América Latina y el Caribe enfrentan una oportunidad decisiva para cambiar hacia estructuras productivas intensivas en conocimiento que apuntalan el crecimiento inclusivo y sostenible. Teniendo en cuenta que los recursos públicos se encuentran bajo presión, es fundamental focalizar la cooperación en los tres pilares de la transformación productiva: el desarrollo de competencias, la infraestructura y la adopción de tecnología. Al mismo tiempo, profundizar la integración regional y forjar cadenas de valor transfronterizas sólidas elevará el valor agregado en toda la región e impulsará su competitividad. Para lograr esta transformación es preciso formar alianzas internacionales estratégicas que movilicen el financiamiento público y privado, fomente el desarrollo de capacidades y reoriente la inversión hacia sectores estratégicos, como energías renovables, infraestructura digital, tecnologías de salud y agricultura sostenible.
Perspectivas económicas de América Latina 2025
Resumen
La región de América Latina y el Caribe (ALC) tiene ante sí la necesidad urgente de emprender la transformación productiva para superar limitaciones estructurales y cubrir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El modelo económico actual, que depende en gran medida de exportaciones de bajo valor agregado, no permitirá el crecimiento económico sostenible ni una transición verde. Es esencial dar un giro y dirigirse a industrias más diversificadas, sostenibles en términos medioambientales e intensivas en conocimiento. La cooperación internacional debe apoyar de manera estratégica los sectores con el potencial para dar este cambio estructural.
El actual es un momento fundamental para que ALC avance a un nuevo modelo de desarrollo que coloque a la transformación productiva como la pieza central del crecimiento inclusivo y sostenible. Tras décadas caracterizadas por choques externos recurrentes, una diversificación limitada y altos niveles de desigualdad, la región tiene que reposicionarse en una economía mundial marcada por la Cuarta Revolución Industrial, desarrollando sistemas de producción más resilientes, innovadores, inclusivos y sostenibles. Para lograr esta transformación se requiere realizar reformas que trascienden el ámbito interno. Exige alianzas internacionales estratégicas que movilicen recursos, promuevan la colaboración, el desarrollo de capacidades y el aprendizaje de pares, y fomenten la innovación y la transferencia de tecnología para apoyar el cambio estructural.
La transición a una estructura productiva más sostenible, inclusiva e intensiva en conocimiento en ALC, requiere reorientar con firmeza los flujos de inversión reforzar la cooperación internacional. En un contexto marcado por múltiples crisis, crecientes tensiones geopolíticas y la urgente necesidad de acción climática, la movilización de las finanzas internacionales – tanto mediante la inversión extranjera directa (IED) como a través de la cooperación para el desarrollo – es cada vez más importante para acelerar la transformación de los sectores productivos en toda la región. Sectores estratégicos, como los de energía renovable, infraestructura digital, tecnologías de la salud y agricultura sostenible, ofrecen nuevas oportunidades para la competitividad y la innovación, y al mismo tiempo sirven como pilares clave de una transición justa y resiliencia a largo plazo.
Sin embargo, alinear las finanzas internacionales con las necesidades de desarrollo y las prioridades en materia de la transformación productiva de las economías de ALC sigue siendo un reto. Desde una perspectiva histórica, los flujos de IED a la región se han concentrado en sectores de baja complejidad, como las industrias extractivas, lo cual limita su contribución al cambio estructural. Pero esto está cambiando drásticamente, a medida que un creciente porcentaje de las inversiones de IED se centra en el sector digital e interviene de manera muy importante en la transición digital en la región. La cooperación para el desarrollo, tanto bilateral como multilateral, también empezó a cambiar para respaldar los objetivos de esta transformación – en especial en áreas como el clima, la digitalización y la integración regional –, pero aún persisten las brechas financieras. El panorama cambiante de la cooperación internacional para el desarrollo, incluidos nuevos donantes e instrumentos, genera oportunidades, y también complejidades, para los países de la región que buscan reforzar sus capacidades productivas.
La nueva oleada de políticas de desarrollo productivo en ALC debería tomar en cuenta las alianzas regionales. Dichas políticas deben formularse con una visión clara y compartida por parte de gobiernos, instituciones financieras internacionales y el sector privado, trabajando en conjunto para diseñar estrategias sector por sector, establecer centros de tecnología y capacitar a la fuerza laboral local. En esta nueva etapa, la cooperación internacional deberá movilizarse de brindar un amplio apoyo a forjar alianzas más enfocadas que impulsen el crecimiento sostenible y basado en conocimientos de la región.
Las alianzas y la cooperación internacionales siguen siendo un instrumento clave para impulsar la transformación productiva en ALC, aunque los recursos públicos están sujetos a presiones cada vez mayores. La ayuda oficial al desarrollo (AOD) de los principales donantes bajó 9% en 2024 y se prevé que disminuya de entre 9% y 17% más en 2025, siendo estos los primeros recortes consecutivos registrados (OECD, 2025[1]). Esta baja en el financiamiento concesional agudiza la urgencia de movilizar mecanismos alternativos de financiamiento, de aprovechar instrumentos mixtos y profundizar las alianzas público-privadas para sostener la inversión en los sectores productivos de la región. Al combinar estos enfoques innovadores con el apoyo focalizado de los aliados, ALC puede sortear el estrechamiento presupuestario y a la vez acelerar el cambio estructural.
Las tendencias actuales de la cooperación para el desarrollo promoverán la transformación económica
Los recursos financieros son fundamentales para transformar la estructura productiva de ALC. No obstante, la región encara una brecha persistente entre los ahorros y la inversión, al quedar los ahorros internos por debajo de los recursos necesarios. Se estima que se necesita un total estimado de 2.2 billones de USD para cerrar la brecha de inversión en infraestructura y 99 mil millones de USD para cerrar la brecha de gastos de modo que puedan alcanzarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (OECD et al., 2024[2]; CAF, 2024[3]). Dichas brechas de financiamiento son retos estructurales importantes que restringen el desarrollo y el crecimiento económico, así como la transición verde.
La IED, que desempeña un papel clave en el desarrollo de sectores críticos para la transformación productiva, es una fuente vital de capital para cerrar la brecha de inversión. La IED, que desempeña una función clave en el desarrollo de sectores esenciales que son el foco de interés de la transformación productiva, es una fuente vital de capital para cerrar la brecha de inversión. Entre 2014 y 2024, la región de ALC recibió más de un billón de USD en IED. Históricamente, muchos de estos flujos se han destinado a sectores extractivos, como la minería y la extracción de canteras (22% entre 2003 y 2013), pero la IED de campo verde hacia este sector bajó drásticamente en la última década, representando solo el 13% del total de inversiones de campo nudo. Mientras tanto, las inversiones han aumentado hacia áreas prioritarias como sectores intensivos en tecnología y conocimiento, y energías renovables. Durante las dos últimas décadas, el porcentaje de la IED destinado a sectores intensivos en tecnología y conocimientos se incrementó de 33% a 36%, impulsado en gran medida por la manufactura de media a alta tecnología en productos químicos y vehículos de motor, y aumentó en energías renovables 10 puntos porcentuales, al 16% del total de las inversiones (OECD, 2025[4]). Sin embargo, estos promedios regionales ocultan aspectos heterogéneos relevantes en toda ALC; en algunos países los cambios en los flujos de IED hacia sectores esenciales para la transformación productiva son más drásticos que en otros (Capítulo 3).
La IED es un medio para diversificar la producción y las exportaciones nacionales, tener acceso a tecnologías avanzadas, impulsar la competencia y reforzar las capacidades nacionales (ECLAC, 2024[5]). Un buen ejemplo es Costa Rica, donde la IED focalizada facilitó la modernización de la producción para cambiar de productos ligeros, como los alimentos y bebidas, a productos de alta tecnología, como equipo médico y fármacos (Recuadro 4.1).
Costa Rica es un centro mundial de manufactura de equipo médico. Sede de más de 90 empresas multinacionales de tecnología médica (MedTech), es el segundo mayor exportador de equipo médico de América Latina y el octavo mayor del mundo. El organismo promotor de la inversión de Costa Rica, PROCOMER, ha sido la pieza estratégica para atraer IED en sectores como la MedTech. Los principales factores para que las empresas inviertan en este sector en Costa Rica incluyen la disponibilidad de talentos altamente cualificados, su gran capacidad de innovación, estabilidad política y económica, marcos regulatorios bien definidos, altos estándares de protección de propiedad intelectual y su ubicación geoestratégica, con fácil acceso a América del Norte y América del Sur.
Uno de los factores de atracción más fuertes son los trabajadores con capacidades especializadas para la manufactura de equipo médico. Esta reserva de talento se forjó gracias a empresas extranjeras, que proporcionaron capacitación inicial, y a programas gubernamentales estratégicos dirigidos a desarrollar capacidades técnicas en el sector. La presencia de líderes multinacionales en MedTech generó gran transferencia de conocimientos durante las dos últimas décadas. En las fructíferas alianzas público-privadas entre empresas MedTech y el ámbito académico, las empresas MedTech ayudaron a conformar los planes de estudio para futuros ingenieros y técnicos en la industria y donaron equipo tecnológico a universidades para asegurar que se capacite a los estudiantes para dominar las tecnologías más avanzadas. Costa Rica es el primer y único país de ALC que cuenta con una ley específica sobre capacitación técnica dual que fortalece el desarrollo de competencias vinculadas a la capacitación técnica en el sector productivo y promueve la integración del mercado laboral especializado.
En este sector intensivo en conocimientos y tecnología, la I+D ha sido un catalizador del crecimiento económico y la generación de empleos en Costa Rica. Se han generado más de 55 000 nuevos empleos, la mayoría de ellos intensivos en competencias. Diez de las 90 empresas multinacionales MedTech hacen trabajo de investigación y Desarrollo (I+D) en Costa Rica, con lo que conforman un entorno pujante de I+D en el país. La estrategia de IED focalizada de Costa Rica, que arrojó cerca de 2 700 millones de USD en inversiones en la industria manufacturera de equipo médico entre 2005 y 2024, ha sido esencial para la modernización de la producción.
Fuente: (OECD, 2025[4]).
Atraer mayores flujos de IED podría impulsar un crecimiento resiliente y diversificado y apoyar al desarrollo de cadenas regionales de valor en toda la región. Durante las dos últimas décadas, las mayores fuentes de IED han provenido de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos (EE. UU.) (Gráfico 4.1).
Fuente: (fDi Markets Database, 2025[6]).
Acuerdos internacionales de inversión (AII) – bilaterales, regionales y multilaterales relacionados con inversión extranjera – pueden ayudar no solo a atraer más IED, sino también a armonizar dicha inversión con los objetivos de desarrollo más amplios. A mayo de 2025, había más de 490 tratados bilaterales de inversión y acuerdos con cláusulas de inversión vigentes en ALC (UNCTAD, 2025[7]).
Los AII, que tradicionalmente se han centrado en brindar protección e incentivos a los inversores extranjeros, incorporan cada vez más disposiciones relacionadas con la sostenibilidad. Por ejemplo, el Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea, firmado en diciembre de 2023, destaca que la inversión en materias primas imprescindibles es fundamental para la transición verde, con lo que apoya la transformación productiva y agrega valor a la economía de Chile. El acuerdo fortalece también la cooperación en el tema de sostenibilidad, en consonancia con los principios de conducta empresarial responsable (European Union, 2025[8]). De igual manera, el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea promoverá la protección del clima y los derechos laborales y, a la vez, facilitará el suministro de materiales clave para la transición digital y verde. Las negociaciones sobre el acuerdo se concluyeron en 2025 y, una vez ratificadas, facilitarán el comercio de productos agrícolas al reducir aranceles aduaneros y proteger productos patrimoniales (European Commission, 2025[9]). Un análisis de texto de 2 083 acuerdos bilaterales de inversión y 374 acuerdos con cláusulas de inversión en todo el mundo revela que el número de referencias de sostenibilidad en AII aumentó drásticamente en la última década, lo que redundó en el surgimiento de una “nueva generación” de AII (Dotzauer, Biber-Freudenberger and Dietz, 2024[10]).
Las cláusulas sobre inversión sostenible en AII ayudan a aprovechar la IED para promover los objetivos nacionales de desarrollo. Por su parte, las cláusulas sobre sostenibilidad incluyen referencias a la función que la IED desempeña en las disposiciones sobre desarrollo sostenible y “derecho a regular”, que dan a los países receptores el derecho de adoptar medidas que protejan el medioambiente y los derechos humanos y laborales. Algunas disposiciones pueden también relacionarse con herramientas que respalden el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en algunos tratados, los inversores deben estar contribuyendo activamente al desarrollo sostenible en el país receptor para que el gobierno receptor proteja las inversiones.
Estos AII de nueva generación también incorporan cada vez más la conducta empresarial responsable al referenciar estándares corporativos de responsabilidad social o estableciendo explícitamente la conducta que las empresas deben seguir en la etapa de implementación de sus actividades de inversión. Por ejemplo, los Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Inversiones de Brasil abordan lo que se espera de la conducta de los inversores: cumplimiento de los derechos humanos, combate a la corrupción, buena gobernanza, y protección laboral y medioambiental. Los acuerdos de libre comercio y las alianzas económicas que involucran a la Unión Europea contienen cláusulas específicas conforme a las cuales los signatarios convienen en no disminuir los niveles de protección en las leyes medioambientales y laborales con el propósito de atraer el comercio y la inversión (OECD, 2024[11]).
La AOD puede ayudar a cerrar la brecha de inversiones, pero su volumen en la región es aún limitado y representa solo el 1% del producto nacional bruto (PNB) en toda ALC. La región recibe menos AOD que otras regiones en desarrollo, debido principalmente a que muchos de sus países se les clasifica como de ingresos medios, lo cual limita su elegibilidad para financiamiento concesional. En comparación, la AOD representa el 2.6% del PNB en Europa del Este e incluso el 5.7% del PNB en África (OECD et al., 2024[2]). Los principales donantes de AOD a ALC incluyen a países e instituciones de la UE (30.5%), instituciones multilaterales (29.0%), Estados Unidos (22.6%), Corea del Sur (7.5%) y Canadá (3.0%) (OECD, 2025[12]).
El cambio en la cooperación para el desarrollo de modelos tradicionales de ayuda a modelos de movilización del sector privado refleja la magnitud del financiamiento requerido para lograr los ODS y el reconocimiento cada vez mayor de que los recursos públicos por sí solos son insuficientes. Al mismo tiempo, los donantes están cada vez más sujetos a presiones fiscales internas y a un intensificado escrutinio de la ayuda al desarrollo por parte de los ámbitos político y público. Por estas razones, los donantes utilizan cada vez más la AOD como palanca para reducir el riesgo de las inversiones, sostener los mecanismos de financiamiento mixto y atraer capital privado a sectores como los de infraestructura y energías limpias (OECD et al., 2024[2]; European Commission, 2023[13]). El financiamiento mixto es el uso de capital público para aumentar la inversión del sector privado en el desarrollo sostenible. Funciona si se reduce el riesgo de las inversiones que de otra forma se considerarían demasiado riesgosas o inviables en términos financieros para inversores privados, en especial en los mercados emergentes. Estas intervenciones públicas se proponen mitigar los riesgos y aumentar o mejorar los rendimientos, con lo que alientan a inversores privados a financiar proyectos armonizados con los ODS para cerrar la brecha de financiamiento (OECD, 2023[14]).
