En este capítulo, se describen las características fundamentales del sector de la acuicultura en Perú, incluida su gobernanza, las tendencias clave de la producción y los principales instrumentos de apoyo gubernamental. A pesar de su contribución relativamente modesta a la producción pesquera en Perú (el 2,6 % de toda la producción), la producción acuícola ha crecido de manera significativa desde 2012. La gobernanza de la acuicultura en Perú está repartida entre diferentes instituciones nacionales y gobiernos regionales en virtud de la Ley General de Pesca y la Ley General de Acuicultura. Los productores se enfrentan a menudo a procedimientos administrativos complejos y, en ocasiones, onerosos; sin embargo, se han realizado importantes esfuerzos por simplificar el entorno normativo, incluida la introducción de una Ventanilla Única de Acuicultura (VUA) en 2015. Otros retos a los que se enfrenta el sector acuícola son la variabilidad climática, la escasez de agua, la contaminación y el seguimiento eficaz del uso de antibióticos y la eliminación de desechos. Para hacer frente a esta situación, la Política Nacional de Acuicultura al 2030 establece objetivos de sostenibilidad, competitividad y resiliencia al cambio climático, lo que incluye una mejora de la planificación, el seguimiento y la gestión espacial.
Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú
Resumen
Las actividades acuícolas en Perú están reguladas por la Ley General de Pesca y la Ley General de Acuicultura. La Ley General de Acuicultura trata de desarrollar y regular la acuicultura en sus distintas fases de producción, y abarca tanto las aguas marinas y continentales como los estuarios. Reconoce la acuicultura como una actividad económica de interés nacional y, con ese propósito, el marco jurídico trata de fomentar las inversiones privadas y públicas, así como los programas de apoyo.
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) es el órgano rector responsable de la planificación, la reglamentación y la puesta en práctica de las actividades acuícolas en el plano nacional. También es el responsable de la inspección, el control, la evaluación y la supervisión de dichas actividades. El Sistema Nacional de Acuicultura (SINACUI) es un órgano intergubernamental que integra los principios, procedimientos e instrumentos de la administración, la gestión y el desarrollo de la acuicultura en diferentes niveles gubernamentales.
En 2023, Perú aprobó la Política Nacional de Acuicultura al 2030 como una estrategia integral para fortalecer su sector acuícola y definir objetivos y medidas a largo plazo. Esta política busca que la acuicultura peruana sea más competitiva, sostenible, resiliente al cambio climático y diversificada para 2030.
Las instituciones gubernamentales y otras partes interesadas han señalado el cambio climático como uno de los desafíos más acuciantes de la acuicultura peruana. Asimismo, Perú presenta una exposición y una vulnerabilidad a los peligros naturales mayores que muchos otros países debido a la elevada frecuencia de los peligros y la concentración espacial de la población y la actividad económica en zonas de alto riesgo.
Recomendaciones
Mejorar la Ventanilla Única de Acuicultura (VUA) a fin de fortalecer su uso como herramienta de coordinación institucional destinada a reducir la carga administrativa de los productores acuícolas asociados a la producción de la piscicultura.
Establecer un conjunto de indicadores y mecanismos de revisión, como un balance de mitad de período para evaluar el progreso en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola y una evaluación de los logros y las posibles esferas de mejora del Sistema Nacional de Acuicultura. De esta forma, PRODUCE podría llevar a cabo un seguimiento y tomar las medidas adicionales necesarias para garantizar que se cumplan los objetivos.
Estudiar la oportunidad de desarrollar y adoptar una estrategia de planificación espacial que englobe las tierras, las regiones de agua dulce y las zonas y actividades marinas para ayudar a evitar el conflicto con otros usuarios de la tierra, el agua y los recursos marinos (p. ej., el turismo y la pesca de captura), y lograr un equilibrio adecuado entre la conservación de los recursos naturales y la producción.
El sector acuícola de Perú posee un importante potencial gracias a su vasto litoral, sus amplios recursos de agua dulce y su rica diversidad biológica. Dada la importancia de la acuicultura como fuente de ingresos, empleo y alimentos nutritivos, en 2015 se declaró sector de interés nacional con la aprobación de la Ley General de Acuicultura. La producción acuícola total en Perú fue de 140 930 t en 2022, un aumento del 95 % desde 2012, cuando fue de 72 292 t.
El 97 % de la producción acuícola peruana en términos de volumen se correspondió con cuatro especies: la trucha arcoíris, que representa el 44 % de la producción total; el camarón patiblanco, que representa el 32 %; el ostión (también conocido como concha de abanico), que representa el 19 %; y la tilapia, que representa alrededor de un 2 %. La actividad acuícola en 2022 se concentró en las regiones de Puno (continental), Tumbes (marina) y Piura (marina), las cuales, en conjunto, representaron el 75 % de la producción.
