Este capítulo examina las políticas públicas de la economía circular de los países seleccionados de América Latina y evalúa cómo se aborda cada dimensión de la economía circular del agua (reducción, reutilización, reciclaje y recuperación) a través de las políticas sectoriales de la región. Este apartado concluye identificando las brechas de gobernanza que deben tratarse para lograr una economía circular del agua plenamente integrada en América Latina.
La Economía Circular del Agua en América Latina
Resumen
En América Latina, los gobiernos nacionales y subnacionales están elaborando cada vez más visiones a largo plazo orientadas hacia una economía circular, en forma de estrategias, hojas de ruta y planes destinados a fomentar la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos (Recuadro 2.1). La mitad de los países (Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) han formulado o están a punto de aplicar estrategias nacionales, mientras que Chile, Paraguay y Perú han optado por elaborar hojas de ruta para la economía circular. Además, el anterior Plan de Acción de Economía Circular de Uruguay sirvió como iniciativa fundacional que condujo a la formulación de su estrategia. Por su parte, México está desarrollando una política nacional de economía circular desde 2023. Algunos países también han empezado a desarrollar normativas de economía circular, por ejemplo, Brasil y Costa Rica elaboraron propuestas legislativas en 2022 y 2023 respectivamente. En cuanto a implementación de leyes subnacionales, Buenos Aires y la Ciudad de México han demostrado su liderazgo en el avance de las iniciativas de economía circular desde 2021 y 2023.
En Argentina todavía no existe una política nacional general, pero han surgido diversas iniciativas. La Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sustentables 2021, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, reconoce a la economía circular como un medio para lograr patrones de consumo y producción más sustentables, sin embargo, no establece objetivos o metas específicas (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021[1]). En 2019, la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos creó una Coalición de Economía Circular que reúne a empresas, instituciones académicas y ONG. Esta Coalición redactó un documento en el que se esbozaban consideraciones preliminares para el futuro desarrollo de una estrategia nacional, incluida la necesidad de políticas de contratación pública con criterios circulares, actualizaciones normativas en el ámbito de la gestión de residuos y nuevas normativas para la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) (ARS, 2019[2]). Por otra parte, Buenos Aires promulgó la Ley Marco de Economía Circular 2021 (Ley N.º 6468), que establece los principios y directrices para la aplicación de la economía circular en su territorio, y lanzó en 2024 la Estrategia de Economía Circular 2024-2028 que se centra en 4 áreas principales de intervención: textil, alimentos, residuos de vehículos y energía (Ciudad de Buenos Aires, 2024[3]).
Brasil ya ha ido caminando hacia la transición. Como parte de la Política Nacional de Desarrollo Regional, en 2019 el gobierno federal lanzó una hoja de ruta centrada en el reciclaje, la energía renovable y las fuentes de agua (MIDR, 2021[4]). A finales de 2020, la hoja de ruta condujo a la creación de dos centros subnacionales, el Cerrado Circular y el Paraíba Circular. Ambos formaron comités de gestión y crearon carteras de proyectos. En 2022 se empezó a trabajar el Proyecto de Ley de Economía Circular que aún está en trámite (Senado Federal de Brasil, 2022[5]). Y en 2024 se promulgó el Decreto N.º 12 082 que establece la Estrategia Nacional para la Economía Circular (Gobierno de Brasil, 2024[6]) y el Foro Nacional para la Economía Circular, un órgano de gobernanza responsable de asesoramiento, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional.
Chile en 2021 lanzó la Hoja de Ruta de la Economía Circular 2040 que establece objetivos para 2023 y 2040 orientados a la creación de empleos verdes, la reducción de la generación de residuos, la mejora de la productividad de los materiales y el aumento de las tasas de reciclaje tanto en general como para los residuos sólidos urbanos. Además se centra en la recuperación de los lugares afectados por la eliminación ilegal (Government of Chile, 2021[7])
En 2019, Colombia lanzó la Estrategia Nacional de Economía Circular que prioriza la eficiencia de materiales, agua y energía con acciones que incluyen el desarrollo de marcos de monitoreo y la implementación de estándares de medición (Ministerio de Medio Ambiente, 2019[8]). La estrategia se enfoca en 6 líneas de acción basadas en análisis de metabolismo: flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo, flujo de materiales de empaque, flujo de biomasa, fuentes y flujos de energía, flujo de agua y flujo de materiales de construcción. Además presenta una serie de indicadores para medir los avances en flujos específicos como el flujo de materiales industriales, el flujo de materiales de envasado, la biomasa, la energía, el agua y el flujo de materiales de construcción. Por otro lado, a nivel subnacional se han firmado 7 pactos regionales de economía circular para avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular, entre ellos el Pacto Regional de Bogotá 2018-22 y el Pacto Regional de Antioquia 2018-22 en Medellín.
Costa Rica introdujo en 2023 tanto la Estrategia Nacional de Economía Circular como el Proyecto de Ley de Economía Circular (Gobierno de Costa Rica, 2023[9]). La estrategia establece objetivos, indicadores y metas para los flujos de materiales, residuos, energía y agua, así como para el impacto ambiental, la competitividad, la transición justa, el desarrollo económico, la industria y la innovación, y la adaptación al cambio climático. El proyecto de ley, aún en proceso de discusión, aborda la economía circular desde un enfoque basado en cadenas de valor e identifica medidas específicas para 5 sectores prioritarios: construcción y edificación, comercio y servicios, sector agrario, industria manufacturera y gestión integrada de la cadena de valor del agua.
México anunció en 2023 el desarrollo de la Estrategia Nacional de Economía Circular y el Plan de Acción por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Gobierno de México, 2023[10]). El objetivo es minimizar el consumo de recursos y los residuos mediante la promoción del diseño, mantenimiento, reparación y reciclaje de larga duración. La estrategia forma parte del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y también contribuye a los objetivos de mitigación climática planteados en la Contribución Nacionalmente Determinada Actualizada de 2020. Para avanzar en este esfuerzo, en 2024, se publicó el Diagnóstico para el Desarrollo de la Estrategia Nacional de Economía Circular que realiza un análisis del metabolismo nacional de los flujos de materiales, energía y agua e identifica sectores clave para el desarrollo de la estrategia nacional (Gobierno de México, 2024[11]). A nivel subnacional, la Ley de Economía Circular 2023 de la Ciudad de México aboga por la adopción de tecnología y el apoyo a la investigación para mejorar la eficiencia de los recursos (CDMX, s.f.[12]).