En años recientes, la movilización de financiamiento privado para el desarrollo ha sido mayor que la AOD en ALC y surge como una fuente importante de financiamiento para la transformación productiva (Gráfico 4.2). Los sectores productivos implicados incluyen los de agricultura, silvicultura, pesca, energía, construcción, industria, recursos minerales y minería, agua y saneamiento, transporte y almacenamiento, y turismo. En estos sectores, el financiamiento privado movilizado para el desarrollo ascendió a más de 9 800 millones de USD en 2023, representando el 51% del financiamiento total privado movilizado para el desarrollo. Esta cifra es más del doble de los 4100 millones de USD de AOD (29% de la AOD total) o de los 4 400 millones de USD recibidos en otros flujos oficiales (OOF) (17% del total de OOF).
Nota: AOD = ayuda oficial al desarrollo. OOF = otros flujos oficiales. Sectores productivos abarca: agricultura; construcción; energía; pesca; silvicultura; industria; turismo; recursos minerales y minería; suministro de agua y saneamiento; transporte, y almacenamiento, entre otros.
Fuente: (OECD, 2025[12]).
La ayuda de socios en cooperación para el desarrollo refleja este cambio. Sobre todo, los socios europeos se han convertido en un líder importante de movilización de financiamiento privado. En 2017 se estableció el Fondo Europeo para Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+), con el objeto de facilitar las inversiones para el desarrollo sostenible utilizando mecanismos mixtos, garantías y otros instrumentos financieros. En julio de 2023, se estableció la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-ALC (GGIA) en el contexto de la IIII Cumbre UE-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Su propósito es movilizar al menos 45 000 millones de euros para 2027, destinados a iniciativas centradas en cubrir las necesidades de infraestructura de la región, crear valor agregado local y promover el crecimiento, empleo y cohesión social (OECD et al., 2024[2]). En vista de esta evolución, la AOD de la UE ahora se dirige principalmente a servir como un instrumento catalizador para impulsar el impacto transformador en los sectores y acciones priorizados por la GGIA UE-ALC, en la que los fondos condicionados se combinan con capital privado para fomentar inversiones sostenibles en energía, infraestructura de transporte, conectividad digital, salud y proyectos de cohesión social. La GGIA se basa en un enfoque de 360 grados que coloca a los beneficiarios como el elemento central del diseño y el fomento de la colaboración público-privada-sociedad civil (European Commission, 2025[15]). Trasciende el simple apoyo financiero al conformar un entorno propicio que sigue seis pilares fundamentales (Gráfico 4.3).
Fuente: (European Commission, 2025[16]).
La GGIA UE-ALC se centra en proyectos de inversión transformadores en toda ALC que gira en torno a cuatro pilares principales: una transición verde justa, una transformación digital inclusiva, desarrollo humano y resiliencia sanitaria y vacunación (European Commission, 2023[13]). Los mercados de hidrógeno verde y la manufactura local de vacunas y productos farmacéuticos son dos iniciativas importantes (Recuadro 4.2).
Más allá de los donantes tradicionales bilaterales y multilaterales, los bancos regionales de desarrollo son cada vez más relevantes para movilizar recursos para la transformación productiva. Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, actualmente expanden su uso de instrumentos de movilización, incluidos garantías, créditos sindicados y cofinanciamiento condicionado para atraer inversión privada en sectores esenciales para la transformación productiva de ALC, como energía renovable, infraestructura digital y transporte sostenible (CAF, 2025[17]; IDB, 2025[18]). Dichas iniciativas reflejan una tendencia mundial más amplia en materia de cooperación para el desarrollo, en la que la AOD concesional se usa de manera estratégica para disminuir el riesgo de los proyectos y catalizar capital privado adicional, aunque los niveles actuales de la participación del sector privado se mantienen por debajo de los requerimientos estimados (OECD, 2025[19]). En este contexto, la CAF reforzó su papel como catalizador financiero regional, en consonancia con compromisos conjuntos en el marco del Grupo de Trabajo sobre Movilización de los MDB (Banco Multilateral de Desarrollo), movilizando 780 millones de USD para ALC en 2023 (MDB Task Force on Mobilization, 2023[20]). A partir de este marco, los bancos regionales de desarrollo complementan la función de los donantes tradicionales al proporcionar plataformas estructuradas y utilizan instrumentos financieros que facilitan la participación del sector privado en sectores esenciales para la transformación productiva, contribuyendo así al desarrollo de sistemas de producción más resilientes y respaldando condiciones que podrían activar mejoras estructurales sectoriales a largo plazo.
Mercados de hidrógeno renovable
Los países de ALC aceptan cada vez más soluciones de energía renovable para impulsar la transición verde de la región. Bajo el pilar de la transición verde de la GGIA, el apoyo al hidrógeno verde (GH2) se orienta a acelerar la descarbonización, generar empleo verde y desbloquear nuevas oportunidades de negocios. El FEDS+, una de las principales herramientas para movilizar inversiones conforme con la Global Gateway, brinda financiamiento para combinar y garantías para la transición a energía renovable. La mayoría de los 17 acuerdos de garantía que cubren a la región de ALC se han firmado ya o están cerca de hacerlo. El hidrógeno renovable puede promoverse por medio del Acuerdo de Garantía de la Transición a Energías Renovables (RET) de las Instituciones Financieras Europeas para el Desarrollo (EDFI), firmado en mayo de 2025 y abierto para inversiones hasta noviembre de 2027 (European Commission, 2025[21]). El proyecto tiene como propósito atender la brecha relacionada con el acceso en ALC, así como en África subsahariana, Asia y el Pacífico. A nivel mundial, ofrece una garantía total de hasta 332 millones de EUR en aquellas regiones para la deuda sostenible directa e indirecta e inversiones de capital en subsectores de energías renovables, como la eólica, la solar, la hidráulica, la biomasa y la geotérmica, y a la cadena de valor del hidrógeno verde. Apoya a las empresas privadas a lo largo de las etapas de desarrollo e implementación de las inversiones.
Se cuenta ya con varios ejemplos de las alianzas UE-ALC centrados en hidrógeno renovable en el marco de la GGIA. Por ejemplo, en Chile se estableció la Plataforma de Financiamiento de Hidrógeno Renovable Global Gateway, con el fin de promover los mercados de hidrógeno renovable y alentar a las cadenas de suministro locales a crear energía renovable, tanto para uso local como para exportación. La meta es producir el 150% del mercado actual mundial de hidrógeno y el 15% de la demanda futura en 2050. Además de conformar un entorno propio para la producción de GH2 y proporcionar asistencia técnica, esta iniciativa se propone facilitar la inversión del sector privado mediante mecanismos mixtos y/o de reducción de riesgo para las inversiones (European Commission, 2023[13]).
Proyectos similares que sustentan el hidrógeno renovable están en proceso en Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. En el Caribe, la Unión Europea y Barbados han dado un paso importante con el arranque del proyecto Renewstable® de Barbados, que utiliza la energía solar y el hidrógeno verde para abordar los puntos débiles en la infraestructura de la isla y se están explorando colaboraciones ulteriores para avanzar a un futuro de energía sostenible (European Commission, 2025[22]).
Producción de vacunas y productos farmacéuticos
La GGIA apoya también la producción de vacunas y productos farmacéuticos en ALC por medio de la Iniciativa para la Resiliencia Sanitaria Regional GGIA UE-ALC, con base en la Alianza GGIA UE-ALC para la Resiliencia Sanitaria y Acceso Equitativo a Productos Farmacéuticos, presentada en conjunto en 2022. La GGIA apoya los marcos regulatorios, las transferencias de tecnología, y la investigación e innovación. Un pilar clave de la iniciativa es alentar la participación del sector privado y facilitar el acceso a financiamiento. El grupo de trabajo farmacéutico regional se reunió en marzo de 2025 para analizar la participación del sector privado y se estudian los siguientes pasos con los representantes de ALC. Por medio de la FEDS+, instrumentos como garantías y mecanismos mixtos se ofrecen para reducir el riesgo y fomentar la inversión en la producción de fármacos, principalmente a lo largo de ALC. En general, se espera que las acciones se centren en – pero no se limitan a –, países clave como Barbados, Colombia, Cuba, Guyana y México para la producción local y reformas regulatorias, así como en Argentina, Brasil y Chile para la integración y la formación de capacidades.
Fuente: (European Commission, 2023[13]).
Por su parte, en 2018, Estados Unidos estableció la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, con lo que aumentó la importancia del financiamiento privado en la cooperación estadounidense para el desarrollo. Sin embargo, la política de desarrollo de Estados Unidos está sufriendo una reestructuración importante después de la decisión del gobierno de congelar la ayuda extranjera a principios de 2025. Los responsables de formular políticas públicas posiblemente reevaluarán la asignación geográfica y sectorial de AOD, reduciendo el apoyo a regiones de baja prioridad y a la vez salvaguardando programas fundamentales humanitarios y de seguridad (Better World Campaign, 2025[23]). La congelación de estos fondos ha ejercido presión sobre los equipos nacionales para rediseñar iniciativas para aumentar la costo‑eficacia y profundizar las alianzas con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que puede movilizar capital privado en vez de subsidios directos (International Rescue Committee, 2025[24]). Se espera que un enfoque más agudo en el apalancamiento financiero mixto y en mecanismos de garantía ayude a sostener la inversión en sectores productivos, a pesar de los presupuestos federales más apretados.
Estados Unidos y la Unión Europea focalizan su ayuda al desarrollo en ALC hacia las energías renovables, la industria, agricultura, transporte y almacenamiento, y agua y saneamiento. Durante la última década, más del 46% de la AOD estadounidense a los sectores productivos se ha dirigido a la agricultura, el 21% al sector energético y el 16% al agua y saneamiento. Una gran parte de AOD de países e instituciones de la UE se destina a energía (29%), seguido por transporte y almacenamiento (20%), suministro de agua y saneamiento (20%) y agricultura (19%) (OECD, 2025[25]). La distribución sectorial es diferente en el caso de OOF que no cumplen con los criterios de AOD, como préstamos para fines comerciales, transacciones para fines de desarrollo que tienen un elemento de subsidio de menos del 25% y transacciones bilaterales que afectan principalmente a las exportaciones (OECD, 2025[25]). La mayoría de OOF de Estados Unidos se dirige al sector energético (73%), seguido por el 14% al transporte y almacenamiento, en tanto que el 39% de OOF de países e instituciones de la UE se destina a la energía y el 36% a la industria (OECD, 2025[25]). Observando la ayuda al desarrollo de todos los donantes oficiales en los sectores productivos, el financiamiento para el desarrollo principalmente financia a la industria (41%), transporte y almacenamiento (26%) y energía (22%) (Gráfico 4.4). La OOF y ODA financian sobre todo el transporte y almacenamiento (24% de OOF y 33% de AOD), el sector energético (30% de OOF y 24% de AOD), así como el agua y saneamiento (20% de OOF y 17% de AOD).
Nota: Otros incluye las políticas y regulaciones comerciales.
Fuente: (OECD, 2025[12]).
Se pone cada vez más énfasis en los fondos asignados para contribuir a la transformación productiva sostenible, dirigiendo una gran cantidad a energías renovables. Esto es decisivo ya que hacer la transición a una economía baja en carbono requiere movilizar considerables recursos financieros. ALC requiere inversiones anuales estimadas de 75 000 a 92 000 millones de USD para la mitigación del cambio climático y de 14 000 a 17 000 millones de USD para la adaptación al cambio climático (IMF, 2024[26]).
La AOD sigue siendo un catalizador para financiar la transformación productiva sostenible en ALC. Entre 2014 y 2023, se canalizaron casi 24 000 millones de USD de AOD al sector energético de ALC, y un tercio de estos fondos sostienen la energía renovable (OECD, 2025[12]). El sector energético representa ahora el 24% de la AOD dirigida a los sectores productivos, por arriba de solo el 3% registrado en la década de 2000 y el porcentaje de AOD al sector agrícola ha bajado mucho (Gráfico 4.5). Sustentar la inversión en energías renovables y en agricultura innovadora será esencial para reducir las emisiones. En 2019, ALC representó el 13% del total de gases de efecto invernadero (GEI) en la generación de electricidad y el 25.3% del total de estas emisiones en las actividades agrícolas (OECD et al., 2022[27]).
Nota: Otros: políticas y regulaciones comerciales. El gráfico es representativo de los sectores seleccionados como parte de los sectores productivos para este informe. Los sectores corresponden a los sectores de la base de datos CRS de la OCDE.
Fuente: (OECD, 2025[12]).
ALC es una de las regiones más vulnerables del mundo con respecto al cambio climático y la innovación en energía y agricultura verdes será fundamental para mitigar los impactos del clima y proteger las economías de la región. En ALC se encuentran 13 de los 50 países del mundo identificados como los más afectados por el cambio climático. La vulnerabilidad de la región se aprecia en la proporción de los eventos climáticos extremos que ALC sufrió entre 1970 y 2022, pues el 17% de los eventos climáticos globales sucedieron en la región, con consecuencias sociales y económicas graves. Si las temperaturas mundiales aumentan 2.5 °C, esto podría causar una pérdida estimada del 1.5% al 5% del producto interno bruto (PIB) regional para 2050 (OECD et al., 2022[27]). Por tal razón, la inversión en la transformación productiva sostenible es crucial para el crecimiento económico de ALC.
Entre 2014 y 2023, la AOD destinada al sector energético se centró en gran medida a sustentar la generación de energías renovables (Gráfico 4.6). Durante ese periodo, el 52% de la AOD relacionada con la energía total (7 900 millones de USD) se asignó a fuentes renovables, incluidas las energías hidráulica, solar, eólica, marina, geotérmica y biocombustible; el 21% (3 200 millones de USD) se destinó a la infraestructura de distribución de energía y casi 17% (2 500 millones de USD) sustentaron el desarrollo de políticas energéticas y la administrativa. Esta concentración del financiamiento refleja el carácter intensivo en capital del sector energético, en el cual se requiere una gran inversión en infraestructura. En cambio, durante las dos últimas décadas solo se asignaron 10 millones de AOD a la investigación sobre energía lo cual revela una brecha importante en el apoyo a la innovación y el avance tecnológico (OECD, 2025[12]).
Fuente: (OECD, 2025[12]).
La ayuda internacional al desarrollo desempeña un papel definitorio en la ayuda a los países para lograr sus metas de desarrollo e industriales. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida de cuán bien se armoniza con las prioridades nacionales de desarrollo. La armonización refuerza las iniciativas internas, aumenta el impacto y el sentido de pertenencia, desarrolla la rendición de cuentas mutua y, en última instancia, asegura la sostenibilidad a largo plazo. La importancia de armonizar la ayuda al desarrollo con las prioridades nacionales se reconoció formalmente en la Declaración de Roma sobre la Armonización (2003) y se reforzó en acuerdos subsecuentes de alto nivel, como la Agenda de Acción de Accra (2008) y la Alianza Mundial de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz (2011), así como durante las reuniones de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) efectuadas cada dos años desde 2014. Estos dos foros mundiales señalan que la ayuda financiera por sí sola es insuficiente y que la cooperación eficaz al desarrollo requiere que las prácticas de donación prioricen la armonización y las alianzas para sustentar resultados sostenibles.
