En este capítulo se describe por qué promover una agenda integral para la transformación productiva será fundamental para desbloquear un crecimiento mayor, más inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe (ALC). Se analiza el contexto macroeconómico, incluida una perspectiva mundial cada vez más frágil, antes de abordar los retos económicos estructurales que la región enfrenta. La complejidad de dichos cambios destaca la urgente necesidad de una respuesta integral: replantearse las estructuras de producción a través de una perspectiva de sostenibilidad y equidad será esencial para activar un desarrollo duradero. En este capítulo se estudia el contexto social en ALC, donde la informalidad es aún generalizada, así como el contexto medioambiental, incluidas las consecuencias para la salud de una producción insostenible. Se concluye que, para lograr un crecimiento sostenible, que mejore el bienestar de las personas y reduzca el impacto medioambiental, se requiere una amplia transformación sistémica en todas los órdenes de gobierno.
Perspectivas económicas de América Latina 2025
Resumen
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) afrontan problemas arraigados de productividad que restringen su capacidad de alcanzar un desarrollo más sólido, inclusivo y sostenible. Si bien ha habido periodos de expansión económica, persisten en la región obstáculos estructurales, como sistemas de innovación frágiles y una limitada adopción de tecnología, que han causado que el crecimiento de la productividad se estanque y han obstaculizado la diversificación y la sofisticación económicas; en consecuencia, las economías de ALC quedaron en una situación vulnerable ante las crisis externas y extremadamente dependientes de un restringido conjunto de exportaciones primarias y socios comerciales.
Sin embargo, la región también posee un importante potencial aún no aprovechado. En un mundo marcado por una creciente incertidumbre geopolítica y cambios en las cadenas de suministro globales, ALC está bien posicionada para diversificar sus socios comerciales y su oferta de productos. Los abundantes recursos naturales de la región, sus ventajas demográficas y los ecosistemas de innovación emergentes ofrecen una base sólida para responder a las disrupciones comerciales y reorientar los modelos de producción hacia una resiliencia de largo plazo.
Para aprovechar estas oportunidades es necesario intensificar la transformación productiva y procurar que esta sea sostenible e inclusiva a la vez. Los países de ALC deben adoptar una estrategia de desarrollo que no solo impulse la productividad, pero que también coincida con los objetivos medioambientales y genere empleo digno (OECD, 2019[1]). Las tendencias económicas, sociales y medioambientales que se abordarán en este capítulo resaltan la urgencia de lograr este tipo de cambio.
En este informe la transformación productiva se entiende como los cambios que es necesario realizar en el sector industrial – así como en cualquier sector estratégico – para aumentar la producción y a la vez “combatir el cambio climático, acelerar el crecimiento económico, generar millones de empleos dignos y al mismo tiempo utilizar las tecnologías de punta” (UNIDO, 2024[2]).
El modelo actual de producción, marcado por la baja productividad, la dependencia de los recursos no renovables y la alta prevalencia de empleos informales es en parte resultado de haber atendido de manera aislada los retos económicos, sociales y medioambientales. Si bien la gobernanza es fundamental para determinar la estructura de producción de un país (Capítulo 2), el foco de interés en este capítulo será cómo avanzar a un modelo más productivo, más inclusivo y más verde al reconsiderar estas prioridades – económica, social y medioambiental – en conjunto. Es preciso adoptar un método sistémico, que tome en cuenta las causas fundamentales de dichos retos, reconozca su interdependencia y promueva la congruencia de las políticas en el diseño y la puesta en marcha del nuevo modelo de producción.
En este contexto, promover sectores estratégicos bajos en emisiones de carbono y ricos en capital humano ofrece una oportunidad clave. Invertir en dichos sectores puede ayudar a construir sociedades más resilientes, fortalecer la igualdad de género y, a la vez, abordar otras desigualdades y contribuir a un mejor futuro. Conforme ALC trace un camino hacia adelante, reconsiderar sus estructuras de producción desde una perspectiva de sostenibilidad e igualdad será esencial para emprender un desarrollo duradero.
Un contexto internacional cada vez más desafiante
En el primer semestre de 2025, el crecimiento mundial mostró mayor resiliencia de la anticipada, en particular en muchas economías con mercados emergentes. La producción industrial y el comercio se vieron apoyados temporalmente por la anticipación de compras antes de los aumentos arancelarios, mientras que la fuerte inversión vinculada a la inteligencia artificial impulsó los resultados en Estados Unidos. En la República Popular China (en adelante, “China”),el apoyo fiscal fue muy útil para compensar las dificultades en los asuntos comerciales y la persistente debilidad del sector inmobiliario. Pese al aumento de los aranceles, las condiciones financieras mundiales se suavizaron, reforzadas por los elevados precios de los activos, lo cual aumentó el otorgamiento de créditos y el recorte de los diferenciales de los bonos corporativos. No obstante, los avalúos de los activos parecen exagerados y la preocupación por los riesgos fiscales futuros va en aumento. Se estima que el crecimiento mundial del PIB se reduzca de 3.3% en 2024 a 3.2% en 2025 y 2.9% en 2026, a medida que el impulso temporal de las compras anticipadas se disipe y los aranceles más altos, aunados a la gran incertidumbre, pesen sobre la inversión y el comercio (OECD, 2025[3]).
Las perspectivas mundiales se restringen cada vez más por el incremento de las barreras comerciales, la moderada confianza y la persistente incertidumbre política. Desde el mes de mayo, Estados Unidos aumentó los aranceles a casi todos sus socios comerciales, con una tasa efectiva promedio que ascendió a casi 20% hacia fines de agosto, la más alta en casi un siglo. Aún no se registra el impacto total, ya que las empresas todavía absorben parte de los aumentos, pero siguen surgiendo presiones en entorno al gasto de los hogares, los mercados laborales y los precios al consumidor. Se aprecian ya señales del debilitamiento del mercado laboral, en especial en Estados Unidos, donde el desempleo crece y las oportunidades de empleo disminuyen en relación con el número de desempleados. La desinflación también ha perdido impulso: los costos de los alimentos reactivaron la inflación de los artículos, en tanto que la inflación de los servicios es aún persistente. Se espera que la inflación en las economías del G20 disminuya y que la inflación subyacente en las economías avanzadas del G20, se modere de manera gradual (OECD, 2025[3]).
Los riesgos a la baja aumentaron. La escalada de las tensiones y las barreras comerciales, los cambios abruptos en la confianza de los inversionistas y las continuas presiones inflacionarias podrían debilitar aún más el crecimiento y la estabilidad. La estabilidad general despierta preocupación debido a la elevada volatilidad del mercado financiero, aunada a la vulnerabilidad de las instituciones financieras no bancarias fuertemente apalancadas. Sin embargo, la disminución de las barreras comerciales, el avance en la solución de conflictos geopolíticos y las medidas adoptadas para simplificar los marcos regulatorios podrían reforzar la confianza y apoyar una recuperación más firme de la inversión y la producción en el mediano plazo (OECD, 2025[3]).
Los precios de los productos básicos se estabilizaron a lo largo de 2024 y principios de 2025, tras varios años de volatilidad. Después de los pronunciados aumentos durante el periodo de recuperación tras la pandemia del COVID-19 – en especial en el combustible y los metales –, los precios se moderaron gradualmente. En 2024, todos los grupos principales de productos básicos mostraron cierta estabilidad, con fluctuaciones mensuales moderadas. Desde agosto de 2025, los índices de precios de los productos básicos se mantuvieron por arriba de los niveles previos a la pandemia, como los metales, que registraron una tendencia al alza desde finales de 2024 que continúa en 2025 (Gráfico 1.1).
Nota: Enero de 2020 = 100. Datos de enero de 2020 a agosto de 2025.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (IMF, 2025[4]), consultado el 24 de septiembre de 2025.
El crecimiento se estabiliza en ALC, pero los riesgos se mantienen
El crecimiento del PIB se está desacelerando en América Latina y el Caribe, en línea con la evolución de la economía mundial. Tras un periodo de gran volatilidad durante la pandemia y el repunte posterior, el crecimiento del PIB per cápita de ALC se ha estabilizado cerca de su PIB potencial (Gráfico 1.2). Esta mayor estabilización refleja tanto las tendencias económicas mundiales como las respuestas eficaces de política interna. La restricción monetaria proactiva, la consolidación fiscal y la mayor confianza por parte de los inversionistas sustentaron la estabilidad macroeconómica, con lo que ayudaron a afianzar las expectativas de inflación y a mantener el crecimiento de la producción de la región (Ayres, Izquierdo and Parrado, 2025[5]; OECD, 2025[6]). Los riesgos a futuro siguen siendo elevados. En algunos países, la inflación aún se encuentra por arriba del objetivo monetario, los retos fiscales persisten y la incertidumbre externa aún pesan en las perspectivas: la incertidumbre abarca desde las tensiones geopolíticas y tasas mundiales de interés volátiles, hasta las perturbaciones relacionadas con el clima, incluidos huracanes, inundaciones, sequías e incendios forestales (WMO, 2025[7]). El grado de exposición a estos riesgos es sumamente heterogéneo en todos los países de ALC, lo cual ilustra las diferencias en la estructura económica, los modelos de exportación, la vulnerabilidad y la capacitación fiscal e institucional.
Nota: Producto interno bruto per cápita. Precios constantes; paridad de poder de compra, dólar internacional 2021. Promedios simples de diferentes grupos económicos. Economías dependientes de la exportación de productos básicos: más del 60% de sus exportaciones de mercancías son productos básicos (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela). Economías dependientes de la exportación de servicios: tienen más del 45% del comercio de servicios (Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas). Economías ubicadas entre las 60 primeras en el Índice de Complejidad Económica (Costa Rica, República Dominicana, México, Trinidad y Tobago) se clasifican como diversificadas de alta complejidad económica; las economías restantes (Barbados, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá) se clasifican como diversificadas de baja complejidad.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (IMF, 2025[8]).
El crecimiento económico en ALC mostró una volatilidad persistente, con desviaciones recurrentes del crecimiento potencial per cápita entre los grupos de países desde 2000. Las economías dependientes de la exportación de productos básicos tienden a mostrar un rendimiento inferior en relación con el potencial, en tanto que las economías dependientes de la exportación de servicios padecen fluctuaciones más agudas, en particular durante crisis mundiales como las de 2009 y 2020. En cambio, las economías diversificadas de alta y baja complejidad en general han mantenido un crecimiento más cercano al potencial, aunque no son inmunes a los shocks. La tendencia agregada de ALC refleja estas dinámicas y pone de manifiesto las vulnerabilidades estructurales y la sensibilización de la región a condiciones externas.
En el contexto actual, el crecimiento económico de la región es insuficiente para alcanzar sus objetivos de desarrollo, incluida la erradicación de la pobreza. Además, el espacio para una política de desarrollo, tanto fiscal como monetaria, es cada vez más restringido por las presiones macroeconómicas, lo cual limita las posibilidades de ofrecer estímulos a corto plazo. Para elevar el crecimiento potencial general, es imprescindible atender las dificultades estructurales, como baja productividad, alta informalidad, limitada diversificación económica, y baja inversión pública y privada, con lo que aumentan la degradación ambiental y la debilitada capacidad de innovación. Promover una agenda integral para la transformación productiva, en el marco de una nueva visión de políticas de desarrollo productivo, será sumamente útil para desbloquear un mayor crecimiento inclusivo y sostenible.
El espacio fiscal para apoyar inversiones productivas y sociales es limitado
Los saldos fiscales primarios de la región se han mantenido estables, especialmente en 2023 y 2024 (ECLAC, 2025[9]). Sin embargo, la desaceleración del crecimiento, el aumento de los gastos y los costos de servicio de la deuda, derivados de las altas tasas de interés, siguen pesando en las cuentas fiscales (Ayres, Izquierdo and Parrado, 2025[5]). En términos generales, durante las dos últimas décadas, los países con acceso a los mercados financieros conservaron balances fiscales primarios más fuertes, registraron pequeños excedentes en 2023 y cifras cercanas al balance en 2024. Por el contrario, los países con acceso limitado al mercado obtuvieron resultados fiscales más volátiles e insuficientes, cambiando de un pequeño déficit en 2023 a un excedente en 2024, lo cual señala su sensibilidad a impactos y restricciones financieras mundiales (Gráfico 1.3). Con un reducido margen fiscal, es fundamental reforzar más las finanzas públicas mediante una mayor eficiencia del gasto, movilización de la recaudación y gestión de la deuda, para procurar la sostenibilidad fiscal y apoyar el crecimiento a largo plazo.
Nota: Se usan promedios simples. “Acceso” se refiere al grupo de las economías de ALC que financian más del 50% de su deuda pública externa en el mercado mediante bonos o préstamos bancarios. Este grupo incluye a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México y Perú. “Acceso limitado” se refiere a las economías de ALC que financian más del 50% de su deuda pública externa con acreedores multilaterales y bilaterales. Este grupo incluye a Belice, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. En este caso, “ALC” representa el promedio simple de las economías ubicadas en ambos grupos.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (ECLAC, 2025[9]) y (ECLAC, 2025[10]).
El escaso crecimiento de los ingresos tributarios sigue restringiendo el margen fiscal en toda ALC. En 2023, la ratio promedio impuestos-PIB de la región fue de 21.3%, muy por debajo del promedio de la OCDE, de 33.9%. Las ratios más altas correspondieron a Brasil (32%), Jamaica (29%) y Barbados (28.1%) y las más bajas a Guyana (11.6%), Panamá (11.9%) y Guatemala (14%) (Gráfico 1.4, Panel A). En comparación con 2022, el promedio regional bajó 0.2 puntos porcentuales en 2023, lo cual indica que el rendimiento de los ingresos fue moderado. La tendencia no fue homogénea: en 14 países, la ratio impuestos-PIB bajó, en 10 se registraron aumentos y en dos no hubo cambios (Gráfico 1.4, Panel B). La movilización persistentemente baja de los ingresos fiscales sigue limitando la capacidad de la región para financiar las prioridades de desarrollo y responder a las presiones fiscales emergentes.
Nota: En el Panel B, p.p. se refiere a punto porcentual.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (OECD et al., 2025[11]).
Los niveles de deuda pública de ALC se mantuvieron elevados y en años recientes mostraron señales de estabilización. Después de subir al máximo durante la crisis del COVID-19, la deuda bruta gubernamental general bajó de manera paulatina en toda la región. En 2024, la ratio promedio deuda-PIB de ALC permaneció alta, por arriba de los niveles previos a la pandemia, gracias a la combinación de balanzas fiscales mejoradas y necesidades de financiamiento aún elevadas. Los países con acceso a los mercados financieros registraron ratios de deuda menores y más estables, en tanto que aquellos con acceso limitado continuaron enfrentando cargas de deuda más altas. Dados los costos al alza del servicio de la deuda y el restringido margen fiscal, mantener la sostenibilidad de la deuda requerirá una disciplina fiscal constante y reformas estructurales para impulsar el crecimiento y fortalecer las finanzas públicas (ECLAC, 2025[9]). Sin embargo, la estabilidad fiscal también está vinculada a las medidas adoptadas para promover el gasto y la inversión públicos que mejoren la resiliencia a crisis externas (Expert Review on Debt, 2025[12]).
El aumento de los costos del servicio de la deuda es ya un reto en toda ALC (ECLAC, 2025[9]). Las tasas de interés implícitas, que miden el costo promedio de la deuda, aumentaron constantemente en años recientes, en especial en 2021. La tendencia señala el endurecimiento de las condiciones fiscales y el aumento de las primas de riesgo de la región. En los países con acceso a los mercados financieros se observa un aumento más moderado, pero persiste una presión alcista. La vulnerabilidad climática es otro factor que explica el alto costo de capital, en particular en el Caribe (Buhr et al., 2018[13]). El reciente repunte de las tasas implícitas en todos los grupos resalta la deteriorada asequibilidad de la deuda y destaca la urgencia de fortalecer los marcos fiscales, aumentar la confianza de los inversores y potenciar las capacidades de gestión de la deuda (Gráfico 1.5).
