Durante la última década, América Latina y el Caribe ha transformado profundamente su enfoque en materia de integridad y anticorrupción. Con el respaldo de sólidos compromisos regionales, una creciente alineación con los estándares de la OCDE y reformas nacionales innovadoras, los países han ido más allá de las medidas anticorrupción reactivas para avanzar hacia sistemas integrales de integridad que promueven la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y una gobernanza ética. Este capítulo destaca los principales logros de la región y muestra cómo los gobiernos han construido bases más sólidas para una cultura de integridad y transparencia.
La próxima década de acción para la integridad pública en América Latina y el Caribe
Resumen
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) enfrentan una serie de desafíos políticos interconectados, entre ellos un crecimiento económico y una productividad persistentemente bajos, altos niveles de desigualdad e informalidad laboral, crecientes riesgos relacionados con el clima y presiones migratorias. Al mismo tiempo, las restricciones fiscales y el aumento de los niveles de deuda limitan la capacidad de los gobiernos para financiar las prioridades de desarrollo (OCDE et al., 2025[1]). Además, el crimen organizado, la violencia y la debilidad de la gobernanza siguen siendo obstáculos importantes para la inversión, la capacidad del Estado y la confianza pública (OCDE, 2025[2]; Bisca et al., 2024[3]). De hecho, la confianza es menor en ALC que en los países miembros de la OCDE: algo más de un tercio (35 %) de las personas en ALC tiene una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno nacional, frente al 39 %, en promedio, en los países miembros de la OCDE (OCDE, 2025[2]).
Promover la integridad y la transparencia no es solo un objetivo de gobernanza y un medio pertinente para fomentar la confianza en el gobierno; también es un imperativo de desarrollo. La región ha sido pionera en la respuesta a este desafío. América fue la primera región en elaborar una convención regional anticorrupción. Incluso antes de que se adoptara la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en 2003, la región ya había dado pasos significativos. Ya en 1996, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptaron la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). En 2001, la Asamblea General de la OEA adoptó el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) para apoyar el desarrollo de la CICC, donde la OCDE contribuyó al proceso de revisión entre pares del mecanismo.
La creciente alineación de la región con los estándares de integridad de la OCDE durante los últimos 25 años refleja un claro cambio desde enfoques reactivos y fragmentados centrados en la lucha contra la corrupción, hacia el diseño y la implementación de marcos de integridad más proactivos, estratégicos, coherentes y sostenibles que tienen en cuenta el entorno de gobernanza en su conjunto. Esta evolución se ha visto respaldada por el apoyo estratégico y técnico de la OCDE, así como por reformas apoyadas por el BID para fortalecer la capacidad institucional, la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia del sector público (Recuadro 1.1). Un número creciente de países de la región participa activamente en los diálogos sobre políticas de la OCDE y se adhiere formalmente a instrumentos jurídicos de la OCDE. Siete países de ALC son parte de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y están adheridos a la Recomendación del Consejo de la OCDE para Fortalecer la Lucha contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú); siete se han adherido a la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública; cinco se han adherido a la Recomendación de la OCDE sobre Transparencia e Integridad en el Cabildeo y la Influencia; y siete se han adherido a la Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto.
La OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han desarrollado una sólida alianza para apoyar y reforzar el compromiso de la región con la integridad pública, mediante enfoques complementarios que combinan estándares internacionales, diálogo sobre políticas públicas, asistencia técnica, financiamiento, generación de conocimiento y apoyo a la implementación. Plataformas regionales como la Red de Integridad Pública de la OCDE-BID para América Latina y el Caribe y la Red de la OCDE para la Aplicación de la Ley en América Latina y el Caribe (LAC LEN) han fomentado el aprendizaje entre pares, el diálogo sobre políticas públicas y el intercambio de prácticas recomendadas entre los países de la región. El fortalecimiento de las instituciones y de la buena gobernanza también se reconoce como un objetivo clave del Marco Estratégico de la OCDE para América Latina y el Caribe.
La OCDE ha apoyado a 10 países de ALC a través de más de 35 proyectos nacionales y 18 informes de seguimiento para respaldar reformas en materia de integridad y anticorrupción, así como reformas de gobierno abierto (véase el Anexo B). En paralelo, el BID ha apoyado a los países de la región a través del diálogo sobre políticas públicas, la cooperación técnica, operaciones de préstamo y productos de conocimiento orientados a fortalecer la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la eficacia institucional.
Además, 15 países de ALC (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) participan en los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE y la región figuró por primera vez en las "Perspectivas de Anticorrupción e Integridad 2026" de la OCDE (OCDE, 2026[4]).
Fuente: (OCDE, 2026[4]) y Anexo B.
En 2018, el Compromiso de Lima, adoptado en la VIII Cumbre de las Américas sobre "Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción", marcó un hito y reiteró el compromiso de los países de la región de combatir la corrupción para recuperar la confianza y avanzar hacia un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible. Como seguimiento al Compromiso de Lima de alto nivel, la Reunión Ministerial del Programa Regional de la OCDE para ALC sobre "Integridad para el Buen Gobierno en América Latina y el Caribe: de los Compromiso a la Acción", celebrada en Lima, Perú, los días 18 y 19 de octubre de 2018, sirvió de foro para que los países de ALC acordaran un conjunto de medidas concretas, que se aprobaron en el "Plan de Acción de Integridad para el Buen Gobierno" (OCDE, 2018[5]).