Un estudio sobre Brasil, Colombia y México – tres de los cuatro principales receptores de AOD mundial en ALC – puede contribuir a evaluar el apoyo de la ayuda internacional a los objetivos nacionales para la transformación productiva. Un hilo conductor común en las estrategias de desarrollo de dichos países es centrarse en ampliar las energías renovables y aumentar la inversión en I+D para impulsar la innovación, la productividad y el incremento del valor en productos y servicios. En tanto que la AOD sustentó con firmeza las metas de energías renovables de estos países, hay una brecha notoria en el financiamiento para I+D, que es un facilitador esencial del desarrollo sostenible (Recuadro 4.3).
Brasil
El Plan Multianual 2024-2027 de Brasil se basa en tres pilares estratégicos, uno de los cuales – denominado Desarrollo Económico y Sostenibilidad Socioambiental y Climática – está directamente relacionado con la transformación productiva. Algunos objetivos de este pilar son los siguientes: aumentar la competitividad y la productividad, agregar valor a los bienes y servicios, trabajar en pro de la sostenibilidad ambiental; promover el desarrollo y la innovación científico-tecnológica; mejorar la infraestructura y la logística, e insertarse en la economía verde y digital (Ministry of Planning and Budget, 2023[28]). Brasil ha planteado objetivos ambiciosos para apoyar esta transformación. Su objetivo es aumentar la cuota de energía limpia y renovable al 53% para 2027, frente al 47% de 2022 e incrementar la inversión en I+D hasta el 1.5% del PIB, frente al 1.14% en 2022, el año de referencia. Entre 2014 y 2023, el sector energético brasileño recibió el 20% del total de AOD del país. De esto, el 67% se destinó a renovables y el 28% a la distribución de energía, lo que muestra una fuerte armonización entre los desembolsos anteriores de la AOD y los objetivos actuales de Brasil. Sin embargo, la AOD a la I+D ha disminuido en los últimos años.
Colombia
La transformación productiva, la internacionalización y la acción climática constituyen uno de los cinco pilares del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2022-2026. Los objetivos clave de este pilar incluyen: aumentar la inversión en I+D; aumentar la participación de bienes y servicios energéticos no mineros en las exportaciones totales; ampliar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables no convencionales y reducir las emisiones de carbono del sector del transporte (Departamento Nacional de Planeación, 2023[29]). Colombia aspira a un aumento de casi ocho veces en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables no convencionales. Sin embargo, entre 2014 y 2023, menos del 3% de la AOD se destinó al sector energético colombiano. De los 444 millones de USD recibidos, el 32% se usó para apoyar la generación de energías renovables y la infraestructura, en tanto que el 65% se destinó a la política energética y la gestión administrativa, lo que pone de manifiesto la necesidad de aumentar los compromisos con las energías renovables. En cuanto a I+D, Colombia planea duplicar su gasto, del 0.3% al 0.5% del PIB. La AOD para I+D ha sido mínima y representa menos del 0.01% de la AOD recibida entre 2014 y 2023.
México
Dos de los cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo de México 2025-2030 –“economía moral y trabajo” y “desarrollo sostenible”– ponen un gran énfasis en los sectores productivos del país. Dichos ejes destacan áreas fundamentales para impulsar la transformación productiva, como la prosperidad y la conectividad, y la energía sostenible. El subpilar de prosperidad y conectividad se centra en aumentar el valor agregado de las exportaciones; potenciar la productividad, la competitividad y la innovación, y ampliar la infraestructura y la logística. El subpilar de energía sostenible se orienta a nuevas e importantes inversiones en la transmisión y generación de energía, junto con un ambicioso objetivo de lograr que la energía de México provenga de fuentes limpias para 2030 (Diario Oficial de la Federación, 2025[30]). Al evaluar la armonización de los desembolsos pasados de AOD con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo en lo que se refiere a la transformación productiva, en especial innovación, infraestructura de transporte y energías renovables, surge una imagen mixta. De 2014 a 2023, la AOD a la I+D en México representó solo el 0.3% de la AOD total recibida durante este periodo. El sector del transporte, aunque no es fundamental para la conectividad y competitividad, recibió menos del 0.01% del total de AOD. En contraste, del 24% de AOD total destinada al sector energético, más del 50% fue recibida por la generación máxima de energías renovables, mientras que casi el 24% apoyó la conservación y la eficiencia energética; el 20% a la política energética y la gestión administrativa, y el 7% a la distribución de energía (OECD, 2025[12]).
La armonización del sector privado es también decisiva. Tras el reconocimiento explícito por parte de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo de Busan en 2011 de la importancia del sector privado para el desarrollo, se establecieron los Principios de Kampala durante la Reunión de Alto Nivel del GPEDC en 2019. Estos principios promueven la responsabilidad de la participación del sector privado y aseguran la armonización de la participación del sector privado con los objetivos nacionales de desarrollo sostenible. Los cinco principios son: i) propiedad inclusiva de los países; ii) resultados e impacto objetivo; iii) asociación inclusiva; iv) transparencia y rendición de cuentas; y v) no dejar a nadie atrás (GPEDC, 2025[31]). Estos principios reconocen el papel clave y en constante crecimiento que desempeñan los actores privados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo.
En la última década, la movilización de financiamiento privado por intervenciones oficiales de financiamiento para el desarrollo a nivel mundial se ha cuadruplicado, de 16 000 millones de USD en 2012 a 67 000 millones en 2023. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por los BMD (OECD, 2025[32]). Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los fondos siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades de desarrollo, y se requiere trabajar mucho más para aprovechar plenamente el potencial del capital privado. En este contexto, la asistencia técnica catalizadora surgió como un instrumento fundamental, pero poco reconocido. Este amplía la asistencia técnica tradicional y se centra en el cambio sistemático del panorama en el que tiene lugar la inversión privada. Algunos ejemplos son el desarrollo institucional de capacidades o el fortalecimiento de las regulaciones. Los efectos de la asistencia técnica catalizadora se orientan al futuro y es difícil cuantificarlos, pero son esenciales como bases para movilizar financiamiento privado dirigido al desarrollo sostenible (Callum and Raitery, 2025[33]).
Las conferencias internacionales sobre financiamiento para el desarrollo ofrecen una plataforma importante para abordar dificultades complejas de este financiamiento. La Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD3), celebrada en Adís Abeba en 2015, adoptó la Agenda de Acción de Adís Abeba (AAAA). La agenda confirma la importancia de todas las fuentes de financiamiento, incluida la del sector privado, para alcanzar los objetivos de desarrollo y hace hincapié en la trascendencia de los mecanismos de financiamiento mixto (UN, 2015[34]). Este año, la Cuarta Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo (FfD4), realizada en Sevilla, estableció la plataforma SCALED para ampliar el financiamiento mixto. La creación de esta plataforma corrió a cargo de una coalición de países (Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Sudáfrica y Reino Unido) e instituciones financieras, con el objetivo de establecer instrumentos y fondos de financiamiento mixto eficaces y escalables para abordar los retos de desarrollo (UN, 2025[35]). La CAF en colaboración con la Comisión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha seguido de cerca el progreso desde la III Cumbre UE-CELAC, celebrada en Bruselas en julio de 2023, y la reunión inaugural de los Ministros de Economía y Finanzas en Santiago de Compostela, en septiembre de 2023.
Socios como la República Popular China con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), lanzada en 2013, también mostraron un nuevo tipo de cooperación para el desarrollo centrada en aprovechar las inversiones en redes comerciales e infraestructura. La cooperación china con ALC en los sectores productivos se centra principalmente en la industria, la minería y la construcción, y la energía, mientras que sectores más tradicionales como la agricultura reciben un apoyo más limitado. La cooperación china se lleva a cabo principalmente a través del Banco de Desarrollo de China y el Banco Chino de Exportación-Importación. Los flujos chinos han sido volátiles: alcanzaron un tope de más de 14 000 millones de USD en 2015, antes de bajar a solo 3 000 millones de USD en 2021 (Gráfico 4.7). Entre 2005 y 2020, casi el 45% de los préstamos de China a la región se destinó a Venezuela, por un total de casi 60 000 millones de USD, con reembolsos de deuda organizados a través de exportaciones de petróleo. Sin embargo, la producción de petróleo en Venezuela bajó drásticamente en 2010, y de nuevo en 2016, y la inversión china en la región disminuyó. Brasil y Ecuador, que también son grandes productores de petróleo, han recibido, desde 2007, préstamos chinos por un valor de 31 000 y 18 000 millones de USD, respectivamente. China también financió cerca de 17 000 millones de USD a grandes proyectos de infraestructura en Argentina, entre ellos, ferrocarriles y líneas de transporte subterráneo (IEA, 2023[36]).
Fuente: (Aiddata, 2023[37]).
Como ya se señaló, los sectores clave para la transformación productiva en ALC son la industria farmacéutica y de ciencias de la vida, la industria productora de dispositivos médicos, la manufactura avanzada y las energías renovables (ECLAC, 2024[38]).
Desarrollar estas industrias requerirá construir capacidades con eficacia. En cuanto a la manera en que se asigna la ayuda oficial al desarrollo sostenible total, el apoyo técnico de I+D y capacitación sigue siendo muy limitado (Gráfico 4.8). Este desajuste indica la necesidad de un cambio estratégico en la forma de asignar la ayuda oficial y la forma en que se diseñan las asociaciones y alianzas. Es importante que los socios e instituciones financieras internacionales aumenten el apoyo oficial a la cooperación técnica y la I+D para impulsar la productividad y la innovación, dos factores esenciales para impulsar la transformación productiva.
Nota: La cooperación técnica incluye gastos en especie de expertos en cooperación técnica, viajes, servicios, materiales, equipos y suministros, así como otros tipos de cooperación técnica. La capacitación se refiere a la capacitación ofrecida en el país donante. Otros: proyectos; contribuciones a programas y fondos específicos gestionados por asociados en la ejecución (excluye el autobeneficio); ayuda presupuestaria, y apoyo esencial a organizaciones no gubernamentales, otras entidades privadas, asociaciones público-privadas e institutos de investigación.
Fuente: (IFT, 2025[39]).
Para alcanzar la transición hacia actividades de alto valor agregado y superar la trampa de los ingresos medios, es esencial invertir en el desarrollo de capacidades de la población activa. Actualmente, ALC está detrás de los países de la OCDE en lo que respecta a empleo en sectores de alto valor agregado que requieren una capacidad de I+D alta y media-alta. En Chile, Ecuador y Perú, la cuota de empleo en estos sectores es inferior al 1% y en México es algo menos del 2%, en comparación con el promedio de la OCDE de 3%. Al analizar el nivel de cualificación requerido por los empleos en estos cuatro países, en promedio, solo el 20% de la fuerza laboral tiene empleo en profesiones cualificadas, en comparación con el promedio de 36% en los países de la OCDE. Un nivel insuficiente de desarrollo de competencias es una limitación importante para aumentar la inversión en I+D. El bajo nivel de competencias es citado por los empleadores como una restricción para el logro de los objetivos (OECD, 2023[40]). Más del 37% de los empleadores encuestados en ALC mencionaron la brecha de competencias como el obstáculo principal para aumentar el empleo y la productividad. La restricción producto de la brecha de competencias fue citada por el 68% de los empleadores en Brasil, el 40% en Costa Rica y el 38% en México y Panamá (Flórez and Jayaram, 2016[41]).
Canalizar la cooperación internacional hacia los principales facilitadores de la transformación productiva
Tres facilitadores clave son esenciales para impulsar la transformación productiva en ALC: desarrollo de competencias, adopción de tecnología y desarrollo de infraestructuras. Estos pilares son fundamentales para elevar la productividad, incrementar el valor agregado interno y facilitar una integración más profunda en las cadenas globales de valor. El desarrollo de competencias dota a los trabajadores de las competencias necesarias para realizar tareas de mayor valor y alcanzar la mejora sectorial. La adopción tecnológica fomenta la innovación y apoya el cambio hacia una producción más intensiva en conocimientos. El desarrollo de infraestructura, especialmente en los ámbitos de transporte, energía y redes digitales, facilita el acceso al mercado y la movilización eficaz de productos, servicios e ideas. Priorizar la cooperación internacional con estos tres principales facilitadores aseguraría que el financiamiento externo se canalice eficazmente hacia sectores con el mayor potencial para acelerar la transformación y la competitividad en toda la región.
El apoyo internacional a las competencias puede desbloquear el potencial productivo de ALC
El desarrollo de competencias es el primer facilitador clave de la transformación productiva. ALC enfrenta retos persistentes relacionados con la baja productividad. En las dos últimas décadas, la producción por hora trabajada en la región estuvo estancada en 20 USD (paridad de poder adquisitivo), mientras que la productividad laboral en Asia Oriental aumentó casi 300% y en Europa del Este, casi 160% (ILO, 2025[42]). El factor fundamental causante de la estancada productividad laboral de la región es el subdesarrollo del capital humano.
En 1990, la productividad laboral de ALC equivalía al 46% de la productividad promedio de los países de la OCDE, en tanto que, en 2023, este porcentaje bajó al 37%. En comparación con Estados Unidos, la baja ha sido aún más pronunciada: del 36% al 27% en el mismo periodo. La evolución de la productividad relativa respecto del grupo de países emergentes y en desarrollo es aún más impactante: si en 1990 la productividad laboral de ALC era 2.7 veces superior a la de este grupo, en 2023 apenas alcanzó 1.2 veces más (CAF, 2025[43]).
Si bien el acceso a la educación se ha ampliado en toda ALC, la calidad y la importancia de los resultados de aprendizaje se han quedado atrás. El mayor nivel educativo de los niños en comparación con sus padres no se refleja en la movilidad ascendente relativa en términos de niveles educativos u oportunidades en el mercado laboral. Esto podría mostrar que la estructura económica de la región no está absorbiendo ni recompensando eficazmente estos niveles educativos más altos, o que el avance educativo logrado en realidad no ha sido suficiente (CAF, 2022[44]).
En consecuencia, persisten importantes desajustes de competencias que dificultan la capacidad de la región para fomentar la innovación y mejorar su estructura productiva (ECLAC, 2024[38]). A medida que los países pasan de sectores de baja productividad a industrias más sofisticadas, es esencial contar con una fuerza laboral cualificada que permita adoptar nuevas tecnologías, promover la innovación y satisfacer las demandas cambiantes de sectores emergentes.
Conformar una fuerza laboral cualificada es clave, no solo para aumentar la productividad, sino también para atraer inversiones de calidad e integrar a las empresas locales en las cadenas globales de valor. En ALC, el potencial del capital humano no se ha alcanzado plenamente, en gran parte debido a la baja complejidad tecnológica y sofisticación de las estructuras productivas de la región (ECLAC, 2024[38]). Solo el 32% del valor agregado de manufactura producido en ALC se encuentra en productos de tecnología media y alta. Esta cifra está muy por debajo del promedio de los países de ingresos medios-altos (45%) (UNCTAD, 2024[45]).
