A medida que el mundo emerge de la pandemia del COVID-19, los delitos fiscales y financieros se vuelven más globales que nunca y, si no se controlan, pueden socavar el estado de derecho y la confianza pública en el sistema legal y financiero. Los desarrollos tecnológicos también están llevando a la aparición de nuevos riesgos, incluido el crecimiento de los delitos cibernéticos, el creciente uso indebido de las criptomonedas y una nueva generación de facilitadores profesionales sofisticados capaces de crear estructuras complejas y opacas, y mover dinero en tiempo real de manera creciente.
A medida que el mundo se recupera de los efectos de la pandemia, la lucha contra los delitos fiscales adquiere un nuevo imperativo. La situación exige una mayor cooperación internacional y que todas las jurisdicciones tengan un sólido conjunto de herramientas jurídicas y operativas nacionales para detectar, reprimir y sancionar eficazmente tanto a los infractores como a los facilitadores de los delitos fiscales.
En apoyo a estos objetivos, la presente guía actualiza la primera edición de los Diez Principios Globales para la lucha contra los delitos fiscales, que ha sido muy influyente al proporcionar un marco reconocido internacionalmente contra el cual los jurisdicciones pueden compararse e inspirarse. Los Diez Principios Globales cubren la gama completa de herramientas que las jurisdicciones deben esforzarse en tener vigentes, desde contar con leyes integrales que tipifiquen los delitos fiscales, hasta el establecimiento de una estrategia general contra los delitos fiscales para detectar amenazas y focalizarse en la actividad delictiva, así como contar con los mecanismos necesarios para confiscar el producto del delito una vez que haya una condena.
Esta nueva edición de los Diez Principios Globales brinda una actualización sobre su implementación en todo el mundo, con 33 capítulos por país donde se establecen tanto los avances logrados como las recomendaciones para mayores mejoras. El informe también resalta el valor de las agencias de investigación de los delitos fiscales, tanto en términos monetarios como por el impacto que tienen en el desmantelamiento del delito y en el mantenimiento de la confianza pública. Si bien este informe insta a otorgar a las agencias de delitos fiscales una amplia gama de facultades de investigación y ejecución, también destaca la importancia de los derechos de los sospechosos en el curso de una investigación, incluida la presunción de inocencia, el derecho a un abogado y el acceso a la plena divulgación de las pruebas incriminatorias.
A partir de la primera edición publicada en 2017, del trabajo adicional del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Delitos Fiscales y Otros Delitos (TFTC) y de los aportes recibidos de 33 jurisdicciones, la segunda edición de los Diez Principios Globales muestra que, en general, las jurisdicciones continúan mejorando sus capacidades para hacer frente a los delitos fiscales, tanto a nivel nacional como internacional. Todas las jurisdicciones encuestadas cuentan con leyes integrales que penalizan los ilícitos tributarios y con la capacidad de aplicar sanciones severas, que incluyen largas penas de prisión, multas sustanciales, incautación de activos y una variedad de sanciones alternativas. Las jurisdicciones generalmente tienen una amplia gama de facultades de investigación y ejecución, así como acceso a datos e inteligencia relevantes. Casi todas las jurisdicciones participantes consideran los delitos fiscales como delitos precedentes del lavado de dinero. Los derechos de los sospechosos se entienden casi universalmente de la misma manera y están consagrados en la ley.
No obstante, como fuera mencionado arriba, los delitos fiscales están cambiando dado que los delincuentes utilizan nuevas herramientas tecnológicas y los delitos transfronterizos se están generalizando. La segunda edición del presente informe subraya que las jurisdicciones deben participar activamente en la cooperación transfronteriza para la lucha contra los delitos fiscales, incluso mediante el uso de mecanismos de intercambio de información y la incorporación de contraestrategias en sus estrategias nacionales contra los facilitadores profesionales. A medida que los casos se tornan más complejos, se vuelve cada vez más importante establecer grupos conjuntos de trabajo y grupos de intercambio de inteligencia, tanto a nivel nacional como internacional.