La evidencia de los Indicadores de Integridad Pública (PII, por sus siglas en inglés) de la OCDE muestra que los países de ALC han desarrollado marcos normativos comparativamente sólidos en dimensiones clave para los sistemas de integridad, con la excepción de la dimensión de cabildeo, para la cual solo unos pocos países de ALC cuentan con regulación. Sin embargo, a menudo su implementación efectiva sigue siendo un desafío, reduciendo su impacto. En todas las dimensiones clave evaluadas, los PII aportan datos empíricos comparativos sobre las brechas de implementación, definidas como la diferencia entre la normativa estándar y la práctica estándar. Por ejemplo, la brecha de implementación en materia de financiamiento político alcanza los 41 puntos porcentuales en los países de ALC, frente a solo 20 en los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC (Figura 1.1). En materia de conflictos de intereses, la brecha es de 53 puntos porcentuales en los países de ALC y de 35 en los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC (Figura 1.1). En materia de integridad judicial, la brecha se sitúa en 30 puntos porcentuales en los países de ALC, frente a 23 en los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC (Figura 1.1). Por lo tanto, aunque la implementación es un problema generalizado en toda la OCDE, el desafío es más pronunciado en la región de ALC.
Si bien estas cifras aportan información valiosa sobre los marcos normativos y su implementación en la práctica, evaluar su eficacia plenamente requiere indicadores complementarios que permitan captar los cambios en el comportamiento institucional, la prevención de conductas indebidas, la calidad de la toma de decisiones administrativas y las experiencias de las personas en sus interacciones con el Estado. Estos indicadores ayudarían a determinar en qué medida las iniciativas de integridad se traducen en mejoras tangibles en la integridad del sector público y en la confianza.
Nota: En "Estrategia", la normativa hace referencia a los criterios relativos a los objetivos estratégicos y la práctica hace referencia a los criterios sobre la implementación de la estrategia. En "Cabildeo", "Financiamiento político", "Conflicto de intereses", "Acceso a la información", "Gestión de riesgos de corrupción", "Integridad judicial", "Sistema disciplinario" e "Integridad de la fiscalía", la normativa hace referencia a los criterios relativos al marco normativo (legislación primaria y secundaria) y la práctica hace referencia a los criterios relativos a la existencia de buenas prácticas existentes.
Los promedios de ALC para "Estrategia", "Cabildeo", "Financiamiento político", "Conflicto de intereses" y "Acceso a la información" no incluyen a Uruguay, ya que no hay datos disponibles. El promedio de ALC para "Gestión de riesgos de corrupción" no incluye a Bolivia, Paraguay y Uruguay, ya que no hay datos disponibles. El promedio de ALC para "Sistema disciplinario" no incluye a Bolivia, Paraguay y Uruguay, ya que no hay datos disponibles. El promedio de ALC para "Integridad judicial" no incluye a Bolivia, México, Paraguay y Uruguay, ya que no hay datos disponibles. El promedio de ALC para "Integridad de la fiscalía" no incluye a Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay, ya que no hay datos disponibles.
El grupo de países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC corresponde al promedio de los datos disponibles de los países miembros de la OCDE, excluidos los datos de los cuatro países miembros de ALC: Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Cómo leer: En "Financiamiento político", los países de ALC cumplen el 89 % de los criterios normativos estándar y el 48 % de los criterios prácticos estándar, lo que se traduce en una brecha de implementación de 41 puntos porcentuales. Los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC cumplen el 74 % de los criterios normativos estándar y el 55 % de los criterios prácticos estándar, lo que se traduce en una brecha de implementación de 19 puntos porcentuales.
Fuente: Base de datos de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 16 de septiembre de 2026).
Promover la integridad y la transparencia es un trabajo de equipo: aunque puede haber líderes y mandatos formales, lograr un impacto significativo requiere coordinación y cooperación en todo el Estado, así como llegar a toda la sociedad e involucrarla. Las siguientes secciones se centran en áreas clave en las que la región de ALC ha logrado avances significativos y que podrían servir como inspiración para otras regiones que aspiren a lograr una coordinación y cooperación reales dentro y fuera del Estado. Entre éstas figuran el establecimiento de mecanismos de coordinación eficaces para mejorar el diálogo y la coherencia entre las instituciones públicas, así como de estrategias nacionales de integridad para fijar prioridades de política basadas en datos empíricos; el desarrollo de mecanismos y políticas de integración transversal para promover una implementación proactiva en toda la administración pública, y la promoción de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas como base para involucrar a toda la sociedad. Por último, varios países de la región han sido especialmente innovadores en el uso de la analítica de datos en la contratación pública, la auditoría y la gestión de riesgos, un ámbito de creciente interés que podría ayudar a cerrar las brechas de implementación existentes.