Nota: La tasa de interés implícita se calcula por la ratio entre el servicio de la deuda y la deuda bruta. Se usan promedios simples. “Acceso” se refiere al grupo de las economías de ALC que financian más del 50% de su deuda pública externa en el mercado mediante bonos o préstamos bancarios. Este grupo incluye a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, el promedio simple de ALC, México y Perú. “Acceso limitado” se refiere a las economías de ALC que financian más del 50% de su deuda pública externa con acreedores bilaterales o multilaterales. Este grupo incluye a Belice, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Honduras, las economías LMI (de ingresos bajos y medios), Nicaragua, Paraguay, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. En este informe, “ALC” representa el promedio simple de las economías en ambos grupos.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (IMF, 2025[8]).
Una desaceleración mundial más profunda con presiones inflacionarias renovadas podría incrementar los déficits fiscales, aumentar las ratios de deuda y reducir el margen fiscal en las regiones ya restringidas, lo cual genera gran vulnerabilidad para gestionar posibles impactos negativos nuevos. Los altos niveles de deuda provocan la baja de las tasas de crecimiento mediante el bien documentado fenómeno conocido como sobrecarga de la deuda (debt overhang) (Powell and Valencia, 2023[14]).
La inflación en ALC es menor porque las tendencias de política monetaria bajan, pero el futuro es incierto
La dinámica inflacionaria en ALC ha mejorado mucho, reflejando marcos monetarios fuertes y reducción de las presiones mundiales de costos. A finales de 2024, la inflación en muchos países de la región había vuelto de manera generalizada a los niveles previos a la pandemia, aunque en algunos casos permanecieron ligeramente elevados. Los regímenes intermedios registraron resultados más altos y volátiles, en tanto que en los regímenes fijos se apreciaron los cambios más pronunciados en el periodo 2022-2023 antes de suavizarse en 2024-2025. A mediados de 2025, la inflación continuó su trayectoria descendente, con los regímenes de metas de inflación convergiendo hacia el 3% y 4% y mostrando una mayor estabilidad (Gráfico 1.6). Este resultado refleja la credibilidad construida por los bancos centrales durante las últimas dos décadas, junto con respuestas de política proactivas y basadas en datos frente a los recientes shocks globales.
Si bien los picos en los precios de los productos básicos en los sectores energético, alimentario y metalúrgico estimularon la inflación durante 2021-2022, su posterior estabilización y el anclaje gradual de las expectativas en todos los regímenes ayudaron a reducir las tasas de inflación. No obstante, persiste la heterogeneidad de regímenes, con los marcos de metas de inflación manteniéndose más alineados con los objetivos de los bancos centrales, en comparación con las trayectorias más volátiles observadas bajo regímenes intermedios y fijos.
Nota: Datos de enero de 2016 (M01) a junio de 2025 (M06). Se usan promedios simples. La cifra solo incluye a las economías de ALC que tienen un banco central. El promedio simple para los países de ALC con un régimen dirigido a la inflación incluye a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Para regímenes intermedios, el promedio simple incluye a Bolivia, Ecuador, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Trinidad y Tobago. El promedio simple para los regímenes fijos incluye a Bahamas, Barbados y Belice. Los datos para 2025 (M06) no están disponibles para Bahamas, Chile, Guyana, Haití, Jamaica, México, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (IMF, 2025[15]), consultado el 24 de septiembre de 2025.
Los flujos externos hacia la región permanecen volátiles
Los flujos de cartera hacia la región han permanecido a la baja y con una tendencia decreciente en años recientes (Gráfico 1.7). En 2025, los flujos trimestrales siguen debilitados y por lo común oscilan entre 3 000 y 5 000 millones de USD, lo cual destaca la retirada sostenida del capital de cartera. Entre 2021 y 2024, los flujos fueron muy volátiles, marcados por un breve repunte a fines de 2020 y principios de 2021, seguidos por una renovada debilidad, con promedios anuales de solo 11 200 millones de USD en el periodo 2022-2024. Este modesto rendimiento contrasta fuertemente con el promedio de 114 500 millones de USD por año observado en 2010-2014, es decir, una reducción de más del 90%. Los flujos se desaceleraron después del superciclo de los productos básicos, se recuperaron brevemente en el periodo 2016-2017, antes de bajar de nuevo en 2018. Durante la pandemia se presentó una breve excepción cuando los flujos de deuda de casi 50 000 millones de USD, provenientes sobre todo de fuentes oficiales revirtieron temporalmente la tendencia. Desde entonces, tanto los flujos de capital como de deuda han permanecido bajos, con recuperaciones intermitentes breves.
Nota: La línea punteada muestra una línea de tendencia polinómica ajustada a los flujos trimestrales de inversión de cartera. Se incluye para ilustrar la trayectoria a medio plazo de los flujos totales, suavizando las fluctuaciones a corto plazo.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (IIF, 2025[16]), consultado el 24 septiembre de 2025.
La inversión extranjera directa (IED) hacia la región se ha estancado en la última década y ha mostrado una ligera tendencia a la baja más recientemente. En 2024, los flujos de IED hacia ALC ascendieron a 189 000 millones de USD, equivalentes al 2.8% del PIB y al 13.7% de la formación bruta de capital fijo (Capítulo 4) (ECLAC, 2025[17]). Aunque esto representó un aumento del 7.1% respecto a 2023, ambas ratios se mantienen por debajo de los promedios observados en la década de 2010 (3.3% del PIB y 16.8% de la formación bruta de capital fijo). Sin embargo, la región sigue ubicándose entre los mayores receptores de inversión a nivel mundial. El aumento de los flujos se explicó en gran medida por las utilidades reinvertidas de las empresas transnacionales ya establecidas, mientras que la contribución de nuevos flujos de capital se estancó, lo que apunta a un interés limitado por parte de nuevos inversionistas.
La baja productividad obstaculiza el crecimiento potencial en ALC
El crecimiento potencial del PIB per cápita en ALC es insuficiente para garantizar la convergencia con las economías avanzadas, con un débil crecimiento de la productividad en el centro del problema. El crecimiento potencial del PIB per cápita en la región se estima en alrededor de 0.8% por año, independientemente del método de estimación y con base en datos de 1980 a 2023. En comparación, el crecimiento potencial del PIB per cápita de las economías de altos ingresos se estima en alrededor de 1.7% al año (Gráfico 1.8). Las deficiencias de la productividad son un componente clave de las “trampas del desarrollo” que impiden un futuro más sostenible en ALC. La persistencia del bajo crecimiento y la baja productividad laboral destaca la necesidad de una transformación estructural virtuosa para liberarse de esta situación (ECLAC, 2024[18]).
Según estimaciones con diferentes métodos desde 1980
Nota: El crecimiento promedio es un promedio simple durante el periodo analizado. HP se refiere al filtro Hodrick Prescott, que se utilizó como modelo alternativo debido a su resiliencia a los impactos a corto plazo para crear una curva suavizada (Lambda=100). AR (1) se refiere a un modelo autorregresivo del orden 1. El modelo AR utiliza datos del crecimiento del PIB per cápita. La serie ALC se refiere a 33 economías, en tanto que el término “economías avanzadas” incluye 41 economías, según se lista en la base de datos de las Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (OECD et al., 2024[19]) y (IMF, 2025[8]).
Hay una brecha importante en la productividad laboral entre ALC y la OCDE, debida principalmente a la baja productividad total de los factores (PTF), que representa más del 80% de la diferencia. El resto refleja en buena medida las carencias de capital humano. Cabe destacar que en la región hay una significativa heterogeneidad de la productividad laboral. Por ejemplo, en Chile, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay la productividad laboral es de 45% a 85% mayor que el promedio regional. Por el contrario, en Bolivia, Honduras y Nicaragua es de 56% a 60% menor (ECLAC, 2025[20]).
El crecimiento de la productividad en los países de ALC también fue inferior al de los países desarrollados. Durante el periodo 1991-2023, la productividad laboral regional creció a una tasa de 0.7% por año en promedio, muy por debajo de la tasa anual de 1.2% observada en los países de la OCDE. De nuevo, esto se debe al bajo crecimiento de la PTF en ALC. De acuerdo con los datos de la Tabla de Penn World, la PTF casi no creció en la región después de 1990 (0.02% al año en promedio), en tanto que en los países de la OCDE creció 0.8% al año. Un factor preocupante es que el aumento de las temperaturas debido al cambio climático ya impacta negativamente a la productividad laboral y la situación puede empeorar si no se ponen en práctica medidas de adaptación adecuadas (ECLAC, 2023[21]).
La transformación estructural limitada restringió el crecimiento de la productividad en ALC
La dinámica sectorial, no el cambio estructural, el desplazamiento de recursos hacia sectores con mayor valor agregado y mayor productividad, explica la falta de productividad de la región. Una descomposición estándar muestra que, durante los años de alto crecimiento (1950-1979), el 61% de la ganancia anual de la productividad laboral en LAC provino de mejoras intrasectoriales (1.72 puntos porcentuales de 2.83%), mientras que la reorientación de la mano de obra entre sectores explicó el 39% restante. A partir de 1980, ambos canales se debilitaron drásticamente: el crecimiento promedio de la productividad cayó a un 0.43% anual, del cual las ganancias intrasectoriales representaron solo el 0.20% (46%), mientras que los cambios entre sectores representaron 0.23 puntos porcentuales. Esta reversión refleja una caída en la productividad del sector servicios (-0.27% anual en 1980-2018 frente al 1.2% en 1950-1979), combinada con una marcada desaceleración en la industria (0.48% anual, una bajada desde el 2.3%).1
Existe la necesidad de impulsar la productividad tanto dentro de los sectores como entre la mayoría de los sectores, así como de sostener y acelerar la transformación estructural de las economías. En comparación con los países más desarrollados, en ALC un gran porcentaje del empleo se ubica en los sectores de baja productividad, en tanto que los servicios intensivos en conocimientos siguen siendo una fuente de potencial subutilizad. Al mismo tiempo, la disminución de la productividad en los sectores económicos clave durante la década pasada provocó que en muchos países disminuyera la productividad laboral general (ECLAC, 2025[20]). Este perfil estructural también determina la composición de las exportaciones de la región y su posición en las CGV, un reto que se explora en la siguiente sección.
Los servicios encabezan la transformación estructural en ALC, pero el bajo valor agregado, la informalidad y los métodos de producción insostenibles persisten
Los servicios dominan la estructura económica de muchos países de ALC, en tanto que la industria y la extracción se estancaron o disminuyeron. Sin embargo, los problemas que afectan a los servicios continúan: incluyen el bajo valor agregado, la informalidad y los métodos insostenibles de producción. Los servicios generan ahora aproximadamente dos tercios del PIB y el empleo regionales, abarcando las ventas al por mayor y el comercio al por menor, el transporte, las finanzas, los bienes raíces, el turismo, la educación, la salud y la administración pública. Un alto nivel de informalidad, es decir, empleos sin protección social ni contratos estables, sigue siendo un factor definitorio del sector de servicios de la región. En cambio, la industria contribuye con cerca del 31% del PIB y 21% del empleo. Esto incluye manufactura, que en 2023 representó el 13.6% del PIB y el 12.1% de los empleos, junto con la construcción, los servicios públicos y, en algunas clasificaciones, la minería (UNIDO, 2025[22]). Después de alcanzar su punto máximo en décadas anteriores, la participación industrial en el PIB se estancó o bajó en ALC. La minería y los hidrocarburos aún sustentan las exportaciones de países ricos en recursos, como Chile, Perú y Trinidad y Tobago, aunque en general el sector extractivo representa solo cerca del 4.0% del PIB regional y una fracción aún menor de los empleos.
La participación de la agricultura en el PIB disminuyó en ALC, pero sigue siendo fundamental para el crecimiento, el sustento y las exportaciones, mucho más que en las economías de la OCDE. La agricultura representa alrededor del 6.5% del PIB de la región y el 13% del empleo, en comparación con el 1.4% y el 4%, respectivamente, en la OCDE (World Bank, 2024[23]). El sector es esencial para la seguridad alimentaria y los ingresos en divisas, mediante productos básicos como la soya, el café y las frutas tropicales, y se mantiene como un pilar del empleo rural, en particular en América Central y en partes de América del Sur.
La limitada diversificación de la canasta exportadora de ALC limita la productividad y el crecimiento
La fuerte dependencia de ALC de las exportaciones de productos básicos, junto con la limitada participación en etapas de mayor valor agregado dentro de las cadenas globales de suministro (CGS), obstaculizan el aprendizaje práctico, la difusión tecnológica y la inversión en capacidades productivas. Debido a la falta de oportunidades para ofrecer bienes y servicios más sostenibles y sofisticados, las empresas se estancan en nichos de baja productividad. Esta es una de las razones clave por las que la productividad sectorial y el crecimiento de los ingresos siguen siendo moderados.
La canasta exportadora de la región se concentra en productos primarios y manufactura de baja tecnología. Cerca de la mitad de las economías de ALC se basan en productos básicos, y los productos primarios intensivos en carbono, como los productos agrícolas, energéticos y los minerales, representan entre el 22% y el 88% de las exportaciones de mercancías (Gráfico 1.9) (véase la sección ambiental más adelante). Los productos manufacturados de baja tecnología constituyen hasta el 75% de las exportaciones, incluidos los alimentos procesados, los textiles y los productos derivados de la madera o el papel, normalmente vinculados a los recursos naturales. Los productos manufacturados de tecnología media, como los de metales básicos, representan hasta el 40%. Las economías exportadoras de servicios en el Caribe aún dependen principalmente del turismo, actividad que desempeña un papel fundamental en la generación de empleos, del mercado de divisas y oportunidades para el desarrollo local. Las exportaciones de mercancías en el Caribe siguen reflejando una diversificación limitada, a menudo dominada por productos primarios y de baja tecnología que generan bajo valor agregado y ofrecen un margen limitado para el aumento de la productividad.
Unos cuantos países de la región, sobre todo Costa Rica, República Dominicana y México, muestran un perfil de exportaciones más diversificado y complejo, impulsado por la industria manufacturera de tecnología media y alta. En estas economías, los productos manufacturados de tecnología media, incluidos maquinaria, vehículos motorizados, plásticos y productos químicos, representan entre el 20% y el 68% de las exportaciones totales, en tanto que los productos de alta tecnología, como los electrónicos y los farmacéuticos, entre el 17% y el 44% (Gráfico 1.9). Las economías diversificadas restantes de la región aún muestran una baja complejidad económica, con canastas exportadoras muy concentradas en productos de baja tecnología (hasta el 61%), seguidos de productos primarios (hasta el 31%) y de tecnología media (hasta el 38%). Este contraste resalta la heterogeneidad estructural entre los países de ALC y la existencia de barreras para desarrollarse hacia sectores más dinámicos, intensivos en conocimiento y que mejoren la productividad.
Nota: Los grupos manufactureros de intensidad tecnológica se basan en la clasificación de tecnología de la OCDE en ISIC Rev. 3. Economías basadas en la exportación de productos básicos: más del 60% de sus exportaciones de mercancías se clasifican como productos básicos (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela). Economías basadas en la exportación de servicios: tienen más del 45% del comercio de servicios (Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas). Economías ubicadas entre las 60 primeras del Índice de Complejidad Económica (Costa Rica, República Dominicana, México, Trinidad y Tobago): se clasifican como diversificadas de alta complejidad económica; las restantes (Barbados, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá) se clasifican como diversificadas de baja complejidad.
