general), muy por debajo del promedio de la OCDE de 3%. La mayoría de las políticas horizontales focalizadas en el financiamiento, así como el propio financiamiento, permanecen volátiles hoy día, a menudo cambiando con los ciclos de políticas y las condiciones económicas. Esto socava la visión de largo plazo requerida para que la transformación productiva sea fructífera. Las experiencias de Brasil, Chile y México muestran que la transformación exitosa depende de políticas horizontales y verticales y exige una enérgica coordinación institucional, una gobernanza con múltiples partes interesadas y la priorización eficaz de los sectores estratégicos.
La coordinación institucional sigue siendo un reto en ALC, donde 197 organismos ministeriales de 33 países participan en políticas de desarrollo productivo que abordan la agricultura, el turismo, el comercio, la innovación, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el empleo y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En alrededor de dos tercios de los países ALC, cinco o seis ministerios participan en políticas de desarrollo productivo, lo cual podría implicar la desalineación de prioridades, la fragmentación de gastos, una débil gobernanza y funciones institucionales poco claras (Gráfico 5). Establecer un organismo rector para el desarrollo productivo – con un fuerte mandato político, autoridad clara de coordinación y capacidad operativa – podría ayudar a atender los riesgos de coordinación y la gobernanza de múltiples partes interesadas.
Nota: El gráfico ilustra la fragmentación de las agencias gubernamentales responsables de supervisar las políticas de desarrollo productivo (PDP) en América Latina y el Caribe (ALC). Las instituciones que intervienen en las PDP se dividen en cuatro categorías, según su nivel de especialización: i) Ministerios sectoriales: Ministerios dedicados exclusivamente a un sector o función específica relacionada con el desarrollo productivo (por ejemplo, turismo o empleo). ii) Ministerios multisectoriales: Ministerios que abarcan varias áreas vinculadas al desarrollo productivo (por ejemplo, un ministerio responsable de turismo y agricultura). iii) Supraministerios: Ministerios que, además de gestionar al menos un área de desarrollo productivo, también desempeñan funciones más amplias que trascienden este ámbito, como asuntos sociales, macroeconómicos u otros temas transversales. iv) Organismos especializados: Instituciones técnicas (como agencias, servicios o institutos) centradas en aspectos específicos de las PDP.
Fuente: (ECLAC, 2024[10]).
Si bien las capacidades de priorización eficaz de los sectores varían de un país a otro, la energía renovable, la agricultura sostenible y la industria digital, así como la economía del cuidado, han sido identificados en el reporte Perspectivas económicas de América Latina constantemente a lo largo de los años como sectores clave. La transformación digital, el desarrollo de competencias y las iniciativas de articulación productiva, como los clústeres, son palancas decisivas para propiciar la transformación productiva de los sectores estratégicos.
En la diversidad de estrategias de desarrollo productivo de la región, se destacan cuatro modelos. El de Brasil y Colombia es un modelo encabezado por el Estado, enfocado en los sectores, en el que los gobiernos promueven activamente las industrias estratégicas. Costa Rica, República Dominicana y México adoptan un modelo orientado al comercio y la IED que prioriza la integración en mercados mundiales. Chile y Uruguay utilizan un modelo impulsado por el mercado con una intervención selectiva, la focalización en sectores específicos como los de hidrógeno verde y litio (Chile) o agrotécnicos, servicios TIC y agricultura sostenible (Uruguay). Desde 2023, Argentina adoptó un modelo de liberalización, reduciendo en gran medida la participación del Estado, eliminando subsidios, bajando las barreras comerciales y privatizando empresas estatales para priorizar la estabilidad macroeconómica.
En ALC, la sostenibilidad de la producción debe ser un criterio decisivo para la priorización estratégica. La abundancia en recursos naturales de la región ofrece una vía para liderar las cadenas mundiales de valor verde, siempre y cuando las políticas de desarrollo productivo promuevan la innovación, protejan el medioambiente y velen por el intercambio justo de beneficios. Como lo ejemplifica la cooperación entre Argentina y Brasil en cadenas de valor de la industria automotriz, la cual ha creado elementos complementarios y economías de escala, la coordinación regional es fundamental para evitar la competencia suma-cero y desarrollar sinergias.