Esta falta de sofisticación en la producción en parte señala el bajo gasto en I+D en ALC, que se ha mantenido en promedio entre el 0.5% y el 0.6% del PIB durante más de dos décadas (2000‑2022). En el mismo periodo, el gasto promedio en I+D aumentó del 0.6% al 2.0% del PIB en los países de ingresos medios-altos, y del 1.0% al 2.7% en Asia Oriental (World Bank Group, 2025[46]). La subinversión en I+D redunda en los bajos niveles de innovación de la región. En 2020, solo se presentaron algo más de 50 000 solicitudes de patente en ALC, de las cuales solo 8 000 provenían de residentes de ALC, mientras que el resto provenían de no residentes (World Bank Group, 2025[46]).
Nota: AOD = ayuda oficial al desarrollo. UE = Unión Europea. Educación profesional: formación de docentes; formación profesional; formación técnica y de gestión avanzada; capacitación y formación médica; educación y capacitación en abastecimiento de agua y saneamiento; transporte y almacenamiento; tecnologías de la información y la comunicación; telecomunicaciones y medios de comunicación; energía; agricultura; silvicultura; pesca; medioambiente, y educación y capacitación multisectoriales.
Fuente: (OECD, 2025[12]).
Pese al porcentaje relativamente pequeño de ayuda internacional que se asigna a competencias y formación de la AOD general hacia ALC, la asistencia recibida ha sido altamente concentrada y estratégicamente significativa. Entre 2014 y 2023, los donantes canalizaron casi 1 900 millones de USD a ALC como apoyo a iniciativas de competencias y formación en diversos sectores, como tecnologías de la información y la comunicación (TIC), energía, agricultura, agua y saneamiento, y servicios medioambientales. Los mayores donantes en términos absolutos fueron los países e instituciones de la Unión Europea, que aportaron cerca de 850 millones de USD durante el periodo, seguidos por el Reino Unido, Canadá, Suiza y el Banco Mundial (Gráfico 4.9, Panel A). Esto es muestra del compromiso europeo sostenido con el desarrollo del capital humano en la región, especialmente por medio de la formación profesional, la educación en los campos TIC y técnicos, y la formación de docentes. Sin embargo, la asignación de AOD a la educación y formación de competencias representa menos del 0.05% de la AOD total a la región para la mayoría de los donantes. La única excepción es Australia: la ayuda dirigida a la educación y formación de competencias representa casi el 50% de sus flujos de ayuda a ALC (Gráfico 4.9, Panel B). Estas estadísticas destacan la importancia de armonizar la AOD con las necesidades de modernización de la fuerza laboral de ALC, especialmente en el contexto actual de creciente demanda de competencias verdes y digitales. Al mismo tiempo, la concentración de flujos de ayuda entre unos pocos donantes señala la necesidad de diversificación y una mayor apropiación regional de las estrategias de competencias.
La ayuda focalizada es relevante para muchos países de ALC. Por ejemplo, en Colombia, desarrollar capacidades específicas para el sector es clave para fomentar una transformación inclusiva y sostenible. Para responder a esta necesidad, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo está invirtiendo actualmente cerca de 1.4 millones de USD para fortalecer las competencias en la cadena de valor del café en Colombia, la mayor actividad agrícola del país. La iniciativa se centra en superar los principales cuellos de botella en la producción y manejo del café, así como brindar formación profesional orientada a mejorar la calidad y ampliar el acceso al mercado. Estos esfuerzos ejemplifican la manera en la que la cooperación internacional puede aumentar directamente la productividad y la competitividad en sectores estratégicos y, a la vez, promover el desarrollo local (IFT, 2025[39]). También es preciso reforzar la cooperación para el desarrollo de competencias en los sectores no primarios, para ayudar a Colombia a atraer más IED en estas áreas prioritarias de actividad, como las tecnologías de la información, el turismo y la salud que, junto con las cadenas de valor agrícolas son prioritarias en el Plan de Internacionalización y la Política de Reindustrialización 2022-2030 de Colombia (DNP, 2023[47]).
ALC es la región más afectada por empresas que enfrentan dificultades al contar con competencias inadecuadas. Las empresas de la región tienen 13 veces más probabilidades de afrontar problemas de rendimiento debido a déficits de competencias, que sus contrapartes de Asia Oriental. Los sectores que se identifican por tener mayores brechas de competencias incluyen la manufactura avanzada, como la industria de vehículos motorizados, donde la probabilidad de que las empresas encaren problemas de rendimiento de competencias es hasta 160% mayor que la de otras industrias manufactureras. El de la manufactura avanzada se ha identificado como un sector crucial para la transformación productiva en ALC. La falta de competencias en esta industria altamente intensiva en conocimientos, plantea retos para que los países de ALC se diversifiquen hacia la producción de bienes más sofisticados (Melguizo and Perea, 2016[48]).
Un buen ejemplo del desajuste de competencias es Chile. Muchos sectores requieren con urgencia trabajadores con las capacidades digitales, técnicas y de gestión para ascender en la cadena de valor y, sin embargo, los programas de formación siguen sin armonizarse lo suficiente con estas necesidades. En la minería, el mayor sector exportador de Chile, proliferan los puestos de trabajo en áreas como automatización, operaciones remotas y análisis de datos, pero los cursos técnicos profesionales y universitarios siguen centrados en la extracción y la geología, y no en la mecatrónica, el Internet de las Cosas (ITD) o ciencias de la información. De igual manera, en la agroalimentación, el impulso hacia productos funcionales y de alto valor requiere conocimientos de biotecnología, química de alimentos y sistemas de aseguramiento de la calidad y, sin embargo, la mayor parte de la formación aún se basa en la agronomía y los métodos de procesamiento tradicionales (OECD/UN, 2018[49]).
En general, en ALC, cuatro de cada cinco empresas del sector manufacturero muestran dificultades relacionadas con la brecha de competencias (World Economic Forum, 2018[50]). La cooperación para ayudar a cerrar las brechas de competencias en la manufactura avanzada resulta esencial para lograr una transformación estructural hacia sectores más intensivos en tecnología.
Hasta fecha reciente, las cualificaciones educativas formales servían como el principal indicador, si no el único, de las competencias y el potencial de una persona en el mercado laboral. Sin embargo, a medida que las industrias evolucionan y el carácter del trabajo cambia, las credenciales tradicionales de educación tal vez no basten para transmitir plenamente las competencias de una persona. Muchos graduados necesitan complementar su formación formal con certificados adicionales, experiencia laboral y demostraciones prácticas de sus capacidades para mantenerse competitivos. De igual manera, las personas que han adquirido un conocimiento experto a través de la experiencia laboral, el aprendizaje online o la capacitación no formal quizá no tengan títulos tradicionales, pero tienen competencias igualmente relevantes y demandadas (OECD, 2025[51]).
Las altas tasas de informalidad y baja productividad laboral constituyen un problema urgente en ALC. La cooperación internacional al desarrollo a menudo se propone abordar este desajuste. Entre las iniciativas recientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentra la Academia para Jóvenes que proporcionó capacitación y certificaciones en tecnologías transformadoras a 38 000 participantes registrados. Otra iniciativa de la OEA, Prospecta Américas, permitió a siete países de ALC establecer un Centro de Excelencia temático en áreas como inteligencia artificial, robótica, blockchain, nanomateriales, tecnologías oceánicas y biotecnología, con lo que se benefició a más de 25 000 investigadores y expertos de la comunidad científica de las Américas. Otro ejemplo de intervenciones localizadas incluye la entrega, por parte del CAF, de 150 millones de USD para el Instituto Técnico Superior Especializado de Panamá, con el propósito de armonizar la formación profesional con las necesidades del mercado laboral (CAF, 2019[52]). Asimismo, el CAF concedió 150 millones de USD a Ecuador, para modernizar su sistema educativo, un proyecto que se espera beneficie a cerca de tres millones de estudiantes y a casi 52 000 docentes (CAF, 2023[53]).
La energía renovable es también un sector clave para la transformación estructural en ALC. Si bien hay una alta demanda de competencias verdes, la oferta es escasa en la región y pocas universidades ofrecen carreras en energía limpia. Menos del 10% de los títulos otorgados en 2019 en el sector energético trataban de energías renovables, mientras que los títulos restantes (más del 90%) se otorgaron para el ámbito de combustibles fósiles. Los donantes internacionales ponen gran énfasis en financiar la transición energética, proporcionar financiamiento para tecnologías de energía verde y la expansión de la red eléctrica, pero se ha prestado poca atención a la educación en energías renovables. Es esencial aumentar el financiamiento para la educación en energías renovables, la que está significativamente subfinanciada (World Economic Forum, 2024[54]). Se estima que los empleos en energías renovables en ALC aumentarán de 57 millones en 2020 a 134 millones para 2050. Para cubrir la creciente demanda, se necesitarán esfuerzos considerables para implementar programas de formación y reciclaje laboral, debido a las altas cualificaciones requeridas para gestionar y operar tecnologías de energías renovables (Hwang and Diez, 2024[55]).
La Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) ha hecho hincapié en el desarrollo de competencias ecológicas en Brasil. Entre 2016 y 2021, se formó a cerca de 800 docentes y más de 7 800 técnicos cualificados, para apoyar la difusión de la energía solar y eólica, así como la eficiencia energética en los sectores de construcción e industria. GIZ también trabajó con el gobierno y con las redes de educación y formación técnica y vocacional (TVET, por sus siglas en inglés) para ayudar a modernizar estos programas y adaptarlos a los requerimientos de las empresas. Iniciativas como estas son esenciales para responder a la escasez de competencias en el mercado laboral y mejorar el sistema de TVET de Brasil, que ocupó el puesto 96 de 141 países en el Índice de Competitividad Global 2019 (GIZ, 2022[56]).
El desarrollo de competencias es una prioridad transversal para socios como la Unión Europea. La Comisión Europea, integrada en la AOD bilateral, así como en programas regionales, lanzó recientemente la Iniciativa de Sociedades Inclusivas para reforzar la cohesión social mediante formación y desarrollo de capacidades focalizados. La iniciativa une a la Unión Europea y a seis Estados miembros – Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, España y Suecia – con la GIZ y otros organismos (European Commission, 2025[16]). La Academia de Transición Energética de ALC 2024, apoyada por el CAF y organizada por Uno.Cinco, OLADE y la Universidad de Chile, se ha consolidado como una plataforma regional de referencia para fortalecer capacidades técnicas y desarrollar redes en el ámbito de una transición energética justa y sostenible. La participación del CAF en esta iniciativa coincide con su objetivo estratégico de promover el desarrollo institucional y del capital humano para avanzar hacia un sistema energético sostenible, inclusivo y resiliente en ALC (OLADE, 2025[57]).
Igualmente, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA estableció el Programa de Acción Climática para los años 2024-2027, dirigido a 15 países de ALC. Dentro de cuatro temas de proyectos – la economía circular, la educación climática y medioambiental, el desarrollo de competencias inteligentes al clima y el impacto del cambio climático sobre las mujeres y comunidades desfavorecidas –, la iniciativa se centrará principalmente en el desarrollo de competencias y capacidades para contribuir a una transición verde inclusiva y transparente (OAS, 2025[58]; Cancillería de Colombia, 2025[59]). Otros proyectos locales encabezados y ejecutados por la OEA incluyen la Iniciativa de Economía Circular Transfronteriza en la Zona de Integración Fronteriza Colombia-Perú, financiada por el BID; la Contribución de la Infraestructura de Calidad a la Transformación hacia una Economía Circular en ALC, financiada por el Instituto Nacional Alemán de Metrología y Fomentando la Seguridad Hídrica en la Región de Trifinio (GEF, 2018[60]). Todas estas iniciativas contribuyen a fortalecer tanto la capacidad local como la institucional para propiciar un cambio sostenible, inclusivo e impulsado por la innovación. Las competencias verdes para la adaptación agrícola inteligente al clima también son cruciales, dado el devastador efecto del cambio climático sobre la agricultura. En Guyana, cuyo sector agrícola representa el 20% del PIB, los efectos negativos del cambio climático son una amenaza significativa para la economía nacional. Más del 90% de la población guyanesa vive en regiones costeras, donde la tierra es fértil, pero el aumento del nivel del mar eleva el riesgo de inundaciones para los agricultores. El BID, la GIZ y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros, han brindado una fuerte colaboración internacional para desarrollar capacidades técnicas para la agricultura inteligente al clima (ILO, 2019[61]).
Por su parte, el sector privado es un actor clave en la formación de competencias laborales. En Colombia, Costa Rica y República Dominicana, las empresas extranjeras tienen más probabilidades que las nacionales de ofrecer formación a los empleados desde la formación laboral hasta los programas certificados. En Colombia, una empresa francesa de energías renovables forjó alianzas formales con universidades locales, como la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, para ofrecer programas certificados de formación a sus empleados. En Costa Rica, las empresas MedTech contribuyen a la creación de un grupo de talento con altas cualificaciones (Recuadro 4.1). Esto demuestra cómo las empresas extranjeras pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de competencias. En total, entre 2014 y 2024, en ALC se destinaron 2 000 millones de USD en IED a educación y formación. Esto incluye el establecimiento de institutos técnicos, escuelas profesionales y centros internacionales de formación, todos esenciales para incrementar las competencias y armonizarlas con las demandas del mercado laboral (OECD, 2025[4]). La mayoría de estas inversiones en educación y formación han sido atraídas por México (42%), Colombia (31%) y Brasil (8%) y provienen sobre todo de la Unión Europea (32%) y de ALC (22%) (OECD, 2025[4]).
La adopción de tecnología puede acelerar la transición de ALC hacia un modelo de producción basado en conocimientos
El segundo facilitador clave para la transformación productiva es la adopción de tecnología. Las economías de ALC enfrentan persistentes brechas de productividad, altos niveles de informalidad, calidad desigual de infraestructura y una diversificación limitada hacia sectores de mayor valor agregado. En este contexto, la adquisición y difusión de nuevas tecnologías permitirá a los países aumentar su productividad, promover la innovación y hacer la transición hacia actividades económicas más complejas y competitivas, elementos esenciales para la transformación productiva en ALC. Tecnologías digitales, como la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos, están reconfigurando las estructuras globales de producción y creando nuevas vías de crecimiento. Para los países de ALC, invertir en capacidades tecnológicas es fundamental para alcanzar las fronteras tecnológicas globales, así como para generar soluciones locales.
La tecnología es una palanca clave para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible, y prepararse para las transiciones verdes y digitales. Corea del Sur representa un claro ejemplo del impacto transformador de la inversión sostenida en tecnología e innovación, en particular por medio de la I+D. El rápido crecimiento económico del país, a menudo considerado parte del Milagro Asiático, se vinculó estrechamente a su estrategia de desarrollo impulsada por la innovación, en la que la I+D es un motor esencial del crecimiento de la productividad en las industrias coreanas (Lee, 2016[62]).
