La transformación productiva en América Latina y el Caribe requiere cerrar grandes brechas de financiamiento en los sectores clave – en especial aquellos que los países suelen priorizar en el marco de sus políticas de desarrollo productivo –, al aumentar la movilización de recursos públicos y privados. En este capítulo se describe una estrategia multidimensional para abordar estos retos. Se destaca la importancia de movilizar los recursos domésticos mediante reformas del sistema tributario y la función catalizadora de las instituciones financieras de desarrollo nacionales. En el capítulo también se explora la profundización del mercado de capitales, en particular a través de instrumentos financieros corporativos y sostenibles, y la expansión de ecosistemas de capital de riesgo. Por último, se analiza la manera en que la Inversión Extranjera Directa puede contribuir a la transformación productiva apoyando la diversificación, la transferencia de tecnología y el crecimiento verde. En conjunto, estas medidas aportan un marco integral para financiar la transformación productiva de la región.
Perspectivas económicas de América Latina 2025
Resumen
Para financiar la inversión en la transformación productiva en América Latina y el Caribe (ALC), es esencial mejorar la movilización de recursos públicos y privados. La inversión general es aún muy baja y es el sector privado el que proporciona la mayor parte del financiamiento. Con respecto al sector público, dado el escaso margen fiscal, es crucial procurar que el gasto sea eficiente y eficaz, para así maximizar su impacto. Cerrar las grandes brechas de financiamiento en sectores productivos clave – en particular aquellos que los países de ALC y las políticas de desarrollo productivo de sus territorios priorizan – y revertir la tendencia persistente de falta de inversión requiere un enfoque multifacético que combine instrumentos complementarios para canalizar tanto los recursos nacionales como la inversión internacional.
La movilización de recursos domésticos será fundamental. Los escasos ingresos fiscales de varios países de ALC limitan la capacidad de los gobiernos para ampliar y mejorar los servicios públicos, y para fortalecer las instituciones. Esto implica reequilibrar los sistemas tributarios para: aumentar la equidad, la eficiencia y la simplicidad; analizar las tasas efectivas del impuesto sobre sociedades, y evaluar el diseño de los incentivos fiscales para asegurarse de que apoyen inversiones focalizadas de manera eficaz, sin generar pérdidas excesivas de ingresos. También será necesario fortalecer la moral tributaria a fin de optimizar el cumplimiento y promover una cultura fiscal más justa, permitiendo que las políticas y reformas fiscales bien diseñadas se conviertan en instrumentos permanentes y resistentes a los cambios políticos.
Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) nacionales que trabajan en estrecha colaboración con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las IFD bilaterales pueden actuar como catalizadores en la promoción de inversiones alineadas con las políticas de desarrollo productivo. En términos de capacidad institucional y financiera, se aprecia una gran heterogeneidad entre las IFD nacionales. Por consiguiente, cada IFD nacional mantiene, dentro de sus propias capacidades, un papel central en el fomento de las iniciativas de transformación productiva en la región. No obstante, es necesario hacer más para armonizar mejor los mandatos y las estrategias de financiación con las prioridades productivas definidas a nivel nacional y territorial. Los BMD y las IFD bilaterales pueden respaldar esta labor otorgando préstamos menos onerosos para reducir los costos de endeudamiento. En su función como centros de conocimiento, pueden facilitar la coordinación entre las IFD nacionales para alinearlas con sus estrategias de políticas de desarrollo productivo, ofrecer asistencia técnica y ayudar a ampliar las inversiones apoyando el desarrollo de carteras de proyectos sectoriales.
La profundización del mercado de capitales, en especial en lo referente a bonos corporativos e instrumentos financieros sostenibles, como los bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y azules (GSSSB, por sus siglas en inglés), es otra vía importante. Los mercados de capitales de la región son aún pequeños, heterogéneos y concentrados. En 2024, la capitalización bursátil representó el 37.4% del producto interno bruto (PIB), por debajo del nivel de la OCDE (64.4%), en tanto que, en 2023, el saldo pendiente de bonos corporativos en ALC equivalió a cerca del 2% del total mundial. La expansión de estos mercados puede proporcionar financiación de largo plazo a sectores productivos con alto potencial de impacto. Para lograrlo, se requiere una mayor participación de los inversores institucionales, marcos de finanzas sostenibles más sólidos con mejores mecanismos de supervisión y monitoreo, más capacitación financiera, y una integración regional más profunda. Al mismo tiempo, es esencial fortalecer el ecosistema de capital de riesgo para apoyar a empresas innovadoras y en etapa inicial.
Asimismo, es posible canalizar la inversión extranjera directa (IED) de calidad hacia los objetivos de transformación productiva. Atraer IED a sectores como las energías renovables, la infraestructura digital y las industrias de media y alta tecnología podría mejorar las capacidades de producción, diversificar la cesta de exportaciones y fomentar la transferencia de tecnología. De igual manera, puede contribuir a la generación de empleos de calidad y a la sostenibilidad de los sistemas energéticos en toda la región.
Este capítulo comenzará abordando la brecha de financiamiento en sectores clave de transformación productiva, seguido de un análisis de la movilización de recursos domésticos por medio de un examen de la estructura del sistema tributario, incluidas las tasas impositivas efectivas corporativas; el diseño de incentivos fiscales y la moral tributaria, y el papel de las IFD nacionales en el aumento de la inversión. Más adelante, explorará vías para atraer inversiones internacionales, mediante el desarrollo de mercados de capitales y la promoción de la IED.
En ALC se observa una tendencia persistente de baja inversión en sectores productivos clave, como la infraestructura, la economía digital y la agricultura, lo que redunda en importantes brechas de financiamiento que limitan el desarrollo. En 2024, la inversión – pública y privada – total en la región alcanzó un promedio de 19.5% del PIB, por debajo del nivel de las economías avanzadas (22.3%) y mucho más bajo que el de Asia emergente (37.5%) y Oriente Medio y Asia Central (26.1%) (IMF, 2025[1]). Además, la región de ALC enfrenta una brecha de financiamiento anual promedio de cerca de 99 000 millones de USD hasta 2030 (IMF, 2025[1]),1 cifra que refleja el déficit promedio en seis áreas prioritarias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), todas vinculadas a uno o más sectores productivos: protección social y empleo digno; transformación de la educación; sistemas alimentarios; cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación; transición energética, y digitalización inclusiva (OECD et al., 2024[2]; UNCTAD, 2023[3]).
Debido a la escasa inversión, ALC tiene una infraestructura envejecida e insuficiente
Al medirla en función de objetivos como lograr una tasa de crecimiento económico específica, alcanzar ciertos niveles de cobertura y armonizar la infraestructura existente en otro país o grupo de países, la brecha de infraestructura en ALC resulta significativa (Serebrisky et al., 2015[4]). Durante la década pasada, el promedio de la inversión en infraestructura en la región representó el 1.8% del PIB (Brichetti et al., 2021[5]; OECD et al., 2024[2]). Sin embargo, para apoyar adecuadamente la transformación productiva y cubrir las necesidades mínimas de infraestructura, incluidos nuevos proyectos, mantenimiento, reemplazo de activos e inversión en los cuatro sectores clave (agua y saneamiento, electricidad, transporte y telecomunicaciones), se requerirá una inversión anual del 3.12% del PIB hasta 2030. Esto indica que la inversión de la región en infraestructura es insuficiente (alrededor del 1.3% del PIB anual). En términos comparativos, la inversión anual requerida de ALC (3.12% del PIB) es mayor que el 2.68% de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN-5 (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) y que el promedio mundial del 2.97%, pero ligeramente menor que el 3.30% de las economías del G7 (Brichetti et al., 2021[5]).
Los déficits de infraestructura tienen un grave impacto negativo sobre los sectores productivos de la economía. Los sistemas de transporte deficientes aumentan los costos logísticos; los suministros poco confiables de electricidad y agua dificultan la producción industrial y agrícola, y las telecomunicaciones y la conectividad irregulares inhiben el crecimiento económico. No abordar la brecha de infraestructura puede reducir el crecimiento anual del PIB en la región hasta en un punto porcentual, lo que equivale a una pérdida en el crecimiento de cerca de 15 puntos porcentuales en una década. Esta pérdida de producción – aproximadamente 900 000 millones de USD – afecta directamente el crecimiento y la calidad de vida, sobre todo para las poblaciones de bajos ingresos. Los hogares vulnerables son más dependientes de la infraestructura pública y pagan más por servicios de menor calidad: destinan un promedio de 16% de sus ingresos a ellos en comparación con el 13.5% de los hogares de mayores ingresos (Cavallo and Powell, 2019[6]). Esta desigualdad no solo reduce la resiliencia económica general, también limita la capacidad de amplios segmentos de la población para participar y beneficiarse de la transformación productiva, particularmente en sectores donde mejorar la infraestructura es esencial para impulsar la competitividad y la innovación. El beneficio de eliminar la brecha de infraestructura en ALC sería considerable, ya que un aumento de la inversión en infraestructura al nivel de la OCDE impulsaría el crecimiento de la productividad en la región en 75% por arriba de su promedio reciente, lo cual podría duplicar el ingreso per cápita en una generación (Cavallo and Powell, 2019[6]).
Las brechas de financiamiento en los sectores digital y agrícola limitan las iniciativas de transformación en ALC
La falta de inversión en la economía digital continúa limitando la capacidad de producción y las iniciativas de transformación en ALC. La región afronta deficiencias generalizadas en la calidad y cobertura de banda ancha, en particular en las comunidades rurales y de bajos ingresos. Para cerrar la brecha de digitalización inclusiva se requeriría una inversión de 221 000 millones de USD anuales,2 es decir el mayor déficit de financiamiento entre las seis áreas prioritarias de los ODS (OECD et al., 2024[2]). Se necesitarían 68 500 millones de USD adicionales para lograr la conectividad al nivel de la OCDE (Antonio García Zaballos, 2023[7]). Esto ayudaría a promover la productividad y sustentaría una transformación moderna de la producción basada en el conocimiento.
Al mismo tiempo, las persistentes brechas de financiamiento de la inversión agrícola en ALC impiden el desarrollo rural y el crecimiento de la productividad. Para los pequeños productores, que son la columna vertebral de la subsistencia en ámbitos rurales, el acceso al crédito formal y a los insumos esenciales es limitado. Para transformar el sistema alimentario en ALC, es preciso cerrar la brecha de financiamiento anual, estimada en 98 000 millones de USD, siendo la mayor parte a América del Sur (73 000 millones de USD) y a América Central (23 000 millones de USD) (OECD et al., 2024[2]; UNCTAD, 2023[8]). Esto coincide con las estimaciones de una brecha global de financiamiento agrícola de 170 000 millones de USD para los pequeños productores, a la que ALC contribuye significativamente. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) agrícolas en la región también es notablemente baja; solo el 0.4% del PIB agrícola, muy por debajo del punto de referencia del 2-3% en las economías avanzadas (Alejandro Nin-Pratt, 2018[9]).
Los déficits fiscales en curso en estos dos sectores limitan seriamente la capacidad de la región para impulsar la productividad, promover la innovación e impulsar una transformación productiva más inclusiva y sostenible.
Dada la diversidad de la región, para mejorar la recaudación tributaria mediante una estructura tributaria reequilibrada, un mejor plan de incentivos y una moral tributaria más sólida, se requerirán combinaciones de políticas especiales para cada país, adaptadas a cada contexto nacional. El impuesto sobre las sociedades no es la única fuente importante de ingresos fiscales en ALC: el impuesto sobre la renta a las personas, las contribuciones a la seguridad social y el impuesto al valor agregado, también desempeñan una función relevante. Esta sección se centra en el impuesto sobre las sociedades, dado su impacto específico sobre la inversión productiva en la región.
Los ingresos fiscales en ALC son demasiado bajos para apoyar la transformación productiva a largo plazo
La expansión de la recaudación tributaria y el reequilibrio de la estructura tributaria son fundamentales para sustentar el gasto público eficaz y la transformación productiva a largo plazo en varios países de la región. Optimizar el diseño del sistema fiscal para promover un crecimiento más equitativo, y a la vez integrar consideraciones sociales, medioambientales y de digitalización, son medidas beneficiosas para i) desarrollar una base productiva resiliente, inclusiva y orientada a la sostenibilidad y ii) ayudar a financiar las transiciones verde y digital (OECD et al., 2024[2]). A pesar de la alta heterogeneidad, los ingresos tributarios se mantienen bajos en ALC, con un promedio de 21.3% del PIB en 2023, muy por debajo del promedio de la OCDE de 34% (OECD et al., 2025[10]). La estructura tributaria está fuertemente concentrada en los impuestos al consumo y los impuestos sobre las sociedades, lo cual limita su impacto redistributivo. En 2023, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las contribuciones a la seguridad social representaron solo el 26.1% de los ingresos fiscales totales (5.6% del PIB) en ALC, en comparación con el 48.4% (16.9% del PIB) en los países de la OCDE (Gráfico 3.1). Por el contrario, el impuesto sobre las sociedades contribuyó más a ALC (18.7% de los ingresos fiscales totales) que a la OCDE (12%). Los impuestos sobre bienes y servicios representaron el 47% de los ingresos fiscales (10% del PIB), y el impuesto al valor agregado por sí solo contribuyó con el 28.5% de los ingresos fiscales (6% del PIB) (OECD et al., 2025[10]). El reequilibrio de la estructura tributaria puede incrementar la equidad y procurar que se cuente con recursos estables y suficientes para invertir en sectores clave como la infraestructura sostenible (OECD et al., 2025[10]).
Nota: El promedio de ALC excluye a Venezuela debido a la dificultad para obtener los datos necesarios. Ecuador se excluye del promedio de ALC para el impuesto sobre las personas físicas y sobre las sociedades, por cuestiones de calidad de los datos. El promedio de la OCDE corresponde al promedio de 2022 y representa el promedio no ponderado de los 38 países miembros de la OCDE, incluidos Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Fuente: (OECD et al., 2025[10]).
Los impuestos relacionados con el medioambiente, como los aplicados sobre la energía y sobre la contaminación, así como otros instrumentos de fijación de precios del carbono, ofrecen un potencial de ingresos y una palanca estratégica para reconfigurar los sistemas de producción (OECD et al., 2024[2]; 2025[10]). Al internalizar los costos medioambientales, dichos impuestos pueden influir directamente en las decisiones empresariales, alentar a las empresas a adoptar tecnologías más limpias, invertir en eficiencia energética y hacer la transición hacia modelos de negocio circulares y bajos en carbono. Esto es esencial para armonizar la política fiscal con los objetivos a largo plazo de productividad sostenible. Por ejemplo, elevar los impuestos a los combustibles fósiles en los países de ALC ayudaría a establecer igualdad de condiciones y aumentar la competitividad de las soluciones energéticas de hidrógeno (Cordonnier and Saygin, 2022[11]). Al mismo tiempo, la racionalización y la eliminación gradual de los subsidios a estos combustibles pueden liberar recursos públicos y destinarlos a usos más productivos y sostenibles. Sin embargo, para asegurar una transición inclusiva hacia una energía más limpia, estas reformas deben acompañarse de medidas focalizadas que protejan a los grupos de poblaciones vulnerables de la volatilidad de los precios de los combustibles. Además, simplificar los incentivos ineficientes del impuesto sobre las sociedades y garantizar la coherencia con los objetivos medioambientales ayudaría a evitar distorsiones y promover formas de crecimiento más verdes (OECD et al., 2023[12]).
Para desbloquear el margen fiscal necesario en busca de impulsar la transformación productiva, los países de ALC deberán fortalecer la progresividad y la eficiencia de sus sistemas tributarios (OECD et al., 2024[2]). Esto implica aumentar la proporción de impuestos directos – como el impuesto sobre la renta a las personas físicas en varios países de ALC –, eliminar los gastos tributarios regresivos e ineficientes y ampliar la base tributaria. A la vez, los países deben rediseñar el impuesto al valor agregado con miras a minimizar la regresividad, por ejemplo, ajustando las exenciones y mejorando la exención fiscal específica para hogares de bajos ingresos (OECD et al., 2024[2]). En aras de propiciar la eficiencia, es también imprescindible impulsar la digitalización, fortalecer la gobernanza de los datos, reforzar la supervisión y mejorar los servicios a los contribuyentes.
Las altas tasas impositivas efectivas de impuestos sobre las sociedades en ALC podrían reducir los incentivos para invertir en la región
Las tasas impositivas relativamente altas sobre las utilidades corporativas en la región de ALC podrían desalentar la competitividad y la inversión en sectores productivos clave para algunas empresas. En 2023, las tasas nominales promedio del impuesto de sociedades en ALC fueron de 21.1%, cerca del promedio de la OCDE de 23.7% (OECD, 2024[13]). Sin embargo, los niveles de ingresos y las tasas impositivas estatutarias no muestran diferencias entre jurisdicciones en lo que respecta a varias características importantes. Estas disposiciones fiscales incluyen ajustes por depreciación fiscal, deducciones por pagos de intereses y financiamiento de capital. Dado que dichas disposiciones pueden afectar considerablemente las obligaciones tributarias, su nivel de generosidad es decisivo para medir correctamente la imposición efectiva en todos los sistemas tributarios (Hanappi et al., 2023[14]).
Los países de ALC tienen tasas impositivas efectivas promedio y tasas impositivas efectivas marginales relativamente altas.3 Las tasas impositivas efectivas marginales son una herramienta útil para medir mejor las cargas fiscales efectivas de los proyectos de inversión. La metodología se basa en supuestos acerca de los rendimientos financieros de proyectos de inversión hipotéticos sujetos a las disposiciones fiscales vigentes para determinar el monto del impuesto adeudado y que no requieren datos presentados en las declaraciones de impuestos. En un estudio que abarcó a 21 países de ALC se detectó que la tasa impositiva efectiva promedio para un determinado proyecto de inversión en 2021 se situó en 23.9%, en comparación con el 21.9% en los países de la OCDE y el 17.1% en los países restantes de la muestra, que incluyó datos de países de Europa emergente, Oriente Medio y Asia Central, Asia emergente y África subsahariana (Hanappi et al., 2023[14]). A nivel de país, Chile, Brasil y Argentina tuvieron las tasas impositivas efectivas promedio más altas (Gráfico 3.2). En cuanto a las tasas impositivas efectivas marginales, la tasa promedio fue de 13.8% en la región de ALC, casi el doble del promedio alcanzado en los países de la OCDE (7.6%) y los países restantes (7.8%); Argentina, Bolivia, Chile, Jamaica y Perú se ubicaron entre los diez primeros.
Nota: El promedio de ALC incluye solo países con una tasa impositiva estatutaria positiva del impuesto sobre las sociedades. Por consiguiente, Bahamas y Belice no están incluidos. "Otros países" incluye datos de Europa emergente, Oriente Medio y Asia Central, Asia emergente y África subsahariana.
Fuente: (Hanappi et al., 2023[14]).
Es preciso mejorar el diseño de los incentivos del impuesto sobre las sociedades para que impulsen la movilización de la inversión nacional y extranjera
Si bien los incentivos del impuesto sobre las sociedades se utilizan ampliamente en ALC, pueden implicar costos y riesgos importantes. La evidencia muestra pocos indicios de que desempeñen un papel decisivo en las decisiones de ubicación de la inversión, lo que sugiere que a menudo son redundantes; es decir, la inversión se habría realizado incluso sin ellos (IMF et al., 2015[15]). Otros elementos del ámbito de la inversión suelen influir más en la configuración de las opciones de inversión. Además, los incentivos del impuesto sobre las sociedades pueden generar costos fiscales y económicos sustanciales – entre ellos ingresos perdidos, beneficios extraordinarios y distorsiones económicas, así como una eficacia limitada – y aumentar los riesgos de evasión fiscal (OECD, forthcoming[16]). Pueden favorecer a determinados sectores, actividades o regiones, provocando ineficacia en la asignación de los recursos y un desplazamiento a inversiones más productivas (James, 2020[17]). Además, pueden socavar la equidad tributaria al beneficiar desproporcionadamente a empresas grandes y mejor conectadas, con mayor capacidad de explotar regímenes de incentivos complejos, al tiempo que perjudican a las empresas pequeñas (Zolt and Schill, 2015[18]). Por otra parte, los incentivos del impuesto sobre las sociedades a menudo aumentan las cargas administrativas y de cumplimiento, tanto para las autoridades fiscales como para las empresas, lo que presiona la capacidad institucional y reduce la transparencia en general. Por estas razones, es esencial realizar análisis de costo-beneficio rigurosos antes de otorgar incentivos fiscales, los cuales deben considerarse dentro de marcos más amplios de promoción y facilitación de la inversión (World Bank Group, 2020[19]; IMF et al., 2015[15]).