La mejora en la movilización de los recursos internos será esencial para apoyar el financiamiento de la transformación productiva. Si bien el gasto público de la región sigue sesgado hacia el gasto corriente, los ingresos fiscales son todavía bajos en varios países de ALC y en exceso dependientes del consumo y del impuesto de sociedades. Esto limita tanto el capital como la capacidad de financiar la transformación productiva a largo plazo. Las tasas del impuesto de sociedades relativamente altas en ALC pueden dañar la competitividad y obstaculizar la inversión en sectores clave. Si bien las tasas efectivas del impuesto sobre las sociedades en 2023 (21.1%) se acercaron al promedio de la OCDE (23.7%), en 2021 las tasas impositivas efectivas en los países de ALC fueron considerablemente más altas: la tasa impositiva efectiva promedio alcanzó el 23.9%, en comparación con el 21.9% de la OCDE y el 17.1% en otras regiones emergentes, en tanto las tasas impositivas efectivas marginales promediaron 13.8% en ALC, casi el doble del promedio de la OCDE de 7.6% (Gráfico 6).
Nota: El promedio de ALC incluye únicamente a los países que aplican una tasa legal positiva del impuesto de sociedades. Por lo tanto, Las Bahamas y Belice no están incluidos. El grupo de “Otros países” incluye datos de Europa emergente, Medio Oriente y Asia Central, Asia emergente y África Subsahariana.
Fuente: (Hanappi et al., 2023[11]).
Es necesario mejorar el diseño de los incentivos del impuesto de sociedades para ayudar a movilizar la inversión nacional y extranjera. Dichos incentivos se han utilizado ampliamente en ALC para atraer la inversión, respaldar la generación de empleos y promover la innovación. Sin embargo, traen consigo altos costos fiscales, económicos y de capital, incluidos los ingresos condonados, distorsiones, ganancias extraordinarias y beneficios desproporcionados para las empresas más grandes. Los incentivos del impuesto de sociedades absorben recursos significativos, con un promedio del 0.9% del PIB en 18 países de ALC (CIAT, 2025[12]). Los incentivos basados en los ingresos, como las exenciones fiscales, siguen siendo la forma más común de incentivo del impuesto de sociedades en la región y están presentes en los diez países de ALC incluidos en un análisis reciente (Gascon et al., forthcoming[13]). Las condiciones sectoriales constituyen el principal criterio de elegibilidad, y alrededor del 80% de los incentivos incluyen un requisito sectorial. La orientación sectorial varía considerablemente entre países, siendo las energías renovables, el turismo y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) los sectores más promovidos en la región (Gráfico 7). La superposición en la orientación sectorial sugiere que los países podrían beneficiarse de una mayor racionalización de sus políticas de incentivos. Mejorar el diseño de los incentivos del impuesto sobre las sociedades requiere objetivos de políticas claros y evaluaciones ex ante de sus beneficios, costos y riesgos. Una coordinación interinstitucional sólida y un papel central del ministerio de finanzas pueden contribuir a garantizar la transparencia y la alineación con los objetivos de desarrollo. Favorecer los instrumentos basados en el gasto – como los créditos o deducciones fiscales a la inversión – puede ayudar a reducir las ineficiencias, evitar distorsiones y alinear mejor los incentivos con los objetivos de desarrollo (OECD, forthcoming[14]).
Nota: El gráfico incluye únicamente incentivos con condición sectorial. Se utiliza la clasificación ISIC de las Naciones Unidas.
Fuente: (Gascon et al., forthcoming[13]).
