La Cooperación Regulatoria Internacional (CRI) consiste en promover la interoperabilidad de los marcos legales y regulatorios. Las crisis mundiales nos recuerdan con claridad la importancia de contar con sistemas eficaces de CRI. La crisis financiera de 2008 reveló algunas de las deficiencias en la coordinación internacional de la regulación financiera y sus consecuencias para la estabilidad financiera mundial. Tras ella surgieron diferentes iniciativas de CRI, por ejemplo, en lo que respecta a la regulación y supervisión prudencial de los bancos a nivel mundial (OECD, 2013[1]) o el Marco de Políticas de la OCDE para una Regulación Financiera Eficaz y Eficiente, que fue especialmente importante para ayudar a la convergencia regulatoria en la era posterior a la Crisis Financiera Mundial (OECD, 2010[2]). Más recientemente, la crisis del COVID-19 ha reforzado la importancia de la CRI como elemento fundamental de la política regulatoria. Ha ilustrado la necesidad de una mayor coordinación de las leyes y los reglamentos para apoyar la disponibilidad transfronteriza de bienes de primera necesidad, como los suministros médicos y alimentarios, para promover el intercambio de trabajo, el aprendizaje mutuo y la centralización de los recursos entre los gobiernos para adaptar sus respuestas a la crisis y para mejorar la resiliencia de los marcos regulatorios frente a las perturbaciones.
Los Principios de buenas prácticas de la OCDE sobre cooperación internacional en materia regulatoria (el proyecto de Principios de Buenas Prácticas) buscan a apoyar la implementación de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria [OECD/LEGAL/0390] (la Recomendación de 2012), que anima a los países Miembros y a los no Miembros que se han adherido a ella (en lo sucesivo, Adherentes) a "Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares y marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y, cuando sea adecuado, los probables efectos que tengan en terceros fuera de su jurisdicción” (Principio 12). Como tal, Los Principios de Buenas Prácticas brinda a los responsables de la elaboración de políticas y a los funcionarios de los países adherentes una orientación práctica para hacer un mejor uso de la CRI.
Los Principios de Mejores Prácticas tienen como objeto continuar la serie de informes sobre los principios de mejores prácticas para la política regulatoria producidos bajo los auspicios del Comité de Política Regulatoria (CPR) de la OCDE, que proporciona una mayor orientación y elaboración de los principios plasmados en la Recomendación de 2012 (OECD, 2012[3]).1
Este documento se basa y sintetiza el trabajo de la OCDE sobre la CRI realizado desde 2011 (Recuadro 1). El trabajo del CPR en este sentido ha tomado varias direcciones, incluyendo la estabilización de las definiciones y los conceptos clave en torno a la CRI; la investigación de los diversos enfoques de la CRI a través de una serie de estudios de sectores específicos (por ejemplo, el sector financiero), áreas de política (por ejemplo, la competencia) o enfoques (por ejemplo, el reconocimiento mutuo), desentrañando la interfaz entre la política reguladora y la política comercial, destacando la contribución de las organizaciones internacionales, así como el análisis de los impulsores nacionales para la incorporación de la CRI en la elaboración de normas a nivel nacional.
Los Principios de Buenas Prácticas proporcionan una lista de elementos o componentes esenciales para promover y fortalecer los esfuerzos de cooperación regulatoria internacional que pueden ser utilizados por los gobiernos interesados. Pretenden adaptarse a la variedad de sistemas jurídicos y culturas administrativas entre la OCDE y los países asociados. Pueden informar a los gobiernos en lo particular, dejando un grado suficiente de flexibilidad para que las administraciones adapten esas políticas según las condiciones locales. También pueden constituir una referencia útil para las iniciativas de orientación práctica y de desarrollo de capacidades de los gobiernos. Se acompañan del desarrollo de otras herramientas, como el Recurso CRI APEC-OCDE, que pretende ofrecer un banco de datos de estudios de casos de CRI y un Compendio de Prácticas de OI.