Las iniciativas de Paraguay en materia de economía circular se centran principalmente en los envases a través de la Hoja de Ruta 2024 para la Economía Circular de Envases, que promueve el reciclaje y la reducción de residuos (Ministerio de Industria y Comercio, 2024[13]). Esta fue lanzada por el Grupo Impulsor de la Economía Circular, coordinado por el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Fundación Moisés Bertoni, con el apoyo del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. La estrategia pretende aumentar la tasa de reciclaje de envases post-consumo, impulsar el uso de materiales reciclados en la fabricación de envases, ampliar la exportación de materias primas secundarias y mejorar el reconocimiento de los recicladores de base en los planes municipales de gestión de residuos.
Perú desarrolló el Pacto de Economía Circular en 2021 (MINAM, 2021[14]) y la Coalición Nacional de Economía Circular en 2023 (Gobierno de Perú, 2023[15]), que condujeron a la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular 2030 (MINAM, 2023[16]). Esta última establece diez objetivos que deben alcanzarse para 2030. Entre ellos se incluyen: aumentar la contribución de la economía circular al PIB y al empleo en un 1%, reducir la huella ecológica del país, recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%, impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en iniciativas de economía circular en un 50%, etiquetar el 25% de los productos de consumo masivo con información sobre el impacto medioambiental, incorporar los principios de la economía circular en los planes de desarrollo de más del 70% de los gobiernos regionales, la valorización de al menos el 10% de los residuos sólidos urbanos y el 70% de los residuos no urbanos, el abastecimiento del 64% de la energía de la red eléctrica nacional a partir de energías renovables, y el desarrollo de mecanismos de financiación y programas de capacitación para promover prácticas circulares en todos los sectores (MINAM, 2023[16]). Además, el país realizó el Primer Foro Internacional sobre Economía Circular en 2018 y aprobó la hoja de ruta en el sector industrial en febrero de 2020.
En Uruguay hay dos hitos principales de la economía circular: el Plan de Acción Nacional de Economía Circular de 2019 y la Estrategia Nacional de Economía Circular de 2024. El plan de acción, liderado por el Comité Nacional de Economía Circular, permitió articular algunas iniciativas en sectores como la silvicultura, la alimentación, los residuos de envases y la recuperación de materiales. Esto incluye la integración de criterios de economía circular para la contratación pública de alimentos y envases, la transición de la industria a través de un programa de sensibilización y el diseño de un Centro Tecnológico de Bioeconomía Circular. La estrategia tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos y promover la desmaterialización, y se basa en un análisis del metabolismo de 5 flujos prioritarios a nivel nacional: biomasa, construcción, vivienda e infraestructuras, energía y movilidad, bienes de consumo y agua. Se trata de un esfuerzo interinstitucional en el que participan 4 ministerios (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el Ministerio de Economía y Hacienda) junto con agentes del sector privado, el mundo académico y organizaciones de la sociedad civil.
En los últimos años, los recursos hídricos y el saneamiento se han incluido en las políticas de economía circular en toda América Latina. Según la Encuesta de la OCDE de 2020 sobre la economía circular en ciudades y regiones1, el 65 % de las ciudades y regiones encuestadas reconocen que el agua y el saneamiento son componentes esenciales de las estrategias de economía circular (OECD, 2020[17]). De los 10 países latinoamericanos encuestados en este informe, siete ya han implementado políticas de economía circular, mientras que México se encuentra actualmente en proceso de desarrollar una. Sin embargo, seis países - Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay- incluyen explícitamente los recursos hídricos en sus políticas de economía circular (Tabla 2.1). Las primeras iniciativas, como el Plan de Acción de Economía Circular 2019 de Uruguay y la Hoja de Ruta de Economía Circular 2019 de Brasil, sentaron las bases para la adopción de medidas puntuales y la puesta en marcha de iniciativas locales relacionadas con el agua, como la integración de criterios de economía circular en la contratación pública de alimentos en Uruguay o el desarrollo de una plataforma digital para promover la adopción de tecnologías de uso eficiente del agua y la creación de centros de economía circular en Brasil. Sin embargo, las políticas públicas más recientes, como el Proyecto de Ley y Estrategia de Economía Circular de Costa Rica y el Diagnóstico para el Desarrollo de la Estrategia Nacional de Economía Circular de México (Recuadro 2.2), muestran un enfoque más integral. Estas políticas públicas incorporan análisis metabólicos a escala nacional de los flujos de agua, materiales y energía, junto con la introducción de objetivos concretos e indicadores de seguimiento.
En 2024, México publicó el Diagnóstico para el Desarrollo de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Para sentar las bases de esta estrategia, que se viene desarrollando desde 2023, México ha llevado a cabo un análisis metabólico exhaustivo de su economía, evaluando los insumos, los usos y los productos de tres flujos de recursos clave a nivel nacional: 1) Materiales que incluyen biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y no metálicos, productos mixtos y flujos de residuos; 2) Agua, cubriendo el uso por tipo y sector, así como las fuentes incluyendo aguas superficiales y subterráneas; 3) Energía, examinando la mezcla de electricidad del país, desagregada por fuente de energía. Este análisis metabólico se representa para cada flujo de recursos mediante el diagrama de Sankey que proporciona una visualización de los flujos económicos.
Fuente: Gobierno de México (2024), Bases para la Elaboración de un Diagnóstico de la Estrategia Nacional de Economía Circular en México, https://www.gob.mx/semarnat/prensa/semarnat-presenta-las-bases-del-diagnostico-para-transitar-a-una-economia-circular .