En ALC, los incentivos del impuesto sobre las sociedades han causado grandes pérdidas de ingresos, en gran parte debido a exenciones fiscales. Los gastos tributarios representaron el 4.0% del PIB en promedio en ingresos no percibidos en 18 países de ALC, siendo los incentivos del impuesto sobre las sociedades equivalentes al 0.9% del PIB, solo superados por los gastos tributarios en bienes y servicios, que ascendieron a 2.2% del PIB (Tabla 3.1). Del total de gastos tributarios, el 72% correspondió a exenciones fiscales (CIAT, 2025[20]).
Los incentivos de los impuestos sobre las sociedades pueden aumentar la inversión nacional y extranjera si están bien diseñados y se aplican en un clima favorable para la inversión. Los incentivos del impuesto sobre las sociedades o incentivos a la inversión son disposiciones fiscales específicas que se desvían del tratamiento fiscal estándar en un país, con lo que reducen o aplazan la obligación tributaria, en aras de promover la inversión (Celani, Dressler and Wermelinger, 2022[21]). Al ofrecer dichos incentivos, los países brindan ventajas económicas cuantificables a empresas o grupos de empresas específicas, con el propósito de dirigir la inversión hacia sectores o regiones prioritarios (James, 2020[17]). Los incentivos pueden funcionar de manera más eficaz en ciertos tipos de inversiones, en situaciones específicas y en sectores particulares. Sin embargo, su diseño es decisivo para el logro eficaz de los objetivos de política y sus costos. Las orientaciones políticas existentes priorizan las herramientas basadas en los gastos (por ejemplo, aceleraciones, deducciones, créditos) sobre las herramientas basadas en los ingresos (por ejemplo, exenciones y tasas reducidas del impuesto sobre las sociedades), ya que se ha demostrado que las basadas en los gastos fomentan la inversión con menores pérdidas de ingresos (OECD, forthcoming[16]). Un entorno de inversión sólido – que incluya una buena gobernanza, transparencia y estándares claros – puede mejorar en gran medida el impacto de los incentivos del impuesto sobre las sociedades sobre la IED, con efectos hasta ocho veces mayores en entornos favorables (James, 2020[17]).
En los países de América Latina y el Caribe, los incentivos del impuesto sobre las sociedades suelen utilizarse para atraer IED destinada a apoyar la generación de empleos, la transferencia de tecnología y la promoción de las exportaciones (Agostini and Jorrat, 2013[22]; ECLAC/OXFAM International, 2020[23]; James, 2020[17]; Artana and Templado, 2015[24]). Debido a que la IED puede alentar la generación de empleos, muchos gobiernos vinculan los incentivos fiscales a los objetivos de generación de empleos o los centran en regiones con alto desempleo o informalidad. La IED también puede facilitar la transferencia de tecnología, ya que los gobiernos fomentan las inversiones en alta tecnología ofreciendo incentivos para la investigación y el desarrollo, la adquisición de equipos avanzados y la innovación específica del sector. Por su movilidad y potencial de crecimiento, la IED orientada a la exportación recibe incentivos específicos a medida que los países compiten para atraer tales inversiones (Zolt and Schill, 2015[18]). Cada vez más, los incentivos del impuesto sobre las sociedades también se alinean con los objetivos de sostenibilidad, por ejemplo, al recompensar las inversiones que contribuyen a las transiciones verdes o que incluyen objetivos medioambientales tangibles (Gascon et al., forthcoming[25]).
Es necesario analizar el diseño de los incentivos del impuesto sobre las sociedades y su impacto en la imposición efectiva para comprender su eficacia en el logro de los objetivos de políticas y los costos correspondientes. Un primer paso útil es mapear los múltiples diseños de incentivos del impuesto sobre las sociedades disponibles en los distintos países y calcular su efecto sobre las tasas impositivas efectivas de las sociedades. Para desarrollar la base de las siguientes secciones, se utilizará un estudio reciente4 en el que se investigaron los diversos incentivos del impuesto sobre las sociedades aplicados en 10 países de ALC (Gascon et al., forthcoming[25]). El análisis incluye datos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Parte de una metodología, desarrollada a través de la Base de Datos de Incentivos Fiscales a la Inversión (ITID) de la OCDE, que recopila información cuantitativa y cualitativa sobre el diseño y la focalización de los incentivos fiscales a la inversión disponibles en todas las economías, utilizando una metodología de recopilación de datos consistente (OECD, 2025[26]). También se basa en el modelo de tasas impositivas efectivas prospectivas de la OCDE, la cual incorpora incentivos fiscales a la inversión (Celani, Dressler and Wermelinger, 2022[21]). Este análisis es especialmente importante en vista de los nuevos acuerdos internacionales sobre el impuesto mínimo global corporativo (IMG). El IMG puede tener gran impacto sobre la eficacia de ciertos incentivos fiscales y requerir una reconsideración cuidadosa de su diseño e implementación en la región (OECD, 2022[27]).
El diseño de los incentivos del impuesto sobre las sociedades varía ampliamente entre los países de ALC
Los incentivos basados en los ingresos, como las exenciones fiscales, son comunes en ALC. Las exenciones del impuesto sobre sociedades están presentes en los 10 países de ALC analizados, un patrón que también se observa en otras regiones (Gráfico 3.3). Además, el 50% de los países de ALC analizados tienen al menos una tasa reducida del impuesto sobre las sociedades, en comparación con el 74% de África subsahariana y el 75% en los países de Asia Meridional y Oriental incluidos en la base de datos ITID de la OCDE. En cuanto a los incentivos basados en el gasto, como los créditos fiscales y las exenciones, la región ALC supera significativamente a otras, ya que el 70% de sus países analizados tienen al menos un crédito fiscal, en comparación con solo el 26% en África subsahariana y el 33% en los países de Asia Meridional y Oriental cubiertos en la base de datos. En cuanto a las exenciones fiscales, ALC muestra también una alta tasa de adopción de estos instrumentos: el 70% de los países los ofrecen, en comparación con el 90% de África subsahariana y el 67% de Asia Meridional y Oriental (Gascon et al., forthcoming[25]).
Nota: La cifra incluye datos de 10 países de ALC: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Las exenciones fiscales son deducciones del ingreso imponible por gastos corrientes o de capital, que pueden aumentar la cantidad deducida (aumento) o acelerar la depreciación de los activos de capital (aceleración).
Fuente: (Gascon et al., forthcoming[25]).
Las exenciones tributarias son el instrumento fiscal más utilizado en los países de ALC (Gráfico 3.4, Panel A). Argentina, Colombia, República Dominicana y El Salvador ofrecen más de una exención permanente del impuesto sobre sociedades. Por su parte, los demás países incluidos en el estudio, excepto Argentina, ofrecen más de una exención temporal del impuesto sobre sociedades. También es amplio el uso de créditos fiscales: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Uruguay los aplicaron al menos una vez desde finales de 2024. De igual manera, en varios países se otorgan créditos fiscales que aceleran la recuperación de costos, en comparación con los programas estándar de depreciación fiscal (dentro del 100% de los gastos de capital). Argentina, Brasil, Colombia y Perú aplican más de una de estas exenciones, en tanto que Costa Rica, República Dominicana y Uruguay usan una, respectivamente. Las exenciones por un mayor monto son menos comunes: Colombia y Perú, más de una, y Argentina y Costa Rica, al menos una. Si bien se aplican con menos frecuencia, las tasas reducidas del impuesto sobre sociedades temporales y permanentes también se utilizan en varios países: Colombia aplica más de una reducción permanente y Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, al menos una reducción temporal (Gascon et al., forthcoming[25]).
Las condiciones sectoriales son los criterios de elegibilidad más utilizados para los incentivos del impuesto sobre las sociedades en ALC (Gráfico 3.4, Panel B). Los incentivos fiscales a la inversión suelen incluir criterios de elegibilidad específicos, con base en las características del negocio y del proyecto. Los criterios de elegibilidad para los incentivos fiscales pueden variar y basarse en factores como el sector económico, la ubicación del proyecto (por ejemplo, en una zona económica especial o en una región menos desarrollada), resultados condicionados como la generación de empleos o el crecimiento de las exportaciones, o umbrales de inversión mínimos. Los incentivos también pueden depender de la estructura de propiedad – o de si la fecha de establecimiento de la empresa es reciente –, y a menudo se excluyen las expansiones (OECD, 2025[26]). Los 10 países de ALC analizados aplican más de un incentivo del impuesto sobre sociedades bajo condiciones específicas del sector. Las condiciones de resultado también se utilizan ampliamente en ALC, y los incentivos están vinculados a factores como generación de empleos, impacto medioambiental, uso de tecnologías limpias y contribuciones a la inclusión social. Las condiciones basadas en la ubicación también se utilizan ampliamente, y todos los países analizados, excepto El Salvador, las aplican al menos a un incentivo del impuesto sobre sociedades. Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Perú también ofrecen dichos incentivos a las empresas ubicadas en zonas económicas especiales (ZEE). También son comunes los requisitos de tamaño de la inversión, con umbrales variables en toda la región: el 33% de los incentivos del impuesto sobre sociedades establecen el umbral por debajo de 200 000 euros, el 25% entre 200 000 y 1 millón de euros y el 33% entre 1 millón y 10 millones de euros; únicamente el 9% requiere inversiones superiores a 10 millones de euros. Solo Colombia, Costa Rica y República Dominicana imponen criterios de elegibilidad que limitan los incentivos a las empresas de reciente creación, mientras que ninguno de los países analizados aplica la estructura de propiedad como condición para la elegibilidad (Gascon et al., forthcoming[25]).
Nota: La cifra incluye datos de nueve países de ALC: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, El Salvador, República Dominicana y Uruguay. No se incluye a Paraguay, ya que estos incentivos están fuera de su ámbito. Las exenciones fiscales son deducciones del ingreso imponible (aumento) o amortización acelerada del activo fijo (aceleración).
Fuente: (Gascon et al., forthcoming[25]).
La orientación sectorial de los incentivos del impuesto sobre sociedades en ALC varía según el país, y varios países abarcan el mismo sector con múltiples incentivos (Gráfico 3.5). La disponibilidad de incentivos dirigidos a sectores específicos varía significativamente, pero el 80% de todos los incentivos incluyen una condición sectorial. Por ejemplo, en Argentina, Brasil, Costa Rica y República Dominicana, la industria manufacturera se beneficia de un fuerte apoyo, en tanto que, en Argentina, Ecuador y Perú, los sectores primarios reciben numerosos incentivos. En Colombia, Costa Rica y Uruguay, los servicios se benefician de incentivos específicos. Por su parte, las energías renovables, el turismo y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) reciben apoyo en casi todos los países. La superposición de la focalización sectorial indica que para los países sería beneficioso simplificar sus políticas de incentivos (Gascon et al., forthcoming[25]).
Nota: El gráfico solo incluye incentivos que tienen una condición de sector. El gráfico utiliza la clasificación ISIC de las Naciones Unidas.
Fuente: (Gascon et al., forthcoming[25]).
Los incentivos específicos para alguna actividad, como los de I+D, también se utilizan en ALC, aunque con menos frecuencia. Los gobiernos utilizan el sistema tributario para brindar incentivos financieros que promuevan la inversión de las empresas en investigación y desarrollo, con el objetivo de mejorar el desempeño de la I+D e impulsar la innovación, el crecimiento económico y el bienestar social (OECD, 2025[28]). Se cuenta con incentivos a la I+D, principalmente en forma de beneficios fiscales basados en el gasto. Argentina, Colombia, El Salvador y Uruguay ofrecen múltiples incentivos de este tipo, mientras que Brasil y Perú ofrecen uno cada uno. En Colombia, las empresas pueden acceder a un crédito fiscal a la inversión del 30% para proyectos elegibles de ciencia, tecnología e innovación que involucren la colaboración entre grandes empresas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que tomen en cuenta el impacto medioambiental y demuestren una sólida ejecución. Brasil permite a las empresas deducir entre el 60% y el 100% de los gastos de I+D de las utilidades netas, con deducciones adicionales para proyectos que generen patentes o cultivares registrados, junto con beneficios como la depreciación acelerada y la reducción de I+D, dependiendo de si el proyecto es realizado por el contribuyente y un centro de investigación residente o no residente, con tasas ligeramente reducidas para empresas grandes. Los incentivos a la I+D deben diseñarse con atención para cumplir con los objetivos de políticas y complementarse con financiamiento público directo. Si bien los incentivos fiscales son adecuados para apoyar el desarrollo experimental, por lo general el financiamiento directo es más eficaz para impulsar la investigación básica y aplicada (OECD, 2025[28]).
Las ZEE suelen aplicar incentivos del impuesto sobre las sociedades basados en los ingresos, beneficiando especialmente a los sectores manufacturero y de servicios. En las 10 economías analizadas se utilizan en gran medida los incentivos fiscales relacionados con las ZEE; representan más de una cuarta parte (28%) de los 139 incentivos identificados, los cuales se destinan principalmente a promover las industrias manufactureras, incluidas las de la cadena de suministro, los megaproyectos de infraestructura y los centros de servicios o ejes de innovación. En las ZEE se usan exenciones fiscales en los 10 países, tasas reducidas en el 30%; créditos fiscales en el 10%, en tanto que las exenciones fiscales no se utilizan en absoluto (Gráfico 3.6). La mayoría de las exenciones relacionadas con las ZEE son muy generosas: por lo común ofrecen exenciones de 100% durante periodos prolongados – y algunas abarcan una amplia gama de sectores. Fuera de estas zonas, los diferentes instrumentos de incentivos fiscales tienden a usarse de manera más equilibrada (Gascon et al., forthcoming[25]).
Dentro o fuera de las ZEE, según el instrumento
Nota: ZEE = Zona económica especial. El gráfico incluye información de 10 países de ALC: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay y 128 entradas de incentivos CIT. Las exenciones son deducciones del ingreso imponibles correspondiente a gastos corrientes o de capital que pueden aumentar la cantidad deducida (aumento) o acelerar la amortización del activo fijo (aceleración).
Fuente: (Gascon et al., forthcoming[25]).
La gobernanza de los incentivos del impuesto sobre sociedades en ALC está muy fragmentada. En la mayoría de las economías, dichos incentivos se regulan mediante instrumentos legales múltiples y a menudo inconsistentes – como leyes de inversión, leyes de ZEE y enmiendas repetidas –, en vez de consolidarse en la ley tributaria, lo que complica el cumplimiento y el seguimiento. La superposición de responsabilidades entre los ministerios de finanzas, las agencias de promoción de inversiones y las autoridades de las ZEE aumenta aún más la complejidad, aunque la coordinación puede aportar beneficios si se establecen roles y objetivos claramente definidos. Además, los marcos legales rara vez incorporan mecanismos para llevar a cabo un monitoreo firme del cumplimiento o evaluaciones ex ante o ex post, lo que limita la capacidad de los responsables de formular políticas públicas para evaluar si los incentivos logran los objetivos previstos. Uruguay constituye un ejemplo positivo en el que tanto los procesos de monitoreo como los de evaluación ex ante y ex post están integrados en el marco legal (artículo 17 del Decreto 268, establecido en 2020), lo cual ayuda a evaluar si los incentivos fiscales coinciden con sus objetivos previstos y generan un impacto cuantificable. Si bien el sistema uruguayo ofrece fuertes salvaguardias contra el uso indebido, puede plantear problemas administrativos, puesto que dar seguimiento del cumplimiento de las empresas con la matriz de indicadores exige una labor considerable de supervisión, monitoreo y evaluación. Sin embargo, marcos de gobernanza más unificados en ALC podrían mejorar la transparencia, reducir las duplicaciones y procurar que los incentivos se diseñen e implementen con mayor eficacia.
Los incentivos del impuesto sobre sociedades pueden ejercer un gran impacto sobre las tasas impositivas efectivas en ALC
Las tasas impositivas efectivas prospectivas son útiles para evaluar el monto de la exención fiscal proporcionada por los incentivos fiscales para proyectos hipotéticos y para sustentar las decisiones de políticas sobre incentivos fiscales. La tasa impositiva efectiva promedio brinda información sobre las decisiones de los inversores al evaluar proyectos mutuamente excluyentes, por ejemplo, los ubicados en diferentes localidades o sectores, que obtienen una renta positiva a lo largo de su vida útil (decisiones de margen extensivo). La tasa impositiva efectiva prospectiva promedio puede calcularse en países con diferentes sistemas fiscales estándar, siempre y cuando se mantengan iguales todas las demás características del proyecto. Por tanto, son útiles para comparar el tratamiento fiscal entre países y el diseño de incentivos (Gascon et al., forthcoming[25]). Esta sección se centra en los incentivos fiscales y su impacto en las tasas impositivas efectivas promedio de tres casos específicos: el turismo, las energías renovables y las ZEE.
La exención fiscal proporcionada por los incentivos fiscales al turismo en ALC varía mucho en los distintos países y diseños, y los incentivos basados en los ingresos son, en promedio, más generosos que los basados en los gastos. Varios países ofrecen incentivos para fomentar las inversiones en turismo, utilizando diferentes instrumentos y estrategias de focalización. Seis países (Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Uruguay) utilizan incentivos fiscales basados en los ingresos o en los gastos. Entre los incentivos basados en los ingresos hay tres exenciones y una tasa reducida, y entre los instrumentos basados en los gastos hay dos casos de depreciación acelerada y un crédito fiscal. Las estrategias de focalización implican diferentes tipos de condiciones de elegibilidad. Mientras que un país se centra en los servicios hoteleros o en actividades turísticas de manera relativamente amplia (Uruguay), otros aplican criterios de elegibilidad adicionales vinculados a la ubicación o al monto de la inversión (Colombia y Ecuador), y uno más utiliza ambos enfoques (República Dominicana). Costa Rica incluye actividades de transporte (aéreo o acuático) para turistas conectados con servicios hoteleros, en tanto que El Salvador se enfoca en la restauración de edificios históricos. En promedio, los incentivos concedidos al turismo suponen una reducción de la tasa impositiva efectiva promedio del 47%, o 12.5 puntos porcentuales (pp), en comparación con el tratamiento fiscal estándar específico del país (Gráfico 3.7, Panel A). Los instrumentos basados en los ingresos reducen el 77% (20.9 pp) de la tasa impositiva efectiva promedio, en tanto que en los basados en los gastos la reducción promedio es de 5% (1.2 pp) (Gascon et al., forthcoming[25]).
La eficacia de los incentivos fiscales en la generación de inversiones turísticas no dependerá del monto de la exención fiscal concedida, sino del contexto y el diseño de los incentivos. Los responsables de formular políticas públicas deben ser cautelosos, puesto que los incentivos basados en los ingresos pueden elevar el costo fiscal y proporcionar pocos beneficios reales, pues suelen destinarse a inversores que habrían llevado a cabo sus proyectos incluso sin el apoyo. Por el contrario, los incentivos vinculados con los gastos reales, como los créditos fiscales o la depreciación acelerada, en general se consideran como un canal para lograr inversiones adicionales por ingresos no percibidos, ya que se vinculan directamente a nuevas inversiones. Esto es particularmente relevante en sectores como el turismo o los recursos naturales, donde factores específicos como la ubicación, entre ellos playas o yacimientos minerales, son el principal atractivo para los inversores. En estos casos, los incentivos fiscales tienden a generar un cambio de comportamiento limitado que redunda en la pérdida de ingresos públicos (Gascon et al., forthcoming[25]). Si bien algunas evidencias – por ejemplo, las provenientes de Antigua y Barbuda – señalan que los incentivos fiscales pueden influir en las decisiones de dirigir la inversión turística a economías pequeñas y abiertas, un mejor enfoque en la mayoría de los casos es fortalecer un entorno de inversión más amplio con la mejora de la infraestructura, la seguridad jurídica y el apoyo al desarrollo local (Van Parys, 2012[29]; Gascon et al., forthcoming[25]).