1.2.1. Mecanismos de coordinación interinstitucional
Los países suelen enfrentar importantes desafíos de coordinación, como mandatos institucionales fragmentados, superposición de responsabilidades, mecanismos débiles de intercambio de información, competencia entre organismos y una participación limitada de actores clave afuera del poder ejecutivo. Estos desafíos pueden dar lugar a iniciativas aisladas, una implementación inconsistente y una menor eficacia de las políticas de integridad. La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública destaca la importancia de establecer responsabilidades claras en los niveles pertinentes y de promover mecanismos de cooperación horizontal y vertical (OCDE, 2017[6]). Los mecanismos de coordinación pueden ayudar a alinear prioridades, evitar duplicaciones, cerrar brechas institucionales y garantizar que las medidas de prevención, detección, aplicación de la ley y rendición de cuentas se refuercen mutuamente.
En términos generales, la región de ALC ha establecido mecanismos pertinentes, como comisiones, plataformas o comités interinstitucionales, que contribuyen a mejorar la coordinación y la coherencia apoyando la visión estratégica del país en materia de anticorrupción e integridad. El establecimiento de estos mecanismos también puede ser una señal de compromiso político, ya que pueden contribuir a orientar el diálogo nacional sobre políticas públicas hacia la necesidad de lograr una implementación eficaz de las leyes y políticas. 10 de los 15 países de la región de ALC que participan en los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE han establecido mecanismos formales para promover la cooperación interinstitucional (véase la Figura 1.2 y la Tabla A A.1 en el Anexo A). Estos mecanismos de coordinación de las políticas de integridad y anticorrupción en América Latina presentan una diversidad institucional significativa, que va desde arreglos informales hasta sistemas altamente formalizados y con múltiples partes interesadas. Algunos de estos mecanismos incluyen los poderes legislativo o judicial, o ambos, órganos de control autónomos como las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) y, en algunos casos, la participación formal de la sociedad civil o del sector privado. Algunos países han establecido estructuras formalizadas (por ejemplo, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú), mientras que otros han optado por un enfoque más flexible e informal (por ejemplo, Argentina y Chile).
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla A A.1 en el Anexo A.
1.2.2. Estrategias nacionales de integridad y anticorrupción
Este enfoque de coordinación interinstitucional en la región ha contribuido al desarrollo de marcos estratégicos nacionales de integridad comparativamente sólidos, que reúnen perspectivas diversas y fomentan una comprensión compartida de los riesgos de corrupción y de las soluciones de políticas públicas en toda la administración pública. Según los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE, la región de ALC destaca por la calidad de su marco estratégico, con una puntuación superior al promedio de los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC tanto en la dimensión normativa como en la dimensión práctica que evalúan la calidad de los marcos estratégicos. De hecho, en promedio, los países de ALC cumplen el 46 % de los criterios normativos y el 37 % de los criterios prácticos, mientras que, en promedio, los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC cumplen el 34 % y el 28 %, respectivamente (Figura 1.3). Esta cifra todavía no refleja las tendencias positivas en curso. Por ejemplo, la República Dominicana (con el apoyo de la OCDE) está actualmente elaborando su primera estrategia nacional de integridad, que será evaluada una vez adoptada.
Una fortaleza común de las estrategias nacionales de la región es el proceso altamente participativo mediante el cual se han elaborado estas estrategias, involucrando a todo el Estado y la sociedad. Bolivia, Brasil, Chile y Costa Rica destacan como ejemplos positivos de este tipo de participación inclusiva. Además, países como México aprovechan con éxito múltiples fuentes de datos y realizan evaluaciones de riesgos para la integridad pública, que son elementos fundamentales para adoptar un enfoque basado en la evidencia para fijar prioridades. Chile ha desarrollado un mecanismo transparente para dar seguimiento a la implementación de su estrategia nacional de integridad, un ámbito en el que otros países de ALC aún podrían mejorar.
Sin embargo, en promedio, la región está rezagada en varios elementos clave necesarios para garantizar una implementación eficaz de estas estrategias nacionales de integridad. Por ejemplo, solo 4 de 14 países de ALC hacen seguimiento de las tasas de implementación, lo que significa que apenas el 29 % de los países de ALC supervisa si sus estrategias se están implementando, mientras que solo 5 de 14 países de ALC publican informes de seguimiento de todos los planes de acción al menos una vez al año y a más tardar 3 meses después del calendario de presentación de informes definido. Más allá del seguimiento de la ejecución de las actividades, el monitoreo debe complementarse con una evaluación que permita determinar si las intervenciones están abordando eficazmente los problemas para los que fueron diseñadas. La sostenibilidad financiera constituye otro desafío importante. Ninguno de los países de ALC cuenta con un plan financiero plurianual o vinculado al marco de gasto de mediano plazo, lo que limita la medida en que las estrategias de integridad pueden respaldarse con recursos financieros previsibles y sostenidos. Las estrategias eficaces requieren priorizar las intervenciones en función de los riesgos de integridad identificados, las capacidades institucionales y los resultados esperados, vinculando claramente estas prioridades con los recursos disponibles. Por consiguiente, invertir en marcos de seguimiento y evaluación más sólidos, además de garantizar la sostenibilidad financiera, podría aumentar significativamente su impacto e impulsar cambios significativos al permitir identificar y abordar oportunamente las brechas de implementación.
Nota: La normativa hace referencia a los criterios relativos a los objetivos estratégicos y la práctica hace referencia a los criterios sobre la implementación de la estrategia. No se dispone de datos de Uruguay. El grupo de países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC corresponde al promedio de los datos disponibles de los países miembros de la OCDE, excluidos los datos de los cuatro países miembros de ALC: Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Fuente: Base de datos de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 16 de septiembre de 2026).