Volvamos a los países encuestados en donde se puede observar que las iniciativas de economía circular de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay comparten el objetivo común de integrar la gestión de los recursos hídricos en sus estrategias de sostenibilidad más amplias, haciendo hincapié en la reutilización del agua, la eficiencia y la reducción del impacto ambiental. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Economía Circular 2024 de Uruguay identifica el agua como un flujo de recursos prioritario y promueve medidas como las tecnologías de recirculación y la recuperación de recursos de las aguas residuales. Del mismo modo, el Proyecto de Ley de Economía Circular 2023 de Costa Rica prioriza la recogida de aguas pluviales y la reutilización de aguas residuales en sectores clave como la agricultura y la construcción. La Hoja de Ruta de la Economía Circular de Brasil destaca la reutilización del agua como un componente clave de la promoción de la circularidad en diversos sectores, especialmente en las regiones semiáridas. Por su parte, Chile ha aplicado un enfoque más específico a través de su Hoja de Ruta de la Economía Circular 2021, que aborda los recursos hídricos a través de iniciativas para mejorar los sistemas de información y actualizar la normativa para la gestión de residuos, en particular la reutilización de aguas grises. A pesar de los avances realizados en algunos países, siguen existiendo importantes brechas, especialmente en la integración sistemática de medidas de recuperación de energía y materiales. Aunque Perú y Uruguay abordan la recuperación de nutrientes y el reciclado de biosólidos, muchos países no dan prioridad a la recuperación ni se centran adecuadamente en sectores infrarrepresentados, como el uso urbano del agua y la energía.
Sin duda, los rasgos distintivos de la estrategia de cada país están conformados por sus desafíos medioambientales y estructuras de gobernanza únicos. El enfoque de Colombia, a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular 2020 y el CONPES 4004, se basa en objetivos para aumentar la productividad del agua y reducir su contaminación. En cambio, la estrategia de Costa Rica se centra en integrar la gestión del agua en prácticas ecológicas más amplias, como la contratación pública y las directrices sectoriales. Perú y Uruguay dan prioridad a la eficiencia hídrica y el reciclaje en el contexto de sus objetivos de sostenibilidad más amplios, y Uruguay, en particular, identifica el agua como uno de los 5 flujos prioritarios en su Estrategia Nacional de Economía Circular 2024.
A pesar de los retos de cada país, emergen patrones comunes para avanzar en sus metas de economía circular. Brasil y Colombia se enfrentan a la necesidad de aplicar eficazmente sus estrategias, sobre todo en regiones con importantes problemas de escasez de agua y contaminación. En Chile y Costa Rica existen obstáculos normativos para adoptar nuevas tecnologías y prácticas en la reutilización del agua y la gestión de las aguas residuales. En Perú y Uruguay el reto consiste en garantizar que las hojas de ruta y las estrategias recién establecidas puedan ponerse en práctica de forma eficaz, especialmente en sectores como el agua y el saneamiento, donde las limitaciones de infraestructuras y recursos son significativas. A pesar de estos obstáculos, los países encuestados comparten el compromiso de fomentar la innovación, mejorar los marcos normativos y crear asociaciones entre sectores para alcanzar sus objetivos de economía circular.
En cuanto a los mecanismos de financiación para apoyar las políticas públicas, la adopción de modelos de financiación combinada junto con incentivos específicos y apoyo al desarrollo de capacidades son fundamentales para ampliar las iniciativas de agua circular. Países como Uruguay, Costa Rica y Colombia han desarrollado estrategias financieras globales que integran financiación verde, incentivos para las empresas y asociaciones público-privadas. Por ejemplo, Uruguay incluye herramientas financieras con criterios de circularidad para orientar la inversión, mientras que Costa Rica ofrece créditos fiscales, depreciación acelerada y reducciones del impuesto sobre la renta para promover las tecnologías de ahorro de agua y la innovación. Colombia también fomenta la participación del sector privado mediante condiciones crediticias favorables y capital inicial. Por el contrario, Brasil y Paraguay muestran un enfoque más limitado con menos detalles sobre mecanismos de financiación específicos. En Perú, los mecanismos de financiación emergentes, incluidos los establecidos entre el BID y la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, junto con los bonos verdes emitidos por el Banco de Crédito del Perú, apoyan las iniciativas de economía circular.
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País |
Política |
Año |
Mención explícita de las dimensiones de la economía circular del agua |
Objetivos, metas y medidas relacionados con el agua |
Mecanismos de financiación generales y específicos en agua |
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Reducción |
Reutilización y reciclaje |
Recuperación |
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Brasil |
2019 |
× |
✓ |
× |
Promover la adopción de tecnologías que optimicen el uso y la reutilización de los recursos hídricos en las regiones semiáridas. Para ello se desarrolló la Plataforma Sabiá, una web que cuenta con una base de datos de tecnologías disponibles y cursos de formación. |
× |
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2022 |
× |
× |
× |
Sensibilizar a la población sobre un mejor uso de los recursos, incluidos la energía, el agua y las materias primas. |
El Mecanismo de Transición Justa proporciona recursos financieros para fomentar las inversiones, el acceso a préstamos, la creación de empresas y la innovación, y ayudar a los sectores con altas emisiones de carbono a adoptar tecnologías con bajas emisiones de carbono. |
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2024 |
× |
× |
× |
× |
Planes de financiación, incentivos para la contratación pública de bienes y servicios circulares, y políticas fiscales adecuadas para reducir la contaminación y los residuos. |
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Chile |
2021 |
× |
✓ |
× |
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Incluye acciones como canalizar fondos internacionales de inversión de impacto hacia proyectos nacionales de economía circular, definir prioridades de financiación y diseñar programas de fondos de financiación pública para incentivar el desarrollo de mercados secundarios y garantizar que el sector financiero amplíe su oferta de financiación verde para proyectos y empresas circulares. |
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2019 |
✓ |
✓ |
× |
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Creación de incentivos para empresas y emprendedores (por ejemplo, créditos favorables o capital inicial) para crear capacidades, facilitar el acceso a la asistencia técnica y promover la innovación y la I+D. |
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2020 |
✓ |
✓ |
× |
Para 2030 tienen 4 objetivos:
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Medida para revisar y mejorar la asignación de recursos y la eficiencia del gasto en el sector de acueducto y alcantarillado, así como ajustes a los instrumentos de financiamiento relacionados con el sector de agua potable (tarifas por uso de agua) y manejo de aguas residuales (tarifas retributivas). La política incluye un presupuesto participativo en el que intervienen varias entidades nacionales y que asciende a cerca de 8 millones de USD. |