El impacto de los incentivos fiscales sobre el sector de las energías renovables en la tasa impositiva efectiva promedio varía ampliamente entre los países y los instrumentos utilizados. Muchos países de ALC otorgan incentivos fiscales para impulsar la inversión en energías renovables y algunos aplican múltiples medidas de manera simultánea. Entre ellas, se encuentran exenciones fiscales (Colombia, Ecuador), créditos fiscales (Argentina, República Dominicana), depreciación acelerada (Colombia), deducciones incrementadas (Colombia) y tasas impositivas reducidas (Costa Rica). En comparación con otros sectores, los incentivos a las energías renovables de la región se basan más a menudo en los gastos. La mayoría de los esquemas se han introducido recientemente y son relativamente simples en términos de elegibilidad, por lo general requiriendo únicamente que la inversión o la producción estén relacionadas con fuentes de energía renovable o no convencionales. Solo Argentina incluye una condición de elegibilidad: un requisito de contenido local. A las energías renovables en ALC se les concede una reducción fiscal promedio del 55% (14.8 pp) en relación con la tasa impositiva efectiva promedio de referencia. Los incentivos basados en los ingresos son, en promedio, más generosos que los basados en los gastos, con reducciones de 21.8 pp (79%) y 6.4 pp (24%), respectivamente (Gráfico 3.7, Panel B). Los basados en los gastos varían ampliamente en términos de generosidad, por lo que su tasa impositiva efectiva promedio se acerca relativamente a los resultados logrados por los incentivos basados en los ingresos (Gascon et al., forthcoming[25])
Es preciso evaluar los incentivos fiscales para la energía limpia como parte de la mezcla más amplia de políticas climáticas de un país, para así comprender sus beneficios y costos reales y asegurar su coherencia. Los incentivos fiscales pueden complementar o sustituir otras medidas relacionadas con el clima, como la fijación del precio del carbono, la regulación o los subsidios directos, según los contextos, las capacidades y las realidades políticas nacionales. Cuando se utilizan como complemento, los incentivos fiscales pueden ayudar a abordar barreras a las inversiones limpias – por ejemplo, reduciendo las restricciones de financiación o promoviendo externalidades de adopción tecnológica, como el aprendizaje por la práctica –, reforzando así el impacto de los precios al carbono y otras políticas climáticas. Cuando los países con precios del carbono incompletos utilizan incentivos fiscales, las medidas de este tipo solo pueden actuar como un sustituto imperfecto. Esto se debe a que no proporcionan incentivos continuos para reducir emisiones y a los riesgos y costos generales asociados a su uso. La evidencia internacional destaca la importancia de eliminar los incentivos fiscales a los combustibles fósiles, así como el gran desafío de determinar cuándo los incentivos fiscales aportan valor para superar barreras a las inversiones limpias sin duplicar medidas existentes. Cuando se utilicen incentivos fiscales, su justificación, interacción con otras políticas, y sus méritos y costos frente a políticas alternativas deben estar claramente definidos (Gascon et al., forthcoming[25]). Los incentivos del impuesto sobre sociedades podrían integrarse en políticas más amplias de desarrollo productivo verde para reforzar la transformación estructural y agilizar el cambio a modelos de producción sostenibles. Las políticas de desarrollo productivo verde combinan objetivos de sostenibilidad ambiental con estrategias sectoriales y políticas industriales destinadas a aumentar la competitividad, la innovación y la generación de empleos en sectores relacionados con el clima (véase el Capítulo 2) (Martinez et al., 2025[30]).
Los incentivos fiscales ofrecidos en las ZEE son por lo común muy generosos y a menudo reducen la tasa impositiva efectiva de una empresa a niveles cero o cercanos a cero (Gráfico 3.7, Panel C). En promedio, la tasa impositiva efectiva disminuye 22.5 puntos porcentuales en comparación con la línea de base, es decir, una reducción del 85%. Estos incentivos suelen aplicarse ampliamente a todos los ingresos imponibles de la empresa, en vez de limitarse a sus ingresos vinculados a nuevas inversiones o actividades específicas, lo cual incrementa el riesgo de obtener utilidades inesperadas sin hacer inversiones adicionales. Además de los incentivos del impuesto sobre la renta, las empresas de las ZEE a menudo cuentan con otras ventajas, como el impuesto al valor agregado preferencial o los regímenes aduaneros y la simplificación de los procedimientos regulatorios. Aunque estos beneficios adicionales financieros y no financieros no se abordan en este análisis, son esenciales al momento de emprender una evaluación completa de los costos y beneficios generales de las políticas de ZEE (Gascon et al., forthcoming[25]).
Tasas impositivas efectivas prospectivas promedio (%), por instrumento
Nota: Los cálculos se basan en un promedio ponderado entre el financiamiento de capital y deuda (65% y 35%, respectivamente) y un escenario macroeconómico fijo (inflación del 1%, tasa de interés real del 3%). Los tres paneles utilizan parámetros basales del sistema tributario contenidos en la base de datos de la OCDE Estadísticas del impuesto sobre las sociedades para el año 2023. Los gráficos muestran únicamente los países que ofrecen incentivos en los sectores pertinentes. Se excluye a Paraguay, ya que estos incentivos están fuera de su ámbito. Las tasas impositivas efectivas promedio evalúan la decisión en el margen extensivo. Sintetizan el efecto de la tributación sobre la decisión de invertir en proyectos comparables, pero mutuamente excluyentes, suponiendo que los proyectos de inversión obtengan ingresos económicos durante su vida. El Panel A muestra las tasas impositivas efectivas promedio para una inversión en activos estructurales no residenciales (inmuebles); el Panel B muestra las tasas impositivas efectivas promedio para una inversión en activos de maquinaria industrial; el Panel C muestra las tasas impositivas efectivas promedio para una inversión en activos tangibles. La tasa impositiva efectiva promedio para activos tangibles es el promedio simple de la tasa impositiva efectiva promedio para los siguientes tipos de activos: transporte aéreo, ferroviario y marítimo; hardware; maquinaria y vehículos de transporte por carretera.
Fuente: (Gascon et al., forthcoming[25]). La metodología de recopilación de datos sobre incentivos fiscales parte de la base de datos de la OCDE sobre incentivos fiscales para la inversión (OCDE, 2025[26]). Los cálculos de las tasas impositivas efectivas promedio parten de (Celani, Dressler y Wermelinger, 2022[21]).
Si bien algunos países orientan sus incentivos de las ZEE a actividades específicas, como la manufactura o los servicios, la mayoría no hacen diferenciación alguna, más bien, generalizan su disponibilidad. La tasa impositiva efectiva promedio se ofrece a empresas que operan en industrias manufactureras y básicas, servicios y otros sectores relativamente innovadores. Ecuador destaca por orientar sus incentivos de ZEE a servicios turísticos, logística, transferencia y desglose de tecnología y operaciones de diversificación industrial (excluidas las actividades manufactureras e industriales básicas). El Salvador brinda un trato más generoso a los parques y centros de servicios internacionales que a la manufactura, la agricultura, la pesca, la acuicultura y la producción de alimentos o forraje. En cambio, Colombia, República Dominicana y Perú no diferencian la generosidad en el trato en función de las actividades en sus ZEE (Gascon et al., forthcoming[25]).
Reformar el diseño de incentivos del impuesto sobre sociedades puede aumentar su eficiencia y efectividad, así como su impacto sobre el desarrollo
Los incentivos fiscales tienen grandes deficiencias y sus costos deberán sopesarse con los posibles beneficios de una mayor inversión. La evidencia y la orientación de políticas señalan que los incentivos fiscales, cuando están bien diseñados, pueden aumentar la inversión de manera eficaz y producir efectos indirectos positivos. Sin embargo, no siempre son las herramientas de política más eficientes. La inversión responde a la tributación, pero los incentivos fiscales también implican costos: ingresos no percibidos; complejidad del sistema tributario; menor transparencia, y cargas administrativas y de cumplimiento. Sin una justificación firme para favorecer la inversión focalizada, también se corre el riesgo de que los incentivos provoquen una asignación equivocada de recursos y no brinden un sustento eficaz a la transformación productiva en la región. Por último, con frecuencia los incentivos generan utilidades inesperadas para proyectos que se habrían realizado de todos modos, sin hacer inversiones adicionales.
Los países de ALC necesitan mejorar el diseño de los incentivos fiscales adoptando buenas prácticas a lo largo de todo el ciclo de políticas. Debido a los costos y riesgos de los incentivos fiscales, la orientación de políticas previene contra el uso de ciertos diseños de incentivos. En los países de ALC podrían tomarse en cuenta algunos principios de diseño e implementación estratégicos para procurar una mayor eficiencia y eficacia de los incentivos fiscales y, al mismo tiempo, eliminar paulatinamente los que provocan grandes pérdidas de ingresos sin beneficios proporcionales (Recuadro 3.1). La nueva guía de la OCDE para la formulación de políticas de incentivos fiscales ofrece orientación práctica para mejorar su diseño y la implementación de incentivos fiscales a la inversión en cada paso del ciclo de vida de los incentivos (OECD, forthcoming[16]). La mejora del diseño de los incentivos fiscales debe acompañarse de medidas reforzadas para combatir la evasión fiscal y el traslado de beneficios, incluidos el seguimiento aduanero en tiempo real y una mayor transparencia en las estructuras de propiedad (Gascon et al., forthcoming[25]).
Etapa de concepción
Los incentivos fiscales deberán basarse, desde el principio, en una justificación clara y un objetivo de política pública bien definido, incluyendo por qué los incentivos fiscales son la herramienta adecuada.
La evaluación ex ante de los beneficios esperados, los costos y las consecuencias imprevistas entre las opciones de políticas es útil y puede apoyar la armonización con las prioridades nacionales más amplias.
Diseño de los instrumentos
Se espera que los incentivos basados en los gastos (por ejemplo, deducciones aceleradas o incrementadas, créditos fiscales) atraigan más inversiones adicionales por unidad de ingresos no percibidos que los incentivos basados en los ingresos (por ejemplo, tasas reducidas, exenciones o vacaciones fiscales). Los incentivos basados en los gastos focalizados en la nómina o en los activos tangibles también resultarán menos afectados por el impuesto mínimo global corporativo (IMG).
Las características de diseño, como el traspaso de los incentivos fiscales no utilizados, así como la opción de reembolso, la transferibilidad y comerciabilidad de los créditos, podrían ser apropiadas para apoyar a inversores más pequeños y más arriesgados; sin embargo, dichas características podrían incrementar la complejidad, el cumplimiento y los costos de seguimiento.
Es posible que los incentivos temporales o cláusulas de extinción limiten los costos fiscales y requieran la evaluación, aunque los cambios frecuentes o poco claros pueden elevar la incertidumbre de los inversores.
Estrategia de focalización
Para elevar la certidumbre, limitar la discrecionalidad y evitar el mal uso o las querellas, es preciso contar con criterios de elegibilidad claros, cuantificables y estables.
Si bien una focalización estrecha podría restringir la condonación de los ingresos fiscales y promover la armonización con los estándares sociales y medioambientales, para así alcanzar los objetivos de política sostenibles, también puede generar carga administrativa y distorsiones económicas.
Una focalización de amplio alcance respalda la neutralidad y la simplicidad del sistema tributario, pero puede resultar costosa para el gobierno y concentrarse menos en objetivos de políticas específicos.
Evaluación
Es preciso dar seguimiento y evaluar de manera periódica los incentivos, para asegurarse de que sean los adecuados para los fines que se persiguen.
Los gastos relacionados con la tributación deberán cuantificarse y publicarse con periodicidad.
Poner en práctica los requisitos legales para evaluar e informar sobre los incentivos fiscales aseguraría la revisión periódica y sistemática.
Legislación e implementación
Los incentivos fiscales deben estar sujetos a la revisión y la opinión del ministerio de finanzas y ser ratificados por los legisladores o el parlamento.
Los incentivos fiscales deberán consolidarse en la principal legislación fiscal y abrirla al público.
Es esencial contar con una coordinación interinstitucional eficaz, con mandatos claros y una función central para el ministerio de finanzas y la autoridad recaudadora.
Demasiados actores y leyes aumentan la complejidad, reducen la transferencia y generan riesgos de abuso.
El apoyo ciudadano será decisivo para eliminar gradualmente los incentivos ineficientes e ineficaces. Es esencial fomentar la comprensión y la confianza del público para que dichas reformas tengan viabilidad política (más adelante analizamos el tema de la moral fiscal). Esto requiere presentar informes de gastos tributarios claros, transparentes y accesibles, que se compartan periódicamente con el público, que muestren el costo de dichos incentivos, qué sectores se benefician y si los resultados justifican el gasto. En términos generales, los incentivos fiscales a la inversión se perciben positivamente en ALC: el 62% de los habitantes considera apropiado otorgarlos a empresas multinacionales, en tanto que el 14% cree que es inapropiado (IFAC/ACCA, 2024[31]). Sin embargo, esta percepción viene con la advertencia de que la mayoría de los ciudadanos no están informados sobre los detalles del diseño o la efectividad de los incentivos fiscales.
Fortalecer la moral tributaria puede mejorar el cumplimiento y promover una cultura fiscal más justa
Una baja confianza pública en las instituciones gubernamentales representa un gran reto de gobernanza que, entre otros importantes asuntos sobre este tema, enfrenta la agenda de financiamiento en ALC. Como pilar fundamental del contrato fiscal, la confianza es la base de la voluntad de los ciudadanos de contribuir con el pago de impuestos a cambio de bienes y servicios públicos esenciales. Cuando la confianza en las instituciones se erosiona, el cumplimiento tributario también tiende a disminuir y debilitar con ello la capacidad fiscal del Estado. Esto, a su vez, disminuye la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas fuertes y financiar facilitadores críticos de la transformación productiva, como políticas de infraestructura, educación, salud y cuidado (OECD et al., 2024[2]).
Obtener una comprensión más profunda de la confianza y la moral tributaria es esencial para aumentar tanto la eficacia de la recaudación de impuestos como el nivel general de movilización de ingresos. El término moral tributaria se refiere a la voluntad intrínseca de las personas de cumplir con las obligaciones fiscales (Torgler, 2005[32]; OECD, 2019[33]). Por lo común, se evalúa aplicando encuestas basadas en la percepción, con preguntas sobre si las personas encuestadas creen que la evasión fiscal está justificada. Comprender la moral tributaria analizando la correlación entre las características y actitudes de los individuos puede ayudar a los gobiernos a identificar cómo los habitantes perciben los sistemas tributarios y cómo reformarlos para alentar la moral tributaria. Los factores sociodemográficos y económicos juegan un papel importante, con características determinadas – edad, género, nivel de ingresos y nivel educativo – que afectan la confianza y la moral tributaria. Las personas con mayor nivel educativo, así como los adultos mayores, las mujeres y aquellas con afiliaciones religiosas más fuertes, tienden a mostrar mayor disposición a cumplir con las obligaciones tributarias (OECD, 2019[33]). En cuanto a las actitudes, las percepciones de justicia y equidad son indicadores útiles para comprender cuán legítimo y eficaz se percibe que es el contrato fiscal. Las percepciones de los contribuyentes sobre el sistema tributario y sobre los papeles respectivos de los gobiernos y los habitantes implicados en dicho contrato configuran el contexto en el que deben implementarse las iniciativas de reforma y, por tanto, son cruciales (IFAC/ACCA, 2024[31]).
Aunque una gran parte de los habitantes de ALC condena la evasión fiscal, el porcentaje ha disminuido constantemente desde 2011. En 2024, el 63% de los encuestados en países seleccionados de ALC dijeron que nunca evadirían impuestos. En la mayoría de los países encuestados de la región, más del 60% de quienes respondieron condenó la evasión fiscal. Sin embargo, en Argentina y Brasil, el porcentaje fue del 55% y el 56%, respectivamente (Gráfico 3.8).
Respuestas a la pregunta “¿Justifica usted evadir impuestos si tiene la oportunidad?”.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (IFAC/ACCA, 2024[31]).
Si bien una gran parte de los ciudadanos de los países en desarrollo tienen una percepción positiva de la tributación y el pacto fiscal, pocos creen que los ingresos fiscales se invierten adecuadamente, lo que indica que hay margen para fortalecer la moral fiscal. Según datos obtenidos de la encuesta aplicada en países en desarrollo, se brinda un amplio apoyo teórico a la idea de un contrato fiscal: un promedio de 52% de los encuestados considera que el pago de impuestos es una forma de apoyar a su comunidad (IFAC/ACCA, 2024[31]). En ALC, donde el 47% de quienes respondieron expresamente su apoyo y un 29% su desaprobación, el pacto es ligeramente menor que los de África y Asia (Gráfico 3.9, Panel A). La población de los países en desarrollo por lo general percibe que sus contribuciones fiscales apoyan a la comunidad; no obstante, solo el 32% cree que los servicios públicos que reciben son una retribución justa por lo que pagan. Una vez más, América Latina reportó el nivel más bajo de satisfacción, con solo un 25.4% de acuerdo y un 55.7% en desacuerdo (Gráfico 3.9, Panel B). La brecha entre la percepción más teórica del pago de impuestos como apoyo comunitario y la percepción vivencial de recibir una retribución justa, indica una fractura en el contrato fiscal. Para reducir esta brecha y fortalecer la moral tributaria, los gobiernos deben prestar especial atención a las percepciones de los ciudadanos sobre la calidad y la eficacia de los bienes y servicios públicos, así como a la evolución de los índices de percepción de la corrupción.
Nota: La encuesta en línea abarcó a 10 308 personas de 26 países en Desarrollo de África, Asia y ALC (véanse detalles de los países y las condiciones socioeconómicas de los encuestados que respondieron en la fuente del gráfico). Los países encuestados abarcan una gama de condiciones de política, económicas, políticas, geográficas y culturales. La encuesta se centró detenidamente en países de ALC: ocho en Sudamérica y ocho en América Central (y México) y cinco en África y en Asia, respectivamente. La población estimada actualmente de los países encuestados es de 1 566 millones, incluidos cinco de los siete países más grandes no pertenecientes al G-20 y que representan el 19.5% de la población mundial. Los totales mostrados en las columnas pueden no sumar exactamente 100 debido a ajustes de redondeo.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (IFAC/ACCA, 2024[31]).
La interacción diaria con servicios públicos deficientes y los escándalos en materia de corrupción desalientan el cumplimiento tributario, ya que los ciudadanos no perciben que a sus contribuciones se les dé un uso eficaz. Los responsables de formular políticas públicas que se proponen comprender la baja moral tributaria en ALC y en otras regiones en desarrollo, deben considerar variables más allá de los factores demográficos y socioeconómicos, y medir el nivel de los servicios públicos, lo que puede motivar aún más a los habitantes a apoyar el sistema tributario con sus contribuciones. La disposición de las personas a pagar impuestos está estrechamente relacionada con la forma en que perciben el uso de los fondos públicos, particularmente a través de la calidad de servicios como educación, atención médica y justicia (OECD, 2019[33]). En muchos países de ALC, la satisfacción con estos servicios disminuyó entre 2011 y 2022 (Gráfico 3.10, Panel A). Tal disminución de la satisfacción ciudadana, tal vez influenciada por los efectos de la pandemia del COVID-19 en los últimos años, coincidió con el debilitamiento de la moral tributaria. Las personas que creen que sus impuestos se utilizan con eficacia para proporcionar servicios esenciales tienden a inclinarse más a considerar que el pago de impuestos es un deber cívico (Castañeda, 2024[34]). Del mismo modo, la confianza en el gobierno y el nivel percibido de corrupción están fuertemente relacionados e impactan la moral tributaria en las regiones en desarrollo. En África, en 2015, la disminución de la corrupción aumentó la disposición a pagar impuestos 3.5% en 2015; por su parte, en ALC, aumentó 4% en 2016 (OECD, 2019[33]). También en ALC, en 2023, la percepción promedio de corrupción fue del 72%, mientras que la moral tributaria promedio se ubicó en el 55.3% (Gráfico 3.10, Panel B).