1.2.3. Transversalización de las políticas de integridad en todo el sector público
Establecer una función específica dentro de las organizaciones públicas encargada de garantizar el cumplimiento normativo de los estándares de integridad y de coordinar su implementación puede contribuir de manera significativa a fortalecer la implementación de las leyes y políticas a través del sector público. El mandato, las funciones y los acuerdos de dicha función pueden variar de manera significativa. En la región de ALC, varios países han adoptado medidas para trasladar y arraigar los estándares de integridad a una gran variedad de realidades sectoriales, organizacionales y locales. Con la implementación de enfoques modernos de cumplimiento normativo en el sector público, algunos países incluso se encuentran a la vanguardia y pueden considerarse como una buena práctica internacional. Las funciones específicas de integridad coordinan y apoyan la implementación a nivel organizacional, pero no sustituyen la responsabilidad de cada servidor público de actuar con integridad, ni la de los altos directivos y gestores públicos de incorporar la integridad en la planificación, la supervisión y la toma de decisiones.
En la región destacan dos buenas prácticas: en Perú, la creación de Oficinas de Integridad Institucional en todas las entidades públicas, incluyendo otras ramas de gobierno, los organismos autónomos y los gobiernos locales, ha establecido un marco institucional integral y coherente para la integridad más allá de los distintos poderes y niveles de gobierno. En Brasil, la creación de Unidades Sectoriales de Integridad en todas las entidades del poder ejecutivo federal ha fortalecido la capacidad institucional para coordinar e implementar medidas de integridad en todo el gobierno federal. México, Honduras y la República Dominicana han establecido comités para promover la integridad a nivel organizacional (la Figura 1.4 y la Tabla A A.2 en el Anexo A ofrecen más detalles sobre estos acuerdos). Unidades dedicadas suelen tener un mejor desempeño que los comités, cuyos miembros a menudo carecen de las competencias y, debido a su rotación, de la continuidad necesarias para lograr resultados. Colombia ha seguido una vía diferente y ha optado por un Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). El MIPG exige que todos los gerentes públicos informen periódicamente sobre sus acciones relacionadas con la integridad, la transparencia y otras políticas transversales.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla A A.2 en el Anexo A.
1.2.4. Gobierno abierto: Acceso a la información, participación ciudadana y espacio cívico
Los países de América Latina y el Caribe han sido pioneros en algunas de las reformas mundiales más innovadoras en materia de transparencia, participación y rendición de cuentas. Por ejemplo, los presupuestos participativos se desarrollaron por primera vez en Brasil en la década de 1980 y, desde entonces, se han convertido en una práctica generalizada tanto en ALC como a nivel mundial. El ámbito de la integridad y la anticorrupción no es una excepción: la región de ALC se distingue por sus esfuerzos para involucrar activamente a la ciudadanía y a la sociedad civil en la organización de las agendas de integridad y anticorrupción. Además, los países de la región han ido adoptando políticas públicas para mejorar el acceso a la información y la transparencia gubernamental, promover la participación significativa de las partes interesadas y establecer acuerdos institucionales que protejan el espacio cívico, lo que permite que la ciudadanía, los órganos de control y las instituciones públicas contribuyan de manera más eficaz a la formulación de políticas públicas y a la rendición de cuentas.
Acceso a la información y transparencia
La transparencia y el acceso a la información son herramientas poderosas para fortalecer la integridad pública y reducir los riesgos de corrupción, ya que permiten a la ciudadanía acceder a la información gubernamental, examinar las decisiones públicas y exigir la rendición de cuentas a las instituciones (OCDE, 2024[7]). Si la información pública es accesible, confiable y fácil de entender, la ciudadanía, los periodistas y los órganos de control pueden ver cómo se toman y se implementan las decisiones y las políticas públicas, y cómo se gasta el dinero público. De este modo, la transparencia y el acceso a la información respaldan la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, desempeñan un importante papel preventivo: la posibilidad de que las decisiones, las acciones y el uso de los recursos públicos sean objeto de escrutinio público puede contribuir a disuadir conductas indebidas y a reducir los riesgos de corrupción, influencia indebida y otras infracciones de la integridad. Cuando la transparencia va acompañada de una rendición de cuentas eficaz, incluyendo el seguimiento adecuado cuando la información revela conductas indebidas o riesgos para la integridad, y se combina con medidas más amplias, como el desarrollo y la aplicación de marcos estratégicos de integridad y la mejora de la equidad, la capacidad de respuesta y la rapidez en la prestación de servicios, también puede contribuir a fortalecer la confianza pública. Según los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE, la región de ALC tiene un buen desempeño en lo que respecta al marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información pública. En promedio, los países cumplen el 72 % de los criterios, a la par de los países miembros de la OCDE. Sin embargo, los países de ALC cumplen en promedio el 59 % de los criterios de práctica, ligeramente por debajo del promedio de la OCDE (62 %).