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Costa Rica |
2023 |
✓ |
✓ |
× |
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Dos áreas principales de financiación: la innovación en la economía circular —incluida la transferencia de tecnología, la creación de clústeres para la innovación y la cooperación entre el sector privado y el mundo académico— y la agricultura menos intensiva en agua, promoviendo la recogida de agua de lluvia, los sistemas de riego eficientes y la reducción de la evaporación, la erosión y la pérdida de nutrientes. Además, establece incentivos para las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la reparación, recuperación, tratamiento y reintegración de residuos en los procesos de producción. Estos incentivos son: un crédito fiscal para los intereses pagados por préstamos clasificados como ecológicos por las instituciones financieras, la depreciación acelerada de activos para deducciones en el impuesto sobre la renta y la reducción del 2% en el impuesto sobre la renta. |
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2023 |
✓ |
✓ |
× |
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Inversiones en ámbitos estratégicos como la adaptación al cambio climático, la bioeconomía, la digitalización industrial para una economía circular y el emprendimiento ecológico. Creación de organizaciones multilaterales, agencias de financiación y asociaciones multisectoriales para la cofinanciación y marcos financieros centrados en la compensación de los impactos socioambientales. |
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Perú |
2023 |
✓ |
✓ |
✓ |
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Estrategia de financiación que requiere una estimación de los costes de ejecución, los recursos y capacidades técnicas, la identificación de las fuentes de financiación, las principales partes interesadas y los riesgos. Mecanismos de financiación como los canjes de deuda por naturaleza, los fondos mundiales para el desarrollo sostenible, los presupuestos del erario público, los fondos de desarrollo regional y los fondos sectoriales. |
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Hoja de ruta hacia una economía circular en agua potable y saneamiento al 2030 |
2024 |
× |
✓ |
✓ |
Tiene 6 objetivos para 2030:
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× |
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2019 |
× |
× |
× |
× |
× |
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2024 |
✓ |
✓ |
✓ |
El agua como uno de los 5 flujos prioritarios con 6 medidas:
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Colombia
UruguayNota: entre los países encuestados, Argentina, Honduras y México no tienen una política nacional de economía circular y la Hoja de Ruta de Honduras en economía circular de empaques no está relacionada con el agua. Un ✓ indica que está en su sitio, mientras que un × implica lo contrario.
Fuente: OCDE/BID (2024), Encuesta OCDE/BID sobre Agua y Economía Circular en Países Seleccionados de América Latina.
Los resultados de la encuesta OCDE/BID resaltan que existen dos enfoques políticos para abordar la economía circular del agua. Por un lado, algunos países están desarrollando políticas públicas que, en algunos casos, mencionan el vínculo con el agua o establecen medidas y/o objetivos específicos relacionados con una o más dimensiones de la economía circular del agua. Por otro lado, las políticas e iniciativas sectoriales, principalmente en las políticas de agua y saneamiento y de gestión de los recursos hídricos pero también en las políticas de cambio climático, incorporan consideraciones que potencian dimensiones específicas de la economía circular del agua.
Otro aspecto importante para considerar es que los resultados de la encuesta OCDE/BID también revelan que los países han establecido objetivos y principios relacionados con la reducción y la eficiencia del agua en sus marcos normativos, acompañados del desarrollo de normas, certificaciones e indicadores para su evaluación y seguimiento. Además, muchos países han aplicado instrumentos económicos y normativos, así como medidas de ahorro de agua, tecnologías y modernización de infraestructuras. Por último, también se están mejorando los datos y la información sobre el uso del agua y el desarrollo de capacidades e iniciativas de concienciación en la mayoría de los países. Se han establecido normativas para delimitar los tipos de usos del agua y varios países han realizado estudios y evaluaciones sobre los usos potenciales de las aguas residuales. En menor medida, algunas prácticas fomentan la generación de datos e información sobre la reutilización y el reciclaje del agua e involucran a las partes interesadas en la definición de planes de reutilización urbana. Sin embargo, la recuperación de nutrientes y la generación de energía no están ampliamente consideradas en los marcos legales y normativos actuales.
A continuación se hará una revisión detallada de las iniciativas más relevantes sobre regulación y política pública que se han llevado a cabo en los países encuestados.
Reducir el consumo de agua y utilizarla de forma eficiente
Todos los países encuestados han establecido marcos normativos para promover la reducción y la eficiencia del agua, han fijado objetivos e implementado medidas específicas para controlar las pérdidas, fomentar el reciclaje y optimizar el uso, con notables avances en las leyes y reformas en toda la región.
En Argentina, el Manejo Ambiental del Régimen de Aguas (Ley No. 25688) establece un presupuesto ambiental mínimo para la preservación, el aprovechamiento y uso racional del agua.
En Brasil, la Ley N.° 11 445/2007 (modificada por la Ley N.° 14 026/2020) establece la “reducción y control de las pérdidas de agua, la promoción de la eficiencia energética, el reciclaje de efluentes sanitarios y la recogida de aguas pluviales”. La Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento establece normas para la reducción y el control de las pérdidas de agua. La Ordenanza N.º 490 de 2021 establece plazos concretos y resultados previstos, proponiendo una reducción sustancial del 90% de las pérdidas entre 2025 y 2026.
En Chile, la reforma del Código de Aguas (Ley N.° 21 435 de 2023) promueve un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos del agua. El Proyecto de Ley N.° 13179-09 de 2020 fomenta el uso racional del agua en el sector productivo.
En Colombia, la Ley N.° 373 de 1997 define metas anuales de reducción de pérdidas en los sistemas de acueductos e integra programas de eficiencia hídrica en los planes regionales y municipales. Además, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010-2022 establece el principio de “ahorro y uso eficiente” del agua.
La Ley de Aguas de Costa Rica aborda la eficiencia hídrica, establece medidas para hacer frente a la escasez y promueve la racionalización.
En Honduras, la Ley del Sector de Agua y Saneamiento identifica al desperdicio de agua como una actividad no autorizada sujeta a infracción, penalizando los comportamientos que afectan al uso autorizado del agua. También instruye a los proveedores de servicio a informar a los usuarios sobre los beneficios del uso de dispositivos sanitarios de bajo consumo de agua.
En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente obliga a las autoridades a promover la conservación del agua. La CONAGUA promueve el uso eficiente del agua y gestiona los patrones de consumo.
En Paraguay, la Ley N.° 1614 de 2000 establece el marco normativo para la reducción de las pérdidas de agua. La Ley de Recursos Hídricos N.° 3239 de 2007 y el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2023 promueven un uso racional y eficiente del agua.