Nota: El Panel A muestra la satisfacción de los habitantes con los sistemas educativo, sanitario y judicial, sobre la base de las siguientes preguntas: “En la ciudad o zona donde vive, ¿está satisfecho o insatisfecho con el sistema educativo y las escuelas?”, “¿con la disponibilidad de atención médica de calidad?” y “¿Tiene confianza o no en cada uno de lo siguiente: ¿Con el sistema judicial y los tribunales?”. En el Panel B, la percepción de corrupción refleja el porcentaje de encuestados que respondieron “sí” a la pregunta “¿Está la corrupción generalizada en todo el gobierno de este país o no?”. La línea punteada representa un promedio móvil de dos periodos de los niveles percibidos de corrupción, suavizando las fluctuaciones a corto plazo y resaltando las tendencias a largo plazo. La moral tributaria se basa en la pregunta “¿Justifica usted evadir impuestos si tiene la oportunidad?” y se calcula como el porcentaje de encuestados que respondieron que la evasión fiscal es de alguna manera justificable (respuestas entre 2 y 10 en una escala de 100 puntos), excluyendo a quienes respondieron “nunca justificable”. Solo se muestran los años con datos disponibles.
Fuente: Cálculos de los autores con base en (Latinobarometro, 2023[35]) y (Gallup, 2023[36]).
La transparencia y la eficiencia con las que las instituciones públicas invierten los fondos públicos son cruciales para reducir la corrupción, fomentar la confianza y alentar el cumplimiento tributario. En 2024, el 60% de los habitantes de algunos países en desarrollo dijeron que creían que los impuestos eran esenciales para financiar el desarrollo sostenible (Gráfico 3.11, Panel A), pero solo el 33% creía que los impuestos se gastaban para el bien público general (Gráfico 3.11, Panel B). Argentina y Brasil fueron los únicos países de ALC en los que menos de la mitad de los encuestados consideraron que los fondos fiscales eran una fuente fundamental para financiar el desarrollo sostenible. Demostrar que estos fondos se utilizan de manera eficaz para abordar las principales prioridades de los ciudadanos no solo puede aumentar la moral tributaria, sino también reducir, hasta cierto punto, la percepción de corrupción. Las herramientas digitales y las plataformas en línea son especialmente útiles para reducir las oportunidades de incurrir en acciones corruptas (OECD, 2019[33]) y apoyar una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana: de esta manera, ayudan a cerrar la brecha en las percepciones entre la recaudación de impuestos y el gasto público.
Fuente: Elaboración del autor con base en (IFAC/ACCA, 2024[31]).
La transformación productiva ofrece un marco relevante para elevar la moral tributaria al demostrar conexiones tangibles entre las contribuciones fiscales y los resultados del desarrollo sostenible. La transformación productiva integra la sostenibilidad social y medioambiental en los objetivos de desarrollo económico por medio de la cooperación público-privada y gobernanza experimental. Al dirigir los ingresos fiscales hacia proyectos visibles de infraestructura verde, iniciativas de energía renovable y sectores de manufactura sostenible, los gobiernos pueden fortalecer el contrato fiscal, mostrando a sus ciudadanos en qué forma sus contribuciones apoyan directamente tanto el crecimiento económico como la protección del medioambiente. Este enfoque dual puede ser particularmente eficaz en ALC, donde el 79.5% de sus habitantes apoyan los incentivos fiscales para proyectos de energía verde, lo cual indica un fuerte respaldo público a las políticas que armonizan las contribuciones fiscales con los objetivos de sostenibilidad (Martinez et al., 2025[30]).
La implementación de programas educativos para los contribuyentes es una herramienta poderosa para explicar cómo funcionan los sistemas tributarios y cómo se utilizan los fondos públicos, lo que en última instancia puede fortalecer la moral tributaria. Esta sugerencia se basa en las respuestas que indican que los encuestados perciben que esos programas son valiosos, opinión que comparten quienes aún no han tenido acceso a ellos. La mayoría de los encuestados tienen opiniones favorables sobre la educación de los contribuyentes. En todos los países encuestados, la mayoría de los participantes recibió educación fiscal en la escuela y le pareció beneficiosa (34.1% en promedio) o no la había recibido, pero creía que hubiera sido valiosa (28.1% en promedio) (IFAC/ACCA, 2024[31]). Si bien muchos países emprenden iniciativas de educación para contribuyentes, estas suelen carecer de recursos y no se les da suficiente prioridad. Es importante asegurarse de que la educación fiscal se incluya en los planes de estudios escolares y establecer vínculos entre el ministerio de finanzas o administración tributaria y el departamento de educación, sobre todo para apoyar a los profesores a enseñar temas fiscales de manera eficaz (OECD, 2021[37]).
Hay margen para fortalecer la moral tributaria incorporando acciones específicas basadas en factores sociodemográficos. Por ejemplo, según evidencias disponibles, las personas mayores son menos propensas a considerar aceptable la evasión fiscal. Esto indica que las acciones para asegurar el cumplimiento podrían dirigirse con mayor eficiencia a los contribuyentes más jóvenes. De igual manera, en términos generales, las mujeres parecen tener una moral tributaria más alta que los hombres, por lo que – aunque hasta la fecha, muy pocos países han analizado las implicaciones de género de la administración y el cumplimiento tributarios – valdría la pena pensar en adaptar los esfuerzos de cumplimiento al género (OECD, 2022[38]).
El papel relativamente pasivo que con frecuencia se asigna a los contribuyentes en las iniciativas educativas merece reconsiderarse. Las políticas que promueven la participación cívica pueden ejercer efectos más duraderos que los programas que tratan a los ciudadanos como simples receptores de capacitación. La participación podría mejorarse brindando a los contribuyentes oportunidades para expresar, tanto en línea como en persona, sus experiencias, por ejemplo, si es fácil utilizar los sistemas tributarios o si hay áreas de mejora. Muchas de las iniciativas de educación más exitosas dirigidas a los contribuyentes actuales incorporan oportunidades de retroalimentación (OECD, 2021[37]). La retroalimentación sobre la complejidad de los sistemas tributarios puede ayudar a los países a diseñar procedimientos más amigables para facilitar el pago. Además, aumentar la transparencia en torno al gasto público – ofreciendo datos accesibles y participación en cómo, dónde y cuándo se utilizan los ingresos fiscales – podría reforzar aún más la moral tributaria, siempre y cuando la información se presente de manera significativa con parámetros de gobierno abierto.
Las capacidades financieras e institucionales de las instituciones financieras de desarrollo nacionales difieren en gran medida en ALC
La transformación productiva es uno de los objetivos más comunes de las IFD nacionales. Muchas IFD de ALC incluyen en sus mandatos referencias específicas a la promoción de uno o más aspectos de la transformación productiva. Muchas también financian el desarrollo de las mipymes o tienen un enfoque específico del sector. Sin embargo, prevalece una heterogeneidad significativa en sus capacidades financieras e institucionales.
Las capacidades financieras de las IFD en ALC difieren mucho. Los activos totales, que incluyen todo lo que una IFD posee (por ejemplo, dinero en efectivo, préstamos a clientes, inversiones, propiedades), varían ampliamente como porcentaje del PIB entre y dentro de las economías de ALC. En este sentido, las IFD de mayor tamaño de la región, en México y Brasil, alcanzan alrededor del 7.4% y el 6.9% del PIB, respectivamente, en tanto que las más pequeñas, en Brasil y Argentina, representan solo el 0.04%‑0.08% y el 0.14% del PIB, respectivamente. Una divergencia semejante se observa en el capital, definido como la parte de los activos que pertenece a los propietarios de una IFD (gobiernos o accionistas) después de restar los pasivos. Las mayores IFD en este sentido alcanzan el 2.1% del PIB en Chile y el 1.6% en Brasil, mientras que las más pequeñas representan solo el 0.02%‑0.03% del PIB en Brasil y el 0.04% en Argentina. El monto de los préstamos otorgados por las IFD en la región también varía ampliamente y, en algunos casos, se relaciona con los niveles de ingresos y población de los países. En Brasil, los préstamos de las IFD promedian 36 600 millones de USD y en Chile, 12 300 millones de USD. En el extremo inferior, las IFD de Belice y Haití promedian 41 millones de USD y 188 millones de USD, respectivamente (Cipoletta Tomassian and Perez Caldentey, 2024[39]).
Nota: El conjunto de datos cubre 73 IFD en 22 países de ALC (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana).
Fuente: Cálculos de los autores con base en (Jiajun et al., 2025[40]).
Las IFD de la región también muestran gran heterogeneidad en sus mandatos. Mientras que 29 instituciones (35%) tienen un mandato flexible, muchas se centran en las mipymes (27 instituciones, 32%) o la agricultura (13 instituciones, 15%) (Gráfico 3.12). Otros mandatos incluyen vivienda (siete instituciones, 8%), comercio internacional (cinco instituciones, 6%), gobierno local (dos instituciones, 2%) e infraestructura (una institución, 1%). Esto refleja un fuerte énfasis en el apoyo al desarrollo de pequeñas empresas y a la vez destaca los diversos objetivos de estas instituciones.
Las IFD en ALC también exhiben una heterogeneidad significativa en sus capacidades técnicas y operativas. La divergencia en las capacidades se refleja en las limitaciones reportadas entre las instituciones de la región. Los principales desafíos incluyen una gestión de riesgos deficiente, reportada por el 51% de las IFD en la región, y problemas de sostenibilidad financiera (48%). Ambos desafíos dificultan la capacidad de las IFD para gestionar riesgos, movilizar recursos a largo plazo y apoyar la transformación productiva. Otros problemas comunes son la falta de gobierno corporativo y transparencia (39%), la dificultad para contratar personal calificado (31%) y la interferencia política (14%), asuntos que lesionan la autonomía técnica, la innovación y la independencia estratégica (Cipoletta Tomassian and Perez Caldentey, 2024[39]). Estas limitaciones cualitativas exponen que la heterogeneidad entre las IFD se observa no solo en sus mandatos u objetivos, sino también en sus capacidades operativas y técnicas.
Las instituciones financieras de desarrollo nacionales ya desempeñan un papel central en el impulso a las iniciativas de transformación productiva, pero se puede hacer más
Las IFD nacionales de ALC utilizan diversos instrumentos para sustentar la transformación productiva. Se centran en las mipymes, la inclusión financiera y la sostenibilidad. Los instrumentos incluyen préstamos a corto y largo plazo, garantías, bonos verdes y sociales, fondos de capital de riesgo y sistemas de arrendamiento financiero y cofinanciamiento. Por ejemplo, los préstamos directos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y de Nacional Financiera (NAFIN) de México, respaldan el capital de trabajo y las actualizaciones tecnológicas. Para mejorar el acceso a los activos de las empresas cuya capacidad crediticia es limitada, las IFD también ofrecen préstamos y garantías en condiciones favorables, incluidos el Fondo de Garantía de Inversiones de Argentina (FOGAR), el Fondo de Garantía de Inversiones del BNDES de Brasil (BNDES FGI) y el Fondo Nacional de Garantías de Colombia. Las garantías tienen grandes posibilidades de mejorar el acceso de las mipymes a los mercados crediticios. Sin embargo, su eficacia depende de un proceso sostenido de desarrollo institucional y fomento de capacidades entre todas las partes interesadas (ECLAC, 2021[41]). Los instrumentos más innovadores incluyen bonos verdes y de impacto social, como los emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Gobierno de Colombia para el empleo para jóvenes; fondos de capital de riesgo, como BNDESPAR, filial del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, así como planes de cofinanciamiento que combinan recursos públicos y privados, como el Fondo de Inversión en Infraestructura de NAFIN. Otros instrumentos son: microcréditos, arrendamiento, factoraje (factoring), financiamiento colectivo (crowdfunding) y fondos rotatorios, que brindan a las mipymes liquidez y acceso a activos sin depender del crédito tradicional. Esta diversidad de instrumentos destaca el papel estratégico que los bancos de desarrollo juegan en la adaptación de sus herramientas para reforzar los sectores productivos, impulsar la modernización y promover el crecimiento inclusivo y sostenible de la región (Cipoletta Tomassian and Perez Caldentey, 2024[39]; OECD et al., 2024[2]).
Los instrumentos que abordan las agendas de transformación verde y digital y atienden la inclusión de las mujeres y la igualdad de género, siguen siendo limitados en las IFD nacionales de ALC. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, las carteras de préstamos de las IFD se ampliaron en la mayoría de los países de ALC, y el 71.2% de las IFD informaron de un aumento promedio de su cartera del 21%, destinado principalmente a apoyar al sector productivo (OECD et al., 2024[2]). Pese a este crecimiento, sería oportuno que las IFD se comprometieran más a desarrollar instrumentos financieros para las mipymes que incorporen objetivos verdes, digitales y con perspectiva de género. Dichos instrumentos ayudarían a crear condiciones propicias para aumentar el atractivo y la viabilidad de la inversión en la transformación productiva. De los 473 instrumentos financieros ofrecidos a las mipymes por las IFD nacionales en la región de ALC en 2023, solo el 19% se asignaba a por lo menos una de estas prioridades transversales: el 9.7% se centró en la transición verde, el 3.8% en la transformación digital o innovación, y el 5.5% en la igualdad de género (OECD et al., 2024[2]).
De cara al futuro, para aumentar el apoyo al financiamiento climático, es necesario que las IFD fortalezcan la capacidad técnica, tanto la propia como la de sus clientes. Desde 2023, los fenómenos meteorológicos extremos habían dañado los activos físicos del 40% de los bancos públicos de desarrollo5 y afectado la calidad de los activos del 59%; sin embargo, el 93% considera que la transición climática es una oportunidad y el 77% se adhiere a los objetivos del Acuerdo de París (EIB, 2024[42]). No obstante, menos de la mitad se consideran líderes o promotores de la transición verde: el 46% siguen las prácticas de la industria y el 7% se mantienen escépticos. La expansión del financiamiento climático requerirá que los bancos públicos de desarrollo impulsen las capacidades internas y las de sus clientes, por ejemplo, a través de programas de asistencia técnica, como la iniciativa Enverdecimiento del Sector Financiero del Banco Europeo de Inversiones, que se ha extendido a 15 países de África y Europa (EIB, 2024[42]).
Para potenciar su contribución a la transformación productiva, las IFD nacionales pueden reforzar su función tradicional de financiamiento y, a la vez, coincidir más estrechamente con las prioridades productivas definidas en los niveles nacional y territorial. Esto implica financiar no solo a empresas en sectores estratégicos, sino también proyectos de bien público derivados de las agendas de desarrollo productivo, como las iniciativas de clústeres. Asimismo, las IFD pueden también ampliar su propuesta de valor utilizando instrumentos que permitan a los países competir en igualdad de condiciones en los mercados mundiales. Por ejemplo, los créditos a la exportación y las garantías en el marco del Acuerdo de la OCDE sobre Créditos a la Exportación con Apoyo Oficial podrían generar una ventaja importante: permiten ciertas desviaciones de las regulaciones en materia de subvenciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero su uso en la región sigue siendo escaso.
Al mismo tiempo, las IFD pueden adoptar una función de inteligencia de mercado que ayude a identificar cuellos de botella que restringen la transformación productiva. Instrumentos para lograrlo son la actividad crediticia, la evaluación de la viabilidad de los proyectos y actividades complementarias, como el desarrollo de herramientas y análisis que sirvan como bienes públicos para la transformación productiva. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por Bancóldex en Colombia con el Atlas de Complejidad Económica, que ayudó a los territorios a identificar nuevas actividades económicas y productos para diversificar la estructura productiva del país (Fernández-Arias, Hausmann and Panizza, 2019[43]).
Para que las IFD nacionales intervengan de manera decisiva en la transformación productiva, deberán cumplirse varias condiciones. En primer lugar, necesitan un mandato claro que defina su participación en el diseño y la implementación de políticas de desarrollo productivo, en los niveles nacional y territorial. En segundo lugar, es preciso ajustar sus estrategias para armonizarlas estrechamente con estas políticas y con las prioridades que establecen. En tercer lugar, las IFD nacionales deberán participar de manera activa en los espacios de gobernanza para la transformación productiva, incluidos los acuerdos institucionales nacionales y subnacionales. En cuarto lugar, el desempeño eficaz de esta función exige fortalecer sus capacidades institucionales. Por último, se requiere trabajar más en la promoción de la pedagogía y la armonización del lenguaje en torno a lo que se entiende como políticas de desarrollo productivo, tanto entre quienes trabajan en las IFD nacionales, como entre quienes lideran las iniciativas de formulación de políticas públicas (Fernández-Arias, Hausmann and Panizza, 2019[43]).
Los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras de desarrollo bilaterales pueden respaldar la coordinación de las IFD al tiempo que abordan algunos de sus retos
Los bancos multilaterales de desarrollo y las IFD bilaterales pueden ser un factor importante en la mejora del impacto de las IFD nacionales sobre el desarrollo. En ALC, solo el 9% de las necesidades de financiamiento de los países se cubren mediante fuentes externas y los BMD contribuyen con la mitad de dicha cantidad. Sin embargo, los BMD y las IFD bilaterales tienen un fuerte potencial transformador, dada su habilidad para atender fallas en el mercado y la coordinación por medio de una autoridad supranacional, así como estrategias a largo plazo que trasciendan los ciclos políticos, que a menudo resultan un riesgo para la continuidad de los programas de inversión (CAF, 2025[44]).
Los BMD y las IFD bilaterales pueden ayudar a las IFD nacionales de ALC a reducir los costos de endeudamiento y atraer la inversión privada. Muchas IFD nacionales, especialmente las más pequeñas, enfrentan costos de financiamiento más altos y problemas de capacidad que limitan su posibilidad de escalar el impacto. Se necesitan enfoques adaptados para abordar estas desigualdades. Los bancos multilaterales de desarrollo y las IFD bilaterales pueden otorgar préstamos y donaciones en condiciones favorables para absorber los costos iniciales; simplificar los trámites de financiamiento como apoyo a instituciones más pequeñas y establecer un mecanismo conjunto dedicado a canalizar recursos. Una estructura de este tipo podría reunir fondos de múltiples BMD e IFD bilaterales, asignar personal para identificar IFD prometedoras y brindarle apoyo a largo plazo para su fortalecimiento institucional (Florian, 2025[45]). Además de reducir los costos de endeudamiento, los BMD y las IFD bilaterales pueden ayudar a las IFD nacionales a atraer capital privado. Al ofrecer instrumentos de mitigación de riesgos, como garantías de primera pérdida o contratos de seguros, pueden reducir el riesgo de las carteras y aumentar el atractivo de las inversiones para los inversores privados. La experiencia del Banco de Desarrollo de África, que aseguró más de mil millones de USD de su cartera utilizando estructuras de cuasicapital y seguros privados, es un ejemplo de la manera en que dichas herramientas pueden elevar la resiliencia y desbloquear mayores flujos de financiamiento para el desarrollo y la acción climática (AfDB Group, 2025[46]). Los BMD y las IFD bilaterales pueden participar más en la habilitación de un entorno propicio para la inversión privada, como el apoyo a iniciativas para atender las percepciones erróneas del riesgo y aumentar la confianza de los inversores (OECD, 2024[47]).