La escasa confianza pública en las instituciones constituye un gran reto para el financiamiento de la transformación productiva, ya que debilita el pacto fiscal y reduce el cumplimiento de las obligaciones. La moral tributaria – es decir, la disposición intrínseca de las personas a pagar impuestos – es determinada por la percepción de justicia, calidad de los servicios y gasto público, así como por factores sociodemográficos como edad, género y nivel educativo. Si bien la mayoría de los habitantes de ALC condena la evasión fiscal, la proporción ha bajado desde 2011 y solo el 25% cree que recibe un valor justo a cambio de los impuestos que paga. Y aunque el 60% reconoce el papel que desempeñan los impuestos en el desarrollo sostenible, solo el 33% cree que los ingresos fiscales se gastan apropiadamente (IFAC/ACCA, 2024[15]). Esta brecha entre el apoyo teórico y la insatisfacción con la prestación de servicios refleja un pacto fiscal fracturado. Reforzar la moral tributaria requiere mejorar los servicios públicos, aumentar la transparencia, invertir en educación del contribuyente e implicar a los ciudadanos en el diseño de la política fiscal. Las políticas de desarrollo productivo verdes ofrecen una manera de reconstruir la confianza al vincular visiblemente las contribuciones fiscales con los objetivos de sostenibilidad, un enfoque respaldado por casi el 80% de los habitantes de ALC.
Las instituciones financieras de desarrollo nacionales (IFD) en América Latina y el Caribe muestran una heterogeneidad significativa en su capacidad financiera. El tamaño de sus activos, patrimonio y carteras de préstamos varía ampliamente entre países e incluso dentro de ellos. Mientras que las IFD más grandes de la región alcanzan alrededor del 7.4% del PIB en México y el 6.9% en Brasil, las instituciones más pequeñas en Argentina y Brasil representan menos del 0.1%.
Esta heterogeneidad se extiende a los mandatos, instrumentos y capacidad operativa de las IFD nacionales. Algunas instituciones se centran en áreas específicas, como mipymes, agricultura, vivienda o infraestructura, en tanto que otras operan bajo mandatos más amplios (Gráfico 8). Se utiliza una amplia gama de instrumentos, adaptados a las necesidades y capacidades nacionales, entre ellos, préstamos, garantías, capital de riesgo y bonos verdes. Sin embargo, muchas IFD nacionales afrontan retos institucionales, como la débil gestión de riesgos, la limitada sostenibilidad financiera, la deficiente gobernanza y las restricciones en contratación de personal. Dichas limitaciones aminoran la eficacia de las IFD nacionales para promover una transformación productiva coordinada y a gran escala en toda la región.
Nota: El conjunto de datos cubre 73 instituciones financieras de desarrollo en 22 países de ALC (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú).
Fuente: Elaboración de los autores basándose en (Jiajun et al., 2025[16]).
Las IFD nacionales ya desempeñan una función central en la promoción de la transformación productiva en ALC, pero aún hay mucho por hacer para ampliar su impacto. Las IFD nacionales pueden impulsar la transformación productiva al armonizar su financiamiento de manera más estrecha con las prioridades estratégicas nacionales y territoriales. Esto incluye respaldar a empresas en sectores clave y en proyectos para el bien público, así como proporcionar instrumentos que impulsen la competitividad de los países en los mercados mundiales. Para maximizar su impacto, es necesario que las IFD tengan mandatos claros, una fuerte armonización con las políticas de desarrollo, una participación activa en la gobernanza, capacidades institucionales reforzadas y un entendimiento compartido de los objetivos de desarrollo productivo entre las partes interesadas (Fernández-Arias, Hausmann and Panizza, 2019[17]).
Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y las IFD bilaterales pueden brindar un apoyo clave a las instituciones financieras de desarrollo nacionales en ALC, fortaleciendo su impacto en la transformación productiva, la inclusión financiera y la inversión sostenible. Pueden reducir los costos de endeudamiento de las IFD nacionales más pequeñas mediante préstamos y subvenciones concesionales, ofrecer instrumentos de mitigación de riesgos para atraer capital privado y apoyar la creación de mecanismos conjuntos para canalizar recursos y fortalecer la capacidad institucional a largo plazo. También impulsar la coordinación y el intercambio de conocimientos entre las IFD nacionales mediante la creación de plataformas, foros de aprendizaje de pares y taxonomías armonizadas, y, al mismo tiempo, brindar asistencia técnica, desarrollo de capacidades y orientación de políticas para armonizar la inversión con los objetivos climáticos, sociales y de desarrollo productivo. Una mayor colaboración entre los BMD, las IFD bilaterales y otras instituciones multilaterales puede aumentar al máximo el impacto conjunto, reducir la duplicación y movilizar el capital privado y concesional. Esto se ejemplifica con iniciativas como el Fondo Kuali – un fondo de inversión español pionero lanzado en 2024 con financiamiento del Fondo Verde para el Clima, la Unión Europea, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y de inversores privados como GAWA Capital y COFIDES (LACIF, 2025[18]). Otro ejemplo es la alianza de 200 millones de euros entre el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que combina financiamiento no asignado, asistencia técnica e intercambios de expertos para avanzar en el objetivo de CAF de convertirse en el banco verde de la región y abordar los desafíos climáticos y de biodiversidad en ALC (OECD et al., 2024[19]). Ambas iniciativas contribuyen, en última instancia, a un ecosistema de financiamiento para el desarrollo más coordinado, resiliente y eficaz en la región.