En 2022, se concedieron un total de 13 048 derechos acuícolas en Perú, los cuales engloban desde productores acuícolas en pequeña escala hasta grandes productores de la acuicultura (Cuadro 6.1). En general, la acuicultura continental consta de un mayor número de pequeños productores, con 10 191 productores en un área de 6 278 ha, mientras que la acuicultura marina comprende menos productores (503), pero de mayor tamaño (24 434 ha).
Nota: El Catastro Acuícola Nacional contiene información sobre todos los productores acuícolas del país que poseen derechos vigentes para llevar a cabo actividades de acuicultura. También facilita información pormenorizada sobre las zonas geográficas autorizadas donde se pueden realizar actividades de piscicultura.
Fuentes: Government of Peru (2024[1]), Review of Peru’s fisheries and aquaculture: Policy information request for the background report informing the formal opinion of the OECD Fisheries Committee (COFI) on the accession of Peru to the Organisation; http://catastroacuicola.produce.gob.pe/web.
Esto se debe probablemente a la mayor inversión inicial en infraestructura y tecnologías que se necesita para comenzar la producción acuícola en las zonas marinas en comparación con las zonas continentales. Por lo tanto, la gran mayoría (el 98 %) de los productores acuícolas en aguas marinas eran empresas pequeñas, medianas y grandes, mientras que, en las zonas continentales, predominaban las microempresas y los productores acuícolas particulares (el 75 %) (PRODUCE, 2023[2]).
La producción acuícola peruana se centra principalmente en los mercados de exportación. Las exportaciones de la acuicultura crecieron en promedio al año un 7,6 % en términos de valor y un 9,6 % a efectos de volumen durante el período comprendido entre 2018 y 2022. Este crecimiento se debió al aumento del valor de las exportaciones de trucha (+14 %), ostión (+13 %) y camarón (+4,9 %), cuyo valor de exportación conjunto aumentó de 295 millones de USD en 2018 a 426 millones de USD en 2022. El camarón patiblanco fue el principal producto acuícola exportado en 2022, con un 64 % del valor total. Estuvo seguido del ostión (un 24 %) y la trucha (un 12 %) (Government of Peru, 2024[1]).
6.1.1. La Ley General de Acuicultura establece el marco jurídico general
Las actividades acuícolas en Perú están reguladas por la Ley General de Pesca y la Ley General de Acuicultura, aprobadas por el Decreto Legislativo núm. 1195, de 29 de agosto de 2015, y el Reglamento para su aplicación1. La Ley General de Acuicultura trata de desarrollar y regular la acuicultura en sus distintas fases de producción, y abarca tanto las aguas marinas y continentales como los estuarios. Reconoce la acuicultura como una actividad económica de interés nacional y, con ese propósito, el marco jurídico trata de fomentar las inversiones privadas y públicas, así como los programas de apoyo.
La Ley General de Acuicultura se complementa con disposiciones jurídicas suplementarias, en particular la Ley de Recursos Hídricos (29338/2009), por la que se regula el uso y la gestión de los recursos de agua dulce, incluidas las aguas superficiales y subterráneas para diferentes usos, como las actividades acuícolas. El órgano rector responsable de la aplicación de la Ley de Recursos Hídricos es la Autoridad Nacional del Agua, dependiente del Ministerio de Agricultura.
La Ley General de Acuicultura define tres categorías de productores acuícolas:
1. productores acuícolas en mediana y gran escala, con una producción anual total igual o superior a 150 t;
2. microproductores y pequeños productores acuícolas, una categoría que engloba una producción anual total superior a 3,5 t e inferior a 150 t;
3. la categoría de recursos limitados, en la que se incluyen las personas físicas o jurídicas que no superan una producción anual total de 3,5 t.
Además de la Ley General de Acuicultura, existe un Reglamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola para la Cuenca del Lago Titicaca (D. S. 023-2008-PRODUCE). El ROP trata de equilibrar la conservación de la diversidad biológica acuática y regular y promover las actividades acuícolas en la zona del lago. Establece la ordenación cooperativa con las autoridades bolivianas para promover el uso racional de los recursos pesqueros transfronterizos y brindar asistencia a las comunidades. Sin embargo, este instrumento de ordenación se elaboró hace casi 20 años (2007) y no se ha actualizado desde entonces.