Los gobiernos de economías menos avanzadas pueden acelerar el crecimiento promoviendo la inversión y fomentando la adopción de tecnologías vigentes. Las políticas para la adopción tecnológica podrían apoyar la digitalización entre las pequeñas y medianas empresas (pymes); fortalecer los servicios de extensión tecnológica público-privada y la conectividad, así como incentivar la adopción tecnológica mediante políticas específicas. A medida que los países avanzan, el enfoque de políticas debería desplazarse hacia la formación de ecosistemas de innovación, por ejemplo, apoyando la I+D mediante subsidios e incentivos fiscales y estrechando los vínculos entre universidades e industria (Acemologu, Aghion and Zilibotti, 2006[63]). Un caso ilustrativo es el de la Agencia Brasileña para la Investigación e Innovación Industrial (EMBRAPII), que facilita las transferencias tecnológicas entre instituciones de investigación y empresas, con miras a aumentar la competitividad de las empresas brasileñas (Braga de Andrade, 2020[64]). El camino a seguir de Colombia exige elevar la adopción de nuevas tecnologías y un organismo de I+D bien desarrollada y financiada (OECD/UN/UNIDO, 2019[65]).
Mejorar la cooperación internacional para la transferencia de tecnología y la innovación es fundamental para fomentar soluciones mutuamente beneficiosas y crear ciclos virtuosos de aprendizaje y desarrollo de capacidades. Para que los países de ALC puedan hacer la transición hacia estructuras de producción más intensivas en conocimientos y competitivas, se requiere un fuerte enfoque en la adopción de tecnología y la construcción de redes sólidas de I+D. En este contexto, la Alianza Digital UE-ALC, iniciada en 2023 con un presupuesto de 172 millones de euros, representa una iniciativa fundamental para acelerar la transformación digital centrada en el ser humano en toda la región y convertir la Estrategia Global Gateway en una realidad en el ámbito digital. La Alianza Digital UE-ALC también sirve como marco para todas las iniciativas birregionales de cooperación digital, gracias a la Declaración Conjunta sobre una Alianza Digital adoptada por los jefes de Estado y de gobierno de ambas regiones durante la III Cumbre UE-CELAC en Bruselas, celebrada en julio de 2023 (European Commission, 2023[66]). Al reunir una amplia coalición de partes interesadas, incluidos gobiernos, sector privado, instituciones académicas y de investigación, y la sociedad civil, la alianza potencia el diálogo sobre políticas y apoya las iniciativas de conectividad (tanto satelitales como por cable), innovación digital, emprendimiento y tecnologías espaciales (European Commission, 2025[67]).
Entre sus actividades principales, la Alianza Digital UE-ALC promueve la implementación de una estrategia regional Copernicus que amplía el programa de Observación de la Tierra de la UE a ALC, con centros de datos regionales Copernicus ALC en Chile y Panamá. La estrategia abarca el apoyo a la gestión del riesgo de desastres y el monitoreo ambiental. Los centros de datos servirán como centros concentradores para recibir y procesar datos satelitales. Mediante la iniciativa Building the Europe Link to Latin America and the Caribbean (BELLA 2.0), el cable de fibra óptica se ampliará para mejorar la conectividad digital y la colaboración entre las comunidades de investigación y educación en ALC y la Unión Europea, incluidas la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial. Mientras tanto, el Acelerador Digital UE-ALC ayudará a acelerar al menos 40 empresas conjuntas para la innovación birregional y la transformación digital (European Commission, 2025[67]).
En la actualidad, la Alianza Digital trabaja en el desarrollo de una Red de Supercomputación UE-ALC para IA basada en el acceso a tecnologías de vanguardia habilitadas por la Infraestructura Europea de Computación de Alto Rendimiento (HPC) y la experiencia del EuroHPC Joint Undertaking (JU), lo cual es decisivo para los descubrimientos científicos y para el fortalecimiento de la comunidad HPC en la región. Por último, la Alianza Digital también pretende crear una iniciativa birregional para mejorar la cooperación en ciberseguridad mediante la ayuda mutua, la respuesta a los incidentes que se presenten y el intercambio de conocimientos, llamada EU-LAC SHIELD, que involucrará tanto a actores públicos como privados de ambas regiones. Otras iniciativas de la Unión Europea para promover la I+D en ALC incluyen la Iniciativa Conjunta para la Investigación y la Innovación, que facilita la colaboración académica y el intercambio de conocimientos entre las regiones, así como el Horizonte Europa global, que financia la investigación y la innovación (European Commission, 2025[68]; European Council, 2025[69]).
Reestructurar las micro, pequeñas y medianas empresas mediante la innovación y la tecnología, promover el reciclaje profesional innovador para el sector turístico y las economías regionales, y fomentar la innovación científica y tecnológica, son fundamentales para fortalecer la resiliencia. El Programa sobre Resiliencia Inclusiva para una Recuperación Efectiva, desarrollado a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA, busca dotar a las pymes de estas herramientas, facilitándoles el desarrollo (AICD, 2020[70]).
Abordar la cadena de valor digital completa requiere integrar: i) infraestructura física (redes troncales nacionales de fibra óptica, centros de datos de última generación, instalaciones de Tier III y IV y cables submarinos estratégicos que conecten ALC internamente y con otros continentes); ii) servicios facilitadores (plataformas de interoperabilidad, sistemas de gobierno electrónico, soluciones de identidad digital y plataformas de servicios públicos basadas en la nube); iii) desarrollo de capital humano (programas de competencias digitales a gran escala, formación en inteligencia artificial y análisis de datos, y desarrollo de capacidades dirigido a pymes); iv) financiamiento innovador (instrumentos de financiamiento mixto, capital de riesgo para start-ups tecnológicas y fondos para infraestructura verde y digital). El CAF ha convertido a la transformación digital en una prioridad estratégica central, al integrar estos cuatro pilares y movilizar 2 780 millones de USD entre 2019 y 2024 para operaciones con componentes de conectividad y transformación digital, mediante 41 operaciones de crédito y 17 millones de USD en 85 iniciativas de cooperación técnica, con lo que benefician directamente a 16 países (CAF, 2025[71]).
El BID y el CAF son actores clave en el apoyo a la innovación tecnológica en ALC. El Laboratorio BID, la rama de innovación y capital de riesgo del Grupo BID, aprovecha el financiamiento, el conocimiento y las conexiones para apoyar el emprendimiento en etapas iniciales y promover la innovación. Cuenta con una cartera activa de 453 operaciones que suman 595 millones de USD. En los tres primeros trimestres de 2024, se financiaron 37 proyectos, por un total de 61 millones de USD (IDB Lab, 2024[72]) (Tabla 4.1).
El sector privado también interviene en la ampliación de la I+D. Por ejemplo, en Brasil, las agroempresas han hecho grandes inversiones en ese campo. Entre las principales se encuentran las semilleras Corteva, de Estados Unidos, y Syngenta, de Suiza, así como el fabricante estadounidense de tractores John Deere y el productor noruego de fertilizantes Yara. Además, las empresas Bosch, de Alemania, y Husqvarna, de Suecia, eligieron a Brasil como centro concentrador mundial para el desarrollo de maquinaria agrícola. La capacidad de este país para atraer I+D en el sector agrícola se debe a que sus agricultores están abiertos a la innovación y a que sus investigadores son sumamente creativos, lo que convierte al país en un centro mundial de desarrollo tecnológico agrícola (Konchinski, 2025[77]). Sin embargo, ALC depende aún en gran medida del financiamiento público para la labor de I+D, lo que deja margen para el crecimiento de fuentes privadas de financiamiento, incluidas empresas, instituciones de educación superior, fondos extranjeros y organizaciones privadas sin fines de lucro (OECD et al., 2024[2]).
Empresas extranjeras ajenas al sector agrícola también invierten en I+D en ALC, medida decisiva para el crecimiento porque las actividades de I+D están estrechamente relacionadas con empleos de mayor calidad y mejoras económicas. Las actividades de I+D de empresas extranjeras suelen tener repercusiones para las inactivas en este campo en áreas, como la productividad, que contribuyen a la transformación industrial y al desarrollo regional (Spithoven and Merlevede, 2023[78]). Las empresas extranjeras, es decir, aquellas con al menos un 10% de propiedad extranjera, en general tienden más a invertir en I+D que las empresas nacionales de la región (Gráfico 4.10). No obstante, la IED dirigida a actividades de I+D en ALC sigue siendo limitada. Entre 2003 y 2024, únicamente el 1.5% de la IED greenfield – o apenas 30 000 millones de USD – se destinó a actividades de I+D. Estados Unidos y la Unión Europea son las mayores fuentes de IED relacionadas con esta área: 46% y 26% de las inversiones totales, respectivamente, entre 2014 y 2024 (OECD, 2025[4]).
¿Es más probable que las empresas extranjeras gasten en I+D? (Sí>0; No<0)
Nota: Los indicadores muestran la brecha relativa entre los resultados promedio de las empresas extranjeras y nacionales. Los valores positivos indican que las empresas extranjeras obtienen mejores resultados que las nacionales, y los negativos, lo contrario. Los años de referencia varían de un país a otro, desde 2010 hasta 2023. Los diamantes representan coeficientes y los intervalos de confianza se representan con barras y flechas.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (OECD, 2025[4]).
La IED también ha sido una palanca fundamental en el desarrollo del sector digital en ALC. Entre 2003 y 2024, se invirtieron más de 260 000 millones de USD de IED greenfield en sectores digitales, lo que representa el 13% del total de inversiones greenfield en la región (Gráfico 4.11). Entre 2003 y 2013, la mitad de estos flujos se asignó al área de telecomunicaciones. No obstante, en la década siguiente, estas inversiones se centraron principalmente en servicios digitales, como programación informática, procesamiento y alojamiento de datos, y servicios de información. Esto refleja los avances digitales en la región, con el creciente surgimiento de soluciones sofisticadas y basadas en servicios que contribuyen a la transformación digital, así como un cambio hacia actividades intensivas en conocimientos y basadas en servicios (OECD, 2025[4]). Al mismo tiempo, la IED también ha generado una buena cantidad de empleos en el sector digital, especialmente en los servicios de este tipo. Durante el periodo 2014-2024, se generaron casi 600 000 empleos en este sector, un aumento de casi 25% respecto de la década anterior (OECD, 2025[4]).
Nota: Productos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC): electrónica, equipo informático y otros relacionados. Componentes eléctricos: baterías, equipo eléctrico, dispositivos de cableado y otros relacionados. Sectores digitales: programación informática, procesamiento de datos y alojamiento, servicios de información, y otros servicios digitales. Telecomunicaciones: actividades de telecomunicaciones por cable, inalámbricas y satelitales.
Fuente: (OECD, 2025[4]).
Mejorar la infraestructura regional requiere mejorar la coordinación
El tercer factor clave para la transformación productiva en ALC es el desarrollo de infraestructura. La confiabilidad del transporte, la energía y la infraestructura digital reduce los costos de transacción, facilita el acceso a los mercados y el desplazamiento de bienes, servicios y conocimientos. Se trata de elementos esenciales para optimizar las capacidades productivas e integrarse en las cadenas globales de valor. Los sistemas de infraestructura poco confiables limitan la productividad empresarial, y los onerosos servicios de infraestructura aumentan los costos de producción y atentan contra la competitividad empresarial (Thacker et al., 2019[79]). Asimismo, la infraestructura es un componente importante del desarrollo sostenible. Sin embargo, la región aún enfrenta grandes brechas de infraestructura que limitan la productividad y el potencial de crecimiento.
Esta brecha de infraestructura afecta la competitividad de las economías de la región. En un análisis de las seis mayores economías de ALC – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú – se investigó a los cinco principales competidores de las cinco principales exportaciones de cada país. Según los resultados, Chile era el único país con infraestructura capaz de competir con sus rivales comerciales (Suarez-Aleman, Serebrisky and Perelman, 2019[80]). ALC requiere un estimado de 2 200 millones de USD para financiar esta brecha: el 59% para nuevas infraestructuras y el 41% para mantener la infraestructura existente. Esta inversión corresponde al 3.12% del PIB proyectado de la región cada año hasta 2030. Por sí sola, la infraestructura para transporte, electricidad y telecomunicaciones requiere 577 000 millones, 971 000 millones y 293 700 millones de USD, respectivamente (IDB, 2021[81]).
El desarrollo de nuevas relaciones comerciales depende de la idoneidad de la infraestructura de transporte disponible. La deficiente conectividad terrestre entre países que comparten fronteras puede representar una barrera importante para el comercio regional, en especial para la integración productiva y el establecimiento de cadenas de valor regionales. El transporte enfrenta problemas generalizados en la región, principalmente en cuanto a su componente terrestre, y dificulta el desarrollo de nuevas relaciones comerciales. Por su parte, América del Sur afronta costos de transporte de exportación intrarregionales un 15% más altos que los de la Unión Europea, lo que aporta una prueba más del papel que desempeñan los costos de transporte como determinante del bajo nivel de comercio intrarregional. Sin embargo, a nivel extrarregional, no se observan grandes diferencias de costos entre América del Sur y la Unión Europea. Esto sugiere que el bajo rendimiento de la infraestructura de transporte afecta sobre todo al comercio intrarregional, donde el transporte terrestre es predominante (CAF, 2021[82]).
En este contexto, los socios internacionales intervinieron para apoyar el desarrollo de infraestructura. China participa en forma destacada a través de la BRI, de la cual son signatarios 22 países de ALC (Roy, 2025[83]). Entre 2005 y 2022, China llevó a cabo 228 proyectos de infraestructura en ALC, generando más de 721 000 empleos, con un gasto total de 104 200 millones de USD. De estos proyectos de infraestructura, 90 eran de transporte, 77 de energía (48 de energías renovables), 13 de telecomunicaciones y 12 de otras áreas. Tan solo entre 2020 y 2022, China financió 90 proyectos, 57 de ellos de transporte (Peters, 2023[84]).
Para insertar la región en las cadenas globales de valor, es esencial mejorar la conectividad mediante la infraestructura. La mayor inversión en infraestructura de China en ALC es el megapuerto de Chancay en el Perú, inaugurado en noviembre de 2024. Su construcción costó más de 3 600 millones de USD. Sirve como una gran puerta de entrada de América del Sur a Asia, donde China es el mayor socio comercial de América del Sur (Dahl, 2024[85]). Se espera que el puerto genere 4 500 millones de USD al año y 8 000 empleos (Global Times, 2024[86]). En los primeros tres meses de operaciones del puerto, se procesaron mercancías por valor de más de 290 millones de USD. El puerto será un importante centro de actividad en ALC e incrementará la cooperación económica y comercial regional; además, acelerará la integración en la región (Global Times, 2025[87]). Actualmente, CAF brinda asistencia técnica al gobierno peruano para desarrollar una visión integral de las etapas de desarrollo del centro Chancay-Callao; priorizar proyectos clave de infraestructura y acciones habilitadoras, y proponer un modelo de gobernanza que facilite la ejecución de proyectos estratégicos e inversiones para reforzar las cadenas productivas nacionales y la integración regional (CAF, 2025[88]). China también ha financiado grandes proyectos de energía verde, como la mayor planta solar de América Latina, situada en Jujuy, Argentina; el parque eólico Punta Sierra en Coquimbo, Chile, y la mayor central hidroeléctrica de Ecuador (Roy, 2025[83]). Si bien estas iniciativas proporcionan el tan necesario financiamiento, también preocupan ciertas cláusulas, la transparencia del proyecto, sus impactos medioambientales y la gobernanza, pues el 35% de los proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative) de China a nivel mundial enfrentan problemas de implementación (Dahl, 2024[85]).