Los BMD y las IFD bilaterales también pueden actuar como bancos de conocimiento, ofreciendo a las IFD nacionales de ALC asistencia técnica, desarrollo de capacidades y apoyo en políticas, adaptados a sus perfiles financieros e institucionales. Además de financiamiento, los BMD y las IFD bilaterales pueden ayudar a las IFD nacionales a generar conocimiento, desarrollar estrategias de producción cohesivas a mediano plazo y robustecer la recopilación de datos. Por ejemplo, los BMD y las IFD bilaterales pueden ayudar a las IFD nacionales con capacidad suficiente a desarrollar taxonomías y marcos para proyectos de adaptación climática, a crear métricas de impacto basadas en el sector y a compartir las mejores prácticas internacionales para generar carteras de proyectos (CPI, 2024[48]). Además, estas instituciones pueden apoyar a las IFD nacionales en la preparación de proyectos y el desarrollo de carteras en áreas como energías renovables, movilidad urbana limpia, desarrollo agroindustrial e infraestructura digital, los cuales son esenciales para avanzar en la descarbonización, la productividad y la competitividad de ALC (FAO and ECLAC, 2021[49]). La consulta de la OCDE de 2022 sobre hidrógeno verde destacó la importancia de la estrategia, la gobernanza, el desarrollo tecnológico y los mecanismos de reducción de riesgos para desarrollar mercados verdes sostenibles (Cordonnier and Saygin, 2022[11]). Los BMD, las IFD bilaterales y las IFD nacionales están bien posicionadas para facilitar dichos procesos, al ayudar a reducir las percepciones de riesgo financiero e impulsar la inversión a largo plazo en tecnologías verdes.
Más aún, los BMD y las IFD bilaterales pueden también fomentar la coordinación entre las IFD nacionales organizando foros y creando plataformas que los conecten en diferentes niveles y sectores de producción clave. Actuando como facilitadores, los BMD y las IFD bilaterales tienen la posibilidad de impulsar el aprendizaje entre pares y políticas de desarrollo productivo más coordinadas entre las IFD nacionales en todos los sectores y las fronteras. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) colaboró con la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), el BNDES de Brasil y otras instituciones, para establecer un Centro de Banca de Desarrollo de América Latina, el cual sirve como plataforma central para recopilar y compartir datos e información de acceso público sobre las principales áreas de interés para los bancos de desarrollo, en particular, en materia de transformación digital, intercambio de conocimientos, asociaciones público-privadas e inversión en infraestructura. En el marco de esta iniciativa, la Comunidad de Práctica de Banca de Desarrollo permite a las IFD nacionales de la región intercambiar conocimientos, alentar el diálogo y compartir experiencias relacionadas con las finanzas sostenibles (ALIDE, 2025[50]). De igual manera, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) pone a disposición de la región plataformas de coordinación que fungen como instancias habilitadoras y supervisoras para la acción conjunta, así como de espacios para la difusión de conocimientos (CAF, 2025[44]).
Por su parte, las asociaciones entre las IFD bilaterales y las nacionales pueden combinar el financiamiento focalizado con la asistencia técnica. Por ejemplo, en 2021, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmó un acuerdo de Nivel 2 con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), a fin de apoyar proyectos relacionados con el clima, en específico, la movilidad eléctrica. El programa incluye un préstamo sénior de 50 millones de USD y un préstamo subordinado de 15 millones de USD, que proporcionan liquidez a largo plazo y apalancan el financiamiento adicional del BNCR. Estas medidas se complementan con una subvención de cuatro años de la Unión Europea por tres millones de euros para asistencia técnica, con el propósito de adecuar el financiamiento de proyectos BNCR con los objetivos climáticos de Costa Rica (AFD, 2024[51]). Fortalecer la capacidad de las IFD nacionales mediante programas de capacitación dirigidos por los BMD, la asistencia técnica y la promoción de taxonomías sostenibles resulta esencial para armonizar las inversiones con los objetivos de impacto climático y social, mientras se desbloquea un mayor financiamiento privado y con condiciones favorables para el desarrollo transformador. La AFD se está asociando con bancos nacionales de desarrollo de Brasil y Colombia para integrar la sostenibilidad en los sistemas financieros y ampliar la inversión verde. En Brasil, la AFD trabaja con el Banco da Amazonia para impulsar las cadenas de valor de bioeconomía en la región por medio de un mecanismo de 80 millones de euros, así como con CAIXA para financiar infraestructura climáticamente inteligente a través de un bono sostenible de 250 millones de euros, centrado en el saneamiento y la gestión de residuos, sobre todo en las regiones desatendidas (AFD, 2025[52]). En Colombia, la colaboración con Bancóldex fundamenta los objetivos climáticos, de biodiversidad, de género y de inclusión social, con el respaldo de un préstamo de 100 millones de USD y asistencia técnica para expandir los préstamos verdes a pequeñas y medianas empresas (pymes) (AFD, 2024[53]).
Por otra parte, los BMD y las IFD bilaterales pueden apoyar a las IFD nacionales para aumentar la inclusión financiera, en especial para las mipymes. Los BMD regionales, como CAF y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ya asignan una gran parte de sus carteras a la inclusión de las mipymes (12% y 12.9%, respectivamente) y a menudo operan como bancos de segundo piso que canalizan fondos a través de instituciones financieras nacionales (Cipoletta Tomassian and Perez Caldentey, 2024[39]). Sin embargo, hay mucho por hacer, ya que las mipymes de la región siguen enfrentando grandes retos de inclusión financiera. Las mipymes de ALC utilizan el sistema financiero principalmente para depósitos y pagos, con baja utilización de préstamos y productos crediticios, lo cual limita su capacidad de expandirse y crecer. Por lo tanto, potenciar la inclusión financiera impulsaría un aumento de la inversión y los ingresos, reducción de la pobreza, igualdad, asignación de recursos más eficiente e innovación (OECD et al., 2024[2]). Por ejemplo, el BID ayuda a Bancóldex de Colombia a fortalecer su capacidad institucional y desarrollar nuevos productos para las mipymes, centrándose en el acceso al crédito, la modernización de la producción, la sostenibilidad medioambiental y soluciones para empresas de bioeconomía en la Amazonia. La iniciativa también promueve productos para mujeres y grupos diversos, homologa la cartera de Bancóldex con el Acuerdo de París y optimiza los datos y la evaluación de impacto (IDB, 2025[54]). Varias IFD de ALC alientan la inclusión financiera mediante microcréditos que proporcionan a las micro y pequeñas empresas acceso al capital, en particular en sectores informales o emergentes. En Ecuador, el Banco de Oportunidades del Banco del Estado ofrece microcréditos rurales flexibles, en tanto que el Banco Nacional de Bolivia otorga microcréditos agrícolas sin solicitar garantías tradicionales. Sin embargo, muchas IFD nacionales aún enfrentan restricciones de capacidad que limitan su alcance, lo que resalta la necesidad de que los BMD ayuden a ampliar la labor de inclusión financiera.
Asimismo, se requiere la colaboración entre organismos multilaterales para maximizar el impacto conjunto, evitar superposiciones y desarrollar sinergias. Los BMD y las instituciones multilaterales brindan credibilidad, con lo que ayudan a superar las barreras de confianza y movilizar capital, tecnología y experiencia que de otro modo no estarían disponibles. Este enfoque sustenta la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, que reúne a la Unión Europea, sus Estados miembros, las instituciones financieras de desarrollo y el sector privado, para impulsar la inversión sostenible del sector privado. Global Gateway brinda un entorno propicio de 360 grados para inversiones de calidad, promoviendo altos estándares medioambientales, sociales y de gobernanza, la neutralidad climática, la transición verde y digital y el respeto a los derechos humanos, el trabajo digno y la inclusión social.
Iniciativas concretas ilustran este modelo de colaboración. El Fondo Kuali, un fondo de inversión español pionero iniciado en 2024 con un objetivo de más de 200 millones de euros, apoya a países de ALC y a India en la transición a economías bajas en carbono y en el aumento de la resiliencia climática. Impulsa las buenas prácticas climáticas entre las pequeñas instituciones financieras, cooperativas, microfinanzas y fintechs, y a la vez respalda a empresas innovadoras que amplían las soluciones de mitigación y adaptación, con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima, la Unión Europea, el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e inversores privados, entre ellos GAWA Capital y COFIDES (LACIF, 2025[55]). Otro ejemplo es la alianza CAF-AFD de 200 millones de euros, iniciada en mayo de 2024, que combina financiamiento no asignado a un fin específico, asistencia técnica e intercambios de expertos para avanzar en el objetivo de CAF de convertirse en el banco verde de la región y afrontar los retos climáticos y de biodiversidad en ALC (OECD et al., 2024[2]).
Un sistema financiero que funcione adecuadamente puede movilizar y canalizar recursos privados hacia objetivos de desarrollo. Los mercados financieros de ALC experimentaron un gran crecimiento en las últimas tres décadas en términos de volumen, participantes, instrumentos y productos. Los hogares aumentaron considerablemente su participación en los mercados financieros mediante el acceso a cuentas de ahorro y préstamos, aunque un gran porcentaje de hogares informales aún no tienen una cuenta de crédito. La expansión del sector financiero benefició el crecimiento y el desarrollo de las grandes empresas, incluso las de mayor tamaño. Sin embargo, las mipymes aún enfrentan dificultades para acceder a los mercados financieros. ALC tiene la segunda brecha de financiamiento mipyme más grande de las regiones en desarrollo. En cuanto al desarrollo de los mercados de capital, si bien la mayoría de los países de ALC tienen acceso limitado al mercado de capitales doméstico para empresas privadas, la región amplió su presencia en los mercados internacionales mediante la emisión de bonos de deuda y certificados de depósito, mientras avanzaba en la integración financiera regional (OECD et al., 2024[2]).
Los bancos son aún la principal fuente de financiamiento para los hogares y las empresas en ALC
Dado el limitado desarrollo de los mercados de capitales en ALC, los bancos son los principales intermediarios para hogares y empresas. El crédito bancario constituye la principal fuente de financiamiento externo para las empresas. Sin embargo, la inclusión financiera bancaria es aún limitada para muchos hogares y para las MiPymes. El desarrollo de mercados financieros más diversificados y eficientes es imperativo para impulsar el desarrollo inclusivo en ALC (OECD et al., 2024[2]).
Para evaluar el funcionamiento del sistema bancario, por lo común se consideran tres aspectos: profundidad, acceso y eficiencia. La profundidad mide el tamaño de los mercados financieros; el acceso examina hasta qué punto pueden usarlos las personas, y la eficiencia evalúa la eficacia del sistema en la prestación de servicios. Este enfoque puede capturar las características clave de los sistemas financieros y la evolución de la estructura financiera en la región (OECD et al., 2024[2]).
Profundidad, acceso y eficiencia
Si bien la profundidad financiera en ALC se incrementó en la última década, sigue siendo baja. El crédito interno al sector privado se duplicó en los últimos 20 años y alcanzó el 52% del PIB en 2024. A pesar de este crecimiento, dicha profundidad es semejante a los niveles de Asia Meridional y África subsahariana y está rezagada con respecto a regiones como Asia Oriental (178%) y la Unión Europea (76%) (Gráfico 3.13, Panel A). El crédito interno es proporcionado principalmente por los bancos. Sin embargo, los depósitos bancarios como porcentaje del PIB representaron 55.1% en ALC en 2021, en comparación con 99.3% para los países de la OCDE (Gráfico 3.13, Panel B).
Nota: EAP = Asia Oriental y el Pacífico; SSA = África subsahariana; UE = Unión Europea y SAS = Asia Meridional. En el Panel A, las cifras de 2022 y 2023 del SSA y el SAS muestran los últimos datos disponibles. En el Panel B, las cifras de depósitos bancarios como porcentaje del (PIB) corresponden a 2021 por razones de disponibilidad de datos.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2024[56]).
ALC mejoró en el acceso a los servicios financieros, tanto para los hogares como para las MiPymes, pero quedan por superar desafíos importantes. Estos incluyen costos altos, analfabetismo financiero, empleo informal, falta de productos adecuados y de calidad y obstáculos regulatorios. En lo que se refiere a los hogares, persisten las desigualdades en el acceso a servicios financieros formales y la dependencia de préstamos informales. Las MiPymes formales también sufren dificultades para acceder al crédito debido al alto costo del financiamiento, cuyas tasas de interés a menudo son más altas que las de las grandes empresas debido a su perfil de mayor riesgo. Alrededor del 30% de las MiPymes de la región enfrentan restricciones crediticias. En 2022, la diferencia de las tasas de interés entre los préstamos a pymes y a grandes empresas fue notablemente alta en los países de ALC (Gráfico 3.14). Una barrera importante es la falta de garantías; por ejemplo, el 90% de las pymes en Colombia tienen que proporcionar garantías para obtener crédito bancario. Superar estas dificultades es fundamental para ampliar el acceso a los servicios financieros y promover el crecimiento económico inclusivo en ALC.
Nota: Los países de ingresos altos incluyen a Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, Suecia, Suiza y el Reino Unido. RHS = escala de la derecha.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (OECD, 2024[57]).
El sistema bancario de ALC tiene una rentabilidad relativamente alta, pero esto puede más bien reflejar ineficiencias que limitan el acceso al crédito. En 2021, el rendimiento promedio sobre los activos (ROA) de la región se ubicó en 1.6%, por arriba del promedio de la OCDE de 0.9%. igualmente, el margen de interés neto (NIM) se ubicó en 5%, frente al 1.7% de la OCDE, lo que señala elevados diferenciales de crédito que aumentan los costos de la deuda y desalientan el ahorro (Gráfico 3.15). Si bien estos márgenes pueden atraer a los inversores, con frecuencia se derivan de la concentración del mercado, los riesgos macroeconómicos, la limitada diversificación de ingresos y los débiles marcos legales y regulatorios. También prevalecen en la región altos costos bancarios. En 2021, los bancos de ALC enfrentaron una ratio entre los costos generales y los activos totales de 3.7%, mayor que el promedio de la OCDE de 1.4%.
Nota: ROA = retribución sobre activos. Costos = gastos generales del total de activos. NIM = margen neto de interés.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2025[58]).
Retos y oportunidades para una mayor inclusión financiera
La inclusión financiera en ALC ha mejorado, particularmente en términos de acceso y uso, pero persisten grandes retos en la calidad de los servicios. La inclusión se basa en tres pilares: acceso, uso y calidad. Si bien el acceso es mayor en toda la región, muchos grupos vulnerables siguen excluidos por sus bajos ingresos, la falta de garantías y el empleo informal, inestable o precario. Los hogares más pobres tienen opciones financieras limitadas, mientras que para los más ricos, el acceso es fácil y las herramientas, más diversas. Para los trabajadores informales también es muy difícil acceder a productos financieros debido a la inestabilidad de sus ingresos y la falta de registros de empleo. Las mujeres enfrentan barreras como estándares culturales, expectativas basadas en el género y baja integración en el mercado laboral formal. Sin embargo, el uso crece rápidamente, impulsado por la innovación digital. En algunos países de ALC, las fintech han simplificado el acceso a servicios financieros: los pagos digitales, neobancos, insurtech y finanzas alternativas lideran el crecimiento. Estas innovaciones aumentan la competencia y reducen los costos de endeudamiento. Sin embargo, la calidad y la disponibilidad de productos financieros adecuados para los grupos poblacionales de bajos ingresos son aún barreras por salvar. La escasa educación financiera y los débiles marcos de protección del consumidor dificultan el uso eficaz y responsable de dichos productos. Muchos adultos en la región aún carecen de conocimientos financieros básicos, lo que afecta su capacidad para tomar decisiones informadas. Para garantizar sistemas financieros inclusivos y resilientes, es fundamental fortalecer la capacitación financiera y la protección del consumidor (OECD et al., 2024[2]).
Una mayor inclusión financiera, especialmente cuando se combina con el acceso a servicios financieros de calidad, puede mejorar en gran medida el bienestar de los hogares, la productividad de las empresas y un desarrollo económico más amplio en ALC. Los productos financieros de alta calidad, respaldados por una sólida protección del consumidor y capacitación financiera, permiten a los hogares ahorrar, invertir y gestionar el consumo. Para las empresas, sobre todo las pymes, la inclusión de calidad facilita el acceso al crédito, permitiendo el crecimiento, la innovación y la generación de empleos (OECD et al., 2024[2]).
Los mercados de capitales más profundos en ALC pueden ayudar a impulsar el financiamiento para la transformación productiva
Los mercados de capitales son mecanismos esenciales para intermediar el ahorro y brindar financiamiento a largo plazo para la transformación productiva, ofreciendo oportunidades a la mediana empresa en particular. Estos mercados incluyen tanto instrumentos de renta variable como de deuda, que pueden emitirse en el mercado primario mediante nuevos bonos u ofertas públicas iniciales (IPO) o negociarse en el mercado secundario. Los mercados de capital privado también implican inversiones directas en empresas que no cotizan en bolsa. Estos mecanismos permiten la asignación eficiente del capital y facilitan a las empresas ampliarse, innovar y modernizarse. Al mejorar el acceso al financiamiento a gran escala y a largo plazo, los mercados de capitales pueden impulsar la inversión y la productividad, y apoyar el crecimiento económico y el desarrollo (Fiorella and Didier, 2024[59]; OECD et al., 2023[12]). Asimismo, se ha observado que los instrumentos de los mercados de capitales son útiles para impulsar las prioridades estratégicas de desarrollo, como la transición a una economía circular (UNEP, 2023[60]).
Mercados de renta variable
Los mercados públicos de renta variable son esenciales para el desarrollo económico, ya que permiten el financiamiento a largo plazo, apoyan la innovación empresarial y ofrecen oportunidades de inversión a los hogares. En ALC, los mercados de valores siguen subdesarrollados y sin liquidez, aunque con diferencias importantes entre los países. En 2024, la capitalización bursátil promedio de ALC fue del 37.4% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE de 64.4%. Osciló entre el 79.3% en Chile y solo el 3.2% en Costa Rica (Gráfico 3.16, Panel A). La liquidez del mercado también es limitada, con un índice de rotación regional promedio de 24%, en comparación con el 52% de la OCDE y con una gran variación, del 162.7% en Brasil al 1.4% en Jamaica (Gráfico 3.16, Panel B).
Nota: PIB = producto interno bruto. En el Panel A, el promedio simple de ALC para 2024 incluye siete países por la disponibilidad de datos: Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México, Panamá y Perú. Argentina y Costa Rica: datos de 2022. El promedio simple de la OCDE incluye 23 países: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Chequia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Polonia, Eslovenia, España, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2025[58]).
Los mercados de valores públicos en ALC están sumamente concentrados, con cotizaciones limitadas y un fuerte dominio de unas cuantas grandes empresas y accionistas corporativos. Esto debilita la profundidad del mercado y la inclusión. La mayoría de los países de ALC tienen mercados de valores más concentrados que las economías de referencia, como Corea o la Bolsa de Valores de Nueva York, y las grandes empresas representan alrededor del 80% de la capitalización bursátil. La actividad en estos mercados depende mucho de las ofertas públicas secundarias (OPS), dado que las cotizaciones netas han sido negativas durante gran parte de las dos últimas décadas, lo cual refleja las exclusiones y los retos por salvar para que las empresas medianas salgan a bolsa. Brasil lidera la actividad del mercado de valores regional, seguido de México y Chile. La propiedad también está altamente concentrada: en ALC, el 1% de los principales accionistas posee el 46% del capital cotizado – muy por arriba del promedio mundial – y la propiedad corporativa domina a la inversión institucional. Por ejemplo, en Argentina, Chile y Colombia, los tres principales inversores poseen en promedio más del 60% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa (Medina, de la Cruz and Tang, 2022[61]).
Considerando las amplias desigualdades en el desarrollo del mercado de valores en ALC, es esencial implementar estrategias específicas para el contexto que promuevan la expansión y la accesibilidad a la vez. En los mercados menos desarrollados, las prioridades incluyen la simplificación de los procedimientos de cotización, el aumento de la transparencia y los estándares de divulgación, así como la ampliación de la participación de los inversores nacionales a través de plataformas digitales optimizadas de bajo costo y capacitación financiera (OECD, 2025[62]). Los requisitos proporcionales y los prospectos simplificados para las pymes pueden lograr que el financiamiento de capital sea más accesible para estas empresas, habilitándolas para obtener capital con mayor eficiencia (OECD, 2024[63]). Además, el desarrollo de mercados de valores en crecimiento, diseñados para las pymes y las empresas en etapa de crecimiento, puede también ayudar al establecer requisitos de entrada más flexibles, como umbrales financieros más bajos, regulaciones simplificadas para los prospectos y requisitos de capital flotante más reducidos (OECD, 2025[64]). Una mayor integración transfronteriza y una mayor armonización regulatoria pueden ayudar a cerrar la brecha entre los mercados avanzados y emergentes de la región (OECD, 2025[62]). El fortalecimiento de los mercados de valores públicos en general aumentaría la resiliencia de las empresas e impulsaría la competitividad regional (OECD, 2025[62]).