En Perú, la Ley de Recursos Hídricos establece la eficiencia hídrica como principio fundamental, y la Ley Marco de Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento prioriza la eficiencia en la prestación del servicio.
En Uruguay, el Código de Aguas y el Decreto N.° 253/979 hacen hincapié en la responsabilidad del Estado y de los operadores de promover la conservación y el uso eficiente del agua.
Con respecto a los instrumentos económicos y financieros para incentivar la reducción del uso del agua, la mitad de los países encuestados utilizan medidas como multas, tasas por uso y fondos específicos para promover la gestión eficiente del agua en diversos sectores. En Brasil, el Decreto N.º 11 599/2023 asigna ayudas financieras para reducir las pérdidas de agua tratada con objetivos que deben fijar los municipios en los instrumentos de planificación. Costa Rica utiliza la Tasa por Utilización del Agua (Decreto Ejecutivo N.º 32868-MINAE) para incentivar la mejora de la gestión en distintos sectores, incluidos el consumo humano, la agricultura y las industrias. Honduras aborda el despilfarro de agua a través de la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento (N.° 118-2003) imponiendo multas. En Perú, el Decreto Ley 1284 establece un Fondo de Inversión en Agua Segura que proporciona apoyo financiero para programas y proyectos que mejoren la eficiencia económica y operativa de los proveedores de servicios de saneamiento. En Uruguay, la Política Nacional del Agua aboga por el uso racional del agua a través de aspectos culturales y educativos e introduce el cobro por uso como instrumento económico para fomentar la utilización eficiente.
La mayoría de los países han puesto en marcha medidas para modernizar las infraestructuras y adoptar nuevas tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia hídrica, con iniciativas que van desde proyectos de eficiencia energética hasta la adopción de herramientas digitales y tecnologías de bajo consumo. Un ejemplo es Brasil y su Proyecto de Eficiencia Energética en el Abastecimiento de Agua y el proyecto piloto "Plataforma Digital Sabiá” que implementan medidas de eficiencia energética y aprovechan las nuevas tecnologías para optimizar el uso del agua. En Colombia, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y su Plan de Acción fomentan la adopción de tecnologías que promuevan el ahorro de agua, junto con la mejora de las infraestructuras obsoletas. Asimismo, la Ley N.° 373 de 1997 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 abogan por la adopción de tecnologías de bajo consumo de agua, la digitalización, la medición inteligente y la innovación en el sector del agua y el saneamiento. Costa Rica, a través del Decreto _N.º 30413 y el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, establece objetivos para la ampliación y mejora de las infraestructuras, incluidas las plantas de depuración y tratamiento de agua. Honduras, en virtud de la Ley General de Aguas (N.º 181-2009), aborda las infraestructuras creando incentivos para la aplicación de tecnologías que reduzcan el uso y el consumo de agua. En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente asigna a las autoridades la responsabilidad de promover medidas de ahorro de agua. En Perú, las iniciativas de la Política Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos se centran en la modernización de los sistemas de distribución y riego, el establecimiento de parámetros de eficiencia y el fomento de la investigación y la aplicación de tecnologías para el uso eficiente del agua. En Uruguay, el Plan Nacional del Agua (Decreto N.° 205/2017) y la Ley de Gestión Integral de Residuos incentivan el uso de tecnologías eficientes para los insumos, incluidos el agua y la energía. La Empresa Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Uruguay adoptó técnicas de reducción de pérdidas de agua dentro de 2 plantas de tratamiento de agua entre 2013 y 2019, lo que resultó en un ahorro acumulado de 893 millones de m3.
Dentro de las medidas menos utilizadas para la reducción y la reutilización están los enfoques basados en datos y las iniciativas de capacitación. Colombia es un ejemplo de lo contrario con la Ley N.° 373 de 1997 que establece campañas educativas para concienciar a la población. Además, la Guía para el ahorro y uso eficiente del agua proporciona directrices específicas a las autoridades medioambientales y a los concesionarios de agua para planificar y aplicar medidas que mejoren el uso eficiente del agua. Esta iniciativa se centra en el desarrollo de capacidades, garantizando que las partes interesadas tengan los conocimientos y habilidades necesarios para contribuir activamente a los esfuerzos de conservación del agua. En Costa Rica, las Cuentas Ambientales del Banco Central incluyen una cuenta del agua, proporcionando datos y métricas esenciales para comprender mejor los patrones de uso del agua e identificar áreas de mejora. En 2023, Paraguay introdujo el Sistema de Información del Agua, una plataforma web prevista para facilitar la generación de una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos (GPSDD, 2023[18]). Del mismo modo, Honduras utiliza la plataforma Agua de Honduras para proporcionar información fiable y gratuita sobre los recursos hídricos, combinando métodos científicos y tecnología digital para apoyar una toma de decisiones más eficiente en la gestión del agua. Además, la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento (N.º 118-2003) busca educar a los usuarios sobre las ventajas de adoptar hábitos de bajo consumo.
Reutilizar el agua y reciclar las aguas residuales tratadas
Bajo este rubro es importante revisar los ejemplos de normativas que promueven la gestión sostenible de los recursos hídricos mediante la reutilización de aguas no tratadas (por ejemplo, la recogida de aguas pluviales) y el reciclado de aguas residuales tratadas. En el ámbito del reciclaje, la Ley de Cambio Climático de Colombia y la Resolución N.° 1256 establecen objetivos para el uso de aguas residuales tratadas en aplicaciones domésticas. Costa Rica también aplica normas de tratamiento y responsabilidad en la gestión de las aguas residuales en varios sectores. En cuanto al uso agrícola, en Argentina, los Principios Rectores de la Política de Aguas hacen hincapié en la defensa del reciclaje del agua, con resoluciones regionales centradas en las aplicaciones agrícolas, mientras que la Ley Nacional de Aguas de México apoya el reciclaje de las aguas residuales municipales para la agricultura, garantizando el cumplimiento de las normas sanitarias. Del mismo modo, las leyes de Brasil fomentan el reciclaje de efluentes sanitarios, la recogida de aguas pluviales y la reutilización de aguas grises en entornos urbanos y agrícolas. El Plan Nacional de Recursos Hídricos y el amplio marco jurídico de Perú alinean el reciclaje de aguas residuales con la mejora de la disponibilidad de recursos hídricos y la protección del medio ambiente. El reciclaje de aguas residuales industriales se destaca en el Plan Nacional 2023 de Paraguay, que apoya las tecnologías de aguas residuales en desarrollos urbanos e industriales. Por último, Chile y Honduras se centran en incentivar la reutilización de aguas grises y el reciclaje regulado para la preservación ecológica y las aplicaciones urbanas, y Honduras se centra además en la educación ambiental y la recarga de acuíferos.