Los mercados de capital público y privado son esenciales para financiar el desarrollo productivo. Al asignar el capital de manera eficiente, permiten la mejora, la innovación y la modernización, lo cual impulsa la inversión, la productividad y el crecimiento. Sin embargo, los mercados financieros de ALC son aún reducidos y concentrados. En 2024, la capitalización del mercado fue del 37.4% del PIB, contra el 64.4% de los países de la OCDE, con listados limitados y el dominio de unas cuantas empresas grandes. Los mercados nacionales de bonos en ALC también están subdesarrollados. La emisión nacional de bonos es controlada por el sector público, que conformó el 81% de las emisiones totales entre 2015 y 2023, en tanto los bonos corporativos representaron solo el 19%, sobre todo en Brasil y México. El capital de riesgo es el segmento privado más dinámico, pero se concentra en unos cuantos países y en sectores como la tecnología y las apps móviles, con poca inversión en manufactura, tecnología agrícola, atención a la salud o tecnologías limpias. El fortalecimiento de los ecosistemas financieros y el avance en la integración regional son fundamentales para movilizar el capital a largo plazo, profundizar los mercados y canalizar la inversión hacia sectores estratégicos.
La integración financiera regional ofrece una oportunidad para profundizar los mercados de capitales y mejorar la diversificación de portafolios mediante el desarrollo de sectores clave. Puede ampliar la base de emisores, aumentar la liquidez y mitigar riesgos, atrayendo así inversionistas y canalizando recursos hacia áreas estratégicas (Bonita et al., 2020[20]; Bown, 2017[21]). Nuam exchange, cuyo objetivo es conectar las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú en un mercado único, ejemplifica este potencial. Actualmente, estas bolsas cuentan con una capitalización bursátil combinada de 516 mil millones de dólares y 415 emisores (Gráfico 9, Panel A). Si bien aún operan como mercados independientes, han adoptado el mismo sistema de negociación de Nasdaq, estableciendo una base para una integración más profunda. La composición sectorial varía entre países. En 2025, el sector financiero representó el 24‑32% de la capitalización bursátil, apoyando un mayor acceso al financiamiento, mientras que los sectores industriales y de servicios públicos – que contribuyen a la producción de valor agregado y a la oferta de energía renovable – representaron alrededor del 16% en Chile y 17% para servicios públicos en Colombia, teniendo una participación menor en Perú (Gráfico 9, Panel B). Esta composición destaca complementariedades entre mercados y áreas donde la diversificación podría fortalecer la transformación productiva y los portafolios de inversión.
Nota: Los datos de 2025 se refieren a la información disponible hasta el 31 de agosto de 2025. Panel B: “Otros” incluye los sectores de bienes de consumo discrecional, servicios de comunicación, salud, tecnología de la información y bienes raíces. La clasificación sectorial sigue el Estándar Global de Clasificación de Industrias (GICS) de MSCI.
Fuente: Elaboración de los autores basándose en (Nuam, 2025[22]).