Mercados privados: un enfoque en el capital de riesgo
El capital de riesgo es el segmento más destacado en el marco de los mercados de capital privado en ALC. En el tercer trimestre de 2023, el capital de riesgo representó el 82% del total de transacciones y el 47% del capital invertido en la región (OECD et al., 2024[2]). Sin embargo, en términos comparativos, la actividad del VC continúa limitada. En 2023, la inversión total de capital de riesgo en ALC ascendió a 8.06 USD per cápita y representó solo el 0.078% del PIB de la región, considerablemente por debajo de los niveles de Asia de 59.19 USD per cápita y 0.757% del PIB (Preqin, 2025[65]; World Bank, 2024[56]). A pesar de su potencial, las pymes de las economías en desarrollo siguen infrautilizando el capital y el capital de riesgo, debido a la debilidad de los ecosistemas financieros. El financiamiento de capital suele ser costoso para las pequeñas empresas, que tienden a depender de redes financieras informales o de recursos personales. Las brechas de desarrollo en el sector financiero limitan la disponibilidad y la asequibilidad de las soluciones formales de capital privado (OECD et al., 2024[2]).
El capital de riesgo es una forma alternativa de financiamiento que se ofrece a empresas emergentes o nuevas (start-ups) que tienen un gran potencial de crecimiento, pero también implican un alto nivel de riesgo. La inversión no proviene de bancos tradicionales, sino de inversores privados o fondos especializados que están dispuestos a asumir esos riesgos a cambio de una participación accionaria en la empresa. Los inversores de capital de riesgo, además de brindar financiamiento, ofrecen asesoramiento estratégico, conexiones de mercado y experiencia de gestión, lo que puede ser decisivo para el éxito de una empresa joven, sobre todo en el complejo contexto de ALC (Capítulo 1). Fortalecer los ecosistemas de capital privado y capital de riesgo es esencial para asegurar la disponibilidad de financiamiento en todas las etapas del crecimiento empresarial, desde empresas emergentes hasta las de gran capitalización (OECD, 2025[62]). El capital de riesgo apoya la supervivencia de nuevos emprendedores, fomenta la generación de empleos e impulsa la innovación al habilitar modelos de negocio dinámicos capaces de transformar sectores clave como los de tecnología, energía, salud y educación.
Después de un auge en 2021, la dinámica del capital de riesgo se ha desacelerado recientemente en ALC. El financiamiento de este capital en la región aumentó de 1 100 millones de USD (249 operaciones) en 2016 a 25 100 millones de USD (859 operaciones) en 2021. El crecimiento fue impulsado por factores que incluyen incentivos posteriores al COVID-19 para reactivar el mercado; aumento de la demanda de servicios digitales desde la pandemia; participación de unos cuantos inversores no nacionales con mucho dinero; una oleada de oportunidades de salida rentables, y el desarrollo de un ecosistema local de apoyo para empresas emergentes (Rudolph, Miguel and Gonzalez-Uribe, 2023[66]). Sin embargo, al igual que en otras regiones, la inversión en ALC disminuyó para ubicarse por debajo de los niveles previos a la pandemia después de 2021, sumando 5 400 millones de USD en 2023 (OECD et al., 2024[2]).
En comparación con otras regiones, gran parte del financiamiento de capital de riesgo en ALC se destina a aplicaciones móviles y fintechs, mientras que el capital de riesgo es limitado en manufactura, tecnología agrícola y tecnología limpia. De 2016 a 2024, la tecnología financiera representó casi el 22% y las aplicaciones móviles el 19% de la inversión total de VC en la región. Otras verticales destacadas incluyen comercio electrónico (17%), inteligencia artificial (19%) y tecnología para la salud (6%) (Gráfico 3.17). En cuanto al financiamiento de capital de riesgo a nivel mundial, ALC ocupa el primer lugar en términos de su concentración en la industria de servicios financieros y el segundo en relevancia del vertical fintech (Rudolph, Miguel and Gonzalez-Uribe, 2023[66]).
Nota: Otros países son Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica y Venezuela.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (Preqin, 2025[65]).
La mayoría de las entradas de capital de riesgo a ALC provienen de Estados Unidos y representaron el 42% del total de dichas inversiones entre 2016 y 2024. Estados Unidos es la principal fuente de inversión de capital de riesgo en todos los mercados principales de ALC, incluidos Brasil (1 160 millones de USD), México (951 millones de USD) y Colombia (449 millones de USD). Si bien los flujos intrarregionales de capital de riesgo son considerables en países como Brasil y México, la inversión de Estados Unidos sigue una tendencia dominante (Gráfico 3.18). Estas cifras resaltan el papel estratégico de los inversores internacionales en la ampliación de las empresas emergentes en ALC, en particular en mercados más grandes como Brasil y México, que en conjunto atrajeron más del 70% de todas las entradas de capital de riesgo durante el periodo 2016-2024.
Tratándose del capital de riesgo, una salida indica el proceso por el cual los inversores alcanzan rendimientos de sus inversiones, generalmente mediante mecanismos como fusiones y adquisiciones (M&A) u ofertas públicas iniciales (OPI) (Ahluwalia and Sul, 2024[67]). Las salidas de capital de riesgo en ALC se concentraron en los sectores digitales. Durante el periodo 2016-2024, al sector de aplicaciones móviles correspondió la mayor proporción de salidas de capital de riesgo en ALC, con 44%, seguido por fintechs (17.3%) y computación en la nube (15.1%) (Preqin, 2025[65]). El año pico fue 2021, en el que se concentró el 63.5% de todas las salidas durante el periodo. Esta distribución señala la fuerte demanda de soluciones digitales y móviles en los mercados emergentes a lo largo de la última década. Verticales como la tecnología limpia, blockchain y la tecnología agrícola, mostraron una actividad de salida mucho menor (Preqin, 2025[65])
Nota: Otros países son Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Venezuela.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (Preqin, 2025[65]).
Bonos corporativos nacionales
Los mercados nacionales de bonos corporativos han surgido como una fuente importante de financiamiento del sector privado. Estos mercados brindan a las empresas, además de los préstamos bancarios tradicionales y el capital, la oportunidad de diversificar sus fuentes de financiamiento y, a la vez, ofrecer beneficios, por ejemplo, menores costos de transacción, menor riesgo cambiario y mayor familiaridad con las regulaciones e inversores locales. A finales de 2023, la deuda mundial de bonos corporativos fue de 34 000 millones de USD y más del 60% del aumento desde 2008 provino de sociedades no financieras (OECD, 2024[68]).
Sin embargo, los mercados de bonos corporativos permanecen subdesarrollados en ALC. En 2023, el monto en circulación de estos en la región representó solo alrededor del 2% del total mundial. La emisión de bonos nacionales en ALC está dominada por el sector público, que representó el 81% del total de las emisiones entre 2015 y 2023, comparado con solo el 19% de los bonos corporativos (Gráfico 3.19). Prevalece una variación considerable en la región, por ejemplo, algunas economías del Caribe, como Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago, tienen una mayor emisión corporativa.
Nota: Las acciones se emiten por la misma cantidad que la emitida en USD. Los bonos se refieren a los emitidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2023. Esto incluye los bonos con vencimiento original superior a un año y emisiones superiores a un millón de USD.
Fuente: Cálculos de los autores con base en (OECD, 2024[69]).
Los mercados de bonos corporativos en ALC están sumamente concentrados y carecen de diversificación. Entre 2015 y 2023, Brasil y México representaron casi tres cuartas partes de todos los bonos corporativos emitidos en los mercados locales, a los que siguieron participaciones mucho más pequeñas en Argentina, Chile y Colombia. La concentración se explica en parte por el tamaño de la economía: las más grandes respaldan los mercados de bonos gubernamentales líquidos, los cuales proporcionan curvas de rendimiento de referencia para fijar el precio de los bonos corporativos y que albergan a empresas con mayores necesidades de financiamiento. Esto produce mayores emisiones y menores costos relativos de bonos mediante economías de escala (OECD, 2024[70]). El resto de la región tiene una participación marginal: 13 países contribuyen con menos del 1% cada uno, una muestra de la necesidad de ampliar la profundidad del mercado y la diversidad de los emisores. La demanda es impulsada en gran medida por los fondos de pensiones, con una fuerte preferencia por los bonos de grado de inversión, lo que limita el acceso de las pymes y los emisores de menor calificación.
Las empresas no financieras controlan la emisión de bonos corporativos, pero tienen dificultades con la estructura de moneda y de vencimiento. Estas empresas representan la mayor parte del monto total y del número de emisiones de bonos, y tienden a emitirlos por cantidades mayores que las empresas financieras. Sin embargo, gran parte de las emisiones siguen denominadas en moneda extranjera (58% entre 2015 y 2023), lo que expone a las empresas a desajustes de divisas y riesgos en el tipo de cambio. Si bien recientemente tuvo lugar un cambio hacia la emisión en moneda local, los vencimientos promedio disminuyeron ligeramente en los últimos dos años, lo que redujo la brecha con otros mercados emergentes, pero sigue dejando margen de mejora (OECD et al., 2024[2]; OECD, 2024[68]).
Hay un potencial sin explotar para fortalecer los mercados de bonos corporativos mediante reformas específicas e integración regional. Herramientas de política como los costos de calificación crediticia subvencionados, los incentivos fiscales bien diseñados para bonos específicos (por ejemplo, infraestructura) y curvas de rendimiento soberano sólidas podrían estimular el crecimiento del mercado. La actualización de las directrices de emisión de bonos para ampliar la elegibilidad de los emisores y priorizar sectores estratégicos, como el desarrollo verde y la innovación tecnológica, podría aumentar el acceso al capital a empresas de alta tecnología y orientadas a la investigación. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Shanghái modificó en fecha reciente sus regulaciones relativas a los bonos corporativos para apoyar el crecimiento verde y la innovación, al expandir los emisores elegibles y refinar los criterios para bonos de ciencia y tecnología (OECD, 2025[62]). Promover los bonos ambientales, sociales y de gobernanza, así como la integración regional del mercado de bonos, también ayudaría a los países más pequeños a acceder a grupos de inversores más profundos y líquidos. Un enfoque regional podría reducir los costos de endeudamiento y apoyar a las empresas medianas, aunque se necesitaría superar las barreras técnicas, regulatorias y monetarias.
Integración financiera regional
La integración financiera regional puede ayudar a profundizar y diversificar la participación en mercados de capitales en toda ALC, ampliando el acceso de las partes interesadas y aumentando la eficiencia del mercado. Dicha integración reduce los costos de transacción para los inversores, aumenta la liquidez y ayuda a mitigar los riesgos financieros (Bonita et al., 2020[71]). Fomentar un mercado más interconectado atraería a una gama más amplia de inversores extranjeros interesados en adquirir activos diversificados en varios países, dentro de un marco unificado. Un mercado regional más integrado podría ampliar la base de emisores y canalizar la inversión hacia sectores previamente subrepresentados (Bown, 2017[72]). Además, el aumento de la demanda de valores que coticen en una única plataforma regional podría ayudar a reducir los costos de endeudamiento para los emisores.
A pesar de estos beneficios, varias barreras dificultan los esfuerzos de integración en la región, entre ellas las desigualdades macroeconómicas, la oferta y la demanda limitadas en los mercados locales, la fragmentación de los sistemas regulatorios, e infraestructuras de mercado incompatibles. Los países de la región tienen diversos niveles de estabilidad económica y diferentes sistemas cambiarios y esto complica la armonización. Además, el número limitado de emisores e inversores activos, así como la insuficiente educación financiera, contribuyen a la baja participación de mercado. Las diferencias en las regulaciones tributarias, los marcos legales y el uso de sistemas de negociación separados en las bolsas nacionales dificultan aún más la integración en toda la región (Bonita et al., 2020[71]). Atender estas barreras es fundamental y las iniciativas que promueven la integración del mercado de capitales deberían ayudar a alentar la adopción de las medidas necesarias para fortalecer dicha integración.
Las iniciativas actuales de integración financiera regional, como nuam exchange, ofrecen una oportunidad concreta para avanzar en la integración de los mercados de capitales en América Latina. Nuam exchange se propone integrar las Bolsas de Valores de Colombia, Lima y Santiago en un solo mercado. Su objetivo es brindar una oferta dinámica y moderna que fomente el crecimiento de las empresas y cree valor para los inversores mediante una cartera más atractiva y diversificada. Al consolidar activos y operaciones comerciales en una plataforma compartida, la bolsa nuam trabaja para armonizar los marcos regulatorios, promover la inversión transfronteriza y aumentar la eficiencia del mercado (Nuam exchange, 2025[73]; Rodríguez Martínez, 2024[74]). A agosto de 2025, la capitalización del mercado sumó 212 000 millones de USD en Chile, 100 000 millones de USD en Colombia y 204 000 millones de USD en Perú, con 162, 61 y 192 emisores respectivamente. Esto conforma una base sólida para el crecimiento por medio de la integración regional (Gráfico 3.20, Panel A). En la actualidad, las tres bolsas, que aún operan como infraestructuras de mercado independientes, han adoptado el sistema de negociación proporcionado por Nasdaq.
Hay precedentes internacionales bien establecidos que ofrecen modelos valiosos para la integración regional del mercado de capitales, como Euronext en Europa, que unificó con éxito múltiples bolsas nacionales y, al mismo tiempo, preserva la operación de mercados de valores individuales. Al igual que nuam, Euronext comenzó con la fusión de tres bolsas – Ámsterdam, Bruselas y París – y en 2025 opera siete bolsas reguladas europeas y presta servicios de compensación, liquidación y custodia, con lo que cubre la cadena de valor completa de los mercados de capitales. Nuam sigue el ejemplo de Euronext y, para alcanzar su máximo potencial, necesita comenzar a establecer el reconocimiento mutuo de los participantes en el mercado y procurar la interoperabilidad entre las cámaras de compensación de los tres países, lo que permite un comercio y una liquidación transfronterizos eficientes (OECD et al., 2024[2]).
La integración financiera regional ofrece la oportunidad de diversificar las carteras por medio del desarrollo de sectores clave en todos los mercados. La composición sectorial de las bolsas de valores que forman parte de nuam varía de un país a otro, lo que indica su focalización en sectores estratégicos y el potencial de diversificación para inversores y para emisores. En 2025, las instituciones financieras desempeñaron un papel central, al representar el 28% de la capitalización bursátil en Chile, el 24.3% en Colombia y el 32% en Perú, con lo que apoyó un mayor acceso al financiamiento (Gráfico 3.20, Panel B). Más allá de las finanzas, otros sectores tienen un gran potencial. El industrial contribuye a la producción de valor agregado, en tanto que el de servicios públicos puede apuntalar el suministro de energía renovable. En conjunto, representan el 16% del mercado cada uno en Chile y el 17% de las empresas de servicios públicos en Colombia. En Perú, donde su participación es menor, los materiales siguen siendo un motor importante, que constituye el 69% de la capitalización de mercado, cifra que destaca las oportunidades para una mayor diversificación sectorial. Esta composición sectorial revela las complementariedades potenciales entre los mercados y también las áreas donde la diversificación podría reforzar la transformación productiva de la región y mejorar la diversificación de la cartera, a medida que nuam exchange avance hacia la plena integración.
Nota: Los datos de 2025 se refieren a la información disponible hasta el 31 de agosto de 2025. Panel B: Otros incluye consumo discrecional, servicios de comunicación, atención médica, tecnología de la información y bienes raíces. La clasificación sectorial sigue el estándar MSCI Global Industry Classification Standard (GICS).
Fuente: Elaboración de los autores con base en (Nuam, 2025[75]).
Mercados de capitales internacionales
La emisión de bonos de ALC en los mercados internacionales continuó aumentando en 2024 después de un repunte en 2023. El monto total emitido por los sectores público y corporativo fue de 121 770 millones de USD en 2024, frente a los 89 100 millones de USD en 2023 (Gráfico 3.21, Panel A). Los emisores de bonos soberanos y corporativos contribuyeron casi por igual a este desempeño, pues los soberanos representaron el 56.6% del total. La recuperación fue impulsada por condiciones macroeconómicas favorables, como la apreciación de la moneda, la desaceleración de la inflación y el alto a las alzas de las tasas de interés.
La emisión internacional de bonos sigue concentrada en unos cuantos países de ALC y en sectores productivos limitados. México, Brasil, Chile y Colombia representaron el 65% de la emisión total en 2024 (Gráfico 3.21, Panel B). Los bonos corporativos – emitidos por empresas privadas financieras y no financieras, empresas estatales y entidades supranacionales – representaron el 58% y las emisiones soberanas, el 42% del total. Desde una óptica sectorial, la mayor parte de la deuda corporativa fue emitida por empresas de los sectores financiero, energético y de transporte, que en conjunto constituyeron el 73% de la emisión corporativa total (ECLAC, 2025[76]).
Nota: “Otros” incluye: Ecuador, Honduras, Jamaica, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (ECLAC, 2025[76]).
Las empresas de mayor tamaño de ALC son las principales emisoras de bonos corporativos en los mercados internacionales y su función en la configuración de la dinámica de inversión en la región es central. En un análisis de 295 sociedades no financieras que cotizan en bolsa en las seis economías más grandes de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) se muestra que solo el 24% de ellas emitieron bonos en el periodo de 2013 a 2023. Sin embargo, a estas empresas emisoras les correspondió cerca del 60% de los activos totales y los ingresos netos, y más de la mitad de la inversión total en propiedades, planta y equipo. Este patrón se mantiene en la mayoría de los países de la muestra, sobre todo en Chile, Colombia y México, donde las empresas emisoras de bonos contribuyen con la mayor parte de los indicadores financieros corporativos. Datos sectoriales confirman esta concentración: si bien son menos numerosos, los emisores de bonos predominan en sectores intensivos en capital, como los de manufactura, minería, información y servicios públicos. En consecuencia, las decisiones relativas al financiamiento de dichas empresas influyen de manera importante en la formación bruta de capital fijo y en la trayectoria económica más amplia de la región (Méndez Lobos and Pérez Caldentey, forthcoming[77]).
La percepción del riesgo en el mercado de bonos corporativos de ALC mejoró durante 2023. La alta solvencia y el riesgo equilibrado son factores fundamentales para mantener mercados de capitales sólidos y bien desarrollados. El riesgo en la región disminuyó en 2023, después de un primer trimestre difícil. El JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI), conocido como Índice de Bonos Corporativos de Mercados Emergentes, mide el interés adicional (en puntos base) que un bono corporativo internacional paga sobre un bono gubernamental internacional en los mercados emergentes. Esta es una medida del nivel de riesgo que se percibe que tienen las empresas de mercados emergentes. El CEMBI de la región se ubicó en 3 521 puntos base a finales de diciembre de 2023, tras perder 36 puntos base durante el año. La cifra fue 62 puntos base más baja que la contraparte soberana de la región, el JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core (EMBIG). Después de un aumento en los diferenciales corporativos regionales, ocurrido en el primer trimestre de 2023 debido al incumplimiento de Lojas Americanas de Brasil en enero, ALC pudo hacer un reajuste en los trimestres siguientes y superó a Asia y Oriente Medio.
La regulación del mercado de capitales en ALC evolucionó para reducir el riesgo y mejorar la eficiencia, aunque prevalecen retos importantes. Chile puso en práctica reformas para impulsar la integración internacional y atraer a inversores extranjeros, en tanto que Brasil está modernizando su marco regulatorio para bajar los costos de cumplimiento e incrementar la eficiencia mediante nuevas tecnologías. Colombia avanzó en su adherencia a los principios de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), reforzando la supervisión regulatoria. Sin embargo, se necesita trabajar más en toda la región para simplificar los procesos, atraer nuevos emisores y garantizar que las regulaciones sean dinámicas y respondan a las condiciones cambiantes del mercado. Las prioridades incluyen promover la diversificación de las inversiones, reducir las barreras para inversores extranjeros, mejorar la gobernanza para generar confianza en los inversores, proteger los derechos de los accionistas minoritarios y reforzar la educación financiera.