Por lo tanto, el acceso a la información sigue siendo una piedra angular del gobierno abierto y de la gobernanza democrática en la región. Los marcos sólidos de acceso a la información en ALC suelen tener un amplio alcance en los distintos poderes y niveles de gobierno. Según el Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024 de la OCDE, el 86 % de los países encuestados extienden la aplicación de la legislación sobre acceso a la información a las autoridades subnacionales. Asimismo, en el 85 % de los países de ALC, el marco normativo establece que todas las instituciones públicas y las personas privadas que desempeñan funciones públicas son titulares de información pública, y que todas las personas, incluidos los no ciudadanos y las personas jurídicas, tienen derecho a acceder a la información en todas las formas disponibles. Los arreglos institucionales para la implementación también son relativamente sólidos: la ley exige contar con funcionarios u oficinas específicos de acceso a la información en 12 de los 14 países encuestados, mientras que 13 de los 15 países de los que se dispone de datos de los PII han establecido órganos de supervisión independientes con un mandato específico en materia de acceso a la información (OCDE, 2024[7]). Paralelamente, los gobiernos han ampliado la divulgación proactiva de información. El 77 % de los países ha publicado datos individualizados sobre la remuneración de los servidores públicos y la divulgación de las licitaciones públicas y sus resultados a través de una plataforma centralizada es universal (Figura 1.5). Sin embargo, como ilustra la Figura 1.5, los países podrían destinar recursos adicionales para poner a disposición del público información sobre la toma de decisiones públicas, incluidas las agendas del gobierno y de los ministros. Esta divulgación proactiva de información reduciría la opacidad sobre quién accede al poder y sobre cómo se fundamenta, en última instancia, la toma de decisiones.
Fuente: Base de datos de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (16 de septiembre de 2026).
Espacio cívico
Un espacio cívico protegido respalda la integridad pública y es una condición habilitante clave para la implementación eficaz de las reformas de gobierno abierto. Al permitir que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se organicen, participen en la vida pública, expresen sus opiniones, examinen la acción pública y contribuyan a la formulación de políticas públicas, el espacio cívico favorece una gobernanza más abierta, receptiva e inclusiva. También puede ayudar a identificar riesgos para la integridad, incorporar perspectivas diversas en la toma de decisiones públicas y crear canales a través de los cuales puedan plantearse preocupaciones sobre corrupción, influencia indebida o conductas indebidas. Cada vez más reconocido como una salvaguarda democrática y como un activo para la gobernanza, el espacio cívico puede contribuir a la eficacia de las políticas públicas, a la cohesión social, a la integridad pública y a la confianza pública.
El desempeño de la región se compara favorablemente a nivel mundial: nueve países de ALC encuestados en la última Encuesta sobre Gobierno Abierto de 2021 obtuvieron puntuaciones superiores al promedio mundial en las mediciones del espacio cívico (OCDE, 2025[8]). No obstante, los 13 países de ALC analizados en el informe enfrentan diversos desafíos para crear un entorno propicio para la sociedad civil. Al mismo tiempo, los países de la región de ALC están introduciendo mecanismos innovadores para fortalecer el entorno propicio para la sociedad civil y mejorar la transparencia en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. En la República Dominicana, por ejemplo, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL) mantiene una plataforma abierta en línea que ofrece información sobre el registro, el financiamiento, las actividades y las áreas de impacto de las organizaciones de la sociedad civil. Al poner esta información a disposición del público, la plataforma fortalece la transparencia, respalda la rendición de cuentas y facilita una mejor comprensión de la contribución de las organizaciones de la sociedad civil a la vida pública y al desarrollo sostenible.
Un espacio cívico sólido también depende de la capacidad y la voluntad de las distintas partes interesadas de defender la integridad en la vida pública. Educar a la juventud en integridad e involucrar a las empresas mediante iniciativas de integridad contribuye a un espacio cívico dinámico, al empoderar a la ciudadanía y a los actores económicos para que participen de manera responsable en la vida pública, tal como lo reconoce también la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública, que insta a promover una cultura de integridad pública que abarque a toda la sociedad.
Los países de ALC han adoptado diversos enfoques para fomentar esta cultura de integridad, entre ellos la integración de la educación en integridad en los planes de estudio escolares, programas de educación en integridad impartidos por organismos de integridad y alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con el sector privado. Por ejemplo, desde 2008, Brasil implementa el programa "¡Uno para todos y todos para uno! Por la ética y la ciudadanía", que dota a los estudiantes de educación primaria (de 6 a 10 años de edad) de conocimientos y competencias relacionados con la ética, la ciudadanía, la participación social y otros valores relacionados. El programa ha alcanzado una escala significativa y se ha ampliado considerablemente tras la introducción de su formato digital. Entre 2009 y 2018, un promedio anual de 548 escuelas y 73 210 estudiantes recibieron los contenidos del programa; entre 2021 y 2024, la cobertura media anual aumentó a 1 324 escuelas y 211 188 estudiantes (Constantin, 2025[9]). En 2025, el programa llegó a 60 000 estudiantes de 650 escuelas, con materiales impresos y digitales (Controladoria-Geral da União, 2026[10]). Al extender la educación en integridad a un gran número de estudiantes desde una edad temprana, el programa ofrece una plataforma significativa para desarrollar conocimientos y conciencia sobre la integridad y contribuir a la promoción a largo plazo de una cultura de integridad.