6.1.2. PRODUCE se encarga de supervisar la producción acuícola
PRODUCE es el órgano rector responsable de la planificación, la reglamentación y la puesta en práctica de las actividades acuícolas en el plano nacional. También es el responsable de la inspección, el control, la evaluación y la supervisión de dichas actividades. Como se encarga de formular la política nacional en materia de acuicultura, coordina y ayuda a otras instituciones dedicadas a la producción acuícola. Para el ejercicio de estas funciones, PRODUCE cuenta con una Dirección General de Acuicultura, dependiente del Viceministerio de Pesca y Acuicultura (véase el capítulo 2).
El SINACUI se creó por medio de la Ley General de Acuicultura como órgano intergubernamental que integra los principios, procedimientos e instrumentos de la administración, la gestión y el desarrollo de la acuicultura en diferentes niveles gubernamentales. El objetivo del sistema es coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación y el cumplimiento en todo el país de la política pública en materia de acuicultura. Reúne a 12 instituciones del plano nacional, además de entidades pertinentes de los gobiernos regionales y centros de investigación. PRODUCE es la institución rectora del SINACUI y se encarga de la coordinación con las entidades pertinentes. Como exige su reglamento interno, el órgano celebra dos sesiones plenarias ordinarias al año. Sus grupos de trabajo técnicos pueden realizar reuniones ad hoc.
El SINACUI se creó para subsanar las deficiencias de coordinación y mejorar el diálogo entre las distintas instituciones implicadas. Tiene potencial para funcionar como mecanismo eficaz de colaboración institucional destinado a mejorar el marco reglamentario. Sin embargo, debido al limitado acceso a la información sobre los resultados de sus reuniones o la disponibilidad de informes públicos, actualmente no es posible evaluar su eficacia.
Perú no ha adoptado formalmente ningún plan espacial marino, aunque cuenta con diversas reglamentaciones relativas a la protección del medio marino, entre las que destaca la Política Nacional de Acuicultura al 2030 (véase el presente documento más adelante). La aprobación de un plan espacial que abarque las zonas terrestres, las regiones de agua dulce y las zonas y actividades marítimas es un aspecto importante que se debe abordar para el futuro desarrollo de la acuicultura sostenible en Perú. En particular, la planificación espacial puede ayudar a evitar conflictos con otros usuarios de los recursos comunes (la tierra, el agua y el espacio marino), por ejemplo del sector turístico o los pescadores en pequeña escala.
6.1.3. Los gobiernos regionales desempeñan un papel importante en el desarrollo de la acuicultura, pero se enfrentan a obstáculos como las limitaciones de capacidad y la restringida coordinación con las instituciones nacionales
Como en el caso de la pesca marítima, los gobiernos regionales desempeñan una función importante en el desarrollo de las actividades acuícolas a lo largo del país. La Ley General de Acuicultura delega en los gobiernos regionales las competencias de elaborar y aplicar planes regionales de desarrollo acuícola, siguiendo el marco del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola. Estos planes pretenden contribuir al desarrollo económico y social de la región, basándose en sus puntos fuertes y sus ventajas comparativas. Hasta 2022, se habían formulado 12 planes regionales de desarrollo acuícola (PRODUCE, 2023[2]); sin embargo, la mayoría de ellos solo se han puesto en práctica de manera parcial.
En el plano administrativo, los gobiernos regionales, junto con PRODUCE, son los responsables de otorgar nuevas concesiones y autorizaciones y de renovar estos derechos, que son obligatorios para emprender actividades acuícolas en las categorías de recursos medianos y limitados. También tienen la responsabilidad de conceder los certificados ambientales necesarios para las actividades acuícolas de las categorías de recursos medianos y limitados. Por último, los gobiernos regionales desempeñan funciones de seguimiento, supervisión y control de las actividades acuícolas relacionadas con el cumplimiento de la reglamentación en materia de salud y medio ambiente, en colaboración con PRODUCE.
Los gobiernos regionales son asimismo los responsables de la planificación del uso de la tierra en general y tienen autoridad para señalar las zonas para el desarrollo de la acuicultura. En concreto, desempeñan un papel de apoyo a la puesta en marcha de centros de alevinaje y piscifactorías piloto, fomentan la investigación y la adopción de nuevas tecnologías y velan por la aplicación de buenas prácticas de gestión y sanidad en la acuicultura. En este marco, pueden establecer alianzas público-privadas y poner en práctica proyectos productivos con recursos públicos provenientes de programas de apoyo sectorial.
