Modernizar su sistema de justicia constituye una prioridad para el Perú. Desde 2003, el país ha tomado varias medidas para fortalecer el marco institucional que respalda el diseño y la provisión de políticas y servicios de justicia para toda la población peruana, incluidas las personas más vulnerables, a través de reformas institucionales y funcionales de las políticas de justicia con visión de futuro. Al mismo tiempo, la eficacia de su implementación depende de la eliminación de los obstáculos institucionales, así como de la estabilidad y del compromiso en el plano político.
El fragmentado sistema de justicia del Perú a menudo se traduce en un enfoque desconectado de la reforma, el diseño y la implementación de las políticas de justicia. Esto puede generar duplicaciones e ineficiencias que afectan a la calidad de los servicios y socavan la eficiencia del gasto de los escasos recursos públicos, lo que, en ocasiones, hace que los servicios de justicia sean limitados o no estén disponibles para demasiadas personas, sobre todo las más vulnerables. Estos efectos tienden a verse magnificados por el escaso desarrollo de herramientas de justicia extrajudiciales, en particular servicios alternativos de solución de controversias. Una mayor digitalización del sistema también podría mejorar el acceso a los servicios de justicia y la prestación de estos.
Si bien el Perú trata de velar por la independencia del poder judicial a través de disposiciones constitucionales, el marco institucional, jurídico y operacional existente para salvaguardar la independencia de los jueces, como las evaluaciones del desempeño y de los jueces, se podría mejorar con el objeto de garantizar su autonomía e imparcialidad. De esta forma, existe margen para proteger en mayor medida la independencia judicial, incluida la gestión de las carreras judiciales, en particular las de los jueces y fiscales, así como para garantizar que terceras instituciones públicas, como la Defensoría del Pueblo, no puedan interferir de manera indebida en la toma de decisiones judiciales. La participación del poder judicial en el diseño de las políticas de justicia y en la prestación de una gama de servicios jurídicos y judiciales que van más allá de sus funciones administrativas y decisorias tradicionales aumenta aún más los desafíos a la hora de asegurar su independencia.
Además, la combinación del “acceso a la justicia” con el “acceso al sistema judicial” y las facultades y los recursos relativamente escasos que se asignan al poder ejecutivo para liderar y coordinar el diseño y la provisión de políticas y servicios de justicia limitan la capacidad del Perú para planear, coordinar e implementar reformas de las políticas de justicia en todo el sistema. Por lo tanto, hay margen para fortalecer el liderazgo y la capacidad de coordinación del ejecutivo en todo el sistema en lo que respecta al diseño y a la provisión de políticas y servicios de justicia, como es la práctica en muchos países miembros de la OCDE. Esto requerirá un “cambio de paradigma” que empodere al poder ejecutivo y lo dote de todo lo necesario para liderar y coordinar unas reformas de las políticas de justicia en todo el sistema que se centren en las personas.
El Perú ha realizado importantes esfuerzos por aumentar la disponibilidad y la accesibilidad de los servicios de justicia, en particular al modernizar su sistema y sus programas en esa esfera. Sin embargo, las barreras sistémicas siguen afectando al acceso a una gama completa de servicios de justicia, sobre todo en el caso de las personas más vulnerables. A fin de responder de forma eficaz a las necesidades jurídicas de la ciudadanía, el Perú necesita desarrollar la capacidad institucional y funcional para identificar y cuantificar las necesidades jurídicas y de justicia de las personas y diseñar y brindar políticas y servicios de justicia con una verdadera capacidad de respuesta desde una perspectiva que englobe todo el sistema.
Ampliar el enfoque del sistema de justicia más allá de los tribunales al otorgar a las personas una posición central dentro del sistema de justicia podría aumentar considerablemente el acceso de estas a la justicia. La implementación de la Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025 podría contribuir de manera eficaz a modernizar el sistema de justicia del Perú de un modo que priorice la satisfacción de las necesidades de toda la población peruana, especialmente las personas más vulnerables, creando así una justicia más eficiente, efectiva y accesible para toda la ciudadanía.
Por último, existe un margen de mejora del Estado de derecho y la igualdad de acceso a la justicia al salvaguardar con eficacia la garantía constitucional de la separación de poderes del Perú. Esto podría lograrse al definir en la ley cuándo y cómo se puede aplicar en la práctica el sistema constitucional de equilibrio de poderes, y al velar por que el Tribunal Constitucional desempeñe una función clave en la interpretación de la Constitución en este sentido. También podría ayudar a limitar el uso de mecanismos de control constitucional con fines políticos, partidistas o a corto plazo.