La mitad de los países encuestados adoptó normas para el reciclaje de aguas residuales. En Brasil, la ANA establece normas de referencia para el reciclado de efluentes sanitarios, alineándolas con las normas ambientales y de salud pública. Costa Rica, a través del Reglamento de Descarga y Reúso de Aguas Residuales (Decreto No. 33601), define los límites máximos permisibles para la descarga y reciclaje de aguas residuales provenientes de actividades comerciales, industriales y de servicios. En México, la NOM-006-CONAGUA-1997 establece límites máximos permisibles de contaminantes para garantizar el reciclaje seguro de las aguas residuales en los servicios públicos, contribuyendo a la protección de la salud pública y el medio ambiente. En Paraguay, la Resolución N.° 222 de 2002 especifica los diferentes tipos de agua tratada para el abastecimiento doméstico, mientras que la Ley N.° 5428/2015 define los requisitos técnicos para el tratamiento de efluentes y las normas específicas para el reciclaje de efluentes de aguas residuales. Del mismo modo, en Perú, el Decreto Supremo N.º 003-2010-MINAM aprueba los límites máximos permisibles para los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales, y ordena el establecimiento de un programa de monitoreo en estas plantas, reforzando el compromiso de mantener los estándares de calidad del agua en las aguas residuales recicladas.
Algunos países llevaron a cabo investigaciones y evaluaciones para comprender las oportunidades y los retos asociados al reciclaje de aguas residuales. En Argentina, una evaluación realizada en 2023 por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica destacó la necesidad crítica de un Plan Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales. Este estudio sirve como paso fundamental hacia el reconocimiento de la importancia de la gestión de las aguas residuales y el desarrollo de planes estratégicos para su tratamiento y reciclaje. En Colombia, el Plan Maestro de Agua y Saneamiento Básico 2018-2030 emprendió una revisión de la normativa para facilitar el reciclaje del agua. Además, la Política de Crecimiento Verde CONPES 3934 de Colombia diagnosticó las ineficiencias en el uso de los recursos hídricos y abogó por una mayor reutilización de las aguas grises y pluviales, priorizando la importancia de mejorar la eficiencia en el uso del agua y el tratamiento de las aguas residuales. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia insta a elaborar un estudio que analice y documente las técnicas de reutilización y reciclaje de las aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas y pluviales.
Otras prácticas se centran en incentivos económicos, datos e información y participación de las partes interesadas. En Costa Rica, la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales 2016-2045 incluye dos acciones estratégicas. En primer lugar, pretende establecer un sistema nacional de información sobre vertidos y reciclaje de aguas con el objetivo de lograr su plena operatividad en 2025, destacando la importancia de los datos y la información. En segundo lugar prevé desarrollar una estrategia para la reutilización y el reciclaje seguros y valorizados de las aguas residuales, implicando activamente a las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones. En Honduras, la Ley General de Aguas (N.° 181-2009) designa a la Autoridad del Agua como responsable de crear incentivos para fomentar la implementación de sistemas de reciclaje de aguas residuales. Este enfoque reconoce la importancia de ofrecer incentivos y apoyo para promover prácticas sostenibles en materia de aguas residuales. En Perú, el Programa Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica ProInnóvate, establecido por el Decreto Supremo N.º 009-2021-PRODUCE, se centra en mejorar la capacidad de los funcionarios municipales en el reciclaje de aguas residuales. El programa aborda la necesidad del desarrollo de habilidades, adopción de tecnología y financiación para apoyar iniciativas eficaces de reciclaje de aguas residuales.
Recuperar energía y materiales del tratamiento de aguas residuales
La mitad de los países encuestados aplica normas y reglamentos para garantizar la gestión sostenible de subproductos como los lodos y los biosólidos procedentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas medidas incluyen criterios para su uso, gestión o eliminación, así como la creación de bases de datos para el seguimiento de dichos subproductos. Argentina, a través de la Resolución N.° 410/2018, estableció criterios nacionales para la gestión de lodos y biosólidos, permitiendo su uso en forestación, floricultura y restauración del paisaje, entre otros. La resolución también insta a la creación de una base de datos para estos subproductos. Chile estableció las condiciones bajo las cuales los lodos pueden ser recuperados y reutilizados como compost en el Decreto N.° 4 de 2009. Por us parte, el Decreto N.° 1287 de 2014 de Colombia establece criterios para el uso de biosólidos, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 fomenta alternativas para el reciclaje de subproductos. En Costa Rica, la Ley de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento abordan los residuos procedentes de la gestión del agua, promoviendo la reducción, la reutilización y el reciclaje, así como la valorización. El Reglamento para la Gestión y Disposición Final de Lodos y Biosólidos de Costa Rica se centra en la gestión responsable de los residuos y la reducción de la huella ambiental. En Paraguay, la Ley N.° 5428 de 2015 establece regulaciones o normas específicas para el reciclaje de efluentes cloacales. Y finalmente, el Decreto Supremo N.° 015-2017-VIVIENDA de Perú regula la reutilización de lodos como biosólidos en diversas actividades, promoviendo su uso en agricultura, industria, silvicultura y cerámica.