Los bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y azules (GSSSB) emergen como herramientas potentes para financiar el cambio de ALC hacia economías sostenibles y resilientes. Su porcentaje de emisiones de bonos internacionales creció de 9.3% en 2020 a 27.2% en 2024, con el impulso de la demanda de inversiones y los objetivos regionales de sostenibilidad (Gráfico 10, Panel A). Entre 2014 y 2024, el mercado internacional de bonos GSSSB de ALC alcanzó una emisión acumulada de 164 400 millones de USD. Más allá de los bonos soberanos, que representaron el 51.6% del total, los principales emisores fueron el sector financiero (11.5%), el energético (9.6%) y el de construcción y bienes raíces (5.6%). Excluidos los soberanos, el sector financiero ha registrado el crecimiento más estable, a medida que las instituciones armonizan cada vez más el capital con los objetivos de sostenibilidad, a fin de atraer a inversionistas especializados (Gráfico 10, Panel B). Sin embargo, en 2024, el sector energético avanzó con fuerza para convertirse en el principal emisor de bonos GSSSB de la región después de los soberanos, y los bonos corporativos desarrollaron una función decisiva en el financiamiento de la transición y descarbonización energéticas. Otros sectores – incluidos la silvicultura, los productos químicos y los alimentos y bebidas – también utilizan bonos GSSSB para financiar proyectos de economía circular, producción baja en carbono y resiliencia climática. La expansión de los mercados de bonos GSSSB para atraer capital global destinado a la transformación productiva y sostenible en ALC requerirá marcos de finanzas sostenibles más sólidos y armonizados. El fortalecimiento de los mecanismos regulatorios y de supervisión puede mejorar la transparencia, la credibilidad y la confianza de los inversionistas, facilitando el financiamiento a largo plazo para el desarrollo sostenible y la descarbonización.
Nota: GSSSB se refiere a bonos verdes, sociales, de sostenibilidad, vinculados a la sostenibilidad y azules. Panel B: La categoría “Otros” incluye la industria química (4.2%), el transporte (3.1%), la tecnología de la información y las comunicaciones (2.4%), la construcción y bienes raíces (2.0%) y productos al por menor y para el consumidor (1.3%). El sector de bonos soberanos incluye tres emisiones de bonos verdes subsoberanos por parte de las provincias argentinas de La Rioja y Jujuy. El sector de infraestructura incluye cuatro bonos verdes, (para un total de 6 mil millones de USD), emitidos en 2016 y 2017 por el Fideicomiso Aeropuerto de la Ciudad de México para financiar la construcción de un nuevo aeropuerto, pero el proyecto se canceló en 2018.
La Inversión Extranjera Directa (IED) desempeña un papel fundamental en la promoción de la transformación productiva. En 2024 ALC atrajo flujos de IED equivalentes al 2.8% del PIB, lo cual representa 12.6% de la IED mundial y destaca la pertinencia de la región como destino de capital internacional (ECLAC, 2025[26]). La IED fomenta el cambio estructural al facilitar la difusión tecnológica, impulsar la productividad sectorial y movilizar recursos para ampliar las bases industriales y desarrollar industrias estratégicas. También genera efectos indirectos positivos para las empresas nacionales mediante vínculos con la cadena de suministro, la competencia, la imitación y transferencias de conocimientos (OECD, 2019[27]; OECD et al., 2023[28]). En ALC, el aumento de 10% en el gasto de capital de los proyectos de IED “greenfield” anunciados se relaciona con un aumento de 0.05 puntos porcentuales en la participación de mercancías de media y alta tecnología en las exportaciones totales, un aumento de 0.04 puntos en el índice de diversificación de exportaciones y un aumento de 0.02 puntos porcentuales en el valor agregado de la industria manufacturera como porcentaje del PIB (Gráfico 11).
Nota: El gráfico muestra el impacto estimado en puntos porcentuales de un aumento de 10% en la inversión de capital de proyectos de inversión extranjera directa anunciados sobre la participación de exportaciones de alta y media tecnología en el índice de diversificación de exportaciones y en el porcentaje del valor manufacturero agregado relativo al producto interno bruto (PIB), junto con sus intervalos de confianza de 95%.
Fuente: Elaboración de los autores basándose en (Financial Times, 2024[29]), (WITS, 2025[6]) and (World Bank, 2023[30]).