Fuente: Cálculos de los autores con base en (WITS, 2025[24]).
En tanto que las exportaciones tradicionales de ALC revelan ventajas comparativas, los sectores intensivos en tecnología ofrecen una vía para la transformación productiva
Los países de ALC muestran fortaleza competitiva en sectores que corresponden con sus modelos de exportación establecidos. Un análisis de Ventaja Comparativa Revelada (RCA) calcula si un país exporta un producto de manera más intensiva que el promedio mundial. Ayuda a revelar los sectores en los que los países mantienen una ventaja comparativa, orientando las iniciativas para diversificar y mejorar su economía. Las economías exportadoras de productos básicos cuentan con una RCA en productos primarios y en productos manufacturados de baja tecnología, como los alimentos y las bebidas. Las economías diversificadas y de baja complejidad cuentan con una RCA en la manufactura de tecnología media, mientras que aquellas diversificadas y de alta complejidad destacan tanto en el sector de tecnología media como en el de alta tecnología (Gráfico 1.10).
Nota: El eje horizontal muestra el número de países de ALC que tienen un valor de Ventaja Comparativa Revelada (RCA) mayor de 1 en cada sector. La RCA se calcula a nivel de dos dígitos en la ISIC Rev. 3 siguiendo la metodología Balassa (1965). Los grupos de alta intensidad tecnológica se basan en la clasificación de tecnología de la OCDE en ISIC Rev. 3. Economías basadas en la exportación de productos básicos: más del 60% de sus exportaciones de mercancías se clasifican como productos básicos (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela). Economías basadas en la exportación de servicios: exceden el 45% del comercio de servicios (Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, y las Granadinas). Las economías ubicadas entre las 60 primeras en el Índice de Complejidad Económica (Costa Rica, República Dominicana, México. Trinidad y Tobago) se clasifican como diversificadas de alta complejidad económica; las restantes (Barbados, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá) se clasifican como diversificadas de baja complejidad.
Fuente: Cálculos de los autores basados en (WITS, 2025[24]).
Las ventajas comparativas reveladas son también evidentes en unas cuantas industrias más tecnológicamente intensivas (Gráfico 1.10). Las economías basadas en productos básicos tienen RCA en sectores de tecnología media, como plásticos, productos metálicos y químicos. Las economías orientadas a servicios en el Caribe, aunque se centran en el turismo, también muestran fortalezas en sectores como productos metálicos y químicos. Los cuatro países clasificados como economías diversificadas de alta complejidad, Costa Rica, México, República Dominicana y Trinidad y Tobago tienen RCA en productos de alta tecnología, como computadoras, productos electrónicos y ópticos, revelando su potencial para un futuro desarrollo en estas áreas. Al aprovechar estos sectores más sofisticados en tecnología, los países de ALC pueden diversificar su base de exportación, y así impulsar el crecimiento a largo plazo, mejoras en la productividad y mayor resiliencia económica. Entre varios factores, la inversión extranjera directa puede mejorar la diversificación y sofisticación de las cestas de exportaciones de ALC e impulsar los sectores que tienen RCA (Capítulo 3).
El comercio intrarregional limitado puede restringir la diversificación de las exportaciones
El comercio intrarregional en ALC sigue siendo limitado y menor que en otras regiones en desarrollo. La participación de las exportaciones intrarregionales de América Latina en las exportaciones totales ha sido relativamente estable durante las dos décadas pasadas, pero sigue siendo limitada, representando el 15% del total de exportaciones en 2000 y 14% en 2023. En el Caribe, las exportaciones intrarregionales disminuyeron del 21% en 2000 al 10% en 2023. Durante el mismo periodo, el comercio intrarregional en África aumentó del 12% al 19%, en tanto que, en el Sudeste Asiático, China e India, creció del 20% al 26% (Gráfico 1.11). Las cifras para los socios importadores muestran patrones similares, lo cual sugiere que estas tendencias reflejan en general la estructura comercial total de la región. El comercio intrarregional permite a los países acceder a mercados regionales más amplios, alentando con esto a las empresas a diversificar su producción. También fomenta el aprendizaje, la innovación y el desarrollo productivo, habilita a las empresas para adoptar nuevas tecnologías y avanzar en la cadena de valor. Además, los mercados regionales ofrecen barreras menores a nuevos exportadores, facilitando las pruebas de productos y el desarrollo de capacidades.
Nota: África incluye los 54 países africanos. El Caribe incluye 15 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago. América Latina incluye 16 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Sudeste Asiático incluye 10 países: Brunéi Darussalam, Camboya, Indonesia, República Democrática Popular de Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Fuente: Cálculos de los autores basados en (WITS, 2025[24]).
Los bajos niveles de comercio intrarregional en ALC se vinculan estrechamente con la limitada participación de la región en cadenas de valor regionales sólidas. A diferencia de las regiones donde las CGV se sustentan fuertemente en encadenamientos productivos regionales, como en Asia Oriental y el Sudeste Asiático, Europa y América del Norte, ALC sigue participando de manera limitada en esta dinámica regional. Aunque el valor agregado importado representa aproximadamente 23% del valor agregado total de las exportaciones regionales, la participación originada dentro de la región es notoriamente baja, solo poco más del 10% (Sanguinetti et al., 2021[25]). Esta limitada integración ha obstaculizado el desarrollo de una base firme para el comercio intrarregional.
El subdesarrollo de las cadenas de valor regionales en ALC se refleja en el intercambio limitado de bienes intermedios y el reducido comercio intraindustrial en la región. México, gracias a su integración en las cadenas de valor de América del Norte, y algunos países centroamericanos han desarrollado vínculos más fuertes, a menudo como centros de procesamiento final en cadenas extrarregionales. Sin embargo, la mayoría de los países de América del Sur continúan participando en las CGV principalmente como exportadores de insumos básicos hacia mercados globales y no regionales. Por ello, es esencial fortalecer los encadenamientos productivos regionales. La reducción de costos comerciales, la mejora de la infraestructura de transporte y logística, y el avance hacia una mayor coherencia regulatoria – particularmente mediante la armonización de las reglas de origen y el diseño de incentivos específicos para la inversión extranjera directa vertical – pueden desempeñar un papel central en la promoción de una integración regional más profunda. También será esencial promover las agendas de desarrollo productivo regionales en sectores prioritarios, incluyendo alentar la interacción entre iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva de diferentes países (véase el Capítulo 2). Estos esfuerzos son imprescindibles para impulsar el comercio intrarregional y permitir a las empresas de ALC utilizar los mercados regionales como trampolín para aumentar su competitividad mundial.
La complejidad de los desafíos económicos de la región, desde productividad limitada hasta vulnerabilidad fiscal y desequilibrios externos, subraya la urgente necesidad de contar con una respuesta integral. Como se explora en el Capítulo 2, las políticas de desarrollo productivo son un instrumento clave para superar estas limitaciones y promover la transformación productiva, sostenible e inclusiva que pueda facilitar la movilización de la región hacia un modelo de desarrollo más resiliente y dinámico.
Los altos niveles de informalidad siguen difundidos en los mercados laborales de ALC
La mejora de las condiciones sociales en ALC requerirá la transformación productiva, con retos vinculados al aumento de la productividad y al reforzamiento del crecimiento económico a largo plazo. Si bien las condiciones sociales difieren mucho entre los países de la región, las características comunes incluyen altos niveles de informalidad, vulnerabilidad persistente y protección social insuficiente para muchas personas. En esta sección se explora la informalidad laboral como uno de los principales factores que contribuyen a estas condiciones y presenta prácticas políticas eficaces para impulsar la creación de empleos formales y aumentar la protección de los trabajadores informales, mejorando así el sustento de los pobladores de la región.
La informalidad laboral tan difundida en ALC ejerce profundos impactos socioeconómicos, que afectan las condiciones de vida de las personas y las finanzas públicas. Erosiona la base impositiva y a la vez aumenta las necesidades de brindar apoyo social a los trabajadores informales y sus familias (OECD et al., 2024[19]; IDB, 2025[26]; ECLAC, 2024[27]; OECD/OISS, 2024[28]).
En 2023, uno de dos trabajadores en América Latina – en los países con información disponible a lo largo del tiempo – era informal (55.1%) (ILO, 2025[29]). Si bien la proporción ha bajado desde 2009 (62.5%), gran parte de la mejora tuvo lugar en la década de 2010. Desde 2018 se ha mantenido estable, con pocos cambios, incluso después de la crisis del COVID-19 (OECD, 2023[30]). La participación de trabajadores informales en la fuerza laboral varía mucho en la región, del 27% en Chile hasta el 83% en Guatemala (ILO, 2025[29]; Ulyssea, 2020[31]). Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores mayores resultan particularmente afectados por la informalidad laboral. Entre 2013 y 2022, el único grupo en el que se intensificó la informalidad fueron los jóvenes de 15 a 24 años, en tanto el aumento de las tasas de empleo para las mujeres se acompañó de mayores incidencias de trabajo informal (ECLAC, 2024[27]).
La informalidad está correlacionada con el menor logro educativo en la región. En 2023, la persona promedio mayor de 25 años en ALC había estudiado 9.3 años, 2.2 años más que en 2000. En comparación, la persona promedio de más de 25 años en los países de la OCDE había estudiado 12.3 años en 2023, un aumento de 1.9 años desde 2000 (UNDP, 2025[32]). Los logros educativos de los trabajadores formales e informales también difieren considerablemente. En 2023, los trabajadores sin escolaridad en ALC representaron en promedio el 5.4% de los trabajadores formales y el 20.3% de los informales, en tanto que los graduados de educación terciaria representaron el 39.9% de los trabajadores formales contra 19.9% de los informales (OECD, 2024[33]).
La falta de oportunidades de empleo formal en ALC refleja la distribución sectorial de las empresas en el sector formal y su falta de dinamismo. Las empresas informales seguramente operarán en sectores con niveles relativamente bajos de productividad, como el sector privado de servicios, donde la distribución de las empresas por tamaño se inclina hacia empresas más pequeñas y la calidad del trabajo es persistentemente baja (OECD et al., 2023[34]). Como resultado, los empleos con alto contenido tecnológico y digital son escasos (Gráfico 1.12, Paneles A y C). En el último año con datos disponibles, los empleos de intensidad tecnológica alta y media alta representaban el 2.1% del empleo total en ALC, en comparación con el 7.7% de los países de la OCDE, mientras que los empleos con alta intensidad digital constituyeron el 15% del total de empleos en ALC, frente al 21% en la OCDE (OECD, 2022[35]). La inversión en estos sectores es clave para generar trabajos bien pagados, ya que los bonos salariales son sustanciales. Los trabajadores en empleos de alta intensidad tecnológica y digital reciben un sueldo mucho más alto que el promedio (Gráfico 1.12, Paneles B y D).
En términos más generales, en 2023, en los países de ALC con datos disponibles, el 79% de los empleos pagaron salarios diarios por arriba de 6.85 USD, en comparación con el 76% de 2013. Brindaron protección médica o prestaciones para el retiro a solo 44% de los trabajadores en 2023, por encima del 40% en 2013. En 2023, el 63% de los trabajadores tuvieron un contrato escrito con una duración relativamente larga (3 años o más), en comparación con 62% en 2013 (World Bank, 2025[36]).
En este contexto desafiante, la transformación productiva es una oportunidad única para impulsar cambios tecnológicos que aumenten el trabajo digno, incrementen la productividad y generen empleos de buena calidad, en contraste con el pasado reciente, cuando la región pasó por un proceso de industrialización para ahorrar mano de obra (OECD et al., 2023[34]; Apella and Zunino, 2022[37]). Además, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las políticas de formalización puede convertirse en una herramienta importante para reducir la informalidad en ALC. Estudios recientes destacan de qué manera las TIC han ayudado a formalizar a pequeñas empresas mediante una mejor trazabilidad de las actividades informales, el aumento de la productividad debido a aplicaciones digitales o un mejor acceso a instrumentos financieros para empresas pequeñas (OECD et al., 2024[19]).
Países seleccionados de ALC, 2023 o último año disponible
Nota: Los datos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y Perú se refieren a 2023, los de Chile y Guatemala a 2022; República Dominicana y Uruguay a 2018. La intensidad tecnológica se define utilizando la Taxonomía de la OCDE de Actividades Económicas basadas en I+D (Investigación y Desarrollo). Las industrias se clasifican de acuerdo con 5 quintiles del valor o la inversión en I+D relativa al valor agregado. En el Panel A se muestra información sobre la distribución del empleo en industrias con una intensidad que oscila entre media y alta. La intensidad digital se define utilizando la Taxonomía de la OCDE de Sectores Intensivos Digitales. Las industrias se clasifican en 4 cuartiles de los insumos digitales utilizados en su producción. En el Panel C se brinda información sobre la distribución del empleo en industrias con alta, media (que corresponde a media-alta y media-baja en la taxonomía) y baja intensidad digital.
Fuente: (OECD, 2024[33]), Base de datos Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH), con base en (Galindo-Rueda and Verger, 2016[38]) y (Calvino et al., 2018[39]).
El grado de informalidad laboral parece correlacionarse negativamente con el nivel de desempleo en todos los mercados laborales de ALC, aunque de manera imperfecta (IDB, 2025[26]). Los trabajadores en dichos mercados enfrentan una disyuntiva entre el empleo formal, el empleo informal y el desempleo, cada uno de los cuales conlleva distintos costos y beneficios. Los empleos formales tienden a ofrecer salarios más altos y mayor estabilidad, en tanto que los informales pueden permitir a los trabajadores y a los empleadores evitar obligaciones fiscales laborales y a la vez proporcionar a los trabajadores acceso a ciertos beneficios sociales, como las transferencias en efectivo, no contributivas. Los trabajadores desempleados pueden recibir apoyo del gobierno, como transferencias en efectivo condicionadas o seguro de desempleo – aunque en ALC rara vez se ofrecen beneficios de desempleo – si cumplen ciertos requisitos y deben ponderar las probabilidades de encontrar empleo en sectores específicos (ECLAC, 2023[40]; OECD et al., 2024[19]). Todos estos factores contribuyen a un marco de decisiones interconectado en el que las personas evalúan las opciones del mercado laboral simultáneamente, dada la calidad de los empleos demandados por las empresas y los beneficios proporcionados por las políticas sociales (David, Pienknagura and Roldos, 2020[41]; Rubião and Santos, 2022[42]).
Un análisis reciente de las tasas de transición del mercado laboral en ALC reveló pautas entre el desempleo y la informalidad (Aristizabal-Ramirez, Santos and Torres, 2024[43]). El estudio mostró que las personas tienden a permanecer desempleadas más tiempo en los países con altas tasas de desempleo y baja informalidad, en tanto que, en las economías caracterizadas por un bajo desempleo y una alta informalidad, permanecen en estatus de trabajo informal. También mostró que la transición de un empleo formal al desempleo ocurre con mayor frecuencia en países en los que hay más desempleo y que la transición de un empleo formal a uno informal es más frecuente en aquellos donde hay más informalidad laboral. Lo anterior sugiere que la trayectoria de transición es determinada por las estructuras del mercado laboral. El empleo informal rara vez sirve como trampolín hacia empleos formales, y estas transiciones para salir de la informalidad son desproporcionadamente inusuales (Aristizabal-Ramirez, Santos and Torres, 2024[43]; IDB, 2025[26]).