Los países están dando pasos hacia un enfoque integral de la generación de energía y la descarbonización del sector del agua y el saneamiento. En Chile, la empresa Aguas Andinas introdujo biofábricas como solución de economía circular en 2017, transformando las aguas residuales en electricidad, gas natural y fertilizantes para fines agrícolas (Aguas Andinas, 2022[19]). Además, la Agenda de Saneamiento 2030 tiene como objetivo reducir la huella de carbono del sector del saneamiento y promover la economía circular en la gestión de los recursos hídricos para 2030 (Gobierno de Chile, 2023[20]). En Colombia, la Ley N.° 2169 de 2021, Ley de Cambio Climático, se centra en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ampliando la cobertura de la gestión de aguas residuales domésticas y utilizando biogás en las plantas de tratamiento de aguas residuales con tecnologías anaeróbicas. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 aborda el tratamiento de las aguas residuales industriales para evitar las emisiones de metano y satisfacer la demanda energética de las plantas de tratamiento de aguas residuales. El Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica de 2018 a 2050 subraya la importancia de la gestión eficaz de las aguas residuales y los residuos líquidos, y su reutilización para impulsar los esfuerzos de reducción de emisiones. En Paraguay, la Ley N.° 5428 de 2015 establece normas específicas en el uso de aguas residuales para la generación de energía no convencional bajo la responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los resultados de la encuesta fueron muy claros en cuanto a los retos para la transición de un agua lineal a una circular: las brechas normativas (50%), los recursos financieros insuficientes (40%) y la fragmentación institucional (40%) (OCDE, 2023[21]) (Figura 2.1).
Nota: los países clasificaron los obstáculos de mayor a menor importancia, utilizando una escala de 1 a 9.
Fuente: OCDE/BID (2023), Encuesta OCDE/BID sobre Agua y Economía Circular en Países Seleccionados de América Latina y el Caribe.
Brechas normativas. La falta de regulaciones claras impide el progreso hacia una economía circular del agua, ya que los marcos regulatorios existentes pueden quedarse cortos al abordar los matices de las prácticas de la economía circular. Cuatro países (Argentina, Brasil, Costa Rica y México) reportaron que las brechas regulatorias y de política pública son su principal reto. Solo la mitad de los países, incluidos Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, aplican normas y reglamentos para garantizar la gestión sostenible de subproductos como lodos y biosólidos. Por otro lado, sólo 4 países (Chile, Colombia, Costa Rica y Paraguay) están dando pasos hacia un enfoque integral de la generación de energía y la descarbonización del sector del agua y el saneamiento. Otro de los obstáculos es que la existencia de normativas contradictorias dificulta la aplicación fluida de las iniciativas de agua circular. Por ejemplo, en Perú, mientras que el regulador de agua y saneamiento SUNASS opera bajo un plan estratégico que tiene como objetivo optimizar el uso del agua y promover la sostenibilidad, siguen existiendo importantes desafíos para traducir estas ambiciones en la práctica. La falta de capacidad técnica, los limitados mecanismos de aplicación y la insuficiente integración con políticas más amplias han obstaculizado avances tangibles para que SUNASS priorice los principios de la economía circular.
Financiación e incentivos financieros insuficientes. El éxito hacia la transición requiere importantes inversiones en tecnologías de vanguardia, mejoras de las infraestructuras y programas de formación exhaustivos. La falta de incentivos financieros sólidos o de apoyo por parte de organismos gubernamentales e institucionales representa un gran obstáculo, así lo subrayan Chile, Colombia y Uruguay. Mientras que la mitad de los países cuentan con incentivos económicos para fomentar la reducción del uso del agua, siguen siendo necesarios instrumentos económicos para promover el reciclaje de las aguas residuales tratadas y la recirculación de los subproductos. Honduras destaca como el único país cuya Ley General de Aguas impulsa la creación de incentivos para fomentar la implantación de sistemas de reciclaje de aguas residuales.
Fragmentación institucional. La gestión circular del agua requiere una visión holística, es decir, alinearse con las políticas de energía, residuos, agricultura, urbanismo, etc. actualmente en peligro por la fragmentación institucional, por lo que es necesario establecer mecanismos de coordinación entre departamentos y niveles de gobierno. Ninguno de los países analizados presenta mecanismos de coordinación específicos, esto se identifica como el principal reto en Paraguay y Perú.
Falta de concienciación, educación y datos. Finalmente, y como el cuarto reto crítico, los países se enfrentan a la falta de concienciación entre las partes interesadas. No cabe duda de que un paso clave para la transición será mediante acciones de sensibilización pública y desarrollo de capacidades entre los profesionales y los responsables políticos. Perú y Uruguay, a través de la iniciativa ProInnóvate y la Estrategia Nacional de Economía Circular, respectivamente, destacan como los únicos países que han llevado a cabo acciones para el desarrollo de capacidades. Honduras identifica la falta de concienciación como el principal reto en el país. Por otra parte, además de la concienciación y educación está la recopilación de datos y el seguimiento que siguen siendo insuficientes, especialmente a nivel subnacional. Por ejemplo, en Colombia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico introdujo indicadores de rendimiento como el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado Estándar2 que mide las pérdidas de agua comerciales y técnicas y establece objetivos regulatorios. Sin embargo, la evaluación del cumplimiento revela importantes lagunas de datos, ya que aproximadamente el 55% de los grandes proveedores y el 85% de los medianos carecen de datos suficientes para evaluar el cumplimiento.
Tomando como base los Principios de la OCDE sobre la Gobernanza del Agua (Recuadro 2.3), la mejora de la coherencia política y el establecimiento de funciones y responsabilidades claras surgieron como las principales dimensiones de gobernanza (Figura 2.2). Además, 7 de cada 10 países encuestados destacaron los marcos normativos y la financiación como aspectos de gobernanza relevantes.
Nota: los países evaluaron las dimensiones de gobernanza en una escala de 1 a 4, donde 4 denota el nivel más alto.
Fuente: OCDE/BID (2024), Encuesta OCDE/BID sobre Agua y Economía Circular en Países Seleccionados de América Latina.
Los Principios de la OCDE sobre la Gobernanza del Agua (Figura 2.3) pretenden mejorar los sistemas de gobernanza del agua para gestionar el agua “en exceso, escasa y contaminada” y fomentar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma sostenible, integrada e inclusiva, a un coste aceptable y en un plazo razonable. Apoyan sistemas de gobernanza del agua eficaces, eficientes e inclusivos de la siguiente manera:
La gobernanza es eficaz cuando establece metas y objetivos políticos claros, garantiza su aplicación y logra los resultados esperados.
Principio 1. Asignar y distinguir claramente las funciones y responsabilidades en materia de formulación de políticas públicas del agua, aplicación de políticas públicas, gestión operativa y regulación, y fomentar la coordinación entre estas autoridades responsables.
Principio 2. Gestionar el agua a escala adecuada dentro de los sistemas integrados de gobernanza de cuencas para reflejar las condiciones locales, y fomentar la coordinación entre las diferentes escalas.