El panorama cambiante de la cooperación y las alianzas internacionales para el desarrollo, incluidos nuevos donantes e instrumentos financieros, ofrece tanto oportunidades como desafíos a los países de la región que se proponen fortalecer sus capacidades productivas. Dado que los recursos públicos mundiales se encuentran bajo presión, es fundamental centrarse en los flujos internacionales de financiamiento y focalizarlos en tres facilitadores clave de la transformación productiva: desarrollo de competencias, adopción de tecnología y mejoramiento de la infraestructura regional. Al mismo tiempo, ampliar la integración regional y forjar cadenas de valor transfronterizas sólidas elevará el valor agregado en toda la región e impulsará su competitividad.
Aunque la ayuda oficial al desarrollo (AOD) representa un porcentaje limitado del financiamiento total en ALC, ha cobrado relevancia a lo largo de los años como un catalizador de la transformación productiva en la región. Durante los últimos diez años, un tercio de estos fondos ha apoyado la energía renovable. La AOD para el sector energético subió de 3% en 2000 a 24% en 2023, en tanto que la proporción de AOD a sectores como el agrícola, disminuyó considerablemente (Gráfico 12).
Nota: “Otros” incluye políticas y regulaciones comerciales. Este gráfico es representativo de los sectores seleccionados como parte de los sectores de producción para este informe. Los sectores corresponden a los de la base de datos OCDE CRS.
Fuente: (OECD CRS-Database, 2025[31]).
La AOD para la región sigue siendo limitada, solamente 1% del PIB. Sin embargo, la movilización de financiamiento privado para el desarrollo adquirió mayor relevancia en años recientes y emerge como una fuente esencial de financiamiento para la transformación productiva en ALC. En 2023, el 51% (9 800 millones de USD) del financiamiento privado total movilizado para el desarrollo se destinó a sectores productivos, incluidos agricultura, silvicultura, pesca, energía, construcción, industria, recursos minerales y minería, agua y saneamiento, transporte y almacenamiento y turismo.
La asistencia de los socios de la cooperación para el desarrollo refleja este cambio. En particular, los socios europeos se han convertido en un importante líder en la movilización de financiamiento privado. En 2017 se estableció el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible (EFSD+) con el fin de facilitar inversiones para el desarrollo sostenible mediante mecanismos de combinación de recursos, garantías y otros instrumentos financieros. En julio de 2023, se lanzó la Agenda de Inversiones del Global Gateway UE-CELAC (GGIA) en el marco de la III Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Su objetivo es movilizar al menos 45 000 millones de euros para 2027 en iniciativas centradas en atender las necesidades de infraestructura de la región, generar valor agregado local y promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social (OECD et al., 2024[19]). A la luz de este desarrollo, la AOD de la Unión Europea busca ahora desempeñar principalmente un papel catalizador, con el fin de potenciar el impacto transformador en los sectores y acciones priorizados por la GGIA UE-CELAC, donde los fondos concesionales se combinan con capital privado para promover inversiones sostenibles en proyectos de energía, infraestructura de transporte, conectividad digital, salud y cohesión social.
La cooperación internacional puede impulsar la transformación productiva mediante facilitadores clave. El desarrollo de competencias, la adopción de tecnología y el desarrollo de infraestructura son facilitadores clave para impulsar la transformación productiva en ALC. Si bien la ayuda internacional para competencias y habilidades representa un porcentaje relativamente pequeño de la AOD general, se ha concentrado de manera estratégica. Entre 2014 y 2023, los donantes canalizaron cerca de 1 900 millones de USD a ALC como apoyo de las iniciativas de competencias y entrenamiento en diversos sectores como tecnologías de la información y la comunicación (TIC), energía, agricultura, agua y saneamiento y servicios medioambientales. La Unión Europea (incluyendo sus países miembros e instituciones de la UE) es el mayor donante en términos absolutos, seguido por Reino Unido, Canadá, Suiza y el Banco Mundial (OECD CRS-Database, 2025[31]). Esto refleja el compromiso sostenido de Europa al desarrollo de capital humano en la región, sobre todo mediante capacitación vocacional, formación en TIC y campos técnicos y formación docente. Sin embargo, la asignación de AOD a la educación y la capacitación técnica como porcentaje de la AOD a la región representa menos del 0.05% del total de flujos de AOD para la mayoría de los donantes. La única excepción es Australia: la ayuda directa a la educación y la capacitación técnica representa casi 50% de sus flujos de ayuda a ALC (OECD CRS-Database, 2025[31]).