Cabe destacar que los gobiernos regionales también se encargan de la planificación zonal para la correcta gestión de los recursos hídricos, en colaboración con entidades competentes como la Autoridad Nacional del Agua. En teoría, esto debería permitir gestionar y mitigar los conflictos por el uso de los recursos entre los diversos sectores, como la acuicultura, la pesca, el turismo y la minería.
Sin embargo, los gobiernos regionales poseen una capacidad institucional limitada y a menudo carecen de personal técnico especializado en acuicultura. Esto plantea dificultades para la eficacia de la formulación, la ejecución y el seguimiento de los proyectos de producción acuícola. Además, los procedimientos administrativos, las autorizaciones y los permisos necesarios para desarrollar proyectos de acuicultura son costosos a efectos de tiempo y recursos, lo que pone a prueba los limitados presupuestos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto de los gobiernos regionales destinado a la acuicultura representa el 0,005 % de su presupuesto total. Por eso, aunque existen fondos y programas de fomento de las actividades acuícolas, su alcance es limitado y, a menudo, no se administran con eficacia.
Además, existe una falta de claridad en la asignación de responsabilidades entre las oficinas regionales, además de limitaciones en la comunicación con PRODUCE y otras entidades del plano nacional. La falta generalizada de coordinación entre los responsables de la agricultura, el medio ambiente o el desarrollo económico también dificulta la coordinación de las políticas de desarrollo productivo.
6.1.4. Seguimiento, control y cumplimiento en el sector de la acuicultura
La Ley General de Pesca y la Ley General de Acuicultura son los instrumentos generales que definen el marco normativo de las sanciones y las competencias de inspección y control, y que establecen las infracciones y sanciones. El seguimiento y el control en el sector de la acuicultura son responsabilidad de PRODUCE, a través de la DGSFS. Sin embargo, el seguimiento y el control de los microproductores y pequeños productores acuícolas recaen bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales. Por otra parte, SANIPES es la autoridad nacional en materia sanitaria para la acuicultura y se encarga de garantizar y verificar el cumplimiento de la legislación sanitaria en toda la cadena de producción acuícola.
Además, en el marco de la política ambiental, Perú creó en 2008 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El OEFA controla directamente la aplicación de la reglamentación ambiental en distintos sectores económicos, entre ellos la pesca y la acuicultura en gran escala. Las piscifactorías deben realizar controles periódicos de la calidad de sus aguas (superficiales, medias y de fondo) y presentar los resultados al OEFA, que vigila el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de las masas de agua.
Perú cuenta con dos sistemas para mejorar la trazabilidad de los recursos y productos hidrobiológicos en toda la cadena de valor y facilitar el control y la supervisión: el Sistema de Identificación y Monitoreo del Tráfico Acuático (SITRAPESCA) y el Sistema Georreferenciado de Pesca y Acuicultura (SIGPESCA), ambos creados en 2021. El SITRAPESCA es una plataforma en línea que registra información sobre la pesca, la acuicultura y las actividades comerciales para consumo humano directo. Los productores acuícolas deben registrar información sobre el total de las actividades de producción, procesamiento y comercialización. Aunque el registro de la información en el SITRAPESCA pretende ser obligatorio, los productores y comerciantes acuícolas en pequeña escala tienen derecho a adoptar el sistema de manera gradual, sin que se fije un plazo para su adopción. El SIGPESCA es un sistema de seguimiento y rastreo de los vehículos que transportan recursos o productos procedentes de actividades acuícolas. El sistema permite la geolocalización automática en tiempo real de un vehículo desde el inicio de su ruta hasta su destino final. No obstante, existen dificultades en torno a la debilidad y la falta de constancia en la aplicación de estas reglamentaciones, sobre todo en las zonas rurales y remotas.
A partir de estudios técnicos, PRODUCE o los gobiernos regionales designan zonas aptas para el desarrollo de la actividad acuícola. Una vez designada una zona como apta, el productor debe obtener una concesión en terrenos, fondos marinos o aguas marinas e interiores2 de carácter público, o una autorización si la actividad se desarrolla en terrenos de propiedad privada y para actividades de investigación, asentamiento y repoblación3. Las concesiones de acuicultura pueden otorgarse en zonas marítimas, ríos y lagos navegables, mediante concursos o licitaciones públicas, o directamente.
En las zonas designadas para la acuicultura, bajo concesión del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, la autoridad de aguas correspondiente otorga de forma automática derechos de uso del agua, a una tarifa preferencial. Las condiciones de las concesiones en zonas públicas se especifican en el Convenio de Conservación, Inversión y Producción Acuícola, que firman el solicitante y el Viceministerio de Pesca y Acuicultura. Entre otras disposiciones, este convenio debe contener una declaración clara del programa de actividades que se realizarán, un programa de gestión ambiental y los objetivos de producción y las inversiones correspondientes.