La condición informal o formal de los trabajadores no solo afecta su nivel de vida, sino también el bienestar de los miembros de su hogar. Por ejemplo, el estatus de empleo formal de al menos uno de los miembros del hogar puede aumentar el acceso de estos a programas de seguridad social, programas relacionados con el trabajo u otros servicios privados y públicos, como el cuidado, que a menudo cubre el cónyuge del contribuyente y/o sus hijos, como en el caso del seguro de salud. Por tal razón, los hogares en los que habitan solamente trabajadores informales enfrentan diferentes vulnerabilidades que los hogares mixtos. Añadir la dimensión del hogar a los análisis de la informalidad puede ayudar a los formuladores de políticas públicas a identificar a los receptores de los programas de asistencia social y diseñar políticas bien focalizadas para atender los puntos vulnerables de los trabajadores informales y sus hogares (OECD et al., 2024[19]; OECD/OISS, 2024[28]).
En 2023, en el seno del Sur Global, ALC fue la región con la menor proporción de la población en hogares completamente informales (42.3%). La proporción en África fue de 80.1%, en tanto que en Asia y Pacífico se ubicó en 67.2%. En Europa del Este y Central, la proporción fue de 55.3% (Gráfico 1.13, Panel A). No obstante, dos de cada tres habitantes de América Latina vivían en un hogar que dependía por completo o en parte del ingreso de trabajadores informales, con poca cobertura de protección social.
Nota: Los hogares se clasifican con base en el nivel de informalidad de los perceptores de ingresos. Los hogares informales son aquellos en los que todos los perceptores de ingresos son trabajadores informales, los hogares mixtos son aquellos en que por lo menos uno de los perceptores es un trabajador informal y los hogares formales son aquellos en que todos los perceptores son trabajadores formales.
Fuente: (OECD, 2024[33]), base de datos Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH).
La proporción de la población de la región que habita en hogares en los que todos los perceptores son trabajadores informales se ha mantenido bastante estable en las últimas dos décadas, en países con datos disponibles constantemente desde el principio de la década de 2010. En el último año disponible, alrededor de 36.4% de las personas vivían en este tipo de hogar (Gráfico 1.13, Panel B), por debajo del 39.1% de principios de la década de 2010. La proporción de la población que habita en hogares en los que al menos uno de los perceptores es trabajador informal fue de 23.5% en el último año disponible, por debajo del 25.2% al principio de la década de 2010. Consideradas en conjunto, estas cifras indican una mejora marginal de la dependencia general de familias de ALC de los ingresos informales. Sin embargo, también indican que 6 de cada 10 habitantes de la región dependen del ingreso proveniente del trabajo informal.
No obstante, las diferencias entre países y a lo largo del tiempo son significativas. En Chile y Uruguay, menos de 4 personas de 10 viven en hogares que dependen de manera total o parcial de los trabajadores informales. Dichos países también registraron una mejora importante en las últimas décadas, con una baja de más de 10 puntos porcentuales en Chile y más de 20 en Uruguay. La proporción también bajó en Brasil, 12 puntos porcentuales y en Costa Rica, 8.8 puntos porcentuales. En cambio, no se apreció una mejora notoria en Argentina, Bolivia, El Salvador, México y Paraguay (Gráfico 1.13, Panel B).
A medida que la pobreza disminuye en ALC, la informalidad se mantiene como el principal impulsor
La pobreza monetaria ha bajado paulatinamente en ALC en años recientes; sin embargo, la pobreza extrema aún es alta y persistente. En 2024, el 26.8% de la población de la región vivía en hogares con un ingreso por debajo de la línea nacional de pobreza, es decir, una baja de 4.7 puntos porcentuales desde 2010 (Gráfico 1.14, Panel A). Por otra parte, las personas que viven en pobreza monetaria extrema – quienes no han tenido suficientes recursos monetarios para cubrir las necesidades humanas básicas: alimentos, agua potable segura y servicios básicos como saneamiento, salud, vivienda, educación e información – representaron el 10.4% de la población general en 2024, es decir, 1.8 puntos porcentuales más desde 2010 (ECLAC, 2024[27]).
Porcentajes de la población, último año disponible
Nota: En el Panel B, los datos se refieren al promedio no ponderado de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. Los hogares se clasifican con base en el nivel de informalidad de los perceptores de ingresos. Los hogares informales son aquellos en los que todos los perceptores son trabajadores informales, los hogares mixtos son aquellos en los que por lo menos un perceptor de ingresos es un trabajador informal y los hogares formales son aquellos en los que todos los perceptores son trabajadores formales.
Fuente: (ECLAC, 2024[27]) para el Panel A; (OECD, 2024[33]), base de datos Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH) para el Panel B.
La informalidad es el impulsor determinante de los salarios bajos de las personas y de ingresos bajos y pobreza para los hogares de ALC, lo cual impacta negativamente las condiciones de vida. En el último año con datos disponibles, el 42% de las personas que habitaban hogares completamente informales eran pobres; de quienes habitaban hogares mixtos, 16.4% eran pobres y de quienes habitaban hogares completamente formales, el 14.6% eran pobres (Gráfico 1.14, Panel B). Esto indica que la presencia de por lo menos un trabajador formal en la familia mejora mucho las condiciones de vida. Las tasas de pobreza en las diferentes tipologías de hogares se han mantenido estables en general desde 2018 con una baja de 1.3 y 0.4 puntos porcentuales para los hogares informales y mixtos, respectivamente, y un ligero aumento de 0.6 puntos porcentuales para los hogares formales.
La reducción de la pobreza en ALC se confirma utilizando medidas no monetarias que estiman la pobreza en otras dimensiones del bienestar, como educación, salud, acceso a servicios básicos y calidad de vida. Según las mediciones de los índices de pobreza multidimensional, los habitantes de la región enfrentaron una brusca reducción de la pobreza no monetaria. De acuerdo con la mayor parte de los datos disponibles comparables y homogéneos, la tasa de pobreza multidimensional en toda la región ha disminuido más de 22 puntos porcentuales desde 2008 – cuando el 45.7% de la población vivía en condiciones de pobreza no monetaria – hasta llegar al 26.5% en 2022 (ECLAC, 2025[44]). La considerable disminución de la pobreza multidimensional entre 2008 y 2022 puede atribuirse a la reducción en 11 de los 12 indicadores de pobreza en el índice general, con grandes mejoras en varios de estos indicadores.2
A nivel regional, la disminución más aguda sucedió en la falta de acceso a internet, el cual disminuyó a una tasa anual promedio de 3.7 puntos porcentuales. A esto se aunó la disminución del bajo nivel educativo de los adultos (1.0 puntos porcentuales al año), el saneamiento inadecuado (0.8 puntos porcentuales) y el hacinamiento (0.5 puntos porcentuales). En cuanto a la dimensión del empleo, la mayor mejora se observó en el subdominio de oportunidades de empleo, que bajó 0.4 puntos porcentuales al año, en tanto que el empleo precario bajó a una tasa de 0.2 puntos porcentuales al año. La insuficiencia de las pensiones fue el único indicador en esta dimensión, y en todos los indicadores, en el que la incidencia aumentó durante el periodo. Esto confirma que la prevalencia del trabajo informal sigue contribuyendo a la privación material, combinada con desigualdad de género y de otro tipo, al no brindar suficiente cobertura de pensión. La transformación productiva, al impulsar oportunidades de trabajo inclusivo en el sector formal, será una oportunidad de mejorar también las condiciones materiales y la cobertura de protección social de las personas y sus familias.
Las diferencias del ingreso laboral entre los trabajadores formales y los informales explican las variaciones de las tasas de pobreza monetaria en todas las tipologías de hogares. La brecha salarial entre el trabajo formal e informal se correlaciona con la mayor proporción de trabajadores informales ubicados en los primeros quintiles de ingresos bajos. Según evidencia recabada recientemente, el salario promedio de los trabajadores formales en todos los países de ALC es de tres a cuatro veces el salario promedio para el trabajo informal, lo cual revela una considerable desventaja salarial relacionada con la informalidad (ECLAC, 2023[40]).
Las características observables de los empleos y los trabajadores explican cerca de la mitad de la brecha salarial entre los trabajadores informales y los formales en los países de ALC (Gráfico 1.15). Los trabajadores informales tienen un menor nivel educativo que los formales y menos probabilidades de estar empleados en industrias y ocupaciones bien pagadas. Sin embargo, más de la mitad de la brecha no se explica y esto indica que intervienen otros factores, como la productividad y la eficiencia del mercado laboral.
Ingresos de los trabajadores informales como porcentaje de los salarios promedio mensuales de los trabajadores formales de 15 años o más, 2023 o último año disponible
Nota: Los datos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y Perú se refieren a 2023; Chile y Guatemala, 2022; República Dominicana y Uruguay, 2018; Barbados, 2016. El desglose se basa en la metodología desarrollada por (Oaxaca, 1973[45]) y (Blinder, 1973[46]), juntando los dos grupos de referencia (informal y formal). La variable dependiente se define como el logaritmo natural de los ingresos mensuales en un empleo primario. Las características demográficas se definen utilizando información sobre la edad (y la raíz cuadrada de esta) y el género. Horas trabajadas se refieren a las horas semanales reales o usualmente trabajadas en el sitio. Niveles educativos se refieren a cuatro categorías de la educación más alta obtenida: sin escolaridad, primaria, secundaria y terciaria. Las características del empleo se refieren a las clasificaciones internacionales de un solo dígito de las industrias (ISIC Rev. 2008) y de las ocupaciones (ISCO-08).
Fuente: Estimaciones basadas en (OECD, 2024[33]), base de datos Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH).
Si bien la condición de pobreza de las personas se relaciona con la condición de informalidad de los hogares, una cantidad nada desdeñable de la población de los países de ALC habitan hogares informales no pobres (21.7%), un 18.8% adicional habita hogares mixtos no pobres y el 30.4% en hogares formales no pobres (Gráfico 1.16). Las cifras señalan que algunos hogares, aunque son informales, pueden contribuir a los sistemas de protección social.
Porcentaje de la población, algunos países, 2023 o último año disponible
Nota: Los datos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay se refieren a 2023; Bolivia, Chile, Guatemala, México y Surinam, 2022; Honduras, 2019; República Dominicana, 2018; Barbados, 2016; Trinidad y Tobago, 2014 y Bahamas, 2013. Los hogares se clasifican con base en el nivel de informalidad de sus perceptores de ingresos. Los hogares informales son aquellos en los que todos los perceptores son trabajadores informales, los hogares mixtos son aquellos en los que por lo menos un perceptor es un trabajador informal y los hogares formales son aquellos en los que todos los perceptores de ingresos son trabajadores formales.
Fuente: (OECD, 2024[33]), base de datos Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH).
Los sistemas de protección social de ALC están lejos de ser universales y pueden mejorarse
En el ámbito de la protección social para hogares latinoamericanos, prevalecen brechas sustanciales. A partir de 2022, uno de cada cuatro hogares (23.5%) en los países latinoamericanos carecía de alguna forma de protección social, contributiva o no. En el mismo año, el 27.1% de la población habitaba hogares que recibían transferencias condicionadas, pero los beneficios fueron insuficientes para cerrar por completo la brecha de pobreza (ECLAC, 2024[27]). En muchos países de ingresos medios, incluidos los de la región de ALC, las políticas para afrontar la pobreza persistente están cambiando hacia programas no contributivos, programas financiados por la recaudación fiscal, para ayudar a cerrar la brecha de protección social para personas sin capacidad contribuyente (OECD, 2024[47]; Kolev, La and Manfredi, 2023[48]).
En un estudio de la CEPAL, realizado en 15 países en 2021 (2014-2017), se descubrió que las transferencias no contributivas redujeron la pobreza 2.0 puntos porcentuales y la pobreza extrema, 1.7 puntos porcentuales (Cecchini, Villatoro and Mancero, 2021[49]). Esto resulta particularmente pertinente, dado el alto porcentaje de dependientes vulnerables que habitan hogares sostenidos de manera total o parcial por ingresos informales. En 2023, el 61.1% de los niños menores de 15 años de edad y el 63.5% de las personas de más de 65 habitaban hogares de este tipo. Sin embargo, el porcentaje ha bajado ligeramente desde 2010: 3.7 puntos porcentuales para los niños y 4.0 puntos porcentuales para los ancianos (Gráfico 1.17). La condición de informalidad de los hogares también puede afectar a otras personas con mucha necesidad de cuidado y otros servicios básicos (por ejemplo, salud y educación), como los habitantes jóvenes o ancianos o personas con discapacidad.
Porcentaje de la población en cada grupo de edad
Nota: Niños: personas menores de 15 años de edad; ancianos: 65 años de edad o más. Los datos se refieren a un promedio no ponderado de los siguientes países y años: Argentina (2010, 2018, 2023), Brasil (2009, 2018, 2023), Chile (2009, 2017, 2022), Colombia (2010, 2018, 2023), Costa Rica (2010, 2018, 2023), El Salvador (2015, 2018, 2023), México (2010, 2018 2022), Paraguay (2009, 2018 2023), Perú (2010, 2018 2023) y Uruguay (2008 2018 2023). Los hogares se clasifican con base en el nivel de informalidad de sus perceptores de ingresos. Hogares informales: aquellos en los que todos los perceptores son trabajadores informales; hogares mixtos: aquellos en los que por lo menos un perceptor de ingresos es un trabajador informal; hogares formales: aquellos en los que todos los perceptores de ingresos son trabajadores formales.
Fuente: (OECD, 2024[33]), base de datos Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH).
A pesar del consenso alcanzado en torno al apoyo a grupos en condición de pobreza con transferencias de efectivo y programas no monetarios, es menos común llegar a un acuerdo cuando se trata de proporcionar a trabajadores informales no clasificados como pobres, prestaciones como atención universal de salud, pensiones y transferencias de efectivo. Ampliar la protección social a este grupo presenta diversas opciones de políticas complejas, por ejemplo, cuestionarse si brindar derechos universales o recurrir a otros mecanismos, como los programas públicos de seguridad social, voluntarios u obligatorios. Según un estudio de 2024, son preferibles los sistemas de protección social universal, es decir, los que cubren a todos los trabajadores vulnerables, sea cual sea su condición en el mercado laboral (Arnold et al., 2024[50]). Siguiendo este razonamiento, todas las personas deberían disponer de un conjunto básico de beneficios de protección social, sin distinción entre trabajadores formales o informales. Sin embargo, una combinación de políticas dirigidas a lograr una mejor protección social para los trabajadores informales podría también considerar diferentes puntos de inicio, dependiendo de la condición específica de empleo de los trabajadores informales. En 2023 o el último año con datos disponibles, las personas que trabajan por su cuenta estuvieron excesivamente representadas entre los trabajadores informales (47.6% del total), seguidos por empleados (41.6%), familiares que realizan trabajo doméstico no remunerados (6.2%) y empleadores (4.6%) (OECD, 2024[33]).3
Muchos países de ALC tienen en la actualidad regímenes fiscales presuntivos (también conocidos como regímenes fiscales simplificados), cuyo objetivo es procurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la formalización de las empresas, al reducir los costos del cumplimiento fiscal y aplicar tasas impositivas más bajas que las del sistema fiscal estándar. Estos regímenes por lo común se enfocan en las micro y pequeñas empresas y gravan una base fiscal presunta que busca aproximarse a un ingreso imponible por medios indirectos. Por consiguiente, dichos regímenes pueden ser pertinentes en particular cuando es difícil evaluar con precisión el ingreso imponible real (Mas-Montserrat et al., 2023[51]).