La emisión de bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y azules en los mercados internacionales puede apoyar la producción sostenible
A nivel mundial, la emisión de bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS) se ha diversificado y crecido con rapidez, alcanzando un monto en circulación de 4.3 billones de USD en 2023, comparado con los 641 000 millones de USD registrado tan solo cinco años atrás (OECD, 2024[68]). Los bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y azules (GSSSB) también están emergiendo en ALC como un poderoso mecanismo de financiamiento para apoyar la transformación productiva de la región hacia modelos económicos más sostenibles y resilientes. La participación de los bonos GSSSB en la emisión total de bonos de ALC en los mercados internacionales aumentó a 27.2% en 2024, lo que significa un fuerte aumento comparado con el 9.3% registrado en 2020. La recaudación de fondos mediante estos instrumentos en lugar de los bonos tradicionales es ya una opción atractiva en ALC para aumentar los rendimientos del capital global líquido; diversificar la base de inversores; movilizar capital directo hacia actividades sostenibles, y obtener apoyo financiero para crear mercados de capitales sostenibles. Entre 2014 y 2024, el mercado internacional de bonos GSSSB en ALC alcanzó un valor acumulado de 164 400 millones de USD (Gráfico 3.22). La emisión total de bonos verdes en ALC se duplicó con creces en cinco años, de un total acumulado de 18 700 millones de USD en 2019, a 46 600 millones de USD en 2024. El crecimiento fue aún más pronunciado en los bonos sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y azules, alcanzando una emisión acumulada de 117 800 millones de USD en 2024 (OECD, 2024[78]).
Por tipo de instrumento y como porcentaje del total de la emisión internacional de bonos de ALC
Nota: GSSSB = verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y azules.
En total, ALC posee una gran parte de la deuda mundial con etiqueta azul. Europa representa el 40%, Asia y el Pacífico el 35%, ALC el 23%, África el 2%, América del Norte y las entidades supranacionales menos del 1% cada una. En 2023, ALC lideró la emisión mundial de bonos azules con 2 740 millones de USD y superó a Asia y el Pacífico, la segunda mayor región emisora, que registró 1 950 millones de USD (CBI, 2023[80]). La mayor parte de la emisión de bonos azules de ALC provino de empresas no financieras, seguida de soberanos, entidades respaldadas por el gobierno, empresas financieras y bancos de desarrollo. Los sectores económicos clave de ALC se benefician cada vez más de los bonos azules, que respaldan objetivos sociales y ambientales. En julio de 2023, Águas do Rio, una subsidiaria de AEGEA, la empresa privada de saneamiento más grande de Brasil, emitió cuatro bonos por un total de 1 160 millones de USD, con vencimiento en 2034 y 2042; su objetivo era financiar proyectos en categorías verdes como energías renovables; prevención y control de la contaminación; conservación de la biodiversidad; gestión sostenible del agua y las aguas residuales, y categorías sociales como infraestructura asequible y desarrollo socioeconómico (CBI, 2023[80]). Dicha emisión ejemplifica la manera de aprovechar el mercado de deuda sostenible para impulsar el desarrollo azul.
Los bonos GSSSB se han convertido en instrumentos atractivos para recaudar capital en un número creciente de sectores económicos de ALC. El sector soberano encabezó las emisiones internacionales de bonos GSSSB en el periodo 2014‑2024, principalmente debido a las grandes emisiones soberanas de Chile desde mediados de 2019, cuando emitió el primer bono verde soberano de la región en los mercados internacionales. Entre 2014 y 2024, los principales sectores que emitieron bonos GSSSB en los mercados internacionales, después del soberano (51.6%), fueron el financiero (11.5%), el energético (9.6%) y el de la construcción y bienes raíces (5.6%) (Gráfico 3.23, Panel A). Los instrumentos preferidos de los emisores soberanos en el periodo de 10 años fueron los bonos sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad. Sin embargo, la participación del sector privado fue también muy importante en el periodo, especialmente en la emisión de bonos verdes y vinculados a la sostenibilidad. Los cinco sectores principales (excluida la deuda soberana) fueron los de finanzas, energía, silvicultura y papel, alimentos y bebidas, y la industria química. Junto con el sector soberano, representaron el 87.5% del total de emisiones internacionales de bonos GSSSB de la región en el periodo 2014-2024 (ECLAC, 2025[76]; Velloso and Perroti, 2023[79]).
Excluido el sector soberano, el financiero mostró el crecimiento más constante, y el energético se disparó en 2024 hasta convertirse en el emisor principal de bonos GSSSB en la región (Gráfico 3.23, Panel B). Las emisiones internacionales de bonos GSSSB del sector financiero de ALC crecen de manera constante, a medida que las instituciones financieras armonizan cada vez más el capital con los objetivos de sostenibilidad, con miras a atraer inversores centrados en la sostenibilidad. El sector energético tuvo un fuerte aumento en 2024, con el que superó al sector financiero para convertirse en el principal emisor de GSSSB de la región, después del sector soberano. En el sector energético, los bonos corporativos GSSSB son instrumentos importantes para financiar la transición energética y la descarbonización. En silvicultura y papel, estos bonos sustentan la conservación, la gestión forestal sostenible y la manufactura de bajo impacto; si bien no hubo emisiones en 2020 ni en 2022, el sector mantuvo una presencia relativamente estable. Las emisiones del sector de alimentos y bebidas alcanzaron su punto máximo en 2021, pero disminuyeron drásticamente en 2023 y 2024, en medio de la creciente vigilancia de la deforestación y las emisiones de la cadena de suministro. Los bonos GSSSB en este sector pueden apoyar un sistema alimentario más sostenible, mediante inversiones en la reducción de plásticos, la descarbonización y la resiliencia climática. Por el contrario, la industria química creció rápidamente en 2023 y 2024, dado que los bonos GSSSB financiaban cada vez más iniciativas de descarbonización y economía circular.
Nota: GSSSB = verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y azules. Los datos incluyen solo bonos internacionales y se basan en fuentes del mercado, como Dealogic, LatinFinance y Bloomberg, entre otros. Panel A: “Otros” incluye: industria química (4.2%); transporte (3.1%); telecomunicaciones y tecnología de la información (2.4%); construcción y bienes inmuebles (2.0%) y productos de consumo al por menor (1.3%). El sector de soberanos incluye tres emisiones subsoberanas de bonos verdes por las provincias argentinas de La Rioja y Jujuy. El sector de infraestructura incluye cuatro bonos verdes (por un total de 6 000 millones de USD) emitidos en 2016 y 2017 por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México para financiar la construcción de un nuevo aeropuerto, pero el proyecto se canceló en 2018. Panel B: Las emisiones del sector de soberanos no incluyen las emisiones subsoberanas.
Brasil, Chile y México son los mayores emisores de la región en los cinco sectores principales. Chile (61.5%) y México (15.6%) representaron la mayor parte de las emisiones internacionales soberanas de bonos GSSSB. En el sector financiero predominaron las emisiones de entidades supranacionales (43.3%) y las empresas brasileñas (34.7%). En el sector energético, los principales emisores fueron Chile (33.0%), México (22.5%) y Brasil (22.5%). En silvicultura y papel, los emisores brasileños representaron el 64.6% de las emisiones internacionales de bonos GSSSB del sector durante el periodo de 10 años y los emisores chilenos, el 35.4%. Los emisores brasileños también dominaron en los sectores de alimentos y bebidas y la industria química. Tuvieron una participación del 57.2% en el sector de alimentos y bebidas, seguidos de los emisores mexicanos (25.6%), y del 40.7% en la industria química, seguidos de los emisores mexicanos y chilenos (33.0% y 20.8%, respectivamente).
Los tipos de emisores y las preferencias por ciertos instrumentos variaron en los distintos sectores entre 2014 y 2024, las empresas privadas lideraron en la mayoría de los sectores y los bonos verdes mostraron una mayor diversidad sectorial que otros instrumentos GSSSB. En los cinco sectores principales (excluido el soberano), predominaron diferentes tipos de emisores (Gráfico 3.24, Panel A). Los emisores corporativos privados (no bancarios) controlaron los sectores energético, silvicultura y papel, alimentos y bebidas e industria química. En el sector financiero predominó una mezcla de bancos privados, emisores cuasi-soberanos y entidades supranacionales. En el energético, el 78% de los emisores eran empresas privadas y el 22% eran cuasi-soberanos. Los sectores también tuvieron diferentes tipos preferidos de instrumentos. El sector energético fue el principal emisor de bonos verdes, en tanto que el soberano lideró las emisiones de bonos sostenibles, sociales, vinculados a la sostenibilidad y azules (Gráfico 3.24, Panel B). La emisión de bonos sociales, sostenibles y azules correspondió predominantemente al sector soberano, mientras que la emisión por sector de bonos verdes internacionales y bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB) fue más diversa.
Los SLB han resultado particularmente atractivos para las empresas de ALC. Desde la perspectiva del sector privado, su atractivo radica en su flexibilidad, tanto en términos de diversidad sectorial como de calidad crediticia. Gran parte de la emisión de SLB en la región provino de emisores sin grado de inversión (alto rendimiento que representaron el 66% del total de emisiones internacionales de SLB (Gráfico 3.24, Panel B). Sin embargo, los SLB han sido objeto de escrutinio debido a preocupaciones sobre su credibilidad, en particular la falta de mejoras ambiciosas en materia de sostenibilidad después de la emisión (Sustainable Fitch, 2024[81]). Por ello, algunos inversores han vuelto a centrarse en los bonos verdes. Al igual que los SLB, los verdes han atraído a una amplia gama de emisores en todos los sectores y calificaciones crediticias, y cerca del 67% de los emisores de bonos verdes regionales entran en la categoría sin grado de inversión.
Nota: Los datos incluyen solo bonos internacionales y se basan en fuentes del mercado, como Dealogic, LatinFinance y Bloomberg, entre otros. Panel A: El gráfico incluye solo los cinco sectores principales, excluido el sector de soberanos, que representan 59 100 millones de USD (36%) del monto total de bonos internacionales verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y azules (GSSSB) bonos emitidos por emisores de ALC de 2014 a 2024. Panel B: El gráfico incluye solo los sectores principales, que en conjunto representaron 143 910 millones de USD (87.5%) del monto total de bonos internacionales GSSSB emitidos por emisores de ALC de 2014 a 2024. SLB = bonos vinculados a la sostenibilidad.
Los bonos GSSSB pueden servir como instrumentos estratégicos para financiar sectores de alto impacto que impulsen la transición verde y apoyen la transformación productiva en ALC. Como ya se señaló, los sectores financiero, energético, de silvicultura y papel, de alimentos y bebidas y de la industria química, son importantes impulsores del crecimiento sostenible. La transición verde brinda la oportunidad de reorientar la estructura económica de la región hacia sectores de alto impacto, como energías renovables, agricultura sostenible, conservación de la biodiversidad y manufactura avanzada. Invertir en estas áreas ayuda a mitigar los riesgos climáticos y, a la vez, apoya la generación de empleos de calidad, refuerza las cadenas de valor regionales y fomenta la innovación tecnológica, todo lo cual es fundamental para emprender un camino de desarrollo transformador e inclusivo (Martinez et al., 2025[30]).
La integración de los bonos GSSSB con las políticas de desarrollo productivo verde puede mejorar en gran medida la eficacia del financiamiento sostenible en ALC. Las políticas de desarrollo productivo verde pueden proporcionar el marco estratégico necesario para que los ingresos de dichos bonos se dirijan a sectores de alto impacto generadores de rendimientos económicos y medioambientales. Algunos países mostraron esta integración por medio de iniciativas como la plataforma de 10 800 millones de dólares de Brasil – que respalda la conservación y los centros industriales verdes –, la cual representa un enfoque integral para armonizar las finanzas sostenibles con las estrategias de desarrollo productivo. Este modelo ilustra cómo las políticas de desarrollo productivo verde pueden ayudar a estructurar carteras de proyectos fuertes, mejorar la credibilidad de los instrumentos GSSSB y asegurar que el financiamiento sostenible contribuya a la transformación económica a largo plazo y no a proyectos ambientales aislados (Capítulo 2) (Martinez et al., 2025[30]).
Las iniciativas para ampliar los mercados de bonos verdes en los países de ingresos bajos y medios están cobrando impulso y la Unión Europea e instituciones de ALC asumen un papel de liderazgo. Partiendo del historial de emisión exitosa de bonos verdes en Europa, la Unión Europea avanza en su Iniciativa Global de Bonos Verdes (GGBI), diseñada para catalizar las finanzas verdes en países de ingresos bajos y medios con la movilización de 15 000 millones y 20 000 millones de euros para inversiones sostenibles (Présidence de la République, 2023[82]). Esta iniciativa combina apoyo financiero, asistencia técnica y herramientas de mitigación de riesgos para fortalecer los ecosistemas locales de bonos verdes. En ALC, el Fondo LAGreen se destaca como el primer fondo destinado a bonos verdes de la región. Iniciado en 2021 con el respaldo de la Facilidad para Inversiones en América Latina y el Caribe (LACIF) de la Unión Europea y el gobierno alemán, el LAGreen invierte en bonos verdes, brinda apoyo técnico a nuevos emisores y los ayuda a adoptar estándares de alto impacto y acceder a los mercados internacionales de capital. A finales de 2024, LAGreen había suscrito nueve bonos verdes o sociales en siete países y movilizado un total de 866 millones de USD a través de bonos en los que invirtió, para los cuales brindó asesoría y/o desarrolló capacidades. Alrededor del 83% del uso de los ingresos se destinó a proyectos verdes y el resto, a proyectos sociales (LAGreen, 2025[83]). Tanto GGBI como LAGreen pueden contribuir a la armonización de los flujos financieros con los objetivos de sostenibilidad y, a la vez, apoyar la transformación generalizada de los sistemas de producción por medio de la inversión en energía limpia, infraestructura sostenible y sectores resilientes al clima.
Marcos sólidos de finanzas sostenibles pueden garantizar la eficacia de los bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y azules
Establecer marcos sólidos de finanzas sostenibles en ALC es fundamental para regular la emisión de bonos GSSSB y dirigir la inversión hacia sectores prioritarios. Estos marcos, alineados a los objetivos nacionales de desarrollo, se basan en taxonomías, estándares, políticas y cooperación internacional, destinados a integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza, gestionar los riesgos climáticos y facilitar el financiamiento de la sostenibilidad. A nivel internacional, dos estándares del sector privado ampliamente utilizados clasifican los bonos como sostenibles: la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y los Principios y la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI), con la advertencia de que estas pautas generales proporcionan una lista amplia y no exhaustiva de proyectos verdes y sociales elegibles, y los emisores suelen consultar las taxonomías de terceros o sus propias clasificaciones. A nivel mundial, la emisión de bonos GSSS corporativos, que sigue diversos estándares y taxonomías internacionales, creció de menos de 150 000 millones de USD en 2014 a 450 000 millones de USD en 2023 (OECD, 2024[68]). La emisión soberana, que sigue cualquier tipo de estándares internacionales, también aumentó considerablemente durante el mismo periodo: de menos de 150 000 millones de USD a más de 300 000 millones de USD, y casi 200 000 millones de USD emitidos siguen algún tipo de taxonomía (OECD, 2024[68]). El aumento de la emisión de bonos GSSSB en ALC también alentó a los emisores de la región, públicos y privados, a desarrollar marcos más firmes que guíen la emisión y aumenten la confianza de los inversores. A finales de 2023, 14 países de ALC habían puesto en marcha iniciativas, estándares, directrices o taxonomías, con un total de 221 acciones (OECD, 2024[78]). De cara al futuro, la región necesita marcos más claros y armonizados para optimizar la transparencia, la credibilidad y la confianza de los inversores. Fortalecer la gobernanza, la coordinación y la disponibilidad de datos será fundamental para asegurar un financiamiento eficaz a largo plazo que apoye el desarrollo sostenible y la descarbonización (OECD, 2024[78]).
Al examinar los marcos de finanzas sostenibles vigentes en los países de ALC, resaltan las taxonomías verdes y sostenibles. Las taxonomías son esenciales para la credibilidad de los bonos de uso de los ingresos, como los verdes, sociales y sostenibles, ya que definen proyectos elegibles y ayudan a prevenir el greenwashing y el SDG-washing (OECD, 2024[78]). A septiembre de 2025, se habían publicado taxonomías en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y República Dominicana, y estaban en desarrollo en Perú. La primera en la región fue la taxonomía verde de Colombia 2022, enfocada en los sectores de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU). Por lo común, estos marcos abarcan una o más áreas, como la mitigación y la adaptación al cambio climático, la economía circular y la biodiversidad. Por ejemplo, en Costa Rica, la primera edición de la taxonomía se centró en la mitigación y adaptación al cambio climático y ahora se está preparando una segunda edición que incluirá la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas.
Las taxonomías sostenibles y verdes son esenciales para aumentar el atractivo y la confiabilidad de los mercados regionales, pero su uso e implementación permanecen limitados en la región de ALC. Dado que no son jurídicamente vinculantes y a menudo son poco conocidos por los actores financieros, su impacto depende de que las partes interesadas clave en los sectores bancario y no bancario las adopten más ampliamente. Un ejemplo de ello es la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Costa Rica, que ahora se encuentra en su etapa de implementación a través de tres proyectos piloto que involucran a un conjunto diverso de actores: uno con siete bancos, un segundo con tres aseguradoras y un tercero con un fondo de inversión y un fondo de pensiones. Realizado con la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y reguladores como la Superintendencia de Instituciones Financieras (SUGEF), Seguros (SUGESE), Valores (SUGEVAL) y Pensiones (SUPEN), el objetivo de estos proyectos piloto es construir capacidad, identificar y cerrar las brechas entre las prácticas actuales y los requisitos de la taxonomía, así como proporcionar capacitación y orientación para facilitar su adopción. Al mismo tiempo, Costa Rica está desarrollando una plataforma web para aumentar la accesibilidad de la taxonomía para reguladores, instituciones financieras, emisores, consultores, organizaciones no gubernamentales (ONG), académicos, sectores productivos y ciudadanos. La plataforma será una herramienta estratégica para apoyar la implementación y fomentar la transparencia, la estandarización y la toma de decisiones informada en inversiones sostenibles. Contará con paneles interactivos, módulos de autoevaluación, un centro de recursos con tutoriales y herramientas para comparar taxonomías y evaluar la elegibilidad (MINAE et al., 2024[84]; SUGEVAL, 2024[85]). Iniciativas de este tipo pueden funcionar como buenas prácticas para otros países de ALC que buscan mejorar la comprensión y el uso de sus taxonomías, identificar proyectos elegibles, fortalecer la armonización de los instrumentos financieros y generar confianza entre los inversores y reguladores.
ALC es uno de los destinos más atractivos del mundo para la IED. En 2024, la región recibió grandes flujos de entrada de IED, representando el 12.6% de la IED mundial (ECLAC, 2025[86]). En 2024, estos flujos constituyeron el 2.8% del PIB de la región y desempeñaron un papel particularmente significativo en los países del Caribe (Gráfico 3.25). En 2024, las utilidades reinvertidas se convirtieron en el mayor componente de los flujos de IED en ALC (52%), seguidas de capital (34%) y los préstamos entre empresas (15%) (ECLAC, 2025[86]). La IED puede ser un motor clave de la transformación productiva al impulsar la productividad sectorial, promover la innovación y acelerar el desarrollo de industrias estratégicas. Las empresas extranjeras suelen superar a las nacionales debido a su acceso a tecnologías avanzadas, experiencia de gestión y mayor intensidad de capital. La IED tiene la capacidad de generar efectos indirectos positivos para las empresas locales a través de los vínculos con la cadena de suministro, la competencia, la imitación y la transferencia de conocimientos, con miras a reducir las brechas de productividad e innovación y respaldar la transformación estructural (OECD, 2019[87]; OECD et al., 2023[12]). Sin embargo, el impacto de la IED no es automático y depende de las condiciones favorables y las políticas aplicadas por los países receptores (ECLAC, 2024[88]).