Los procedimientos y requisitos de concesión de licencias cambian ligeramente para cada una de las tres categorías de productores acuícolas (Cuadro 6.2). En general, todas las actividades acuícolas requieren un permiso de uso del espacio acuático (mar, ríos o lagos) expedido por la DICAPI, un permiso de uso del agua expedido por la Autoridad Nacional del Agua y una autorización sanitaria para el uso de alimentos para animales y antibióticos expedida por SANIPES.
Las actividades de acuicultura en pequeña escala están exentas de la presentación de evaluaciones del impacto ambiental y programas de ajuste y gestión ambiental, excepto la infraestructura de procesamiento artesanal (para la que se exige una evaluación del impacto ambiental) y el procesamiento artesanal (para la que se requiere una declaración de impacto ambiental).
Perú aplica cánones por extracción de agua para su uso en actividades económicas, en función de la disponibilidad de agua (y, por lo tanto, del riesgo de escasez), aplicando el principio de quien contamina paga. Aun así, el uso del agua para la acuicultura no está sujeto a este pago porque se considera un uso no consuntivo del recurso. Del mismo modo, Perú aplica además tasas al vertido de aguas residuales tratadas, en función del tipo de uso de las aguas receptoras (y, por consiguiente, del riesgo de contaminación), también empleando el principio de quien contamina paga. Así pues, las actividades acuícolas están sujetas a estas tasas cuando los vertidos se realizan en un medio natural sensible (OECD, 2021[3]). Sin embargo, el uso de antibióticos y fungicidas, el exceso de alimentos para animales y los distintos tipos de residuos no están sujetos a controles estrictos y pueden contaminar el agua (OECD, 2021[3]).
6.2.1. La Ventanilla Única de Acuicultura ha aumentado la eficacia de la burocracia, aunque sigue siendo onerosa en algunos casos
La VUA, que se creó en 2015 en virtud de la Ley General de Acuicultura, es un sistema electrónico integrado a través del cual las personas físicas y jurídicas que se dedican a actividades acuícolas pueden presentar solicitudes y gestionar los requisitos y procedimientos administrativos (Government of Peru, 2024[1]).
La VUA se creó con el fin de mejorar la coordinación interinstitucional y promover la simplificación administrativa en beneficio de los productores acuícolas. Uno de sus resultados principales fue la normalización de los requisitos y procedimientos administrativos en todos los gobiernos regionales, que hasta entonces presentaban amplias diferencias. La VUA está administrada por PRODUCE y consolida los procedimientos administrativos de siete instituciones diferentes a nivel nacional y subnacional, todas ellas implicadas en la emisión de derechos de acceso a las actividades acuícolas. En general, este sistema electrónico contribuye a mejorar la transparencia del sector, aporta claridad sobre los trámites administrativos que deben realizar los productores para obtener derechos de acuicultura y reduce el tiempo y los costos de los procedimientos administrativos.
Aunque la VUA ha contribuido a mejorar y racionalizar la gobernanza del sector de la acuicultura, muchas partes interesadas señalaron que los procedimientos administrativos siguen siendo onerosos y complicados, y que requieren mucho tiempo (Interviews in the context of the Review, 2024[4]). Esta situación afecta tanto a los productores acuícolas en pequeña escala que solicitan permisos y autorizaciones como a los medianos y grandes productores, quienes también se encuentran con retrasos en los permisos para exportar productos (como los certificados de origen), lo que crea obstáculos desalentadores para la inversión.
El Gobierno está tratando de resolver estos problemas y se ha comprometido a poner en marcha la versión 2.0 de la Ventanilla Única de Acuicultura (VUA 2.0) antes de diciembre de 2026, en el marco del nuevo Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030. Esta segunda versión de la VUA pretende coordinar mejor las labores de las distintas instituciones gubernamentales, aumentando la eficacia del proceso.
En 2023, Perú aprobó la Política Nacional de Acuicultura al 2030 como una estrategia integral para fortalecer el sector acuícola del país y definir objetivos y medidas a largo plazo. La política busca que la acuicultura peruana sea más competitiva, sostenible, resiliente al cambio climático y diversificada para 2030. Cuadro 6.3 describe los principales objetivos y esferas estratégicas de acción del plan.