Principio 3. Fomentar la coherencia política mediante una coordinación intersectorial eficaz, especialmente entre las políticas públicas de agua y medio ambiente, saneamiento, energía, agricultura, industria, ordenación territorial y uso del suelo.
Principio 4. Adaptar el nivel de capacidad de las autoridades responsables a la complejidad de los retos hídricos que deben afrontar y al conjunto de competencias necesarias para desempeñar sus funciones.
La eficiencia implica maximizar los beneficios minimizando los costes para la sociedad.
Principio 5. Producir, actualizar y compartir datos e información oportunos, coherentes, comparables y relevantes para las políticas sobre el agua, y utilizarlos para orientar, evaluar y mejorar la política del agua.
Principio 6. Garantizar que los acuerdos de gobernanza ayuden a movilizar la financiación del agua y a asignar los recursos financieros de forma eficiente, transparente y oportuna.
Principio 7. Garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de marcos normativos sólidos en materia de gestión del agua en aras del interés público.
Principio 8. Promover la adopción y aplicación de prácticas innovadoras de gobernanza del agua entre las autoridades responsables, los niveles de gobierno y las partes interesadas pertinentes.
La confianza y el compromiso se centran en fomentar la confianza pública y la inclusión a través de la legitimidad democrática y la equidad.
Principio 9. Incorporar las prácticas de integridad y transparencia en las políticas públicas del agua, las instituciones del agua y los marcos de gobernanza del agua para una mayor responsabilidad y confianza en la toma de decisiones.
Principio 10. Promover la participación de las partes interesadas para que contribuyan con conocimiento de causa y estén orientadas a los resultados, al diseño y la aplicación de las políticas públicas del agua.
Principio 11. Fomentar marcos de gobernanza del agua que ayuden a gestionar las compensaciones entre usuarios del agua, zonas rurales y urbanas y generaciones.
Principio 12. Promover el seguimiento y la evaluación periódicos de la política pública y la gobernanza del agua cuando proceda, compartir los resultados con el público y realizar los ajustes necesarios.
Fuente: OCDE (2015), Principios de la OCDE sobre la gobernanza del agua, http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-on-WaterGovernance.pdf.
Referencias
[19] Aguas Andinas (2022), Report Integrado 2022, https://www.aguasandinasinversionistas.cl/~/media/Files/A/Aguas-IR-v2/2023/reporte/Reporte%20Integrado%20Aguas%20Andinas%202022%201.pdf.
[2] ARS (2019), Estrategia Nacional de Eocnomía Circular, http://ars.org.ar/destacados/estrategia-ancional-de-economia-circular/ (accessed on 18 December 2023).
[12] CDMX (s.f.), Ley de Economía Circular de la Ciudad de Mexico, https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/698/Ley_de_Econom%C3%ADa_Circular_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico.pdf.
[3] Ciudad de Buenos Aires (2024), 2024-2028 Primera Estrategia de Economía Circular de la Ciudad de Buenos Aires, https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2024-08/Estrategia%20Economia%20Circular%202024-2028.pdf.
[6] Gobierno de Brasil (2024), Estratégia Nacional de Economia Circular, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12082.htm.
[20] Gobierno de Chile (2023), Agenda Sanitario 2030, http://www.sectorsanitario2030.cl/.
[9] Gobierno de Costa Rica (2023), Proyecto de Ley de la Economía Circular en Costa Rica, https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/07/23847.pdf (accessed on 8 November 2023).
[11] Gobierno de México (2024), Bases para la Elaboración de un Diagnóstico de la Estrategia Nacional de Economía Circular en México, https://www.gob.mx/semarnat/prensa/semarnat-presenta-las-bases-del-diagnostico-para-transitar-a-una-economia-circular.
[10] Gobierno de México (2023), Trabaja Semarnat en Estrategia Nacional de Economía Circular, https://www.gob.mx/semarnat/prensa/trabaja-semarnat-en-estrategia-nacional-de-economia-circular?idiom=es.
[15] Gobierno de Perú (2023), Ministerio del Ambiente lanza oficialmente la Coalición Nacional de Economía Circular, https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/813231-ministerio-del-ambiente-lanza-oficialmente-la-coalicion-nacional-de-economia-circular.
[7] Government of Chile (2021), ROADMAP FOR A CIRCLAR CHILE BY 2040, https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/HOJA-DE-RUTA-PARA-UN-CHILE-CIRCULAR-AL-2040-EN.pdf.
[18] GPSDD (2023), Towards a Water Information System in Paraguay, https://www.sdsntrends.org/files/s/water_information_system_eng.pdf.
[4] MIDR (2021), Rota da Economia Circular, https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-regional/rotas-de-integracao-nacional/rota-da-economia-circular.
[16] MINAM (2023), Proyecto de Hoja de Ruta de Economía Circular al 2030, https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/4880223-351-2023-minam (accessed on 1 December 2023).
[14] MINAM (2021), Conoce los compromisos del Pacto Peruano por una Economía Circular, https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/509846-conoce-los-compromisos-del-pacto-peruano-por-una-economia-circular.
[13] Ministerio de Industria y Comercio (2024), Hoja de Ruta de la Economía Circular de Envases, https://www.mic.gov.py/hoja-de-ruta-de-la-economia-circular-de-envases-por-un-nuevo-modelo-de-produccion-y-consumo/.
[8] Ministerio de Medio Ambiente (2019), Estrategia Nacional de Economía Circular.
[1] Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2021), Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sostenibles, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/encps_1.pdf.
[21] OCDE (2023), OECD Survey on Water and Circular Economy in Selected Countries of Latin America and the Caribbean.
[17] OECD (2020), The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en.
[5] Senado Federal de Brasil (2022), Projeto de Lei n° 1874, de 2022: Institui a Política Nacional de Economia Circular., https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153918.
← 1. La encuesta recabó 51 respuestas de ciudades y regiones de toda Europa (38), América del Norte y del Sur (10), Oceanía (2) y Asia (1).
← 2. El Índice de Pérdidas por Usuario Facturado Estándar es el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado Estándar (expresado en m³ / usuario / mes) correspondiente al volumen medio de agua por usuario que se pierde en la red, ya sea por pérdidas técnicas o comerciales. La norma reglamentaria para este indicador es de 6 m³ / usuario / mes.