El sector privado es otro socio importante para fortalecer un enfoque de la integridad pública que abarque a toda la sociedad. Los países de ALC han implementado iniciativas para involucrar al sector privado en el fomento de una cultura de integridad. Siete países de la región son parte de la Convención Anticohecho de la OCDE y se han adherido a la Convención Anticohecho de la OCDE (cuyo nombre completo es Recomendación de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales) (OCDE, 2021[11]). Esta Recomendación incluye varias disposiciones sobre integridad empresarial, entre ellas incentivos para el cumplimiento anticorrupción en las empresas, la protección de los denunciantes y la participación de múltiples partes interesadas. En la región de ALC destacan dos iniciativas de acción colectiva que involucran al sector privado (OCDE, 2025[12]):
Iniciativa Empresa Pro-Ética en Brasil: creada en 2010, la Iniciativa Empresa Pro-Ética es un programa voluntario que reconoce a las empresas que demuestran contar con programas de cumplimiento normativo sólidos. Históricamente, en cada una de sus ediciones ha aumentado el número de empresas que se postulan al programa, lo que demuestra su impacto en el entorno empresarial brasileño.
Iniciativa de la Red Marítima Anticorrupción (MACN) en Argentina: La MACN y sus socios nacionales pusieron en marcha una iniciativa de acción colectiva con actores locales del sector y el gobierno, lo que dio lugar a una disminución del 85 % de los incidentes de corrupción denunciados entre 2014 y 2024 en los puertos argentinos.
1.2.5. Los datos y tecnología al servicio de la integridad
Los datos y la tecnología, incluyendo el uso de la inteligencia artificial, pueden ayudar a cerrar las brechas de implementación y a generar impacto al mejorar la eficacia, la eficiencia y la apertura de las políticas de integridad en distintas áreas. Tal como se destaca en las Perspectivas de Anticorrupción e Integridad 2026 de la OCDE, los países están utilizando datos y herramientas digitales para fortalecer la integridad e impulsar la implementación, pero aún existen oportunidades para mejorar la supervisión, la eficacia y la rendición de cuentas (OCDE, 2026[4]).
La disponibilidad y la calidad de los datos pertinentes, la existencia de infraestructura pública digital y de servidores públicos con las competencias y la mentalidad necesarias son factores habilitantes importantes para la adopción y el uso de datos y tecnología (véase el Capítulo 2). La región de ALC ha logrado avances y algunos países incluso superan a la OCDE en áreas clave tales como la adopción de marcos de interoperabilidad (adoptados por todos los países de ALC, frente al 91 % de los países miembros de la OCDE) y de redes compartidas (adoptadas por el 86 %, frente al 82 % de los países miembros de la OCDE), que son fundamentales para la comunicación y el intercambio de datos entre los organismos gubernamentales (OCDE, 2024[7]). Además, la evidencia del Índice de Gobierno Digital de la OCDE, que evalúa las políticas, la gobernanza, las capacidades y las instituciones que necesitan los gobiernos para convertirse en un sector público plenamente digital y basado en datos, muestra que, en 2025, de los 7 países de ALC de los que se dispone de datos, Brasil, Chile y Colombia obtienen puntuaciones superiores al promedio de la OCDE, mientras que Perú, México, Argentina y Costa Rica se sitúan por debajo del promedio de la OCDE (OCDE, 2026[13]).
Nota: Los datos de 2025 abarcan del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024.
Fuente: (OCDE, 2026[13]).
La digitalización puede hacer que los procesos administrativos y la prestación de servicios públicos sean más transparentes y eficientes, lo que reduce los riesgos de corrupción. A su vez, el uso del análisis de datos y de la inteligencia artificial puede ayudar a identificar señales de alerta de posibles actividades fraudulentas y de corrupción en una serie de ámbitos en los que los gobiernos suelen recopilar datos confiables (OCDE, 2025[14]), lo que fortalece la gestión de riesgos para la integridad, la auditoría y la detección. Para los países de ALC, estas herramientas ofrecen la oportunidad de fortalecer aún más su enfoque preventivo y basado en riesgos de la integridad pública. Aprovechar este potencial requerirá no solo un uso mayor y más estratégico de las tecnologías digitales, sino también mejoras en la disponibilidad, la calidad y la interoperabilidad de los datos del sector público, junto con una mayor capacidad institucional para analizar los riesgos identificados y traducir los hallazgos en acciones preventivas y correctivas. Al mismo tiempo, el uso de herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas puede generar, por sí mismo, riesgos para la integridad, como la falta de transparencia, los sesgos y las deficiencias en materia de rendición de cuentas. Por ello, es necesario establecer salvaguardas adecuadas que garanticen la transparencia, la trazabilidad, la supervisión humana y la rendición de cuentas, a fin de asegurar que las decisiones asistidas por inteligencia artificial se ajusten a los principios de integridad.
Contratación pública
Gracias a la disponibilidad de datos confiables y comparables, la región de ALC ha logrado avances significativos en el uso de la analítica de datos en la contratación pública. Varios escándalos de corrupción con grandes repercusiones en la región de ALC han confirmado una vez más que la contratación pública es un área de alto riesgo. En respuesta, muchos países de ALC han adoptado medidas para fortalecer la integridad mediante el impulso de sistemas de contratación electrónica, la mejora de la transparencia, habilitando la participación de observadores independientes, el refuerzo de la regulación sobre titularidad real y el aprovechamiento de tecnologías innovadoras para prevenir y detectar el fraude y la corrupción. Estos esfuerzos ilustran cómo pueden aprovecharse los datos y la tecnología para promover la integridad en áreas de alto riesgo.