Fuentes: Government of Peru (2024[1]), Review of Peru’s fisheries and aquaculture: Policy information request for the background report informing the formal opinion of the OECD Fisheries Committee (COFI) on the accession of Peru to the Organisation; PRODUCE (2023[2]), National Aquaculture Policy to 2030, https://rnia.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2023/01/POLITICA-NACIONAL-DE-ACUICULTURA.pdf.
Cada objetivo lleva asociada una serie de lineamientos para alcanzarlo. Sin embargo, como no hay indicadores disponibles públicamente ni una metodología o calendario específicos para evaluarlos, será difícil hacer un seguimiento de los avances hasta 2030. El establecimiento de una serie de indicadores y mecanismos de revisión, incluido un balance de mitad de período para evaluar los progresos en la consecución de estos objetivos, permitiría a PRODUCE supervisar y adoptar cualquier medida adicional necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
La informalidad constituye también un reto importante en el sector de la acuicultura en Perú. PRODUCE estima que, en diciembre de 2023, existían 8 737 centros de producción acuícola informales a nivel nacional, lo que representa un incremento del 61 % respecto a diciembre de 2020, cuando ascendían a 5 413 (PRODUCE, 2025[5]). La proliferación de productores informales puede poner en peligro la salud de toda la cadena de valor y afectar negativamente a la situación fitosanitaria y zoosanitaria de la producción acuícola peruana, lo que supone un riesgo para el crecimiento y la sostenibilidad del sector en el futuro. También puede repercutir en los precios, debido al exceso de oferta en los mercados.
Un análisis de la producción acuícola informal señaló las principales causas de la informalidad, que incluyen la debilidad institucional; la falta de coordinación interinstitucional, incluidas las limitaciones de capacidad en los gobiernos regionales; la ausencia de una base histórica claramente definida de productores informales; la cobertura restringida de los servicios de formalización; y el tiempo y los costos financieros asociados a la obtención de los permisos necesarios (PRODUCE, 2025[5]).
El Gobierno ha emprendido varias iniciativas de formalización en todo el país. Por ejemplo, desde 2010, los productores acuícolas deben poseer derechos de producción y un permiso para el uso del agua antes de dedicarse a la producción. Además, PRODUCE tiene en marcha varios programas de asistencia técnica que ayudan a los productores a formalizar sus operaciones y acceder a herramientas de formación y mejora tecnológica. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la producción informal sigue prevaleciendo en las zonas rurales remotas.
Para subsanar estas deficiencias, PRODUCE aprobó, en enero de 2025, un nuevo plan de trabajo de formalización para el sector de la acuicultura, con una serie de objetivos y estrategias concretos que se aplicarán hasta 2030, tal como se recoge en el Plan Nacional de Acuicultura. El plan hace hincapié en la necesidad de trabajar de un modo más estrecho con los gobiernos regionales, la sociedad civil y las organizaciones de pequeños productores para mejorar los procedimientos administrativos y aumentar la cobertura de los programas (PRODUCE, 2025[5]).
Perú pone en práctica diferentes programas de promoción y apoyo al sector acuícola4. La Dirección General de Acuicultura de PRODUCE se encarga de ejecutar y supervisar esos programas. La mayoría de los programas de apoyo a la acuicultura son desgravaciones o exenciones fiscales y préstamos con tipos de interés inferiores a los del mercado (préstamos en condiciones favorables) que están a disposición de todos los productores acuícolas. El Ministerio de Economía y Finanzas prevé que, para el período comprendido entre 2023 y 2025, el Gobierno peruano aportará al sector acuícola aproximadamente 7,3 millones de USD (26,9 millones de PEN) en forma de beneficios fiscales, como las tasas diferenciadas y las devoluciones del impuesto general a las ventas (Government of Peru, 2024[1]). Estos incentivos fiscales se complementan con otras políticas de apoyo directamente orientadas a promover las actividades de la acuicultura y el procesamiento en la región amazónica, que es una región relativamente pobre y donde la acuicultura constituye una importante fuente de alimentos e ingresos (Cuadro 6.4).
Además de estos programas de apoyo, Perú también pone en marcha diferentes programas de formación y asistencia técnica para los productores acuícolas, cuyo objetivo consiste en mejorar la productividad y la competitividad, abordar las dificultades técnicas y crear sinergias en toda la cadena de valor. PRODUCE se encarga de financiar y poner en práctica estos programas. Además, Perú también cuenta con programas de formación sobre gestión de la acuicultura dirigidos a los funcionarios gubernamentales, los cuales se llevan a cabo principalmente a nivel subnacional, con el objeto de reforzar las capacidades técnicas de los gobiernos regionales.