El segundo facilitador clave de la transformación productiva es el de la tecnología e innovación. Focalizar la cooperación internacional en la transferencia e innovación de tecnología es fundamental para alentar soluciones mutuamente beneficiosas y desarrollar círculos virtuosos de aprendizaje y desarrollo de capacidades. Para que los países de ALC transiten hacia estructuras productivas más intensivas en conocimiento y competitivas, se requiere una fuerte concentración en la adopción de tecnología y en el desarrollo de redes sólidas de I+D. En este contexto, la Alianza Digital UE-ALC, iniciada en 2023 con un presupuesto de 172 millones de euros, representa una iniciativa central para acelerar la transformación digital centrada en las personas en toda la región (European Commission, 2025[32]).
El sustento de la infraestructura es un tercer facilitador crítico de la transformación productiva en ALC. Resulta esencial mejorar la coordinación internacional para optimizar la infraestructura regional, reducir los costos de transacción y facilitar la movilización de productos, servicios y conocimientos mediante un transporte confiable, energía y conexiones digitales. Cambiar de estrategias nacionales aisladas a un mercado de electricidad regional unificado permitiría a ALC aprovechar por completo sus ventajas comparativas, bajar los costos de transición y acelerar el cambio hacia un futuro energético bajo en carbono e interconectado. Iniciativas ya en marcha para desarrollar la integración eléctrica regional incluyen la FIEPAC (Interconexión Eléctrica de América Central), SINEA (Sistema de Interconexión Eléctrica Andina), SIESUR (Sistema Integrado de Energía de los Países del Cono Sur) y el Arco Norte (OLADE, 2024[33]).
Una nueva generación de políticas de desarrollo productivo en ALC requiere un énfasis estratégico en la cooperación regional, así como varios pilares interconectados que apoyen la integración y la transformación. Esto implicará el desarrollo de alianzas que respalden la armonización regulatoria, las cadenas de suministro regionales integradas, el desarrollo de competencias y la colaboración de I+D, la adopción de tecnologías y la protección transfronteriza de la biodiversidad y la gestión de recursos medioambientales, así como promover acuerdos comerciales internacionales basados en la regulación (Gráfico 13).
Fuente: Elaboración de los autores basándose en (ECLAC, 2024[10]), (Ohnsorge, Raiser and Leiyu Xie, 2024[34]) and (Lebdioui, 2022[35]).
Referencias
[20] Bonita, D. et al. (2020), Cross-Border Integration of Capital Markets-Lessons from Northern Europe and Emerging Asia for the LAC Region, Columbia School of International and Public Affairs, https://www.sipa.columbia.edu/sites/default/files/migrated/downloads/SIPA-IDB%2520Capstone_Cross-Border%2520Integration%2520of%2520Capital%2520Markets%2520in%2520Latin%2520America%2520%2528Final%2529.pdf.
[21] Bown, C. (2017), Better Neighbors: Toward a Renewal of Economic Integration in Latin America, World Bank, Washington, DC, https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a675c19d-1a46-5e58-9919-788f16c4d7f3.
[9] Calvino, F. et al. (2018), “A taxonomy of digital intensive sectors”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2018/14, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f404736a-en.
[12] CIAT (2025), Panorama de los gastos tributarios en América Latina, https://www.ciat.org/Biblioteca/DocumentosdeTrabajo/2025/DT_04_Pelaez.pdf.
[23] ECLAC (2025), Capital flows to Latin America and the Caribbean: 2024 year-in-review and early 2025 developments, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Washington, DC, https://www.cepal.org/en/publications/81550-capital-flows-latin-america-and-caribbean-2024-year-review-and-early.
[26] ECLAC (2025), Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean, 2025, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://www.cepal.org/en/publications/type/foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean.
[10] ECLAC (2024), Panorama of Productive Development Policies in Latin America and the Caribbean: How Can the Region Advance the Great Productive Transformation It Needs?, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e01e15e6-0899-4e75-bd0e-29feb244ebee/content.
[3] ECLAC (2024), Social Panorama of Latin America and the Caribbean, 2024, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/80859-social-panorama-latin-america-and-caribbean-2024-challenges-non-contributory.