Los sistemas tributarios presuntivos tienen el potencial de ampliar la cobertura de protección social y aumentar paulatinamente la generación de ingresos fiscales, sobre todo cuando incorporan contribuciones a la seguridad social (OECD et al., 2024[19]). Bajo un régimen de este tipo, podría permitirse a las pequeñas empresas pagar un único impuesto que sustituyera al mayor número posible de contribuciones, incluidas las que se hacen a la seguridad social. Al brindar acceso a la protección social y a la posibilidad de optar por varios programas (como un seguro de salud), estos sistemas pueden alentar a las personas a formalizar sus empresas. Casos específicos en ALC demuestran que los regímenes fiscales simplificados reducirían eficazmente la informalidad. Por ejemplo, Uruguay tiene el nivel de empleo informal más bajo de la región, después de haber puesto en práctica el régimen Monotributo (Mas-Montserrat et al., 2023[51]; Teixeira, 2021[52]). Iniciado en 2001 y ampliado en 2006, Monotributo brinda un marco simplificado que consolida las contribuciones a la seguridad social y el impuesto sobre la renta en un solo pago. El régimen facilita que las personas autoempleadas que operan pequeños negocios se registren, ya sea como empresas personales con un empleado, como sociedades con dos socios o como empresas familiares con un máximo de tres socios y sin empleados.
En los países de ALC, al igual que en otras economías en desarrollo, los regímenes de protección social contributivos cubren principalmente a empleados formales con contratos de trabajo definidos. Algunos incluyen también otras categorías, como el autoempleo. Ampliar estos regímenes para cubrir a trabajadores informales suele implicar reformas legales, procesos de registro y pago simplificados y el uso de nuevas herramientas digitales que ayuden a formalizar los empleos. Iniciado en 2001 y ampliado en 2006, Monotributo brinda un marco simplificado que consolida las contribuciones a la seguridad social y el impuesto sobre la renta en un solo pago. El régimen facilita que las personas autoempleadas que operan pequeños negocios se registren, ya sea como empresas personales con un empleado, como sociedades con dos socios o como empresas familiares con un máximo de tres socios y sin empleados (OECD, 2024[47]; ECLAC, 2024[27]; IDB, 2025[26]; OECD/OISS, 2024[28]). Mejorar los vínculos entre las contribuciones y los beneficios impulsaría el registro voluntario en la protección social. Políticas recientes, como la pensión mínima garantizada en Colombia, demuestran que estos incentivos pueden fomentar la participación. Al mismo tiempo, la agrupación de riesgos mediante la seguridad social es ahora menos común, con un profundo impacto en el diseño de la política social, debido a la cambiante estructura socio-demográfica de las familias latinoamericanas. Según las estimaciones más recientes, el porcentaje de hogares con una persona soltera, separada o divorciada como jefe del hogar ha aumentado considerablemente, de 24.5% del total en la década de 2000 a 31.9% a principios de la década de 2020; por su parte, los hogares encabezados por una pareja casada han disminuido, de 63.2% en la década de 2000 a 57.8% a principios de la década de 2020 (OECD, 2024[33]).4
Dada la elevada vulnerabilidad que enfrentan los hogares en América Latina y el Caribe, muchos países de la región han ampliado el alcance de las políticas de protección social no contributivas (ECLAC, 2024[27]; ECLAC, 2025[10]; OECD et al., 2024[19]). La importancia de una amplia cobertura se hizo especialmente evidente durante la pandemia del COVID-19, pero esta no bastó para evitar graves consecuencias para la población, lo que derivó en una crisis social prolongada cuyos efectos aún persisten (ECLAC, 2025[10]; OECD et al., 2021[53]). Las transferencias no contributivas públicas y privadas representan un gran porcentaje del ingreso de los grupos más pobres. Alrededor de 22% de los ingresos del primer quintil provienen de esta fuente, y el porcentaje disminuye en el caso de los quintiles de ingresos más altos de los hogares. Representa alrededor de 14% de los ingresos para el segundo quintil, 10% para el tercero, 7% para el cuarto y 4% para el quinto (ECLAC, 2023[40]).5
La dinámica del mercado laboral desempeñó una función vital en la reducción de la pobreza en ALC durante el periodo 2019-2023 (Maloney, Melendez and Morales, 2025[54]). Durante este periodo, el desempeño del ingreso laboral real avanzó al ritmo de la inflación y superó el impacto negativo de los niveles de empleo, aunque no de forma constante en todos los países de ALC con datos disponibles. Se espera que la reducción de la pobreza dependa menos de este canal en los próximos años, dado que las transferencias públicas de la era de la pandemia han vuelto (aunque no del todo) a los niveles previos a 2020 y los gobiernos están abordando los problemas fiscales (OECD et al., 2024[19]; ECLAC, 2023[40]). En el futuro, la generación de empleos formales derivada de la transformación productiva será cada vez más decisiva en la lucha contra la pobreza. Será necesario poner en práctica políticas públicas para generar un mercado laboral, inclusivo, aumentar las oportunidades de trabajo digno y generar ventajas competitivas para el país, mediante la transformación productiva.
Financiar la extensión de la protección social a los trabajadores informales sigue siendo fundamental en los países de ALC, en especial debido a las restricciones impuestas por el limitado margen fiscal (OECD et al., 2024[19]; Arnold et al., 2024[50]; OECD, 2024[47]). De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aumentar la relación impuestos-PIB en 5 puntos porcentuales durante una década es ambicioso pero factible para la mayoría de los países en desarrollo (Gaspar, 2019[55]). Para aumentar grandes cantidades de ingresos fiscales adicionales con el tiempo, se requerirá concordancia con los objetivos de crecimiento económico sostenible – que sean compatibles con la transformación productiva – mediante reformas fiscales específicas para el país que deben desarrollarse con cuidado, implementarse y evaluarse con el tiempo.
Un análisis preliminar de la OCDE indica que, en economías con empleo informal alto, una buena mezcla de impuestos personales directos e impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA), e impuestos a las ventas, ofrecen el mayor potencial de ingresos fiscales a corto plazo, debido a su base amplia y poco flexible (OECD, 2024[47]; Arnold et al., 2024[50]). En América Latina, los programas de transferencia de efectivo condicionada ya son financiados predominantemente con ingresos gubernamentales generales, lo cual los posiciona como componentes fundacionales eficaces para ampliar los sistemas de protección social. Si estos programas se desarrollan para responder con mayor eficiencia a crisis transitorias de los ingresos, podrían sustituir parcialmente o complementar los programas de seguridad social contributivos, en particular para los perceptores de bajos ingresos, para quienes las contribuciones obligatorias pueden reducir en gran medida los incentivos del empleo formal. En concordancia con las reformas de los sistemas de pensión, un punto de referencia económicamente eficiente podría ser focalizarse en tasas de contribución social cercanas a cero en los niveles de ingresos en torno al umbral de la formalidad, por lo general representados por el salario mínimo (Arnold et al., 2024[50]).
Sin embargo, los impuestos indirectos ya son altos en la región (OECD et al., 2025[11]). Aumentarlos para financiar la protección social universal puede afectar desproporcionadamente a las personas en condición de pobreza y poner en riesgo la ampliación de la actividad del mercado informal, por ejemplo, en el caso de pequeños negocios informales que operan en el sector de las ventas. Si bien la evidencia sugiere que los hogares más ricos pagan un porcentaje mayor del IVA en algunos países en desarrollo (Bachas, Gadenne and Jensen, 2020[56]), la asequibilidad sigue preocupando a los más pobres. Las opciones de políticas incluyen eliminar las tasas reducidas de IVA y las exenciones a productos no esenciales para financiar la protección social focalizada. Mientras tanto, los sistemas de IVA desarrollan registros en papel que enriquecen la aplicación regulatoria y fomentan la formalización a lo largo de las cadenas de suministro (Ulyssea, 2020[31]). De acuerdo con evidencias, las herramientas digitales son instrumentos poderosos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual tiene efectos directos positivos sobre la formalización (Barreix et al., 2025[57]). Ampliar la base del IVA o reducir las exenciones puede aumentar los ingresos fiscales para financiar la protección social, pero dichas políticas deberán implementarse con medidas compensatorias bien diseñadas – como transferencias focalizadas o exenciones para productos básicos –, para evitar que la regresividad empeore y mitigar represalias políticas y sociales.
La estructura demográfica de ALC puede plantear retos para la transformación productiva
La estructura demográfica de los países de ALC plantea retos y al mismo tiempo oportunidades para la transformación productiva. Entre 1975 y 2023, la población de la región creció 105%, de 321 a 658 millones. El aumento más pronunciado llegó entre los años 1975 y 2000, cuando la población aumentó 200 millones. La tasa de crecimiento ha disminuido desde 2000. En comparación, África subsahariana registró un crecimiento mucho más rápido, al cuadruplicarse su población, de 337 millones en 1975 a 1 260 millones en 2023. Asia meridional también tuvo una considerable expansión, casi triplicando su tamaño, de 799 a 1 950 millones durante el mismo periodo; por su parte, regiones como Europa, Asia Central y América del Norte mostraron un crecimiento mucho más lento, con señales de estabilización en años recientes (Gráfico 1.18).
Nota: La población se basa en la definición de facto, que cuenta a todos los residentes sin importar su estatus legal ni su ciudadanía. Los valores mostrados son estimaciones a mitad de año.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2025[58]).
Si se la capacita y empodera apropiadamente, la población joven de ALC puede ser un elemento estratégico para impulsar el potencial productivo de la región. En 2024, la población de ALC comprendía cerca de 194.7 millones de mujeres y 189.2 millones de hombres en edad productiva (15-64 años). Se proyecta un ligero aumento para 2050, con 197.6 millones de mujeres y 195.9 millones de hombres en edad productiva. Sin embargo, esta tendencia muestra señales de estabilización, con aumento en los grupos de mayor edad, lo que sugiere retos futuros en términos del envejecimiento de la población, el atractivo de los mercados laborales y la sostenibilidad y adecuación de los sistemas de pensiones (OECD et al., 2024[19]; ECLAC, 2024[27]; Arenas De Mesa, 2019[59]; ECLAC, 2022[60]).
Los niveles de urbanización son altos en la región
Según estimaciones recientes, el 81.2% de la población de ALC vivía en zonas urbanas en 2018 (ECLAC, 2025[61]). Sin embargo, el crecimiento de la población urbana en la región disminuyó bastante, de una tasa de 2.1% en 2000, a 0.98% en 2023. En comparación, las regiones en desarrollo como África subsahariana y Asia meridional todavía muestran altas tasas de crecimiento urbano: la primera mantuvo una tasa de 3.8%, en tanto que la tasa de Asia Meridional bajó de 2.9% a 2.4% de 2000 a 2023. Durante el mismo periodo, en América del Norte, la tasa de crecimiento urbano disminuyó (de 1.5% a 1%), en tanto que Europa y Asia Central mantuvieron un crecimiento de solo 0.3%, lo cual refleja una urbanización más estabilizada y menos dinámica (Gráfico 1.19).
Nota: En las regiones posicionadas por arriba de la línea diagonal, su tasa de crecimiento urbano bajó. En las posicionadas por debajo de la línea, las tendencias de urbanización aumentaron durante el periodo. El tamaño de cada burbuja representa la población total de la región en 2023 (B=mil millones).
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2025[58]).
Aunque el crecimiento de la población urbana de ALC es ahora bajo, la mayoría de la población en edad productiva de la región vive en zonas urbanas (Gráfico 1.20). En 2023, el 73.5% de los habitantes de 15 a 64 años de edad, vivían en zonas urbanas: 26.8% en hogares informales, 18.8% en hogares mixtos y 27.8% en hogares formales. Los habitantes de las zonas rurales (26.5% del total) vivían predominantemente en hogares informales (17.7%), 4.3% en hogares mixtos y 4.6% en hogares formales. Sin embargo, en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Trinidad y Tobago, el porcentaje de la población en edad productiva que vivía en áreas rurales se acercó o fue muy superior al 40%, y una considerable mayoría de la población vivía en hogares informales.
2023 o último año disponible
Nota: Los datos se refieren a la distribución de los habitantes de 15 a 64 años de edad. Los hogares se clasifican con base en el nivel de informalidad de sus perceptores de ingresos. Hogares informales: aquellos en los que todos los perceptores son informales; hogares mixtos: aquellos en los que por lo menos un perceptor de ingresos es un trabajador informal; hogares formales: aquellos en los que todos los perceptores son trabajadores formales. Los datos de Argentina se refieren solamente a zonas urbanas. Los datos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay se refieren a 2023; Bolivia, Chile, Guatemala, México y Surinam, 2022; República Dominicana, 2018; Nicaragua y Trinidad y Tobago, 2014.
Fuente: (OECD, 2024[33]), base de datos Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH).
La región de ALC se encuentra en una encrucijada en la que resulta esencial emprender acciones urgentes y audaces para atender los retos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Históricamente, las estrategias de producción en la región han estado estrechamente ligadas a una gran degradación medioambiental, amenazando a sus propios servicios de ecosistemas de los que dependen las economías (Dasgupta, 2021[62]). La acción climática en varios países de ALC aumentó considerablemente entre 2010 y 2023, pero disminuyó a partir de 2020, en su mayor parte debido al aumento de los subsidios a los combustibles fósiles como parte de las medidas adoptadas por los países contra el COVID-19 (OECD, 2025[63]). Pensando en el futuro, se precisa de un nuevo modelo de producción que integre objetivos de igualdad social y de sostenibilidad medioambiental. De otra manera, la carga de la transformación corre el riesgo de recaer de manera desequilibrada sobre comunidades específicas, lo que profundizará las desigualdades existentes y podría debilitar el apoyo público a reformas muy necesarias y, al mismo tiempo, deteriorar la prestación de servicios ecosistémicos fundamentales para la economía.
Para que esta transformación sea verdaderamente inclusiva y sostenible, debe priorizar los recursos naturales distintivos de la región y el capital humano (ECLAC, 2024[64]). La armonización de las políticas de desarrollo productivo con los principios de las economías verde, azul y circular ofrece un camino para reconfigurar los sistemas productivos y energéticos de la región (ECLAC, 2025[20]). Un enfoque integrado fomenta una mayor productividad, el desarrollo de nuevas actividades económicas y empleos de calidad, al tiempo que desempeña una función fundamental en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la protección del medioambiente. La región tiene un enorme potencial, con una matriz energética verde única y abundantes minerales indispensables para la transición energética mundial. Con las políticas de desarrollo productivo correctas, respaldadas por la cooperación internacional, las finanzas climáticas y la transferencia de tecnología, ALC puede convertirse en un proveedor competitivo de productos y servicios verdes necesarios para alcanzar los objetivos climáticos mundiales. El fortalecimiento de las cadenas de valor verdes locales y regionales puede atraer inversiones, reducir costos de transición, ofrecer soluciones a la medida de los retos territoriales y desbloquear los avances en materia de diversificación, mejora tecnológica, inclusión productiva, creación de empleos, reducción de la desigualdad, y competitividad. Lograr estos objetivos entrelazados demanda una visión sistémica para realizar una transición verde y justa, una que combine estrategias eficaces para proteger el medioambiente y mitigar el cambio climático y la adaptación a este, con un firme compromiso de mejorar el bienestar social y disminuir la desigualdad (OECD et al., 2022[65]; 2025[66]).
En esta sección se examinará por qué deberá asignarse al uso y la conservación de los recursos naturales de ALC la misma prioridad que a los objetivos económicos y sociales de la transformación productiva presentados antes. El análisis que aquí se brinda se limita a un conjunto selecto de indicadores orientados a destacar algunas de las prioridades y alternativas más apremiantes. Cuando es posible, se incluyen comparaciones regionales para brindar una visión general de las principales tendencias de los países en desarrollo. Se alienta a los lectores a consultar el informe Perspectivas económicas de América Latina 2022: Hacia una transición verde y justa (OECD et al., 2022[65]).
Este breve análisis está estructurado en torno al principio de consumo justo, definido como una frontera ecológicamente sostenible dentro de la cual los recursos y las oportunidades se distribuyen equitativamente, permitiendo así a las personas y a las sociedades cubrir sus necesidades y lograr el bienestar (Hot or Cool Institute, 2021[67]). Incluye también un resumen de los niveles de emisiones, las tendencias en el consumo de recursos naturales y las posibles alternativas para una producción y un consumo más justos y más sostenibles.