Las instituciones gubernamentales y otras partes interesadas han señalado el cambio climático como uno de los desafíos más acuciantes de la acuicultura peruana. De hecho, Perú presenta una exposición y una vulnerabilidad a los peligros naturales mayores que muchos otros países debido a la elevada frecuencia de los peligros y la concentración espacial de la población y la actividad económica en zonas de alto riesgo (PRODUCE, 2023[2]; Interviews in the context of the Review, 2024[4]; Paredes et al., 2024[6]; World Bank, 2022[7]).
Los productores de las zonas continentales se ven cada vez más afectados por fenómenos climáticos extremos, como lluvias intensas concentradas en cortos períodos de tiempo, que causan graves inundaciones, y sequías prolongadas. Estas condiciones se ven agravadas por el aumento de la temperatura del agua (tanto en los estanques como en las masas de agua continentales), el incremento de las enfermedades y la menor disponibilidad de agua procedente de las precipitaciones. La escasez de agua ya está afectando a los productores de la acuicultura continental, principalmente de trucha, y, a mediano y largo plazo, Perú podría enfrentarse a una contracción de las áreas aptas como zonas de cría y reservas naturales, lo que llevaría a una mayor competencia por los recursos de agua dulce entre los diferentes agentes (PRODUCE, 2023[2]; World Bank, 2022[7]).
La acuicultura marina, por su parte, se enfrenta a retos como la acidificación de los océanos, el aumento de la salinidad del agua y los cambios en su temperatura. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas de los océanos puede favorecer el desarrollo de enfermedades y floraciones de algas nocivas que afectan a la calidad del agua y a la salud de los organismos acuáticos (PRODUCE, 2023[2]). La producción de ostiones, el tercer producto acuícola más importante de Perú, ya hace frente a importantes fluctuaciones en la producción anual total debido a la volatilidad de origen climático en las condiciones oceánicas, que afectan a la oferta de ostiones juveniles y la producción total (World Bank, 2022[7]). (Recuadro 6.1).
La contaminación de los cursos de agua, derivada de otras actividades económicas como la agricultura y la minería, también es un motivo de preocupación cada vez mayor para la producción acuícola. Esto se ve agravado por las aguas residuales domésticas e industriales, que a menudo se gestionan mal debido a la falta de una infraestructura de saneamiento adecuada, lo que afecta a la salud de las especies cultivadas (PRODUCE, 2023[2]).
En este contexto, Perú estableció la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, los cuales crearon los marcos institucional y jurídico destinados a abordar estos retos y reducir los riesgos y la vulnerabilidad asociados a dicho fenómeno. En concreto, el sector acuícola se incluyó como esfera prioritaria en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Resolución Ministerial núm. 096-2021-MINAM).
No obstante, las políticas acuícolas y ambientales podrían ser más eficaces si se aplicasen de una forma coordinada. Se necesita un diálogo abierto entre las entidades gubernamentales, las instituciones especializadas, los productores y otras partes interesadas pertinentes para que la adaptación sea eficaz, para lograr los compromisos de Perú en virtud de los distintos acuerdos internacionales y, el aspecto más importante, para promover el diseño y la aplicación de una política que garantice el futuro crecimiento de la acuicultura en entornos continentales y marinos (OECD/ECLAC, 2017[8]; World Bank, 2022[7]).
Además, y en consonancia con el Plan Nacional de Adaptación, las inversiones públicas y el aumento del gasto en adaptación, en especial en infraestructura resistente al cambio climático, podrían mitigar las pérdidas de producción. Estas inversiones deben realizarse de forma continua, invirtiendo en la capacidad de adaptación en lugar de en gastos ad hoc tras las emergencias, como ocurre actualmente (OECD, 2025[9])5.
En 2018, la producción de trucha arcoíris en Perú alcanzó un máximo histórico de 64 000 toneladas (t). Fue el resultado de la expansión sostenida de la acuicultura en las regiones altoandinas, apoyada por la inversión privada en, entre otras cosas, un mayor número de truchas jóvenes introducidas, mejoras en las técnicas de cultivo y comercialización, y un mayor uso de la tecnología en los sistemas de producción. Sin embargo, en 2019, las intensas precipitaciones y los fuertes vientos (debidos al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)) causaron una actividad anormal de las olas, perturbando las piscifactorías de trucha en torno al lago Titicaca y la laguna Lagunillas (situada en la región de Puno), lo que repercutió negativamente en la producción.
En 2020 y 2021, los fenómenos climáticos adversos se vieron intensificados por los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 sobre la captura y la producción de trucha arcoíris, en particular, la menor demanda de los mercados nacionales y de exportación, las dificultades con el transporte y la distribución, y el aumento del costo de los alimentos para los animales y otros insumos, entre otros. Esto condujo a una reducción del número de truchas jóvenes introducidas en las piscifactorías.
