La economía circular del agua tiene como objetivo reducir el consumo de agua y mejorar la eficiencia hídrica en los procesos de producción y consumo, reutilizar y reciclar el agua, y recuperar energía y materiales a partir del tratamiento de las aguas residuales. A nivel mundial, hay tres factores principales que impulsan la transición hacia soluciones circulares para el agua: las megatendencias que afectan a la calidad, la cantidad y la resiliencia de las infraestructuras hídricas, como el cambio climático, el crecimiento demográfico y la rápida urbanización, que aumentan la demanda de agua y ejercen presión sobre las infraestructuras existentes; los avances tecnológicos y la digitalización, que permiten que los modelos de negocio circulares del agua resulten más atractivos y viables para los operadores del sector; y los costes socioeconómicos del enfoque lineal predominante de “tomar, fabricar y desechar”, incluidos los impactos en la salud y el bienestar económico de las comunidades y en la viabilidad de las empresas que dependen de los recursos hídricos.
La región latinoamericana se enfrenta a una compleja serie de retos en relación con los recursos y los servicios hídricos. En primer lugar, a pesar de contar con la mayor proporción de recursos hídricos renovables a nivel mundial, la región está muy expuesta a los efectos y los costes de los desastres relacionados con el agua, como inundaciones, sequías y tormentas. En segundo lugar, el acceso al agua potable y al saneamiento sigue siendo una preocupación acuciante. En 2020, una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe carecía de acceso a agua potable gestionada de forma segura, es decir, a una fuente de agua local fiable y libre de contaminación. Además, dos tercios de la población, especialmente en las zonas rurales, no tenían acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, lo que requiere instalaciones sanitarias privadas que eliminen o traten los residuos de forma segura. En tercer lugar, el 54 % de las aguas residuales domésticas de la región no se tratan, en comparación con el 14 % en Europa y América del Norte y el 42 % a nivel mundial. Esta falta de tratamiento conlleva riesgos físicos relacionados con el agua de moderados a extremadamente altos, y las zonas rurales se ven afectadas de manera desproporcionada: mientras que el 40 % de las aguas residuales domésticas se tratan en las zonas urbanas, solo el 9 % se trata en las comunidades rurales.
Este informe se basa en la Encuesta sobre el agua y la economía circular de la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para arrojar luz sobre la economía circular del agua e identificar los principales retos de la transición en diez países de América Latina, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. La encuesta muestra que 8 de cada 10 países consideran que la escasez de agua es el principal factor que impulsa la transición hacia la economía circular del agua. Además, 6 de cada 10 consideran que la economía circular del agua es una oportunidad para abordar la contaminación del agua, garantizar el acceso al agua y al saneamiento, y adaptarse al cambio climático.
La encuesta destaca que la mayoría de los países siguen predominantemente un modelo lineal para el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la gestión de los recursos hídricos. De los diez países encuestados, siete ya han implementado políticas generales de economía circular, mientras que México está desarrollando una en la actualidad. Es alentador que seis países —Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay— incluyan explícitamente los recursos hídricos en sus políticas de economía circular. La encuesta muestra que, cuando el agua se integra en las políticas de economía circular, las medidas se refieren principalmente a la reducción del consumo de agua, la reutilización y el reciclaje y, en menor medida, a la recuperación de materiales y energía. Por ejemplo, la Hoja de ruta de economía circular de Brasil hace hincapié en la necesidad de optimizar el uso del agua mediante tecnologías de reciclaje de agua tanto en entornos rurales como urbanos. En Chile, la Hoja de Ruta de la Economía Circular incluye medidas específicas para los recursos hídricos, como la elaboración de una normativa para los sistemas de reutilización de aguas grises. Costa Rica incluye objetivos relacionados con el agua en su Estrategia Nacional de Economía Circular y en su Proyecto de Ley de Economía Circular, haciendo hincapié en la reducción del consumo y el tratamiento de las aguas residuales. Perú destaca el uso eficiente de los recursos hídricos a través de iniciativas como el Pacto de Economía Circular y la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular.
Hay tres tipos principales de obstáculos de gobernanza que dificultan la transición hacia economías circulares del agua. En primer lugar, los marcos normativos inadecuados y las incoherencias dentro de los ámbitos políticos y entre ellos se perfilan como obstáculos destacados en Argentina, Brasil, Costa Rica y México. La fragmentación institucional y la falta de coordinación entre los actores de las políticas de agua, residuos y energía dificultan la implementación de iniciativas coherentes de economía circular en Paraguay y Perú. En segundo lugar, la insuficiencia de recursos financieros dificulta el acceso a las tecnologías, la infraestructura y las capacidades necesarias para la reutilización de subproductos en Chile, Colombia y Uruguay. Por último, la falta de concienciación y educación entre las partes interesadas clave, incluidos los responsables políticos, los operadores y la sociedad civil, que constituye la principal barrera para Honduras, pone de relieve la necesidad de realizar esfuerzos específicos de divulgación y desarrollo de capacidades para promover prácticas de gestión circular del agua.