¿Cómo va la vida en América Latina?

El número de personas en situación de pobreza absoluta de los países analizados descendió de 1 de cada 3 en 2006 a 1 de cada 5 en 2019 y, en ese mismo período, se registró un sustancial descenso de la desigualdad en los ingresos. También mejoró el acceso de la población al agua potable y a Internet, además de que el porcentaje de población urbana que vive en asentamientos informales o barrios marginales descendió de manera significativa. El promedio de la esperanza de vida al nacer aumentó desde los 73 años en 2000 a casi 77 años en 2018 en los países analizados, con tasas de mortalidad que prácticamente se habían reducido a la mitad en el caso de menores de 5 años y, en el caso de las madres durante su embarazo o al dar a luz, descendieron un 30%. El porcentaje de la población que había recibido una educación secundaria superior en los países analizados aumentó del 34% al 46%, mientras que el porcentaje de personas con estudios terciarios se incrementó del 12% al 19%. En general, el porcentaje de la población que manifiesta tener niveles bajos de satisfacción con la vida descendió en estos países del 24% al 19%.

Tras el fin del auge experimentado por el precio de las materias primas a mediados de la década de 2010, las mejoras en las condiciones materiales decayeron e incluso se revirtieron en la mayoría de los países de esta región. Después de 2014, los resultados en cuanto a fuerza de trabajo y percepción de las propias personas sobre sus niveles de vida empeoraron en los países analizados, y también se ralentizó el ritmo de reducción de la desigualdad en los ingresos y la pobreza. La confianza de los ciudadanos en el gobierno y su apoyo a la democracia cayeron a partir de 2010. Pese a que las tasas de suicidio descendieron entre el año 2000 y 2019 prácticamente un 25% en los países analizados, las tendencias presentaban marcadas divergencias entre unos y otros países, y a partir de 2015 volvieron a incrementarse. El aumento a largo plazo de la satisfacción con la vida experimentado durante las dos décadas previas a 2019 también alcanzó su punto álgido en 2013, con ligeros descensos a partir de entonces. El porcentaje de trabajadores que desempeñan un empleo informal sigue siendo persistentemente elevado (del 57%), y tan solo se registró una ligera reducción entre 2010 y 2019. Pese a que se avanzó en cierta medida en la superación de las brechas de género, edad, lugar de residencia, grupo étnico o raza y nivel educativo en materia de bienestar, siguen existiendo grandes disparidades.

El escaso capital social de la región (del que son un ejemplo la exigua y cada vez menor confianza en los demás, la baja moral tributaria y el aumento de la percepción de corrupción) subraya la necesidad de reforzar la relación entre las personas y las instituciones públicas que las atienden. El capital humano ha aumentado debido al incremento del logro educativo de nuevos cohortes, pero se ve obstaculizado por porcentajes persistentemente elevados de empleo informal y población que “ni trabaja, ni estudia ni recibe formación” (NINI), así como por el aumento de las tasas de obesidad. Los niveles de capital económico de la región partían de una base reducida en relación con los países de la OCDE y, pese a registrarse ciertas mejoras desde 2000 en términos de formación bruta de capital fijo y recaudación de impuestos, otros aspectos se mantuvieron igual (por ejemplo, la inversión en I+D) o el ritmo de progreso se ralentizó desde 2013. Pese a que América Latina y el Caribe es una región rica en recursos naturales, presenta una especial vulnerabilidad debido al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Desde el año 2000, la masa forestal intacta descendió en promedio un 8% en los países analizados y la biodiversidad está descendiendo a una velocidad que duplica el ritmo promedio de la OCDE.

En prácticamente todos los indicadores, los promedios de los países analizados encubren diferencias considerables en los niveles y tendencias registrados entre unos y otros. Más allá de estas variaciones entre los diferentes países, se encuentran disparidades igual de pronunciadas en la distribución del bienestar dentro de su territorio nacional, y mujeres, niños, ancianos y jóvenes, la población rural, los pueblos indígenas y de ascendencia africana, así como quienes tienen menor nivel educativo suelen obtener peores resultados y tener menos oportunidades, en particular en lo relativo a las condiciones materiales. Por ejemplo, las mujeres de los países analizados tienen más probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza y, en las últimas décadas, esta diferencia se ha pronunciado, en lugar de atenuarse. También realizan más del doble de trabajo no remunerado y cuidados domésticos que los hombres, tienen menos probabilidades de sentirse seguras y la probabilidad de que no trabajen, ni estudien ni reciban formación (NINI) es prácticamente el doble que la de los hombres. No obstante, junto a estas desventajas existen ciertas fortalezas, como el aumento de las tasas de logro educativo entre las mujeres, la enorme conectividad de los jóvenes y el incremento de los niveles de capital social en las zonas rurales.

Como se ha señalado anteriormente, la pandemia llegó en un momento en el que ya estaban surgiendo importantes vulnerabilidades en lo que atañe al bienestar. En 2020, el desempleo y la pobreza absoluta aumentaron de forma drástica en toda la región, al tiempo que cayeron los ingresos, el empleo y la fuerza de trabajo. Las malas condiciones de la vivienda han dificultado la lucha contra el virus y la brecha digital obstaculizó las oportunidades de aprender, trabajar y acceder a servicios de forma remota. Los fuertes descensos del nivel de satisfacción con la vida y las relaciones sociales ponen de relieve el costo humano de la crisis y subrayan la necesidad de utilizar planes de recuperación y políticas macroeconómicas (en países en los que existe margen para hacerlo) como herramientas para superar las vulnerabilidades preexistentes y también las nuevas que han surgido durante la crisis.

Los países de la región de ALC han avanzado mucho en la incorporación de un enfoque multidimensional centrado en las personas de la medición y la política (en particular en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas). No obstante, al igual que ocurre en otras regiones del mundo, son necesarios vínculos más fuertes entre, por una parte, los objetivos multidimensionales recogidos en los marcos jurídicos y los planes nacionales de desarrollo y, por otra, su aplicación real, incluso a través de la asignación presupuestaria, la formulación de políticas y la focalización. Construir una visión compartida de las prioridades en materia de políticas y utilizar un marco común para identificar las fortalezas y debilidades de los países puede mejorar tanto las políticas nacionales como la cooperación regional, a través de alianzas internacionales más efectivas y el aprendizaje de pares. La integración de un enfoque basado en el bienestar en América Latina exigirá un amplio apoyo público y político, así como mecanismos institucionales que vinculen las prioridades en materia de bienestar con operaciones del gobierno a largo plazo. También se necesitan mejoras en la disponibilidad de datos desagregados armonizados sobre todos los aspectos pertinentes de las políticas de bienestar. Este informe tiene por objeto apoyar el futuro trabajo y las conversaciones continuas entre los agentes políticos, los órganos estadísticos y una amplia variedad de interlocutores sociales para que el bienestar de las personas sea el eje central de las actuaciones de los gobiernos en ALC.