[32] European Commission (2025), EU-Latin America and Caribbean Digital Alliance, https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/eu-latin-america-and-caribbean-digital-alliance_en (accessed on 23 April 2025).
[17] Fernández-Arias, E., R. Hausmann and U. Panizza (2019), Smart Development Banks, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/en/smart-development-banks.
[29] Financial Times (2024), fDi Markets, https://www.fdimarkets.com/.
[8] Galindo-Rueda, F. and F. Verger (2016), “OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2016/04, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en.
[13] Gascon et al. (forthcoming), Investment Tax Incentives in Latin America and the Caribbean: An analysis using effective tax rates.
[11] Hanappi, T. et al. (2023), Corporate Effective Tax Rates in Latin America and the Caribbean, https://doi.org/10.18235/0005168.
[5] Harvard Growth Lab (2023), The Atlas of Economic Complexity, https://atlas.hks.harvard.edu/.
[15] IFAC/ACCA (2024), Public Trust in Tax 2024 – Latin America and Beyond, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/52ce48d5-en.
[2] ILO (2025), ILOSTAT Database, https://ilostat.ilo.org/data/data-explorer/ (accessed on April 2025).
[1] IMF (2025), World Economic Outlook Database, https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending.
[16] Jiajun, X. et al. (2025), “What are public development banks and development financing institutions? Qualification criteria, stylized facts and development trends”, China Economic Quarterly International, Vol. 1/4, pp. 271-294, https://doi.org/10.18170/DVN/VLG6SN.
[18] LACIF (2025), COFIDES unveils the Kuali Fund, a pioneer in climate mitigation and adaptation, https://www.eulaif.eu/en/news/cofides-unveils-kuali-fund-pioneer-climate-mitigation-and-adaptation.
[35] Lebdioui, A. (2022), Latin America trade in the age of climate change: Impact, Opportunities and Policy Options, LSE Latin America and the Caribbean Centre, Canning House, https://www.canninghouse.org/storage/uploads/resources/lse-research-forum/05-2022-report/CH-LSE_Latin_American_Trade_in_the_Age_of_Climate_Change_boqsw.pdf.
[22] Nuam (2025), Market capitalization database.
[7] OECD (2024), Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH) database.
[27] OECD (2019), FDI Qualities Indicators: Measuring the sustainable development impacts of investment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0894dfba-en.
[14] OECD (forthcoming), Tax Incentive Policymaking: A Practical Guide, OECD Publishing, Paris.
[31] OECD CRS-Database (2025), CRS: Creditor Reporting System (flows), https://data-explorer.oecd.org/.
[25] OECD et al. (2024), Latin American Economic Outlook 2024: Financing Sustainable Development, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c437947f-en.
[19] OECD et al. (2024), Latin American Economic Outlook 2024: Financing Sustainable Development, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c437947f-en.
[28] OECD et al. (2023), Latin American Economic Outlook 2023: Investing in Sustainable Development, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8c93ff6e-en.
[34] Ohnsorge, F., M. Raiser and Z. Leiyu Xie (2024), “The renaissance of industrial policy: Known knowns, known unknowns, and unknown unknowns”, World Bank Blogs, https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/the-renaissance-of-industrial-policy--known-knowns--known-unknow.
[33] OLADE (2024), “Situation of Electricity Integration in South America”, Technical Note, No. 2, https://www.olade.org/wp-content/uploads/2024/11/Technical-Note-Electricity-Integration-in-South-America-v11-11-2024.pdf.
[4] UNCTAD (2023), State of commodity dependence, United Nations Conference on Trade and Development, https://unctad.org/system/files/official-document/ditccom2023d3_en.pdf.
[24] Velloso, H. and D. Perroti (2023), Sustainable bond issuances in international markets, 2014-2022: Characteristics, trends and greenium in Latin America and the Caribbean, Studies and Perspectives Series, No. 25, ECLAC Office in Washington, DC, https://www.cepal.org/en/publications/68789-sustainable-bond-issuances-international-markets-2014-2022-characteristics-trends.
[6] WITS (2025), World Integrated Trade Solution Database, World Bank, https://wits.worldbank.org/.
[30] World Bank (2023), World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.