Para cerrar por completo la brecha de infraestructura de la región, es crucial trascender las acciones nacionales aisladas y adoptar un enfoque regional más integrado. Con base en iniciativas como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), Brasil inició un debate que proponía la infraestructura desde un enfoque renovado que priorice la conectividad regional, la integración productiva y la sostenibilidad medioambiental. Considera que la infraestructura es una herramienta estratégica para la transformación estructural, haciendo hincapié en la coordinación transfronteriza, la planificación regional y mecanismos de financiamiento diseñados para cubrir las necesidades de desarrollo de América del Sur (FUNAG, 2023[89]).
Avanzar hacia proyectos regionales de infraestructura es especialmente urgente en el caso de la electricidad. La demanda eléctrica de ALC ha crecido de forma constante en las últimas tres décadas, impulsada por cambios económicos estructurales, una rápida urbanización y la mejora del nivel de vida (IEA, 2023[36]). La región tiene el potencial de aumentar la producción eléctrica regional al mejorar los mecanismos institucionales y regulatorios. En general, un cambio de estrategias nacionales aisladas a un mercado eléctrico regional unificado permitiría a ALC aprovechar plenamente sus ventajas comparativas; reducir los costos de transición, y acelerar dicha transición hacia un futuro energético bajo en carbono e interconectado (Recuadro 4.4).
La producción de electricidad de ALC aún depende en gran medida de fuentes no renovables, aun cuando la demanda aumenta. El 57% de la electricidad en la región se genera a partir de fuentes renovables, cifra muy por arriba del mundial de 36% (CAF, 2024[90]). La situación varía de un país a otro: algunos, como Costa Rica, Paraguay y Uruguay, destacan por tener un alto porcentaje de renovables en su mezcla de generación eléctrica. La industria se mantiene como el sector que más electricidad consume, aunque la demanda por parte de edificios y servicios comerciales y públicos ha aumentado considerablemente, reflejando la expansión del sector servicios. El consumo eléctrico en agricultura y transporte también va en aumento, indicando tendencias más amplias de electrificación en todas las actividades económicas. Para cubrir esta demanda creciente y diversificada, se requiere una mezcla eléctrica resiliente y sostenible. Sin embargo, la generación eléctrica sigue concentrada en combustibles fósiles – en particular gas y carbón –, que representan casi la mitad de la producción regional total. La energía hidroeléctrica se mantiene como piedra angular del sistema energético, pero su confiabilidad parece debilitarse cada vez más por la variabilidad climática (IEA, 2023[36]; EMBER, 2024[91]).
La región goza de una oportunidad única para desarrollar un sistema eléctrico sostenible y competitivo ampliando las energías renovables. Los abundantes recursos naturales, incluidos la energía solar, los corredores eólicos y las reservas hidroeléctricas sin explotar, sitúan a ALC como líder mundial en el desarrollo de energías limpias (OECD et al., 2022[27]). Sin embargo, hacer realidad este potencial exige algo más que inversión: exige certeza regulatoria y una cooperación regional firme para modernizar la infraestructura de la red e impulsar la innovación energética. Pese a que se dispone de interconexiones físicas y de los esfuerzos de instituciones regionales, la integración eléctrica en toda ALC sigue limitada y fragmentada. El comercio eléctrico transfronterizo es aún marginal, restringido por mercados nacionales aislados y acuerdos bilaterales que no permiten ampliar y coordinar mejor el sistema (OLADE, 2024[92]).
Las mayores barreras para la integración son institucionales y regulatorias. Los marcos legales divergentes, los estándares operativos no armonizados y la falta de una autoridad reguladora regional, impiden aumentar la eficacia de la coordinación. En consecuencia, por lo común, la infraestructura que podría permitir el intercambio de electricidad no se utiliza lo suficiente. Un panorama fragmentado como este impide que la región optimice su mezcla de generación eléctrica de la región, equilibre más eficazmente las fuentes renovables y reduzca las emisiones y costos a nivel del sistema. A pesar de las acciones emprendidas por las organizaciones multilaterales de integración, en la práctica, el proceso de integración eléctrica en ALC se materializó principalmente desde una perspectiva bilateral (OLADE, 2024[92]). Establecer un marco regional con reglas comunes relativas a precios, entrega y gestión de riesgos, apoyado por financiamiento destinado a la infraestructura y por un organismo regional de coordinación, podría transformar los sistemas eléctricos en motores de integración regional (OLADE, 2024[92]).
Con base en modelos exitosos de otras regiones, el compromiso político y el diálogo estructurado serán esenciales para construir confianza y permitir la cooperación a largo plazo. El Mercado Interno de Energía de la Unión Europea es el modelo más avanzado de integración regional de la electricidad. Se basa en marcos legales y regulatorios compartidos, la planificación coordinada de redes y mecanismos de acoplamiento de mercados que facilitan el comercio eléctrico transfronterizo en tiempo real (European Union, 2025[93]). La Unión Europea y sus Estados miembros promueven actualmente una iniciativa para apoyar la integración eléctrica regional en ALC, en cooperación con gobiernos nacionales, instituciones financieras internacionales y empresas privadas. El mercado eléctrico de América del Norte, en particular entre Canadá, partes de México y Estados Unidos, ofrece otro ejemplo esclarecedor. En esta región, el comercio transfronterizo se facilita mediante acuerdos de interconexión y operaciones coordinadas entre operadores nacionales y regionales de transmisión, como la North American Electric Reliability Corporation. Aunque la armonización regulatoria está menos desarrollada que en la Unión Europea, la experiencia norteamericana ilustra los beneficios de una cooperación pragmática basada en estándares técnicos y preocupaciones mutuas sobre la confiabilidad (Pontenagel, 2025[94]).
Las iniciativas de integración regional – por ejemplo, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Alianza del Pacífico, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM) – han propiciado avances en la cooperación regulatoria y la facilitación del comercio. Sin embargo, su contribución a la transformación productiva y al desarrollo de cadenas de valor transfronterizas es aún desigual. La estructura institucional de integración de ALC se expandió considerablemente con el tiempo, con participaciones superpuestas y una creciente cobertura que trasciende el comercio e incluye inversión, trabajo y coordinación política. Sin embargo, los resultados económicos no se mantuvieron a la par con las ambiciones institucionales.
La integración regional de la producción puede ayudar a atraer inversiones
La historia de integración regional de ALC abarca más de seis décadas. Las primeras acciones para establecer organismos como el Mercado Común Centroamericano (CACM) y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (LAFTA), sentaron las bases para ejecutar acuerdos como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina (CAN) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). La década de 1990 marcó un punto de inflexión con la aparición del “nuevo regionalismo”, que trajo consigo procesos de integración más profundos, incluidos el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico (IDB, 2018[95]). En fecha más reciente, surgieron organismos más amplios – como la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la CELAC – que señalan un cambio hacia la coordinación de políticas, aunque con distintos grados de eficacia y continuidad (Tabla 4.3).
A pesar del denso panorama institucional, el comercio intrarregional se ha estancado. ALC se mantiene como una de las regiones menos integradas a nivel mundial en términos de comercio intrarregional. Entre 1995 y 2023, la participación de las exportaciones intrarregionales en el total de exportaciones se mantuvo entre el 15% y el 20%, muy por debajo de los niveles registrados en Asia o Europa (Gráfico 4.12). Tras un aumento moderado ocurrido a principios de la década de 2000, las exportaciones intrarregionales de ALC se estabilizaron e incluso disminuyeron ligeramente durante la última década. Este rendimiento contrasta con el de otras regiones, como Asia y Europa, que han mantenido o fortalecido el comercio intrarregional a lo largo del tiempo.
Fuente: (UNCTAD, 2024[45]).
América Central destaca como una excepción a esta tendencia. Entre 2003 y 2023, los miembros de CACM y SICA registraron un crecimiento constante en el comercio intrabloque, lo que indica que una mayor convergencia regulatoria, proximidad y complementariedad productivas han reforzado el intercambio regional (Gráfico 4.13). En cambio, en bloques como CAN y MERCOSUR se presentó un comercio intrabloque más volátil o a la baja, como señal de los retos enfrentados para mantener el impulso de integración en plenas asimetrías políticas y económicas. Pese a que su foco de atención es el regionalismo abierto y los servicios regionales, sigue representando una parte muy limitada de las exportaciones intrabloque.
Nota: CACM = Mercado Común Centroamericano. SICA = Sistema de la Integración Centroamericana. ALADI = Asociación Latinoamericana de Integración. CARICOM = Comunidad del Caribe y Mercado Común. MERCOSUR = Mercado Común del Sur. CAN = Comunidad Andina.
Fuente: (UN Comtrade, 2025[97]).
La concentración comercial también intensifica la vulnerabilidad, sobre todo en tiempos volátiles. Muchos de los bloques regionales de ALC siguen dependiendo de unos pocos socios extrarregionalas. Por ejemplo, Estados Unidos recibe el 43% de las exportaciones de ALADI, el 45% de SICA y más del 60% de la Alianza del Pacífico, aunque el principal remitente es México (UN Comtrade, 2025[97]). El perfil del MERCOSUR es más diversificado: gran parte de sus exportaciones se envían a Canadá, China y la Unión Europea, aunque más de la mitad es enviada a países que no son los principales socios del bloque. Esta alta dependencia de un grupo reducido de mercados limita la resiliencia de la región ante choques externos y su potencial para desarrollar cadenas regionales de valor más sólidas (UN Comtrade, 2025[97]).
La composición exportadora de los principales bloques regionales de integración de ALC varía considerablemente, con diferencias estructurales en la especialización comercial y una diversificación limitada en la mayoría de los bloques (Gráfico 4.14). MERCOSUR y CAN muestran una alta concentración en agricultura y minerales, siendo la agricultura por sí sola casi la mitad de las exportaciones de MERCOSUR. La CAN se destaca por su considerable participación en minerales, lo que indica una dependencia continua de los sectores extractivos. SICA tiene un perfil exportador más diversificado, con contribuciones notables de textiles, vehículos y electrónica, lo que sugiere una mayor participación en la manufactura ligera y el comercio basado en el ensamblaje, especialmente vinculado a las cadenas de valor globales. La composición exportadora de la Alianza del Pacífico y ALADI es relativamente equilibrada, mientras que CARICOM sigue siendo el bloque menos diversificado. Sin embargo, CARICOM es el bloque regional con la mayor cuota de exportaciones químicas, una categoría de alta sofisticación productiva que requiere alta intensidad de investigación y desarrollo.
Porcentaje de las exportaciones totales
Nota: La cifra excluye las exportaciones no especificadas. Se utiliza el nivel de cuatro dígitos de la clasificación de productos del Sistema Armonizado HS92.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (UN Comtrade, 2025[97]), (Harvard University, 2024[98]) y (OEC, 2025[99]).
Profundizar la integración comercial en ALC es esencial para desbloquear el potencial económico de la región y fomentar la transformación productiva. Los mercados regionales ofrecen un espacio estratégico para que las empresas escalen la producción, diversifiquen sus exportaciones e integren en cadenas de valor con barreras de entrada más bajas que los mercados globales. Sin embargo, la débil infraestructura intrarregional – autopistas sin terminar, puertos congestionados y conectividad digital desigual – sigue siendo un obstáculo crítico que limita los enlaces transfronterizos y aumenta los costos de transacción (ECLAC, 2023[100]). La integración comercial apoya el desarrollo de cadenas de valor regionales al mejorar la conectividad entre empresas e industrias a través de las fronteras, facilitando la difusión del conocimiento y promoviendo la inversión en logística, infraestructuras y servicios. Para las pymes en particular, el acceso a los mercados regionales puede ser un paso hacia la internacionalización y la mejora tecnológica. Basándose en el panorama institucional existente, CAF promueve el Programa Integral de Gestión Fronteriza (PROGIF), una iniciativa multisectorial destinada a mejorar la conectividad transfronteriza en ALC, reducir los tiempos y costos comerciales y liberar el potencial productivo de las zonas fronterizas. El programa integra intervenciones en infraestructuras, operaciones aduaneras y sanitarias, armonización regulatoria y desarrollo territorial, complementadas con acciones para mejorar el acceso a servicios básicos y fortalecer las pymes locales. También fomenta la coordinación entre actores públicos y privados y el uso de herramientas de diagnóstico y planificación para desarrollar corredores fronterizos más eficientes, inclusivos y competitivos (CAF, 2025[101]).
Además, un espacio comercial regional más integrado fortalece la resiliencia frente a choques externos al reducir la sobredependencia de unos pocos socios extrarregionalas y al permitir una mayor flexibilidad en tiempos de inestabilidad. La integración comercial regional también puede fomentar la convergencia política en áreas como la competencia, los estándares y la sostenibilidad, generando un entorno más predecible y atractivo para la inversión. Más allá de impulsar la economía, la integración regional puede servir como plataforma para promover prioridades comunes – incluyendo la descarbonización, la digitalización y la innovación industrial – mediante estrategias coordinadas e iniciativas conjuntas. En un contexto de incertidumbre global y dinámicas geopolíticas cambiantes, avanzar en la integración comercial en ALC es una necesidad para construir economías más inclusivas, competitivas y sostenibles.
La integración regional es también una palanca fundamental para aumentar la atractividad de ALC para la inversión. Los mercados fragmentados, las regulaciones inconsistentes y la conectividad limitada han restringido durante mucho tiempo la capacidad de las empresas para escalar operaciones y gestionar eficientemente las cadenas de suministro a través de fronteras (ECLAC, 2024[102]). Al reducir las barreras comerciales, armonizar los estándares e invertir en infraestructuras compartidas, la integración regional puede crear un entorno de inversión más amplio, predecible y competitivo. Los mercados integrados ofrecen economías de escala, menores costos de transacción y mayor certeza, factores clave para los inversores que buscan rendimientos estables y a largo plazo. Además, en el contexto de los esfuerzos globales para construir cadenas de suministro resilientes y sostenibles, ALC puede posicionarse como un centro estratégico de producción, especialmente en sectores como la energía limpia, agroalimentaria y farmacéutica. Las estrategias regionales coordinadas señalan compromiso político y coherencia política, elementos que son cada vez más valorados por inversores internacionales que navegan riesgos geopolíticos y relacionados con el clima.