Por ejemplo, las recientes reformas de la contratación pública han introducido medidas para fortalecer los sistemas de contratación electrónica en países de ALC como Chile, Costa Rica y México. En 2022, los sistemas de contratación electrónica de Chile, Colombia y la República Dominicana cumplían las siete funciones básicas analizadas por la OCDE (a saber: anuncio de licitaciones, licitación electrónica, presentación electrónica de ofertas, notificación de adjudicaciones, gestión de contratos posterior a la adjudicación, presentación electrónica de facturas y módulo de inteligencia de negocios). Entre los 12 países de ALC encuestados, tres contaban con sistemas que cumplían seis de estas funcionalidades, mientras que los sistemas de otros dos países admitían cinco (OCDE, 2024[7]).
Fuente: Adaptado de (OCDE, 2024[7]) para incluir únicamente a los países de ALC que participan en los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE.
Los datos y la tecnología desempeñan un papel fundamental en la mejora de la transparencia en la contratación pública. Cuando se combina con otras medidas que promueven una cultura de integridad, una mayor transparencia puede fortalecer la confianza pública al comunicar claramente cómo se asignan y utilizan los recursos en los proyectos de infraestructura y en los procesos de contratación. Un ejemplo destacado es la plataforma Obrasgov de Brasil, creada para establecer directrices para la divulgación de datos sobre obras públicas. La plataforma recopila sistemáticamente información georreferenciada sobre proyectos financiados total o parcialmente con recursos públicos. Presenta los datos de infraestructura en formatos concisos y fáciles de usar, como tableros de gestión interactivos. Además, ofrece acceso a datos abiertos, lo que permite a los usuarios analizar tendencias, generar estadísticas y realizar investigaciones en profundidad. Otro ejemplo es ALICE (Analizador de Licitaciones, Contratos y Rutas de Auditoría), una herramienta de análisis de datos desarrollada por la Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil para reforzar la detección de riesgos de corrupción en la contratación pública. ALICE analiza automáticamente los datos de los procedimientos de contratación y aplica alertas basadas en 40 tipologías de riesgo, lo que ayuda a los auditores a identificar procesos potencialmente irregulares. Entre 2023 y 2025, la herramienta analizó más de 600 000 procedimientos de contratación y generó alertas de riesgo para apoyar las actividades de auditoría. En conjunto, Obrasgov y ALICE ilustran cómo la combinación de iniciativas de datos abiertos con herramientas de detección de riesgos basadas en datos puede reforzar la transparencia, la integridad y la gestión de riesgos en la contratación pública.
Más allá de la divulgación de datos, los países pueden aprovechar tecnologías innovadoras para mejorar la transparencia y la supervisión durante la ejecución de los contratos. Por ejemplo, la Contraloría General de la República de Costa Rica ha venido implementando el proyecto dIAra, que utiliza inteligencia artificial y tecnología de bajo costo para ofrecer una supervisión transparente y en tiempo real de las obras públicas, lo que mejora la participación ciudadana y la rendición de cuentas (Heyaca and Pallotta, 2026[15]). Esta plataforma de código abierto fomenta la colaboración entre el gobierno, la sociedad y los contratistas, e impulsa un cambio hacia una mayor transparencia y hacia el empoderamiento de las comunidades (Recuadro 1.2). Otra buena práctica es la EFS de México, que utiliza la analítica de datos para orientar sus auditorías de los procesos de contratación, identificar riesgos y concentrar sus recursos a fin de aumentar su eficacia en la detección de irregularidades, como posibles conflictos de intereses y conductas colusorias, incluso en los niveles estatal y municipal. Por último, durante la emergencia sanitaria de COVID-19, la EFS de Colombia pudo monitorear los recursos en tiempo real mediante la comparación de precios de mercado y el cálculo de presuntos sobrecostos, lo que permitió realizar correcciones oportunas en la contratación pública.
El proyecto dIAra es una iniciativa pionera que integra la IA con la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) para mejorar la auditoría pública de los proyectos de infraestructura. Desarrollado conjuntamente por la Universidad Cenfotec y la CGR de Costa Rica con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana, dIAra aborda el desafío de monitorear en tiempo real las obras públicas de construcción y proporciona a los auditores información automatizada e impulsada por datos que mejora la eficacia y la transparencia de la supervisión.
En esencia, dIAra es un sistema de seguimiento y monitoreo que apoya a los auditores públicos mediante la automatización de la recopilación y el análisis de datos visuales de las obras. Cámaras de IoT de bajo costo, ensambladas localmente con microcontroladores y componentes impresos en 3D, capturan imágenes de las obras en curso. Estas imágenes son analizadas por un modelo de visión artificial basado en IA, entrenado para identificar elementos clave de la obra, como trabajadores y equipos. Los resultados de la IA se estructuran en informes que indican la presencia y los niveles de actividad en la obra, lo que permite a los auditores detectar paralizaciones de obra o irregularidades que requieran una investigación más profunda.