Las emisiones de carbono siguen creciendo en ALC bajo su modelo de producción actual
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) crecieron en ALC bajo su modelo de producción actual, aunque ALC se mantiene entre las regiones con menores emisiones de GEI del mundo. Las emisiones de GEI en ALC aumentaron el 10% entre 1992 y 2022, para alcanzar 4.1 gigatoneladas del equivalente de dióxido de carbono (GtCO2e), y representan cerca de 8.4% de las emisiones globales. Si bien este aumento puede parecer módico, en gran medida es resultado de las emisiones netas derivadas del cambio del uso de la tierra y la silvicultura (LUCF, por sus siglas en inglés), que compensan parcialmente el importante crecimiento de las emisiones de fuentes relacionadas con la energía y la agricultura. Si se excluyen las LUCF, las emisiones de GEI en ALC habrían aumentado alrededor de 56% durante el mismo periodo
Entre 1990 y 2022, las emisiones de GEI en ALC aumentaron en todos los sectores, debido principalmente a los sectores estratégicos clave del modelo de producción actual. El aumento provino tanto de las actividades relacionadas con la energía como de fuentes no energéticas (principalmente, el uso de la tierra y la agricultura). Las emisiones relacionadas con la energía aumentaron 53%. El sector del transporte, fuertemente ligado a la energía, es uno de los principales impulsores del aumento de las emisiones, vinculado a la expansión urbana, el aumento en la compra de vehículos y la insuficiente inversión en transporte público. Las emisiones agrícolas, históricamente la fuente no energética más importante, se elevaron 39%, lo cual destaca el papel de la ganadería, las prácticas de la tierra y el uso de fertilizantes en el sostenimiento de los elevados niveles de emisiones. Las emisiones de los procesos industriales se triplicaron con creces (+223%), reflejando así transformaciones profundas en la manufactura, la construcción y las industrias extractivas. Pese a la reciente baja de las LUCF, ese sector se mantiene como una fuente dominante en la región (Gráfico 1.21, Panel B).
Nota: “ALC” incluye datos disponibles de 33 países. El sector energético incluye emisiones de la producción de electricidad y calor, transporte, bienes inmuebles, manufactura y construcción, combustión de otros combustibles y emisiones fugitivas. “GEI” se refiere a gases de efecto invernadero y “MtCO2e” se refiere a millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (Climate Watch, 2025[68]).
Considerando otras regiones, entre 1990 y 2022, Asia Oriental y Pacífico registraron el mayor crecimiento de las emisiones, 165%, mientras que Europa y Asia Central las redujeron 28%. El aumento en las emisiones de ALC refleja las tendencias en África subsahariana, donde también se elevaron las emisiones de la agricultura (+81%) y las actividades relacionadas con la energía (+80%) en el mismo periodo. En cambio, Europa y Asia Central lograron reducir las emisiones de la agricultura 33% y las emisiones relacionadas con la energía, 26%. Este ejemplo ofrece vías hacia una transición baja en carbono que ALC podría adaptar a su contexto (Gráfico 1.21, Panel A). Las tendencias ascendentes de las emisiones en ALC resaltan los retos de desacoplar el crecimiento de las emisiones en sectores económicos clave.
En 2020, los usuarios finales de energía, como la industria, el sector del transporte y los hogares, fueron responsables de más del 50% de las emisiones de GEI. En la industria, que representó el 24% de las emisiones directas relacionadas con la energía en ALC, los subsectores del cemento, acero y productos químicos fueron particularmente significativos, representando el 57% de las emisiones de estas industrias y a menudo demostrando ser difíciles de descarbonizar. El transporte representó el 25% de las emisiones relacionadas con la energía en 2021. El transporte urbano de pasajeros y de carga desempeñó un papel especialmente importante, representando cerca del 90% de las emisiones del sector (CAF, 2024[69]).
En siete países de ALC, el transporte es el mayor emisor entre los sectores energéticos, pero muestra el nivel más bajo de acción climática, lo cual destaca una grave falta de armonización (OECD, 2025[63]). Si bien el consumo de energía de los hogares es modesto, el tipo de combustible usado tiene implicaciones medioambientales. A pesar de los avances logrados en la reducción de la dependencia de los combustibles sucios (cifra que bajó del 82% en 1970 al 36% en 2021), la madera se mantiene como la principal fuente de energía doméstica en 8 de 19 países estudiados, con lo que contribuye a la contaminación atmosférica en interiores y afecta los resultados relativos a la salud y la calidad del aire local (IEA, 2020[70]; CAF, 2024[69]).
Nota: El sector energético incluye emisiones de la producción de electricidad y de calor, transporte, bienes inmuebles, manufactura y construcción, combustión de otros combustibles y emisiones fugitivas. En el gráfico se incluyen solo 10 países de América Latina, seleccionados con base en sus niveles de emisión. La selección se hizo para evitar la representación desproporcionadamente pequeña de otros países al compararse con Brasil. MtCO2e representa millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (Climate Watch, 2025[68]).
Las emisiones de GEI en ALC repuntaron después de una baja temporal. Entre 2014 y 2020, las emisiones bajaron en el sector clave de la energía (-23.7%), en tanto que las emisiones de procesos industriales y los residuos aumentaron +13.3% y +13%, respectivamente. Esta reducción corresponde a la desaceleración temporal vinculada a los cambios estructurales y el principio de la pandemia del COVID‑19. Sin embargo, entre 2020 y 2022, las emisiones aumentaron de nuevo: +3.1% en la agricultura, +9.3% en la energía, +10.5% en la industria y +2.6% en los residuos (Gráfico 1.21, Panel B). Este repunte refleja desafíos estructurales persistentes, como la agricultura intensiva en emisiones, la dependencia de combustibles fósiles y el limitado avance de la gestión de residuos. Ejemplos de esta tendencia son países como Chile, Colombia y México, donde, para reducir las emisiones con eficacia, es necesario avanzar en materia de vehículos de cero y bajas emisiones, infraestructura de apoyo y comportamiento del consumidor. El sector de la construcción, que tiene el menor porcentaje de emisiones demuestra el nivel más alto de la acción climática en seis de los siete países analizados (Gráfico 1.22).
Consecuencias de la producción insostenible: Contaminación atmosférica y desastres naturales
Contaminación atmosférica
Los procesos centrales del modelo de producción actual contribuyen en gran medida a la contaminación atmosférica. Las altas emisiones de GEI aumentan dicha contaminación y causan daños graves a la salud humana: enfermedades respiratorias, problemas cardiacos y muerte prematura. Los niveles de contaminación atmosférica por partículas finas con un diámetro de menos de 2.5 micrones de diámetro (PM2.5), bajaron constantemente en ALC durante las últimas dos décadas: de una exposición promedio anual de 25.6 microgramos por metro cúbico (µg/m³) en 2000, a 15.6 µg/m³ en 2020. Sin embargo, los niveles de contaminación se mantuvieron por arriba de los de América del Norte (7.7 µg/m³) y de Europa y Asia Central (14.3 µg/m³) en 2020 (Gráfico 1.23).
Nota: La exposición ponderada por la población a la contaminación ambiental por PM2.5 se define como el nivel promedio de exposición de la población de un país a concentraciones de partículas suspendidas con un diámetro aerodinámico inferior a 2.5 micrones, que son capaces de penetrar profundamente en las vías respiratorias y causar graves daños a la salud. La exposición se calcula ponderando las concentraciones medias anuales de PM2.5 por población, tanto en zonas urbanas como rurales.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2025[58]).
Entre todos los riesgos medioambientales, la contaminación atmosférica es la mayor amenaza para la salud humana, dada la peligrosidad de las partículas PM2.5 (UNECE, 2021[71]). Las actividades esenciales del modelo de producción actual contribuyen directamente a la contaminación atmosférica. El transporte es uno de los principales responsables de ciertos tipos de contaminación atmosférica y de las elevadas emisiones de GEI, un problema agravado por la vasta geografía, la dependencia del automóvil, la congestión, la antigüedad del parque vehicular y la deficiente infraestructura en muchos países de ALC. En las áreas urbanas de toda América Latina, la flota de vehículos privados representa cerca del 75% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el 82% de las partículas menores de 10 micrones en diámetro, ambas vinculadas a efectos adversos para la salud (Vasconcelos, 2019[72]). Sin embargo, es importante tomar nota de que algunas soluciones, como el dióxido de azufre, son emitidas principalmente por fuentes fijas como las centrales eléctricas que operan con carbón.
Desastres naturales
Pese a contribuir relativamente poco a las emisiones acumuladas de GEI, entre 1975 y 2024 se observó en los países de ALC un alza considerable en los desastres naturales relacionados con el clima, como inundaciones y tormentas. El número de estos eventos se duplicó con creces en dos periodos de 25 años, pasando de 569 en 1975-1999 a 1328 en el periodo 2000-2024 (Gráfico 1.24, Panel A). ALC representó 17% de los desastres naturales en el mundo de 2000 a 2024, lo que destaca la exposición de la región a catástrofes naturales con altas pérdidas económicas (Gráfico 1.24, Panel B) y consecuencias directas en términos de productividad y de activos inutilizados. La única región más afectada fue Asia Oriental y Pacífico (26%), en tanto que los porcentajes de Europa y Asia Central (17%) y de África subsahariana (16%) fueron similares a los de ALC.
Nota: Los datos por región muestran el número total de eventos por año durante los periodos 1975-1999 y 2000-2024. Los desastres naturales se definen como situaciones o eventos que exceden la capacidad de los recursos locales de responder con eficacia, requiriendo ayuda de fuentes nacionales o internacionales. Son sucesos inesperados y a menudo repentinos que provocan graves daños, destrucción y sufrimiento humano. Se consideraron los siguientes tipos de desastres naturales: sequías, incendios forestales, temperaturas extremas, tormentas e inundaciones.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (CRED, 2025[73]).
Las prácticas actuales de producción provocan el cambio climático y la degradación medioambiental, causando eventos climáticos extremos, intensos y más frecuentes. Las inundaciones y las tormentas fueron los tipos de desastres naturales más frecuentes en ALC durante el periodo completo 1975‑2024. La comparación de los dos periodos de 25 años (1975‑1999 y 2000‑2024), muestra que el número de inundaciones aumentó de 306 a 736 y el número de tormentas, de 175 a 412 (Gráfico 1.25, Panel A). La deforestación, los cambios del uso de la tierra y las emisiones de GEI reducen la capacidad de los ecosistemas de absorber agua, lo cual provoca escorrentías más rápidas y mayores riesgos de inundaciones. El número de sequías aumentó de 45 a 86, los incendios forestales aumentaron de 25 a 46 y los eventos de temperaturas extremas se incrementaron de 18 a 48. Las tormentas causaron el mayor daño económico a la región y el costo se duplicó durante los dos periodos de 25 años, de 47 200 millones de USD (1975‑1999) a 96 800 millones de USD (2000‑2024) (Gráfico 1.25, Panel B). Las inundaciones también causaron graves daños económicos con un costo de 42 300 millones de USD en el periodo más reciente. Aunque menos frecuentes, las sequías también ocasionaron daños considerables, con pérdidas que alcanzaron 31 500 millones de USD durante el periodo 2000‑2024 (CRED, 2025[73]).
Hay una evidencia cada vez mayor de que los eventos climáticos extremos se interconectan más y provocan que las pérdidas económicas escalen a impactos sociales sin precedentes. Los métodos actuales de producción contribuyen al cambio climático y a la degradación medioambiental, que aumentan la frecuencia y la gravedad de los eventos climáticos extremos y su impacto sobre las poblaciones más vulnerables. En 2024, la creciente frecuencia de los desastres naturales causó graves daños a la productividad agrícola y la seguridad alimentaria en ALC, lo cual afectó no solo a las empresas que invirtieron en la región, sino también a las poblaciones de ingresos bajos. Estos grupos dependen de negocios sensibles al clima, como la agricultura, y carecen también de acceso simple a la cobertura de seguros o a la posibilidad de ahorrar y viven en zonas que son más vulnerables a los eventos medioambientales. En el 2024, en Brasil, las inundaciones en Río Grande do Sul afectaron los principales cultivos, como la soya, y provocaron pérdidas en el sector agrícola por cerca de 1 575 millones USD. En Guatemala, el 56% de los productores agrícolas informaron de la insuficiencia del riego en 2024. Por su parte, en Colombia, el 42% de ellos enfrentaron problemas semejantes debido a la sequía. En la región de Orinoco en Colombia, los incendios forestales destruyeron 125 000 hectáreas de pastura, causando graves daños a la ganadería. En Ecuador, la producción de leche bajó 20% debido a la sequía, y en Haití, la inseguridad alimentaria afectó al 48% de la población. En Perú, el fenómeno de El Niño redujo la captura de anchoveta al 50%, lo cual impactó en gran medida al sector pesquero (WMO, 2025[74]).
Estos eventos resaltan la necesidad urgente de aumentar, de manera inclusiva, políticas de mitigación y adaptación que incluyan el uso de la tierra y la resiliencia de los ecosistemas, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, mejorar la gestión de riesgos climáticos y propiciar prácticas agrícolas resilientes. La inversión adicional en actividades de protección de la tierra, la conservación de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas, la tecnología climática y los datos adaptados al ámbito local son fundamentales para asegurar nuevas inversiones privadas, producción sostenible y cadenas estables de suministro (WMO, 2025[74]). Reforzar las capacidades institucionales será un elemento clave para avanzar. El uso de soluciones digitales, como sistemas de observación terrestres, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la nube y el blockchain, proporciona a las empresas y a los agricultores información esencial para tomar mejores decisiones dirigidas a optimizar sus inversiones, aumentar la productividad y mejorar la prevención de desastres y la gestión de riesgos (Telefónica, 2023[75]). La inclusión del capital natural en las decisiones económicas y financieras también será esencial para garantizar la inversión en sectores estratégicos basados en la naturaleza (Systemic, 2025[76]).
Nota: En el gráfico se categorizan los desastres naturales con base en su tipo de evento originario, medido como porcentaje de los eventos totales registrados. Los desastres naturales se definen como situaciones o eventos que exceden la capacidad de los recursos locales de responder con eficacia, requiriendo ayuda de fuentes nacionales o internacionales. Son sucesos inesperados y a menudo repentinos que provocan graves daños, destrucción y sufrimiento humano. El daño económico causado por desastres a menudo no se registra; los datos disponibles se refieren principalmente a eventos de alto impacto en países con seguro. Las cifras de daños económicos disponibles se basan en informes presentados a EM-DAT, y menos del 40% de dichos informes incluyen datos de daños económicos. El agregado de la región ALC incluye los siguientes países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (CRED, 2025[73]; Brassiolo et al., 2023[77]).
Hacia una producción y un consumo sostenibles e inclusivos en ALC
Como respuesta a los niveles actuales de emisiones de GEI y su impacto sobre el medioambiente y el ser humano, los gobiernos de ALC promueven iniciativas para apoyar la implementación de varios métodos sostenibles de producción. Para velar por que la producción sea equilibrada en sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales se requiere realizar un diseño cuidadoso y gestionar compensaciones complejas y posibles sinergias. Con ese fin, es preciso que la región aplique políticas activas para mitigar las presiones sobre el medioambiente y la salud, derivadas del desarrollo de sus principales sectores de producción.