El comercio regional como facilitador de la diversificación e integración
Los esfuerzos para mejorar la facilitación comercial en ALC están ganando fuerza y representan una palanca crítica para apoyar una integración regional más amplia. Sin embargo, el potencial transformador de estas reformas sigue limitado por los desafíos estructurales subyacentes de la región, especialmente la escasa diversificación de su base productiva. Aunque las mejoras en la facilitación del comercio ayudan a reducir los costos comerciales y a agilizar las operaciones transfronterizas, su impacto completo en la competitividad y la integración regional se ve obstaculizado por persistentes brechas en capacidades productivas, absorción tecnológica y actualización sectorial. Estos desafíos se ven agravados por la creciente incertidumbre y volatilidad en la economía global, incluyendo tensiones geopolíticas, interrupciones comerciales y el endurecimiento de las condiciones financieras, lo que refuerza la urgencia de que ALC construya sistemas de producción y comercio más diversificados e impulsados por la innovación.
Mejorar la diversificación de la canasta exportadora de la región es esencial para el crecimiento
Las iniciativas destinadas a profundizar la integración regional en ALC han avanzado de forma limitada debido a la base productiva poco diversificada de la región. La cesta de exportaciones de ALC está altamente concentrada en sectores de bajo valor añadido, incluyendo materias primas y manufactura poco cualificada (Gráfico 4.15). Sudamérica se destaca por su fuerte dependencia de materias primas, que representan más del 60% del total de exportaciones, niveles similares a los de África y muy superiores a cualquier otra región. La cuota de exportaciones de productos manufacturados de nivel medio, altamente cualificados y con mucha tecnología es mucho mayor en regiones como el Sudeste Asiático, Asia en general y la OCDE, lo que subraya su mayor integración en cadenas de valor globales complejas y mayores niveles de sofisticación industrial. El Caribe, aunque depende menos de las materias primas que Sudamérica, muestra una participación limitada en la manufactura altamente cualificada y mantiene una parte significativa de las exportaciones poco cualificadas. América Central demuestra una estructura más diversificada que el resto de ALC, con una presencia notable de manufactura de cualificación media y alta cualificación, aunque sigue muy por detrás de los países de la OCDE.
El hecho de que los países de ALC hayan realizado pocos movimientos más allá de las exportaciones basadas en recursos naturales y la manufactura de baja tecnología, es una limitante estructural que dificulta la actualización tecnológica, la aportación de valor y una participación más robusta en segmentos dinámicos del comercio global. La productividad sigue estancada debido a una economía dual en la que un pequeño número de grandes empresas tecnológicamente avanzadas – a menudo operando en sectores de recursos naturales orientados a mercados globales – coexisten con la mayoría de pequeñas empresas con baja productividad, capacidades tecnológicas limitadas y acceso débil a habilidades y finanzas (OECD et al., 2021[103]). Esta estructura fragmentada condiciona el empleo formal, deprime salarios y demanda, y limita los incentivos para la innovación, reforzando en última instancia un ciclo de baja productividad y crecimiento volátil. La inserción internacional de la región, impulsada por unos pocos grandes exportadores, ofrece un espacio restringido para una transformación industrial más amplia o para la participación en segmentos de alto valor de las cadenas de valor globales.
Fuente: (UNCTAD, 2024[45]).
Un proceso de integración más eficaz podría ayudar a superar estos desafíos. Los mecanismos de integración pueden impulsar la diversificación de las exportaciones y la inserción en las cadenas de valor facilitando economías de escala, facilitando la regionalización de las cadenas de suministro y apoyando la inversión en infraestructuras compartidas y sistemas de innovación. El Corredor Bioceánico de Capricornio es un ejemplo de cómo una iniciativa de infraestructuras transnacionales mejora la conectividad en Sudamérica. El corredor conecta los océanos Atlántico y Pacífico a través de una red de transporte multimodal. Atraviesa Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, integrando instalaciones por carretera, ferrocarril y portuario para facilitar el comercio y la integración económica. Se espera que esta mejor conectividad reduzca los costos de transporte de mercancías entre un 30% y un 40% y los tiempos de envío hasta 15 días, fomentando nuevas cadenas de valor en la minería y la agroindustria (OECD, 2025[104]). Otro ejemplo es la Vía Navegable Paraguay-Paraná, un corredor fluvial estratégico esencial para el transporte de mercancías a través de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde CAF ha proporcionado apoyo técnico y financiero para mejorar la navegabilidad y la infraestructura portuaria (CAF, 2002[105]). Estas iniciativas tienen como objetivo reducir los tiempos y costos de transporte, incrementar la seguridad y facilitar los flujos comerciales.
Fortalecer el comercio dentro de la región y fomentar una integración más equilibrada, tanto geográfica como sectorial, será esencial para apoyar una transformación regional de la producción que sea más resiliente, inclusiva y capaz de proporcionar vínculos competitivos con los mercados globales. Otras regiones, como el Sudeste Asiático, ofrecen valiosas lecciones sobre la diversificación de exportaciones (Recuadro 4.5).
La integración regional en Asia Oriental y el Sudeste Asiático ha tenido un efecto decisivo en la transformación de las estructuras comerciales y en el impulso de la diversificación de exportaciones durante las últimas tres décadas. A través de mecanismos institucionales como el Área de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Comunidad Económica de la ASEAN y, más recientemente, la Asociación Económica Regional Integral (RCEP, por sus siglas en inglés), las regiones han reducido progresivamente las barreras al comercio, armonizado normas y estándares, y creado un entorno propicio para la inversión transfronteriza y la colaboración industrial.
Estos marcos regionales dieron lugar a la aparición de redes de producción profundamente integradas, especialmente en sectores de alto crecimiento como la electrónica, la maquinaria, las piezas automotrices y, cada vez más, los servicios digitales. Países como Malasia, Tailandia y Vietnam se han integrado con éxito en cadenas de valor regionales, convirtiéndose en nodos estratégicos para el ensamblaje y exportación de bienes intermedios y finales. Esta especialización no solo ha incrementado los volúmenes de exportación, sino que también ha catalizado un cambio en la composición de las exportaciones hacia productos de mayor valor añadido y tecnológicamente más sofisticados.
Al mismo tiempo, la expansión del comercio intrarregional ha reducido la dependencia de la ASEAN de los mercados tradicionales de Europa y Norteamérica. El comercio dentro de Asia representa ahora más del 50% del comercio total de la ASEAN, respaldado por mejoras en logística, armonización regulatoria y la estandarización de las reglas de origen bajo el RCEP. Esto da testimonio del papel de las cadenas de suministro regionales, la conectividad de infraestructuras y los estándares de producción compartidos. Se espera que RCEP consolide estas ganancias simplificando las reglas de origen y ampliando el acceso al mercado entre sus 15 países miembros, que en conjunto representan casi el 30% del PIB mundial.
El caso de la ASEAN destaca que la integración regional, cuando se alinea con las estrategias industriales nacionales y la inversión a largo plazo en capacidades, puede ser un motor poderoso de diversificación de exportaciones y transformación estructural. Sin embargo, la experiencia también subraya la importancia de las políticas complementarias. Los países que invirtieron en desarrollo de competencias, facilitación comercial y capacidad de innovación ‒ como Corea, Singapur y, más recientemente, Vietnam ‒ lograron estar mejor posicionados para beneficiarse de la integración. Por el contrario, las economías con menor capacidad institucional o cuellos de botella en infraestructuras han tenido dificultades para diversificarse de forma significativa o ascender en la cadena de valor.
Fuente: (ADB, 2025[106]).
Revertir la tendencia de baja diversificación y dependencia de las materias primas requiere políticas productivas con una dimensión regional. Estas políticas implican intervenciones estratégicas destinadas a moldear la estructura de la economía promoviendo sectores específicos, facilitando el cambio tecnológico y abordando fallos de mercado que dificultan la transformación productiva (Bonvillian, 2024[107]). Incorporar una dimensión regional en políticas productivas permite promover vínculos productivos, actualizar la tecnología e invertir en la sostenibilidad. Un buen ejemplo es la plataforma regional de biotecnología BIOTECSUR, iniciativa cooperativa entre la Unión Europea y el MERCOSUR que promueve la investigación colaborativa, apoya la creación de vínculos público-privados y fomenta la armonización de marcos regulatorios para facilitar la comercialización de productos biotecnológicos. Al promover la integración regional en un sector intensivo en conocimientos, BIOTECSUR ejemplifica de qué manera la cooperación pragmática puede impulsar las capacidades regionales en sectores fronterizos y apoyar un desarrollo más inclusivo y sostenible (IDB, 2023[108]). Otro ejemplo es la Iniciativa de la GGIA UE-LAC para la Resiliencia Regional en Salud, cuyo objetivo es optimizar el intercambio de conocimientos científicos y de la pericia política y regulatoria entre partes interesadas en Europa y ALC, y a la vez reducir riesgos de inversión (a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible+), así como proporcionar financiamiento catalizador para fomentar la I+D en la producción de vacunas (European Commission, 2022[109]).
Emprender acciones coordinadas como estándares técnicos compartidos, infraestructuras conjuntas, mecanismos regionales de financiamiento y marcos comunes para el comercio, la inversión y el desarrollo de competencias, es esencial para aumentar la productividad y la producción en industrias clave (ECLAC, 2024[38]). También merece la pena considerar el marco formativo común (es decir, un conjunto compartido de conocimientos, capacidades y competencias mínimos necesarios para ejercer una profesión específica). Las personas poseedoras de una cualificación que cumpla con las condiciones del marco rector, pueden conseguir que se les reconozca automáticamente en los países miembros del acuerdo, como sucede en la Unión Europea (European Commission, 2025[110]). En ALC, los 16 Estados miembros de CARICOM participan en el Marco de Cualificaciones Profesionales del Caribe (CVQ), aprobado por la Comunidad de Ministros de Educación del Caribe en 2010, el cual define estándares comunes de competencia y cinco niveles de cualificación, y garantiza que un CVQ emitido en un Estado miembro sea reconocido en todos los países (CARICOM, 2020[111]). De igual manera, en los últimos cuatro años, la Alianza del Pacífico cumplió con dos metas estratégicas en la certificación de competencias profesionales, al desarrollar i) el primer sistema de homologación de certificados de validación de competencias capaz de favorecer la movilidad laboral en la región, y ii) un catálogo de competencias verdes elaborado conjuntamente por los países destinado a acelerar el desarrollo de perfiles de empleo verde para la industria de las energías limpias, la construcción, el agua y saneamiento, entre otros.
Las medidas de facilitación y las barreras no arancelarias pueden reducir los costos comerciales
La facilitación del comercio implica medidas políticas orientadas a minimizar el costo, el tiempo y la incertidumbre relacionados con la participación en el comercio internacional. Estas medidas pretenden abordar los cuellos de botella que dificultan las actividades de exportación e importación, tanto en la frontera como en etapas anteriores. Los Indicadores de Facilitación del Comercio (TFI) de la OCDE son un conjunto de medidas que agilizan y simplifican los procedimientos técnicos y legales para productos intermedios o finales por comercializar a nivel internacional (Moïsé and Sorescu, 2013[112]). Estos indicadores abarcan la disponibilidad de información; armonización y simplificación de documentos; procesos automatizados y gestión de riesgos; simplificación de los procedimientos fronterizos; y buena gobernanza e imparcialidad. Otros instrumentos son la herramienta Facilitación del Comercio (HFC) del CAF, diseñada para identificar cuellos de botella comerciales y proponer soluciones alineadas con los compromisos de los países bajo el Acuerdo de Facilitación del Comercio (TFA) Organización Mundial del Comercio (OMC). La herramienta puede utilizarse en diferentes niveles territoriales y apoya a los países en la mejora de su competitividad.
Durante la última década, los países de ALC han logrado avances notorios en la facilitación del comercio. Entre 2012 y 2024, mejoraron en especial en áreas que requieren coordinación institucional y simplificación de documentos (Gráfico 4.16). Las categorías “cooperación con agencias fronterizas” y “formalidades-documentos” alcanzaron los mayores porcentajes de mejoras, reflejando el importante trabajo realizado para reducir duplicaciones y armonizar procedimientos. En áreas vinculadas a salvaguardas legales y procesales, como la “gobernanza e imparcialidad” y la “disponibilidad de información” se observan avances más limitados. Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú lograron los resultados promedio más altos en los TFI, lo que indica una implementación relativamente avanzada de reformas de facilitación del comercio.
Cambio porcentual por zona de TFI (2012-2024) y TFI promedio por país
Nota: TFI = Indicador de Facilitación del Comercio.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (OECD, 2025[113]) y (OECD, 2025[114]).
A pesar de estos avances, las barreras no arancelarias (NTB, por sus siglas en inglés) representan un gran obstáculo para el comercio intrarregional. Estas medidas abarcan barreras que limitan los flujos comerciales, por ejemplo, normas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al comercio y restricciones cuantitativas. Las NTB generan ineficiencias, aumentan los costos y dificultan el acceso al mercado a productores y exportadores en la región (Dolabella and Duran Lima, 2021[115]). Las autoridades encargadas del comercio en los países de ALC a menudo califican a las NTB como una limitación clave del crecimiento de las exportaciones. A diferencia de los aranceles, que son más transparentes y fáciles de abordar, las NTB suelen ser menos visibles y variar mucho de un mercado a otro. Para los países de ALC serían más provechosas las reducciones de las NTB que de nuevas reducciones arancelarias, y esto podría impulsar considerablemente el comercio intrarregional (IMF, 2017[116]).
Las NTB imponen un costo comercial adicional estimado del 3.9% en el comercio intrarregional en ALC, con costos adicionales promedio del 7.1% en productos primarios, el 3.9% en la manufactura ligera y el 3.9% en manufactura pesada. Los sectores con los mayores costos comerciales adicionales debido a las NTB son los de agricultura, caza y pesca (8.4%); alimentos procesados, bebidas y tabaco (5.6%); y petroquímica (4.4%). Brasil y México imponen las NTB más altas en importaciones, con un promedio del 8.2% y 6.3%, respectivamente. Bolivia es el país más afectado (14.3%, sobre todo en el sector químico y petroquímico), seguido por Trinidad y Tobago (9.6%), Uruguay (5.6%), Venezuela (5.4%), Honduras (4.9%) y Argentina (4.8%) (Dolabella and Duran Lima, 2021[115]).
Los acuerdos comerciales que incorporan cláusulas para reducir las NTB tienen, por tanto, mucho potencial para impulsar el comercio intrarregional y el bienestar económico. Por ejemplo, las NTB suelen exigir a los exportadores que cumplan con regulaciones duplicadas o inconsistentes en diferentes mercados, lo que incrementa costos y cargas administrativas. Un ejemplo es Chile, donde los exportadores son diversos (desde productores de aguacate hasta los de salmón necesitan sortear procesos separados y complicados de seguridad alimentaria para cada mercado de exportación (The Economist, 2024[117]). Esta fragmentación genera gran ineficiencia e impide a los exportadores aprovechar por completo las oportunidades regionales. Como respuesta a estos retos, se han emprendido iniciativas en la región para reducir las NTB. En 2015, Chile, México y Perú se adhirieron al Tratado de Asociación Transpacífico. El acuerdo comercial contiene disposiciones sobre la armonización de normas técnicas, la simplificación de procedimientos regulatorios y el aumento de la cooperación sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (World Bank Group, 2016[118]). Se requieren más iniciativas regionales para facilitar las NTB.