Fuente: OECD (2024[10]), “Aquaculture production”, OECD Data Explorer, http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?datasetcode=FISH_AQUA.
En el caso de los ostiones (también conocidos como conchas de abanico), que son muy sensibles a las condiciones oceanográficas, en particular la temperatura del mar y los niveles de oxígeno disuelto, se produjeron fluctuaciones significativas en las capturas totales entre 2014 (55 000 t) y 2022 (26 000 t). Esto también es resultado de los efectos negativos debidos al fenómeno ENOS de 2017, que alteró los niveles de salinidad y redujo la productividad de las cuencas naturales. En 2019, la producción volvió a alcanzar un máximo (53 000 t), debido a la mejora de las condiciones ambientales y la recuperación de los sistemas de acuicultura, lo que causó un pronunciado aumento de las exportaciones de ostiones, que crecieron un 56 % en volumen con respecto a 2018 y superaron las 11 300 t. Esto, a su vez, animó a los piscicultores a ampliar sus cosechas.
Sin embargo, el año 2022 se caracterizó por un notable descenso de la producción total y la consiguiente reducción de las exportaciones, lo que se atribuyó al agotamiento de los bancos naturales tras varios años de sobreexplotación sin una repoblación adecuada, unido a la escasa inversión en el mantenimiento de las zonas de cultivo, la inestabilidad de los precios en los mercados internacionales y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19.
Fuente: Government of Peru (2024[1]), Review of Peru’s fisheries and aquaculture: Policy information request for the background report informing the formal opinion of the OECD Fisheries Committee (COFI) on the accession of Peru to the Organisation.
References
[1] Government of Peru (2024), Review of Peru’s fisheries and aquaculture: Policy information request for the background report informing the formal opinion of the OECD Fisheries Committee (COFI) on the accession of Peru to the Organisation.
[4] Interviews in the context of the Review (2024), Interviews conducted with Peru’s government representatives and stakeholders in the context of the Review.
[9] OECD (2025), Draft OECD Economic Survey: Peru 2025, OECD Publishing, Paris, https://one.oecd.org/document/ECO/EDR/ACS(2025)2/en/pdf.
[10] OECD (2024), “Aquaculture production”, OECD Data Explorer, http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?datasetcode=FISH_AQUA.
[3] OECD (2021), Water Governance in Peru, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/568847b5-en.
[8] OECD/ECLAC (2017), OECD Environmental Performance Reviews: Peru 2017, OECD Environmental Performance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264283138-en.
[6] Paredes, C. et al. (2024), La pesca en el Perú: Una ruta hacia un futuro próspero y sostenible, Universidad Continental, Fondo Editorial, Huancayo, Peru, https://doi.org/10.18259/978-612-4443-64-0.
[5] PRODUCE (2025), Aquaculture Formalization Workplan, Ministry of Production, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7475412/6363853-plan-de-trabajo-de-formalizacion-acuicola.pdf?v=1736522501.
[2] PRODUCE (2023), National Aquaculture Policy to 2030, Ministry of Production, https://rnia.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2023/01/POLITICA-NACIONAL-DE-ACUICULTURA.pdf.
[7] World Bank (2022), Peru Country Climate and Development Report, World Bank Group, Washington, DC, http://documents.worldbank.org/curated/en/099220512062228587.
← 1. Aprobado por el Decreto Supremo núm. 003-2016-PRODUCE y sus modificaciones.
← 2. Las concesiones son derechos temporales concedidos para explotar terrenos públicos o zonas acuáticas de dominio público, normalmente durante un período de 30 años. Son renovables.
← 3. Las autorizaciones se conceden a los propietarios o poseedores particulares de un inmueble como atribución de sus derechos legales, una vez cumplidos los requisitos administrativos pertinentes. También se conceden por un período de 30 años y son renovables.
← 4. La Ley de Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura (Ley 31666 de 2022) es la legislación general que enmarca los programas de apoyo al sector acuícola. Define las principales medidas políticas para el desarrollo del sector y pretende promover las sinergias entre los productores acuícolas a nivel nacional.
← 5. Se estima que el Gobierno destinó casi el 3 % del PIB a las labores de reconstrucción tras el fuerte fenómeno de El Niño de 2017, aunque la eficiencia y eficacia del gasto fueron muy bajas y abundaron las denuncias de corrupción, lo que llevó a la disolución del organismo encargado de la reconstrucción en 2023 (OECD, 2025[9]).