Las iniciativas a nivel interno deberían no solo atender las emisiones de las principales cadenas de suministro, sino integrar una perspectiva sistémica para el modelo de desarrollo de cada país, con base en el desempeño medioambiental. Dicho desempeño se define de acuerdo con el impacto medioambiental por unidad de producto o servicio generado por actividades estratégicas clave. Las políticas productivas deberían priorizar y tomar en cuenta el desempeño medioambiental de cada unidad de producción como un principio rector. A este respecto, el fortalecimiento y la aplicación de taxonomías de finanzas sostenibles es una guía útil para las inversiones (UNEP, 2023[78]). Este enfoque horizontal para la producción sostenible apunta a impulsar varios objetivos a la vez: reducir la generación de emisiones de GEI, minimizar el impacto de las aguas residuales y los residuos sólidos, disminuir la contaminación y el uso de sustancias nocivas, y apoyar para prevenir los incidentes medioambientales (Rustico and Stanko, 2022[79]). Si bien las políticas productivas son decisivas, lograr un crecimiento sostenible mediante combinaciones de políticas que reduzcan los efectos medioambientales y mejoren el bienestar de los ciudadanos exige una transformación sistémica más amplia en todos los órdenes del gobierno (OECD et al., 2022[65]). El Recuadro 1.1 comparte ejemplos de intervenciones de política efectivas en ALC.
Los formuladores de políticas públicas necesitan conocer qué políticas reducen las emisiones a escala para cumplir con los objetivos del acuerdo de París. Un estudio encabezado por el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) combina datos del Marco de Acciones Climáticas y Medición de Políticas de la OCDE, con un enfoque de aprendizaje automático; su propósito es proporcionar la primera evaluación mundial ex-post que identifique políticas y combinaciones de políticas que han contribuido a reducir considerablemente las emisiones o pausarlas.
En este sentido, destacan tres mensajes clave: i) No hay un enfoque adecuado universal. Las políticas efectivas y las combinaciones de políticas varían en gran medida en todos los grupos de países y sectores (Gráfico 1.26); ii) Las combinaciones de políticas son más eficaces para reducir las emisiones que las políticas aisladas. El 70% de las pausas en las emisiones puede atribuirse a la combinación de políticas y solo el 30% se debe a medidas aisladas; iii) La complejidad de las combinaciones de políticas efectivas difiere mucho entre los distintos sectores. Cobran mayor complejidad en los sectores de bienes raíces y el transporte, caracterizados por la prevalencia de hogares heterogéneos sujetos a barreras (por ejemplo, información asimétrica) en vez de empresas que maximicen las utilidades.
Nota: En el gráfico se presenta la efectividad de las combinaciones de tipos de políticas. Cada círculo muestra la participación de la intervención positiva que implicó una política o una combinación de políticas específicas. Los porcentajes indican con qué frecuencia cada configuración de políticas contribuye al acceso.
Fuente: Con base en (Dilger and al, 2024[80]).
En los países de ALC, los instrumentos basados en el mercado, como la tarificación del carbono o los subsidios, son particularmente eficaces. El estudio, que abarcó a 7 países de ALC, concluye que 8 de las 11 interrupciones de emisiones identificadas (73%) se relacionaban con la adopción de estos instrumentos. Esto sucede a pesar de que el enfoque de políticas públicas de la región se apoya predominantemente en instrumentos no basados en el mercado, como los estándares, según se aprecia en Data Insight on Latin America. Es necesario trabajar más y obtener más datos para evaluar en detalle la eficacia del singular enfoque de políticas de ALC y guiar a la región hacia las emisiones netas cero.
Nota: El diagrama muestra cuáles combinaciones de tipos de políticas son eficaces. Cada círculo presenta el porcentaje de intervenciones exitosas que involucraron un tipo o combinación específicos de política. Los porcentajes indican la frecuencia con la que cada configuración de políticas contribuyó al éxito.
Fuente: Con base en (Dilger and al, 2024[80]). Los datos de CAPMF están disponibles en https://oe.cd/dx/capmf.
Aprovechar adecuadamente las oportunidades socioeconómicas y a la vez atender cualquier consecuencia social negativa de la transformación productiva, exige congruencia en las políticas a nivel internacional, tanto entre los países desarrollados y en desarrollo como entre la comunidad internacional y otros actores clave, en especial el sector privado. En el contexto de la globalización y el comercio internacional, las operaciones y las cadenas de suministro a menudo abarcan múltiples regiones y están sujetas a diversas regulaciones medioambientales. Por consiguiente, las inconsistencias en las políticas medioambientales regionales pueden contribuir a la fuga de carbono y a otros efectos adversos que las iniciativas locales se esfuerzan por prevenir (OECD et al., 2024[81]; Wu, Ding and Cheng, 2024[82]) (Capítulo 4).
Energía
El sector de energía renovable de ALC destaca como un claro ejemplo de la manera en que pueden aprovecharse los recursos naturales para impulsar la transformación productiva, que es a la vez sostenible e inclusiva. Aunque ALC depende de combustibles fósiles para consumo de sectores estratégicos clave, como el transporte o la industria, la región es reconocida por contar con un perfil de producción de energía más sostenible que el del mundo en su conjunto. En 2023, el 64% de la generación de electricidad en ALC provino de fuentes renovables, más del doble del promedio mundial de 30%. Esta mezcla de energías depende en gran medida de la hidroeléctrica (45%) y a la vez muestra un avance significativo en la energía eólica (9%) y solar (6%). Las fuentes no renovables representaron el 36% de la generación de electricidad en la región, en comparación con el 70% mundial (Gráfico 1.27).
Nota: Si bien los porcentajes de la tercera columna (participación de ALC en las fuentes no renovables) suman 35% en números redondos, el total real es de 36%.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (OLADE, 2024[83]).
No obstante, sigue habiendo desafíos en términos de cuánta energía primaria se utiliza en la economía. Los niveles de intensidad energética en ALC revelan una gran variación en la estructura y la eficacia de la producción y el consumo. El promedio regional en 2021 (3.99 megajulios (MGJ) a paridad del poder de compra del PIB de 2017) se acerca al de la OCDE (3.56 MJ). Pero hay una amplia heterogeneidad en toda la región, que varía de los países con una economía altamente intensiva en energía, como Trinidad y Tobago (18.7 MJ), hasta Panamá (1.41 MJ) (Gráfico 1.28). Además de utilizar energía renovable, reducir la intensidad energética debería ser una prioridad para avanzar en la producción sostenible y mantenerse en consonancia con los estándares mundiales de bajas emisiones carbono, en particular en economías intensivas en energía que enfrentan mayores retos estructurales.
Nota: La intensidad energética se expresa en megajulios (MJ) por dólar estadounidense de producto interno bruto (PIB) ajustado por paridad del poder adquisitivo (PPA) de 2017. Este indicador refleja la ratio del suministro total de energía primaria y el producto interno bruto medido en paridad de poder de compra. Muestra cuánta energía primaria se utiliza para producir una unidad de producción económica. Una ratio menor indica que se utiliza menos energía para producir una unidad de producción.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2025[58]; IEA, 2025[84]).
La descarbonización de la matriz energética y la reducción de métodos intensivos en energía han afectado directamente toda la estructura de producción. La implementación de las fuentes de energía renovable ayuda a reducir la intensidad del carbono de la economía, incluida la manufactura, al disminuir la cantidad de CO2 emitida por unidad de producción. En ALC, la intensidad promedio de carbono de la industria manufacturera bajó de 0.33 kilogramos (kg) de CO2 por dólar estadounidense en 2015, a 0.30 kg de CO2/USD en 2022, lo que indica una ligera reducción de las emisiones relativas al valor agregado de manufactura. Sin embargo, la región permanece por arriba del promedio de los países de la OCDE, de 0.16 kg de CO2 por dólar estadounidense en 2022. Trinidad y Tobago, históricamente uno de los emisores de más alto nivel por unidad de valor agregado, logró reducir en gran parte su indicador, de 0.77 a 0.58 kg de CO2/USD, como lo hicieron Honduras y Panamá (Gráfico 1.29). Ejemplos notorios de las economías con matrices energéticas más limpias son Uruguay (0.13 kg de CO2/USD), Costa Rica (0.12 kg de CO2/USD) y Paraguay (0.03 kg de CO2/USD), cifras que reflejan los beneficios de una estrategia energética con base en renovables (Hall, 2023[85]; Abekhon, 2025[86]).
Nota: Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las industrias manufactureras por unidad de valor de manufactura agregado son medidas en kilogramos (kg) de equivalente de CO2 por unidad de VMA en dólares estadounidenses constantes de 2015.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (UNIDO, 2025[87]).
La energía renovable otorga a ALC una ventaja estructural para atraer las inversiones y encaminarse hacia una producción más justa y sostenible, lo cual ofrece tanto menor intensidad de carbono, como mayor independencia energética relativa (E+ Energy Transition Institute, 2025[88]). Estos son factores clave para las industrias orientadas a descarbonizar sus cadenas de valor y cumplir con estándares de sostenibilidad mundial emergentes. De conformidad con las políticas actuales, se proyecta que las renovables suministrarán a la región alrededor del 80% de la generación de electricidad para 2050 (IEA, 2023[89]). Reducir las pérdidas de energía durante la generación, transmisión y distribución, es también una acción de mitigación esencial por parte de los proveedores.
A pesar de los avances alcanzados en las fuentes de energía innovadoras, persisten brechas importantes en términos del acceso, sobre todo en las zonas rurales de varios países en las que más del 10% de los hogares carecen de conexión a la red de energía. La electrificación basada en la generación distribuida utilizando renovables que superan la oferta de energía hidroeléctrica, ofrece una vía alternativa para cerrar dichas brechas y asegurarse de que el modelo de producción sea también equitativo. Si bien se reconoce la función continua que algunos combustibles fósiles pudieran desempeñar, el desarrollo de alternativas sostenibles ‒ como los biocombustibles avanzados o sostenibles ‒ es esencial. El gas natural puede servir como un posible combustible de transición, pero este cambio debe ser cauteloso y considerar las implicaciones sociales, procurando que la transición energética sea inclusiva y apoye a las comunidades afectadas por los cambios en el panorama energético (CAF, 2024[69]).
Uso de la tierra
La deforestación es un problema de enorme importancia y una prioridad para las iniciativas de mitigación no relacionadas con la energía, dada su contribución a las emisiones de GEI y a la pérdida de biodiversidad. En 2022, ALC tenía 19.6% de la cobertura forestal mundial, mientras que ahora afronta una de las tasas de deforestación más altas del mundo. En las últimas décadas, la región sufrió una baja constante de la cobertura forestal. En comparación con 1990, dicha cobertura había disminuido en la región el 10.7% en 2010 y el 14.2% en 2022. En términos comparativos, África subsahariana experimentó un descenso aún más marcado, con una reducción de la superficie forestal de alrededor de 27.2% entre 1990 y 2022, mientras que en Asia Oriental y Pacífico la superficie forestal aumentó ligeramente con respecto a 1990: 1.7% en 2010 y 3.6% en 2022. Europa y Asia Central también registraron un crecimiento constante, al ampliarse la cobertura forestal de 10.2 millones de kilómetros cuadrados (km2) a 10.6 millones de km2 entre 1990 y 2022, con un incremento de 1.6% para 2010 y de 2.2% para 2022. En la Unión Europea, la cobertura forestal aumentó con respecto a 1990, del 8.4% en 2010 al 10.2% para 2022. Las regiones de Asia Meridional y Oriente Medio y norte de África tienen una superficie forestal mucho menor. En esta última, los bosques solo cubrían unos 229 000 km² en 2022, lo que supone un aumento de 3.6% desde 1990 (Gráfico 1.30, Panel A).
Nota: La superficie forestal es el área cubierta por árboles naturales o plantados de al menos cinco metros de altura in situ. En el Panel B, la superficie forestal se expresa en kilómetros cuadrados (km²). Los valores del eje izquierdo (LHS) se refieren a la superficie absoluta, y los valores del eje derecho (RHS) se refieren al porcentaje de la superficie total entre 2010 y 2022.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2025[58]).
En ALC, las mayores reducciones absolutas en superficie forestal entre 2010 y 2020 tuvieron lugar en Brasil (‑173 847 km², -2.1%), Paraguay (‑40 266 km², -10.0%) y Bolivia (‑26 696 km², -2.5%). En términos relativos, Paraguay (-10%) y Nicaragua (-8%) registraron las mayores reducciones proporcionales en el porcentaje del área forestal total. Por el contrario, en Costa Rica (+3.85%), Cuba (+3.69%) y Chile (+2.33%) se lograron aumentos netos en la cobertura forestal, como reflejo de sus políticas de reforestación o conservación comparativamente más sólidas (Gráfico 1.30, Panel B). Algunos países enfrentan un obstáculo importante: la falta de capacidad para aplicar con eficacia las leyes contra la deforestación. Por ejemplo, según las estimaciones, más del 96% de la deforestación en la región amazónica es ilegal, pese a sus regulaciones específicas focalizadas en ecosistemas valiosos, como el Código Forestal de Brasil, que rige las actividades en la Amazonía – su definición legal –, junto con leyes similares para los humedales y los glaciares (OECD et al., 2022[65]).
La elevada contribución de la agricultura y el uso de la tierra a las emisiones de GEI y la deforestación son señales de una mala gestión de la tierra. Sin embargo, podrían mitigarse las repercusiones medioambientales del uso intensivo de la tierra, con lo que se aumentaría en gran medida la productividad agrícola. En estudios realizados se concluyó que la planificación del uso de la tierra, la adopción de mejores prácticas, la utilización de tecnología y la toma de decisiones informada con respecto a los cultivos podrían quintuplicar la producción por hectárea (Adamopoulos and Restuccia, 2021[90]).
Las iniciativas de conservación se abordan directamente mediante herramientas de planificación del uso de la tierra, como la declaración de áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas (OECM, por sus siglas en inglés). Las áreas protegidas y las OECM pueden servir como herramientas para prevenir la expansión de actividades contaminantes e ilícitas. Son de gran relevancia dado el papel que desempeñan en las medidas de conservación y protección de las comunidades étnicas (por ejemplo, en Colombia), las reservas de propiedad privada (por ejemplo, en Costa Rica) y los bosques comunitarios (por ejemplo, en México). Las áreas protegidas abarcan desde reservas estrictas hasta zonas de uso múltiple en las que se autoriza la realización de actividades económicas sostenibles por parte de las comunidades locales, lo que estimula la conservación. Las áreas protegidas de ALC se expandieron significativamente entre 2016 y 2021, pasando del 16.3% al 22.9% de la superficie territorial total (Gráfico 1.31). Estas cifras plasman no solo las sólidas iniciativas regionales de conservación, sino también los esfuerzos por alcanzar la Meta 11 de Aichi, establecida en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que exige la protección de al menos el 17% de las áreas terrestres y de aguas continentales para 2020.
En otras regiones del mundo, las áreas protegidas se ampliaron entre 2016 y 2022: del 17.9% al 19.0% en Asia Oriental y del 14.2% al 14.7% en África subsahariana. ALC superó notablemente el promedio mundial, pero sigue por debajo del objetivo para 2030 del 30% de las áreas terrestres y marinas, conocido como el Objetivo 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Abarcando tanto las áreas protegidas como las OECM, este objetivo hace hincapié en la cobertura cuantitativa, así como en la eficacia, la gobernanza equitativa y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales (UNEP, 2024[91]). Otro valioso instrumento lo constituyen los pagos por servicios ecosistémicos, un campo en el que la región ALC es pionera, ya que alberga a cerca de la mitad de los programas conocidos en el mundo. Estos programas compensan a los participantes por llevar a cabo acciones específicas de conservación, que suelen beneficiarse con el financiamiento por parte de fuentes estatales o internacionales (OECD et al., 2022[65]).