El sistema complementa los métodos de auditoría tradicionales, que dependen de inspecciones periódicas en el sitio y de informes manuales. Estos enfoques pueden requerir muchos recursos y tener un alcance limitado, especialmente en proyectos a gran escala o geográficamente dispersos. En cambio, dIAra permite un seguimiento continuo y objetivo sin necesidad de la presencia física de un auditor. Desde el punto de vista técnico, el desarrollo de dIAra refleja un compromiso con la soberanía tecnológica y la innovación abierta. Todo el sistema, incluidos los diseños del hardware, el código del software, los conjuntos de datos de entrenamiento de la IA y la documentación de implementación, es de código abierto. Esta apertura garantiza que la plataforma se adapte a las necesidades locales, pueda ser reparada por técnicos locales y no dependa de proveedores externos. Este modelo fomenta un crecimiento tecnológico sostenible en Costa Rica y puede ser adaptado fácilmente por otros países o instituciones con desafíos de supervisión similares.
Una innovación fundamental de dIAra es su componente de IA, en concreto un modelo denominado Modelo_1_29, que se entrenó exclusivamente con imágenes recopiladas en los sitios objeto de seguimiento. Este modelo demostró un sólido desempeño, con una puntuación media de intersección sobre unión (IoU) del 82,7 % y una tasa de sensibilidad del 85,4 %. Estas métricas indican una identificación confiable de objetos, como los trabajadores, en las imágenes de la obra en las condiciones del conjunto de datos de entrenamiento. El sistema de IA genera automáticamente archivos de resultados estructurados que resumen los objetos detectados junto con las puntuaciones de confianza y las coordenadas espaciales. Esto permite un análisis de datos eficiente y ayuda a los auditores a hacer un seguimiento de la actividad diaria en la obra y de los patrones de avance.
Si bien la precisión del modelo es prometedora, el proyecto reconoce importantes limitaciones. Dado que la IA se entrenó con un conjunto de datos específico de una sola obra, su desempeño puede disminuir cuando se aplique a otros entornos de construcción con características visuales o condiciones operativas diferentes. Las variaciones en la iluminación, los equipos o la vestimenta de los trabajadores podrían afectar la precisión del modelo. No obstante, el carácter modular y de código abierto del sistema facilita el reentrenamiento y la personalización, lo que permitirá que futuras implementaciones perfeccionen el modelo para contextos diversos. El proyecto aún está en desarrollo y requiere definir mejor su escalabilidad.
dIAra ilustra cómo las tecnologías de IA e IoT pueden aplicarse estratégicamente para modernizar las auditorías de la infraestructura pública. Ofrece una solución rentable y replicable que mejora la precisión y la frecuencia del seguimiento, refuerza las capacidades institucionales de supervisión y contribuye al desarrollo tecnológico nacional. Al combinar el reconocimiento visual automatizado con resultados de datos estructurados, dIAra impulsa un modelo de auditoría transparente, eficiente y escalable que otras instituciones públicas de todo el mundo podrían considerar en sus esfuerzos por garantizar una gestión responsable de los recursos públicos.
Fuente: (Heyaca and Pallotta, 2026[15]).
Gestión de riesgos y auditoría
Los órganos de auditoría interna y las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región de ALC también están utilizando con éxito las tecnologías digitales para fortalecer la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, la EFS de Brasil (TCU) desarrolló un chatbot denominado ChatTCU para mejorar la eficiencia con la que los auditores recopilan y revisan la documentación. Como parte de la transformación digital de la administración pública de Brasil, el TCU ha compartido el código fuente de esta avanzada herramienta de IA generativa con diversos tribunales de cuentas, ministerios y órganos de supervisión (TCU, 2025[16]). La EFS de Colombia creó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata para monitorear, mediante la analítica de datos, cuestiones pendientes tales como el nivel de ejecución de los proyectos de infraestructura. Además, la EFS de México reconoce el papel fundamental que pueden desempeñar los datos y los análisis en el cumplimiento de su mandato y en el logro de sus objetivos estratégicos. Por ello, ha definido un programa de trabajo de transformación digital que hace hincapié en metas y objetivos más amplios para dotar a los auditores de la infraestructura, la arquitectura, las competencias y las herramientas necesarias para auditar eficazmente en un entorno digital.
La iniciativa Tech Connect for Integrity de la OCDE (parte del programa Galvanizando al sector privado) facilitó un intercambio de experiencias entre la Contraloría General de la Unión (Controladoria-Geral da União, CGU) de Brasil y Oracle. En el marco de esta colaboración, se desarrolló un proyecto de investigación científica denominado Helene, destinado a explorar la aplicación de técnicas de analítica de riesgos y aprendizaje automático (machine learning) a datos de acceso público del Gobierno brasileño. El estudio se centró en desarrollar indicadores de riesgo y un modelo predictivo para evaluar posibles riesgos para la integridad entre los proveedores del gobierno, incluida la probabilidad de que se les impusieran sanciones administrativas en el futuro. El proyecto se llevó a cabo como una iniciativa de investigación experimental, con el objetivo de explorar enfoques innovadores basados en datos para prevenir y detectar el fraude y la corrupción. Si bien el modelo Helene aportó información valiosa a todos los participantes, todavía no se ha institucionalizado ni integrado en los sistemas operativos de la CGU.