El panorama del comercio mundial está en proceso de reconfiguración por las tensiones comerciales continuas, ligadas a la reciente tendencia generalizada de políticas proteccionistas. El modelo tradicional de comercio abierto y profundamente integrado en las cadenas globales de valor – que antes era decisivo en las trayectorias de desarrollo de las economías avanzadas y los mercados emergentes del Sudeste Asiático – se está convirtiendo en un motor de crecimiento menos confiable (OECD, 2025[119]). En este nuevo contexto, en el que las grandes economías priorizan cada vez más la producción nacional y la autonomía estratégica, los países de ALC no deben ya depender únicamente de estrategias orientadas a la exportación aferradas al acceso preferencial a grandes mercados. En cambio, es preciso que diversifiquen activamente las asociaciones comerciales y de cooperación y, al mismo tiempo, den prioridad a estrategias nacionales y regionales – conocidas como políticas industriales de “nueva generación” – que promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible, incluyendo la integración regional, la inversión en competencias productivas y el apoyo a sectores con mayor potencial de valor agregado.
Las políticas de desarrollo productivo resurgen como una herramienta fundamental para alcanzar objetivos de desarrollo a largo plazo y gestionar las transiciones entre lo verde y lo digital (Capítulo 2). Esta “nueva generación” de políticas es distinta de las del siglo XX, tanto en forma como en función. En vez de priorizar la sustitución de importaciones o las correcciones horizontales de mercado, las políticas de desarrollo productivo, impulsadas por la sostenibilidad, se orientan cada vez más en una misión y se basan en la colaboración público-privada (WEF/UNIDO, 2024[120]). Reflejan una comprensión pragmática de que los Estados deben participar activamente en la configuración de los mercados, alentar la innovación y garantizar que las capacidades industriales armonicen con objetivos sociales más amplios, como la descarbonización, la inclusión y la resiliencia. El informe Draghi, que expone una visión del futuro de la competitividad europea, va en esta dirección (Draghi, 2024[121]). La evolución está moldeada por las lecciones aprendidas de fracasos y éxitos pasados. La experiencia adquirida en el siglo XX de políticas industriales en Asia Oriental, especialmente en Corea del Sur y Taipéi Chino, demostró que las intervenciones selectivas y bien coordinadas, si se integran en instituciones y mecanismos sólidos de rendición de cuentas, podrían fomentar industrias competitivas a nivel global (Rodrik, Juhasz and Lane, 2024[122]).
La nueva generación de políticas de desarrollo productivo se propone desvincular el crecimiento de la degradación ambiental. Este cambio es esencial, ya que la industria representa casi el 40% del consumo energético mundial y más del 30% de las emisiones mundiales de GEI (WEF, 2022[123]). En la práctica, esto significa priorizar sectores con potencial verde, como las energías renovables, la manufactura circular o la movilidad eléctrica, y armonizar las estrategias industriales con los objetivos climáticos y las prioridades nacionales de desarrollo. Además, la producción global atraviesa por una reconfiguración espacial, en la que la sostenibilidad (powershoring), la resiliencia (nearshoring) y la diversificación se priorizan, junto con la eficiencia (CAF, 2022[124]; Green Initiative, 2025[125]; JLL, 2024[126]).
El apoyo internacional es fundamental para la promoción de políticas industriales sostenibles, que ayuden a los países a cumplir con sus objetivos relacionados con el clima. La mayoría de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) incluyen a la industria en su ámbito, y casi dos tercios incorporan ahora medidas detalladas de transición industrial y han avanzado en la cobertura de dicha transición (UNIDO, 2023[127]). También hacen cada vez más referencia a asociaciones promotoras de políticas industriales verdes, en particular en el contexto de la aplicación de compromisos climáticos y del cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones. Por ejemplo, las CDN suelen poner énfasis en las asociaciones para avanzar en la transformación industrial armonizada con el clima mediante la colaboración sectorial.
Muchas CDN destacan alianzas intersectoriales para descarbonizar industrias mediante la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades y la cooperación financiera. Dichas alianzas podrían implicar, por ejemplo, energía, agricultura y manufactura. Las CDN de Chile, actualizadas en 2020, son un buen ejemplo, ya que incluyen referencias a asociaciones para promover una economía de hidrógeno verde, conectando claramente los objetivos climáticos con nuevos sectores industriales (NDC Partnership, 2020[128]). Asimismo, las CDN de Colombia, actualizadas en 2020, solicitan apoyo internacional para la movilidad sostenible y las iniciativas industriales de energía limpia, con lo que vinculan la acción climática a la transformación productiva (NDC Partnership, 2020[129]). Sin embargo, planes explícitos que faciliten el apoyo a políticas de desarrollo productivo verde escasean o no están sistemáticamente detallados, lo que dificulta la toma de decisiones de inversión más eficaces por parte de socios e inversores. Las nuevas políticas de desarrollo productivo que aparecen en los planes nacionales de desarrollo, las estrategias de crecimiento verde o los planes sectoriales se beneficiarían de asociaciones consolidadas si estuvieran más sistemáticamente integradas en las CDN (OECD/IEA, 2024[130]).
Este contexto abre una ventana de oportunidad para que los países de ALC se posicionen como socios productivos competitivos, sostenibles y confiables. Algunos principios rectores, basados en aprendizajes de políticas industriales pasadas, ayudarían a aumentar la probabilidad de éxito de las políticas de desarrollo productivo. Algunas características clave implican centrarse en la adopción tecnológica, aumentar la competencia, evitar medidas que limitan el comercio y favorecer la transparencia y el seguimiento (Ohnsorge, Raiser and Leiyu Xie, 2024[131]). Por ejemplo, promover prácticas sostenibles en el sector de materias primas esenciales a lo largo de ALC es una de las principales prioridades de socios como la Unión Europea. En colaboración con el BID, esta iniciativa se propone elevar los estándares medioambientales, sociales y de gobernanza en el ámbito de extracción y procesamiento de minerales esenciales, en armonía con los objetivos globales de sostenibilidad y en apoyo al desarrollo socioeconómico de la región. Fomentando métodos de producción responsables, la iniciativa busca asegurar que el crecimiento del sector de materias primas contribuya a un avance inclusivo y sostenible en la región (IDB, 2024[132]).
Una nueva generación de políticas de desarrollo productivo en ALC requiere poner un énfasis estratégico en la cooperación regional, con seis bloques básicos que apoyan la integración y la transformación (Gráfico 4.17).
Fuente: Elaboración de los autores con base en (ECLAC, 2024[38]), (Ohnsorge, Raiser and Leiyu Xie, 2024[131]) y (Lebdioui, 2022[133]).
Primero: las cadenas de suministro regionales integradas son fundamentales en esta iniciativa. La integración regional puede aumentar la competitividad y apoyar la transición hacia estructuras de producción más limpias y estables. Mediante el fomento de redes de producción transfronterizas, los países de ALC pueden aprovechar las economías de escala, reducir los costos de los insumos e incrementar la resiliencia ante las perturbaciones mundiales. Además, la región podría aprovechar iniciativas ya avanzadas, como las instituciones de producción regional de electricidad (OLADE, 2024[92]).
Segundo: el desarrollo de competencias y la colaboración en investigación – es decir, el desarrollo de sistemas de formación compartidos, programas regionales de certificación e iniciativas colaborativas de investigación y desarrollo – puede reducir las brechas de capacidades entre los distintos países y acelerar la innovación, sobre todo en los sectores emergentes verdes y digitales (CAF, 2024[90]).
Tercero: facilitar la adopción de tecnologías digitales y de bajo carbono es de suma importancia. La integración de tecnologías digitales en la producción industrial requiere comprender a fondo el papel central de los datos, tanto en la economía digital como en la verde, así como el desarrollo de políticas que refuercen la cadena completa de valor de los datos, desde su recopilación hasta su análisis y aplicación. Estas tendencias exigen armonizar las políticas productivas con las estrategias digitales nacionales, especialmente en países en desarrollo, en los que los gobiernos pueden apoyar a empresas rezagadas a incorporarse en la revolución digital (OECD et al., 2024[134]). La cooperación puede promover el acceso a infraestructura compartida, facilitar la difusión de tecnologías y alentar el desarrollo de plataformas regionales que reduzcan las duplicaciones y costos de transacción. Iniciativas regionales, como la Agenda Digital e-ALC para América Latina y el Caribe, y las alianzas birregionales como la Alianza Digital UE-ALC ya lograron algunos avances en esta dirección (ECLAC, 2024[135]; European Commission, 2025[67]).
Cuarto: la protección y uso sostenible de los recursos medioambientales compartidos también debe ser un elemento central de las estrategias regionales. Los activos transfronterizos de biodiversidad, como la cuenca amazónica, los ecosistemas de manglares y los corredores marinos, requieren marcos coordinados de conservación. El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que involucra a Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, es un ejemplo de cómo procurar al mismo tiempo la protección de la biodiversidad y el desarrollo económico mediante la colaboración regional (Lebdioui, 2022[133]). Los países de ALC podrían fortalecer sus políticas de desarrollo productivo formulando agendas compartidas sobre asuntos de interés común, como la explotación y procesamiento sostenibles de los recursos naturales y el reforzamiento de cadenas de valor que puedan aprovechar la escala que el mercado permitiría (ECLAC, 2024[38]).
Quinto: la armonización regulatoria apoya el desarrollo de los mercados regionales. Las normas medioambientales, técnicas y laborales comunes, disminuyen las barreras al comercio y la inversión, optimizan la congruencia de las políticas y generan confianza entre las partes interesadas.
Sexto: los acuerdos internacionales de comercio basados en normas promueven la transparencia, la estabilidad y la previsibilidad en los mercados regionales y mundiales. Cuando se armonizan con los objetivos industriales y medioambientales, estos acuerdos comerciales pueden reforzar las agendas políticas nacionales, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y fomentar el flujo transfronterizo de conocimientos y capital (Ohnsorge, Raiser and Leiyu Xie, 2024[131]). En la región, diversas organizaciones y acuerdos, incluidos la CARICOM, el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico, el SICA y acuerdos bilaterales, como los ejecutados entre la Unión Europea y Chile, México, América Central o los países andinos, han reducido barreras y promovido el comercio internacional, como muestra del éxito de las alianzas vigentes (European Commission, 2025[136]).
ALC se encuentra en un momento decisivo en el que la convergencia de la transformación productiva, las transiciones verde y digital y la integración regional puede redefinir su trayectoria de desarrollo. La nueva generación de políticas de desarrollo productivo que ahora surge es impulsada por objetivos o misiones claras, orientada a la sostenibilidad, inclusiva y basada en la colaboración público-privada. Estas estrategias reflejan un cambio pragmático, de los enfoques tradicionales de política industrial a la promoción de sectores armonizados con los objetivos climáticos globales y las fronteras tecnológicas. Sin embargo, el éxito de dichas políticas depende de la capacidad de la región de coordinar a gran escala, reafirmar los marcos institucionales e integrar estrategias industriales en alianzas internacionales y ecosistemas financieros más amplios.
La IED, la AOD y la cooperación internacional siguen siendo fundamentales para avanzar en los tres principales elementos que facilitan la transformación productiva en ALC: el desarrollo de competencias, la adopción de tecnología y el desarrollo de infraestructura. Si bien la IED se centra cada vez más en los sectores de servicios y energías renovables, su potencial para apoyar cadenas regionales de valor y la transferencia tecnológica se mantiene poco explotado. Los flujos de AOD, aunque limitados en cuanto a las necesidades de la región, han intervenido de manera importante en el financiamiento del desarrollo de competencias, sobre todo la formación profesional y digital, y en el reforzamiento de la capacidad institucional para la planificación y gobernanza de la infraestructura. Sin embargo, el apoyo suele fragmentarse y no armonizar lo suficiente con las prioridades nacionales o regionales de desarrollo productivo. La cooperación reforzada es esencial para cerrar las brechas de coordinación, ampliar los instrumentos financieros mixtos y fomentar alianzas sectoriales que aceleren la difusión de tecnologías avanzadas e infraestructuras verdes. Aprovechar la IED y la AOD de manera más estratégica y congruente puede ayudar a salvar las brechas estructurales y asegurar que los flujos de inversión contribuyan en gran medida a la transformación a largo plazo.
La integración regional surgió como un reto, pero también como una palanca estratégica. A pesar de contar con acuerdos comerciales durante décadas, el comercio intrarregional en ALC es aún uno de los más bajos a nivel mundial, debido a infraestructura deficiente, estructuras de exportación semejantes y cadenas regionales de valor poco desarrolladas. No obstante, hay áreas prometedoras para la integración, especialmente en los ámbitos de electricidad, transformación agroindustrial y manufactura relacionada con la salud. El renovado interés en los sistemas energéticos transfronterizos, la integración eléctrica regional y el powershoring (la reubicación de industrias en países con fuentes de energía más limpias y estables) indica la creciente armonización entre la competitividad y la sostenibilidad. Fortalecer los mecanismos de cooperación regional y la armonización regulatoria resulta esencial para desbloquear estas oportunidades y bajar el costo de hacer negocios a través de las fronteras.
Promover alianzas y la cooperación internacional sobre los principales facilitadores de la transformación productiva
Reforzar los flujos de cooperación internacional hacia sectores estratégicos de transformación productiva en ALC. Estos flujos permanecen limitados, pese a la creciente importancia de la IED y la movilización del sector privado. Es necesario impulsar medidas hacia la movilización del sector privado, principalmente en sectores que promuevan políticas de desarrollo productivo inclusivas y sostenibles.
Profundizar y armonizar alianzas internacionales y regionales con los actores clave, en particular en sectores prioritarios para la transformación productiva, incluidos la manufactura, las energías renovables y los servicios digitales.
Ampliar el apoyo a los facilitadores fundamentales de la transformación productiva, en especial el desarrollo de competencias, la adopción de tecnología y la infraestructura, que continúan subrepresentados en las acciones actuales de cooperación y pueden impulsar una mayor inversión del sector privado
Procurar que la cooperación internacional y la movilización de IED integren explícitamente el apoyo a los facilitadores de la transformación, para reforzar los impactos a largo plazo y los acuerdos de buena gobernanza.
Reforzar el clima de inversión y la atracción de IED, facilitador clave del crecimiento de la I+D y del sector digital, fuertes motores de la transformación productiva.
Priorizar la IED y la movilización del sector privado mediante procesos que reflejen las estrategias de desarrollo de los países de ALC y, a la vez, tomar en cuenta los intereses comunes con los socios internacionales.
Fomentar la integración regional y la inserción en la cadena global de valor
Promover una integración más profunda de las cadenas regional y global de valor, como una guía importante para una mayor productividad en ALC, y como fuente de nuevas oportunidades de colaboración. Centrarse en sectores estratégicos clave que promuevan la integración
Aprovechar los acuerdos comerciales regionales de forma más estratégica, asegurándose de que incorporen e impulsen sectores clave con potencial para generar empleo digno a largo plazo.
Mejorar la congruencia y armonización de las alianzas regionales e internacionales, con prioridades nacionales y regionales, destinadas a lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.
Explorar opciones para construir plataformas en las que pueda debatirse el apoyo de los socios a una nueva generación de políticas de desarrollo productivo en ALC, tanto a nivel nacional como regional.
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