Nota: El gráfico muestra la proporción de áreas marinas protegidas como porcentaje de la zona económica exclusiva (ZEE) de cada país y las áreas terrestres protegidas como porcentaje de la superficie total, ambas para 2024. Los datos sobre protección marina excluyen las áreas fuera de la jurisdicción nacional (alta mar), que representan el 64% de los océanos mundiales, de las cuales solo el 0.72% están protegidas actualmente. Los promedios de ALC y la OCDE se calculan dividiendo la suma total de las áreas protegidas de todos los países de la región entre la ZEE total o la superficie terrestre total de la región, respectivamente.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (OECD, 2025[92]).
Agua
El agua es un recurso fundamental para casi todas las actividades industriales y manufactureras, la agricultura, la energía hidroeléctrica y el consumo humano. La extracción total de agua dulce en ALC aumentó en 58.5% entre 2000 y 2021. Este aumento se debió principalmente al fuerte incremento del 87.9% del uso del agua para la agricultura, que casi se duplicó durante ese periodo. La extracción de agua para la industria también aumentó, aunque a un ritmo más lento, 51.7%. (Gráfico 1.32). Sin embargo, en comparación con otras regiones en desarrollo, ALC tiene la oportunidad de continuar impulsando a sectores con consumo intensivo de agua y, al mismo tiempo, mejorar las estrategias de sostenibilidad para su captación (es decir, extracción de agua de recursos naturales). En 2021, ALC captó solo el 2.7% de sus recursos hídricos renovables internos, el nivel más bajo de todas las regiones del mundo. En comparación, en Asia Meridional, la extracción rebasó el 50% de los recursos internos totales, mientras que en Oriente Medio y el norte de África, los niveles rebasaron dichos recursos totales (127%) en 2021. En la región de ALC, la distribución del uso del agua es desigual. Por ejemplo, en 2022, México extrajo cerca del 45% de sus recursos internos, enfrentando grandes retos relativos a la disponibilidad de agua (World Bank, 2022[93]; FAO, 2025[94]).
Nota: La extracción de agua por sector se expresa en 109 m3/año (mil millones de metros cúbicos por año).
Fuente: Elaboración de los autores con base en (FAO, 2025[95]).
El aumento de los niveles de extracción de agua dulce en ALC señala las consecuencias de ampliar los sectores productivos sin un enfoque sistémico que integre consideraciones ambientales y sociales en las estrategias de desarrollo. Los recursos hídricos de la región sufren una presión cada vez mayor debido al cambio climático, la expansión agrícola, el crecimiento demográfico, la variabilidad climática y el desarrollo industrial. El aumento de los cultivos intensivos en agua, como la soya y la caña de azúcar, aunado a una mayor demanda de alimentos, ha elevado el consumo de agua (FAO, 2025[95]). La variabilidad climática también es importante, ya que la creciente frecuencia y gravedad de las sequías aumenta la dependencia del riego artificial de países como Brasil y México (Juárez-Lucas, Perez and Cohen, 2024[96]).
Aunque el promedio regional muestra un nivel estable de estrés hídrico entre 2015 y 2022, muchos países están superando el umbral de sostenibilidad. El estrés hídrico se refiere al nivel de presión sobre los recursos de agua dulce y se calcula como la proporción del total de agua dulce extraída en relación con los recursos de agua dulce renovables disponibles. Los valores superiores al 25% indican una presión significativa y una posible insostenibilidad del uso del agua. En 2022, países como Barbados (87.5%), México (44.9%) y la República Dominicana (39.6%) presentaron niveles de estrés hídrico muy por encima del umbral de sostenibilidad (Gráfico 1.33, Panel A). Dichos valores reflejan la presión estructural sobre los recursos hídricos renovables en contextos de alta demanda y disponibilidad limitada. Sin embargo, el promedio regional de estrés hídrico sigue estable y bajo, menor que el promedio de la OCDE (21.0%), pero con grandes desigualdades internas. Si bien el valor agregado del nivel de estrés hídrico en ALC se mantiene en alrededor del 5.7%, los niveles de estrés de Bolivia (0.2%), Panamá (0.9%) y Belice (1.3%) contrastan fuertemente con los de los países más expuestos.
En vez de limitarse a las mediciones de consumo, la gestión sostenible del agua deberá centrarse en lograr la máxima eficiencia en el uso del agua en todos los sectores productivos. La eficiencia en el uso del agua se entiende como la producción económica generada por unidad de agua dulce extraída, por lo general medida como el valor agregado (en dólares estadounidenses constantes) por metro cúbico (m³) de agua utilizada. Los valores más altos indican un uso más productivo y sostenible de los escasos recursos hídricos. Si bien el promedio de la OCDE refleja un porcentaje mayor de estrés hídrico que la región ALC, la eficiencia hídrica de la OCDE en 2022 alcanzó 138.5 USD/m³, muy por arriba del promedio de ALC, de 13.7 USD/m³ (Gráfico 1.33, Panel B). Lo anterior pone de manifiesto una brecha estructural en la protección y la productividad del agua en ALC. En 2022, los países con mayor eficiencia en la región fueron Antigua y Barbuda (117.2 USD/m³) y Panamá (54.9 USD/m³). Por el contrario, países como México y República Dominicana enfrentan una doble vulnerabilidad: altos niveles de estrés hídrico (44.9% y 39.6%, respectivamente) combinados con bajos niveles de eficiencia (13.3 USD/m³ y 9.7 USD/m³), lo que refleja retos de sostenibilidad más complejos. La planificación de una gestión sostenible del agua deberá tomar en cuenta que, en muchos países de ALC con regiones abundantes en agua alejadas de los centros de población o productivos, suele presentarse un desajuste espacial entre la oferta y la demanda de agua.
Nota: El Panel A muestra el nivel de estrés hídrico, calculado como la ratio del total de agua dulce extraída y los recursos renovables de agua dulce disponibles (%). Los valores superiores a 25% indican una presión considerable sobre los recursos hídricos. El Panel B muestra la eficiencia en el uso del agua, expresada como el valor económico agregado (en dólares estadounidenses constantes) generado por cada metro cúbico (m³) de agua dulce extraída. Los valores más altos reflejan un uso más eficiente de los recursos hídricos.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (FAO, 2025[95]).
Un enfoque sistémico de la gestión del agua puede mejorar las estrategias de producción e incrementar el bienestar (FAO, 2023[97]). Potenciar el desarrollo y la modernización de la infraestructura hídrica sería especialmente útil para ALC. En varios de sus países, el envejecimiento y la insuficiencia de la infraestructura contribuyen a ocasionar pérdidas de agua de hasta un 60%, mermando la eficacia de la extracción de agua y aumentando los costos energéticos relacionados con su transporte (CAF, 2018[98]). Además, el almacenamiento de agua superficial en la región continúa limitado y representa solo el 7% de los recursos hídricos renovables, en comparación con el 24% en Estados Unidos y 29% en China. Las cifras señalan la necesidad de realizar inversiones estratégicas en aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. Una infraestructura hídrica inadecuada afecta directamente el bienestar de los pobladores de la localidad, ya que restringe el acceso a servicios de agua confiables y seguros. Al diseñar un enfoque sistémico para la gestión del agua, se recomienda a los gobiernos basarlo al nivel de la cuenca fluvial, donde la gobernanza del agua puede adaptarse mejor a las realidades ecológicas e hidrológicas.
En ALC, alrededor de 161 millones de personas (es decir, uno de cada cuatro habitantes) carecen de servicios de agua potable gestionados de forma segura y cerca de 431 millones (7 de cada 10 habitantes) carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura (CEPAL, 2022[99]). En 2022, el acceso a agua potable se mantuvo desigual, con una notable brecha entre las zonas rurales y urbanas (Gráfico 1.34). En los países donde un gran porcentaje de la población es urbana, como Brasil (89%), Colombia (81%) y Honduras (78%), las zonas urbanas gozaron de un acceso relativamente alto al agua potable en 2022, en tanto que las poblaciones rurales quedaron rezagadas. Por ejemplo, apenas el 23% de la población rural de Perú tenía acceso a agua potable, en comparación con el 60% de las zonas urbanas. Se observaron desigualdades semejantes en Surinam (41% en zonas rurales frente a 63% en las urbanas) y Colombia (40% frente a 81%). Costa Rica destacó como el único país en el que el acceso rural (81%) superó ligeramente al urbano (80%) (World Bank, 2025[58]).
Nota: Porcentaje de la población con acceso a agua potable gestionada de forma segura proveniente de fuentes mejoradas, que están disponibles en los hogares, son accesibles cuando se necesitan y están libres de contaminación fecal y química prioritaria. Las fuentes de agua mejoradas incluyen agua corriente, pozos perforados, pozos entubados, pozos excavados protegidos, manantiales protegidos y agua envasada o suministrada.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2025[58]).
La región de ALC tiene la oportunidad de impulsar políticas productivas que protejan las reservas de agua y mejoren el acceso equitativo. La adopción de nuevas tecnologías por sí sola será insuficiente si estas innovaciones siguen causando una presión excesiva sobre el agua y otros recursos naturales. Es necesario que las estrategias de producción eficaces prioricen tanto los avances tecnológicos como el uso eficiente y sostenible de insumos vitales como el agua. Dada su naturaleza horizontal, el pensamiento sistémico es susceptible de aplicarse a la gestión del agua.
Los países de ALC tienen ante sí retos persistentes en materia de productividad que limitan su capacidad para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible. Obstáculos estructurales – como la fragilidad de los sistemas de innovación y la limitada adopción de tecnología – han frenado el aumento de la productividad, obstaculizado la diversificación económica y provocado que las economías dependan de una gama limitada de exportaciones y socios comerciales. Aun así, la región goza de un importante potencial sin explotar: abundantes recursos naturales, demografía favorable y ecosistemas de innovación emergentes que aportan una base sólida para diversificar el comercio, fortalecer la resiliencia y reorientar los modelos de producción ante la incertidumbre geopolítica.
Aprovechar este potencial requiere una profunda transformación productiva a escala sistémica que sea sostenible e inclusiva. La región de ALC debe adoptar estrategias que impulsen la productividad, armonicen los objetivos medioambientales y generen empleos formales. Para conseguirlo, es preciso replantearse, de manera conjunta, las prioridades económicas, sociales y medioambientales, promover sectores estratégicos con bajas emisiones de carbono y altamente cualificados, e invertir en tecnologías y políticas que mejoren la resiliencia, la equidad y el desarrollo a largo plazo. Si se integran la sostenibilidad y la inclusión en el núcleo de la producción, la región alcanzaría un crecimiento duradero y mejores resultados.
Contexto macroeconómico
El crecimiento de ALC se está desacelerando y convergiendo hacia su potencial, como reflejo de las tendencias mundiales y las respuestas a las políticas nacionales.
El margen fiscal para apoyar inversiones productivas y sociales es limitado. La deficiente movilización de los ingresos fiscales y el aumento de los costos del servicio de la deuda limitan el margen fiscal, lo que señala la urgencia de fortalecer las finanzas públicas.
La inflación es menor en ALC pues sus tasas de política monetaria tienden a la baja, pero el futuro es incierto. Los marcos monetarios confiables ayudan a acercar la inflación a los objetivos marcados, aunque la volatilidad mundial mantiene elevada la incertidumbre.
Retos económicos estructurales
El estancamiento de la productividad limita el crecimiento potencial y la convergencia con economías avanzadas.
Las canastas de exportación siguen concentradas en productos básicos y productos de baja tecnología, lo que frena el aumento de la productividad y la resiliencia ante las crisis.
El limitado comercio intrarregional puede obstaculizar la diversificación de las exportaciones.
En tanto que las exportaciones tradicionales de ALC revelan ventajas comparativas, los sectores intensivos en tecnología ofrecen una vía hacia la transformación productiva.
Los retos económicos estructurales enfrentados por ALC requieren una respuesta integral. Es perentorio establecer una agenda de desarrollo productivo integral para atender los puntos vulnerables de los ámbitos fiscal y de productividad, así como los externos.
Contexto social
Es preciso formular políticas que promuevan la transformación productiva y canalicen la inversión privada y pública hacia sectores de alta tecnología y con uso intensivo de la tecnología digital, a fin de crear empleos formales bien remunerados.
Las políticas del mercado laboral deberán tener como objetivo generar un mercado inclusivo, aumentando así oportunidades de tener un trabajo digno.
Los regímenes fiscales simplificados han arrojado resultados positivos en términos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y formalización de empresas en algunos países de la región. Podría considerarse la implantación de regímenes de este tipo, a partir de experiencias de políticas eficaces.
En un contexto de pobreza monetaria extrema y desigualdades sociales persistentes, se requiere que los programas de protección social avancen hacia la universalidad.
La tributación general puede usarse como una herramienta para ampliar los sistemas de protección social, dado que los impuestos indirectos son ya elevados en la región y la informalidad dificulta el uso de las contribuciones a la seguridad social.
Es preciso desarrollar transferencias de efectivo condicionadas diseñadas para responder con mayor eficiencia a las crisis de ingresos, pues podrían sustituir parcialmente o complementar los sistemas de seguridad social contributivos.
Los países con un margen fiscal limitado pueden considerar adoptar una combinación de políticas para los trabajadores informales, utilizando diferentes puntos de ingreso a los sistemas de protección social, según la situación laboral específica de dichos trabajadores.
Contexto medioambiental
La transformación productiva deberá conceder la misma importancia a la sostenibilidad medioambiental, la inclusión social y la productividad. La visión sistémica alcanzada de esta manera deberá integrarse en todos los sectores estratégicos.
Las iniciativas nacionales, además de centrarse en las emisiones de las principales cadenas de suministro, deberían adoptar un enfoque sistémico y específico para cada país en materia de desarrollo que incorpore el desempeño ambiental. Las combinaciones de políticas, ajustadas a cada sector y contexto, son más eficaces que las medidas aisladas, ya que representan el 70% de la reducción de emisiones, sobre todo en ámbitos complejos como la construcción y el transporte.
Procurar la coherencia de las políticas internacionales –entre los países desarrollados y en desarrollo, el sector privado y otras partes interesadas – puede optimizar las acciones medioambientales de la transformación productiva.
Las recientes mejoras logradas en ALC resaltan la oportunidad que la región tiene de propiciar la protección de la tierra e impulsar la conservación de los bosques y la productividad agrícola mediante políticas de reforestación más firmes, la planificación eficaz del uso de la tierra, la adopción de tecnología y los pagos por servicios ecosistémicos, para atender las deficiencias en la aplicación de las leyes contra la deforestación.
Dar prioridad a la reducción de la intensidad energética y de las pérdidas derivadas, ampliando a la vez las energías renovables para promover la producción sostenible y cumplir con los estándares de bajas emisiones de carbono, ayudaría a conseguir un acceso equitativo, especialmente en las zonas rurales.
El diseño de la gestión del agua a nivel de cuenca hidrográfica y la modernización de la infraestructura pueden disminuir las pérdidas, elevar la eficiencia y garantizar un acceso seguro y confiable en toda ALC.
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← 1. Estas cifras se calculan con base en datos aportados por el Groningen Growth and Development Center (GGDC) sobre los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú (Hamilton and de Vries, 2025[100]).
← 2. El Índice Multidimensional de Pobreza para América Latina fue desarrollado recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Está estructurado en cuatro dimensiones principales –vivienda, salud, educación y empleo y pensiones –, con 12 indicadores específicos (tres para cada dimensión) que miden las condiciones de bienestar de los habitantes de ALC. Actualmente abarca 17 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
← 3. Los datos se refieren a 2023 para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Perú; a 2022 para Bolivia, Chile, Guatemala, México y Surinam; a 2019 para Honduras, Jamaica y Uruguay, y a 2018 para República Dominicana.
← 4. Los datos se refieren a los siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Perú.
← 5. Las cifras se refieren a un promedio no ponderado de la participacion en los ingresos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.