Nota: Los datos de ALC corresponden a un promedio ponderado como en (World Bank, 2025[58]).
Fuente: Cálculos de los autores con base en (World Bank, 2025[58]).
Las tendencias de la IED reflejan los vínculos de inversión de larga data y, a la vez, destacan las oportunidades para diversificar los países de destino en toda la región. Durante las dos últimas décadas, la Unión Europea seguida de Estados Unidos han sido los principales inversores en ALC. En 2024, representaron el 40% y el 23% de la inversión total de capital, respectivamente (Gráfico 3.26, Panel A). Otras fuentes incluyeron la inversión intrarregional (6%), la República Popular China (5%) y el Reino Unido (3%). En el extremo receptor, la IED está aún concentrada en pocas economías: México (31%) y Brasil (27%) atraen la mayor parte de la IED total; Chile aumentó su participación a 23%, seguido de Colombia (7%,) y Argentina (4%) (Gráfico 3.26, Panel A). Estos patrones resaltan el potencial para ampliar la entrada de la IED a un conjunto más amplio de países de la región.
Fuente: Cálculos de los autores con base en (Financial Times, 2024[89]).
La IED en los sectores de tecnología media tiene el potencial de impulsar la transformación productiva
Durante la década pasada, gran parte de la IED se dirigió a sectores con niveles medios de sofisticación tecnológica. En las economías basadas en productos básicos, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, entre el 40% y el 69% de la IED enfocada en mercancías se destinó a sectores de tecnología media y alta, lo que resalta las oportunidades de diversificar y mejorar sus estructuras productivas (Gráfico 3.27).
Nota: Las inversiones de capital corresponden a las divisiones A-C de la CIIU Rev.4, que abarcan el sector primario y las industrias manufactureras. Los grupos de manufactura intensiva en tecnología se basan en la clasificación tecnológica de la OCDE en la CIIU Rev.3. Economías dependientes de la exportación de productos básicos: más del 60% de sus exportaciones de mercancías son productos básicos (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela). (UNCTAD, 2023[21]). Economías basadas en la exportación de servicios: tienen más del 45% del comercio de servicios (Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas). Economías ubicadas entre las 60 primeras en el Índice de Complejidad Económica (Costa Rica, República Dominicana, México y Trinidad y Tobago) se clasifican como diversificadas de alta complejidad económica (Harvard Growth Lab, 2023[22]). Las economías restantes (Barbados, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá) se clasifican como diversificadas de baja complejidad.
Fuente: Cálculos de los autores con base en (Financial Times, 2024[89]).
En economías diversificadas y complejas, entre el 44% y el 88% de la IED se canalizó a industrias de tecnología media y alta. Los países exportadores de servicios también atrajeron la mayor inversión en estos segmentos, en particular en sectores orientados al aspecto digital, como productos de TIC, componentes electrónicos y productos farmacéuticos. Algunas economías menos complejas, como El Salvador y Honduras, también recibieron un alto porcentaje de IED en los sectores de tecnología media y alta (78% y 68%, respectivamente); por su parte, otras observaron que la inversión se concentraba en actividades primarias y de baja tecnología, como reflejo de la estructura actual de su base productiva.
La IED puede apoyar la transformación productiva mejorando la sofisticación y diversificación de las exportaciones, así como la capacidad industrial. Esta inversión puede generar un impacto positivo en las economías receptoras al i) alentar la difusión tecnológica, la innovación y los efectos indirectos de la productividad, ii) facilitar el acceso a los mercados internacionales y movilizar recursos para diversificar la actividad económica y expandir las bases industriales, y iii) invertir en capital humano. En ALC, un aumento del 10% en el gasto de capital de los proyectos de IED anunciados, se relaciona con un aumento de 0.05 puntos porcentuales en la participación de los productos de media y alta tecnología en las exportaciones totales, un incremento de 0.04 puntos en el índice de diversificación de las exportaciones y un aumento de 0.02 puntos porcentuales en el valor agregado de la industria manufacturera como porcentaje del PIB, manteniendo constantes los demás factores (Gráfico 3.28) (Recuadro 3.2). Estos resultados destacan la importancia de atraer inversiones de calidad para apoyar una transformación productiva sostenible e inclusiva.
Nota: El gráfico muestra el impacto estimado en puntos porcentuales de un aumento del 10% en la inversión de capital de proyectos de IED greenfield en el porcentaje de las exportaciones de alta y media tecnología, en el índice de diversificación de las exportaciones y en la proporción del valor agregado de manufactura en relación con el producto interno bruto, junto con sus intervalos de confianza del 95%.
Fuente: Cálculos de los autores con base en (Financial Times, 2024[89]), (WITS, 2023[90]) y (World Bank, 2025[58]).
Este análisis se basa en regresiones de panel de efectos fijos para evaluar el impacto de la inversión de capital de proyectos greenfield anunciados en dos resultados clave. El modelo cubre 28 países de ALC entre 2003 y 2023, y se especifica de la siguiente manera:
donde es una de las siguientes variables dependientes para el país i en el año t:
1) La sofisticación de las exportaciones mide la participación de los productos de tecnología media y alta en las exportaciones totales de mercancías. Este indicador señala la complejidad y el avance tecnológico de la estructura exportadora de un país. Los datos de las exportaciones provienen de la Solución Mundial Integrada de Comercio (WITS) y se catalogan de acuerdo con la Clasificación Tecnológica de la OCDE en ISIC Rev.3.
2) La diversificación de las exportaciones capta el grado de diversificación de la cesta de exportación de mercancías de un país. Se calcula como la inversa de la concentración de productos de exportación Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) en la siguiente especificación: (100 – HHI). El HHI mide el nivel de concentración de las exportaciones en todos los productos, siendo los valores más altos los indicadores de una mayor concentración. Al invertir el índice, los valores más altos reflejan una estructura de exportación más diversificada. Los datos de HHI provienen de UNCTADstat.
3) El valor agregado manufacturero representa la contribución del sector manufacturero al PIB, expresada como porcentaje. Captura el nivel de mejora industrial y transformación estructural en la economía. Los datos provienen de los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial.
La variable explicativa es la inversión de capital rezagada un año de la IED, que permite capturar el efecto diferido de la implementación del proyecto. Las variables de control incluyen el PIB per cápita, la apertura comercial (comercio como porcentaje del PIB), el desarrollo financiero (crédito del sector privado como porcentaje del PIB) y la infraestructura (suscripciones de banda ancha fija por cada 100 personas). Las regresiones incluyen efectos fijos por país y por año, y los errores estándar se agrupan a nivel de país.
Los resultados muestran asociaciones empíricas sólidas, pero no establecen relaciones causales.
La IED en el sector de las energías renovables se expandió en las dos últimas décadas
La inversión de capital en energías renovables alcanzó 2 000 millones de USD en 10 proyectos en 2003, y aumentó a 27 660 millones de USD en 74 proyectos en 2024 (Gráfico 3.29, Panel A). La participación de la inversión greenfield en energías renovables en la IED total también aumentó, del 2% en 2003 al 1% en 2024 (Gráfico 3.29, Panel B). Entre 2011 y 2021, la IED en energías renovables superó sistemáticamente a la IED en combustibles fósiles, lo que indica un cambio mundial hacia fuentes de energía más limpias. Sin embargo, de 2022 a 2024, la inversión en combustibles fósiles superó a las energías renovables, impulsada principalmente por desarrollos específicos de cada país más que por una tendencia regional generalizada en ALC. La inversión en energías renovables puede contribuir a avanzar hacia una matriz energética más sostenible y diversificada, puede reducir las emisiones, bajar los costos de la energía, elevar la seguridad energética y disminuir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. Además, puede promover la productividad, generar empleo formal y apoyar un camino de desarrollo más resiliente e inclusivo (OECD et al., 2022[91]).
Nota: Los gráficos incluyen 27 países de ALC: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Fuente: Cálculos de los autores con base en (Financial Times, 2024[89]).
La IED desempeña una función importante en el avance de la transición verde en ALC. La inversión en energías renovables está positivamente asociada tanto con la expansión de la oferta de energía limpia como con la transformación de las matrices energéticas de los países receptores. En ALC, el aumento del 10% en la inversión de capital en el sector de energías renovables se asocia con un aumento de 0.79 toneladas de equivalente de petróleo (tep) por cada 1 000 personas en la oferta de energía renovable. También corresponde a un aumento de 0.03 tep por millón de USD del PIB (paridad de poder de compra) y a un aumento de 0.19 puntos porcentuales en la participación de las energías renovables en la matriz energética, manteniendo constantes los demás factores (Gráfico 3.30) (Recuadro 3.3). Estos resultados indican que la IED greenfield puede resultar particularmente eficaz para impulsar la transición energética de la región, con efectos tecnológicos indirectos potencialmente mayores, salvaguardias ambientales más fuertes o una mayor armonización con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.
Nota: Tep = toneladas de equivalente de petróleo. PIB = producto interno bruto. PPC = paridad del poder de compra. El gráfico muestra el impacto estimado en puntos porcentuales de un aumento del 10% en la inversión de capital de los proyectos anunciados de inversión directa extranjera en energías renovables sobre tres variables, junto con sus intervalos de confianza del 95%.
Fuente: Cálculos de los autores con base en (IRENA, 2023[92]), (Financial Times, 2024[89]) y (OLADE, 2023[93]).
Este análisis se basa en regresiones de panel de efectos fijos para evaluar el impacto de la IED greenfield en tres resultados de energía renovable. El modelo cubre 16 países de ALC durante el periodo 2003-2023 y se especifica de la siguiente manera:
donde es una de las siguientes variables dependientes por país i en el año t:
1) La oferta de energía renovable per cápita mide la cantidad de energía renovable disponible por persona, expresada en toneladas de equivalente de petróleo (tep) por cada 1 000 habitantes. Es reflejo de la intensidad de la oferta de energía renovable en relación con el tamaño de la población, y brinda información sobre el acceso y la distribución de energías limpias.
2) El suministro de energía renovable por unidad de producción muestra el volumen de energía renovable suministrado por unidad de producción económica, medido en tep por millón de USD del PIB (PPC). Sirve como indicador de la intensidad energética de la economía y señala la eficiencia con la que se integra la energía renovable en la producción.
3) La participación de las energías renovables en la matriz energética primaria representa la proporción de la energía primaria de un país derivada de fuentes renovables. Refleja el nivel de integración de las energías renovables en la matriz energética nacional y la tendencia a eliminar la dependencia de los combustibles fósiles.
Todas las variables dependientes provienen de OLADE-sieLAC, base de datos regional integral que recopila y homologa las estadísticas de energía para la región.
La principal variable explicativa es la inversión de capital con un rezago de dos años de los proyectos anunciados de energía renovable, lo que permite capturar el efecto diferido entre los anuncios de proyectos y el impacto operativo. Se obtiene de la base de datos fDi Markets, la cual rastrea la inversión greenfield transfronteriza.
Las variables de control incluyen el consumo de electricidad (megavatios hora por cada 1 000 personas) y la inversión pública en energía renovable con un rezago de dos años (como porcentaje del PIB). Las regresiones incluyen efectos fijos por país y año, y los errores estándar se agrupan a nivel de país.
Los resultados reflejan asociaciones empíricas sólidas, pero no establecen relaciones causales.
Integrar estrategias de inversión extranjera directa con políticas de desarrollo productivo verde
Las políticas de desarrollo productivo verde ofrecen un marco integral para maximizar el impacto de la IED en el desarrollo, al canalizar estratégicamente esta inversión a sectores que generan a la vez crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Las políticas de desarrollo productivo verde rebasan la promoción tradicional de inversiones al establecer criterios claros para el desarrollo de cadenas de valor verdes, requisitos para la transferencia de tecnología y resultados ambientales cuantificables. Esto es particularmente relevante para ALC, dada la transición de la región hacia la energía renovable y la manufactura sostenible (Martinez et al., 2025[30]). Los países que ponen en marcha políticas de desarrollo productivo verde pueden aprovechar la IED para crear ventajas competitivas en sectores verdes emergentes. Así lo demuestran i) los avances de Argentina en agricultura sostenible y la extracción de litio, que ilustran en qué forma las políticas de desarrollo productivo verde ayudan a los países a posicionarse estratégicamente en las cadenas globales de valor verde y, al mismo tiempo, atraen IED de calidad que apoya tanto la diversificación de las exportaciones como los objetivos medioambientales, y ii) el desarrollo de la industria de autobuses eléctricos de Brasil, que muestra cómo las políticas coordinadas pueden atraer inversión extranjera, en tanto desarrollan capacidades nacionales en tecnologías de transporte limpias. El éxito de la integración de la IED con las políticas de desarrollo productivo verde depende del establecimiento de vías de transición claras, normas regulatorias armonizadas y sistemas de seguimiento firmes que establezcan objetivos específicos para transferir tecnologías verdes, generar empleos de calidad en sectores sostenibles y reducir el impacto ambiental. Estas medidas garantizan que la IED contribuya a la transformación a largo plazo y no a ganancias a corto plazo, un enfoque esencial para los países de ALC que buscan dejar de depender de los productos básicos y avanzar a estructuras de producción más sofisticadas y medioambientalmente sostenibles.
Mejorar la movilización de recursos domésticos es esencial para financiar una transformación productiva inclusiva y sostenible en ALC. En un contexto de espacio fiscal limitado y crecientes dificultades en materia de desarrollo, es preciso que los gobiernos aumenten la movilización de fondos públicos a través de impuestos más eficaces, mayor eficiencia del gasto y una mejor gestión de la deuda. Al mismo tiempo, tendrán que diseñar políticas que canalicen los recursos privados hacia inversiones alineadas con los objetivos nacionales de desarrollo. Esto incluye ampliar la función de las instituciones financieras de desarrollo y alinear sus actividades más estrechamente con los objetivos de desarrollo a largo plazo. De igual manera, fortalecer los marcos de política para los mercados de capital será clave para fomentar la inversión a largo plazo y a la vez procurar que la IED contribuya más eficazmente a la transformación productiva y al crecimiento sostenible. En el Recuadro 3.4 se presentan las principales recomendaciones de política para ALC relativas al financiamiento de la transformación productiva.
Mejorar la movilización de recursos nacionales para financiar una transformación productiva inclusiva y sostenible en ALC
Fortalecer la movilización de ingresos fiscales ampliando la base imponible, aumentando la proporción de impuestos directos y reduciendo los gastos tributarios y subsidios ineficientes y regresivos.
Aprovechar los ingresos fiscales relacionados con el medioambiente mediante la expansión de impuestos a la energía y a la contaminación, y la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles, protegiendo al mismo tiempo a los hogares vulnerables.
Mejorar el diseño de los incentivos del impuesto sobre las sociedades para movilizar mejor la inversión alineada con las políticas nacionales de desarrollo, y dar prioridad a las herramientas basadas en el gasto sobre las basadas en los ingresos.
Reforzar las estrategias de focalización al establecer criterios de admisibilidad claros, cuantificables y estables, y minimizar las distorsiones y las cargas administrativas.
Institucionalizar el seguimiento y la evaluación al establecer requisitos para revisiones sistemáticas, informes de gastos fiscales y evaluaciones.
Mejorar la gobernanza y la transparencia, por ejemplo, al consolidar los incentivos en la legislación fiscal, asegurar la supervisión de los ministerios y fomentar la coordinación interinstitucional.
Incrementar la moral tributaria mejorando la transparencia, el uso eficiente de los ingresos fiscales y la participación activa de las personas.
Alinear más estrechamente a las IFD con las políticas de desarrollo productivo, clarificando sus mandatos, financiando sectores estratégicos y proyectos para el bien público, y fortaleciendo su función en los espacios de inteligencia de mercado y gobernanza.
Ampliar y diversificar los instrumentos financieros ofrecidos por las IFD nacionales para integrar mejor los objetivos verdes, digitales y con perspectiva de género, y fortalecer la capacidad técnica para el financiamiento climático y la gestión de riesgos.
Optimizar la colaboración entre los bancos multilaterales de desarrollo, las IFD bilaterales y las IFD nacionales para reducir la fragmentación, adaptándose a las prioridades nacionales y ampliar las líneas cohesivas para inversiones verdes, digitales e inclusivas.
Extender el apoyo de los BMD y las IFD bilaterales a las IFD nacionales para movilizar capital privado, promover la inclusión financiera (especialmente para las MiPymes) y armonizar las carteras con los objetivos climáticos y sociales.
Fortalecer los mercados de capitales para canalizar el financiamiento hacia la productividad, la descarbonización y la transformación inclusiva
Aumentar la profundidad del mercado, la liquidez y el financiamiento a largo plazo mediante la ampliación de la participación de los inversores institucionales en los mercados financieros nacionales.
Modernizar los marcos regulatorios para agilizar los procesos, disminuir los costos del cumplimiento, atraer a nuevos emisores y reducir las barreras para los inversores extranjeros en los mercados de bonos y acciones.
Reducir los costos de emisión con políticas que simplifiquen los procedimientos, mejoren la infraestructura del mercado, fomenten la competencia entre intermediarios y promuevan una mayor participación de los emisores en sectores armonizados con la transformación productiva.
Promover la integración financiera regional para ampliar las oportunidades de inversión, aumentar la eficiencia del mercado, incrementar la liquidez y reducir los costos y riesgos de transacción.
Fortalecer la integración de los bonos GSSSB en las políticas de desarrollo productivo para garantizar que los recursos financien sectores de alto impacto que impulsen la descarbonización, la competitividad y la transformación económica a largo plazo.
Ampliar las iniciativas regionales e internacionales para brindar asistencia técnica, herramientas de mitigación de riesgos y desarrollo de capacidades para los nuevos emisores de bonos GSSSB, abriendo el acceso al mercado y escalando la inversión sostenible.
Desarrollar y armonizar marcos y taxonomías de finanzas sostenibles en ALC para elevar la transparencia, prevenir el greenwashing y el SDG-washing, y reforzar la confianza de los inversores en los mercados de capitales de la región.
Dirigir la IED hacia los objetivos de transformación productiva
Promover la IED de calidad hacia objetivos de desarrollo a largo plazo, asegurando que la inversión contribuya a la transformación productiva, la innovación y el crecimiento sostenible.
Impulsar la IED en energías renovables, aprovechando instrumentos como incentivos fiscales, tarifas reguladas, acuerdos estandarizados de compra de energía y subastas de energías renovables.
Reforzar los marcos de promoción de las inversiones mediante el fortalecimiento de agencias, la mejora de la coordinación entre los niveles de gobierno y el fomento de la cooperación internacional para aumentar el tamaño del mercado, diversificar a los inversores y ampliar la base de los países receptores.
Fortalecer el entorno propicio para la IED al reforzar la estabilidad macroeconómica, mejorar la infraestructura, invertir en el desarrollo de capacidades, profundizar los mercados financieros y aumentar la certidumbre regulatoria.
Referencias
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← 1. Para ALC, el estudio de la UNCTAD se centra en 19 países (ALC19). Cubre siete países centroamericanos: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá; tres países del Caribe: República Dominicana, Haití y Jamaica, y nueve países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Al calcular el costo total de avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la UNCTAD se centra en el gasto público, pero también considera otras fuentes de financiamiento, como la IED y la ayuda oficial al desarrollo. La metodología hace hincapié en la importancia del gasto público para lograr los ODS y, al mismo tiempo, reconoce el papel que desempeñan la inversión privada y el financiamiento externo. Destaca la necesidad de tener precaución en la interpretación de los resultados, debido a las limitaciones y supuestos de los datos, proporcionando información valiosa sobre el avance hacia los ODS e identificando las brechas de financiamiento para que los responsables de la formulación de políticas públicas las aborden.
← 2. Las brechas de financiamiento por área prioritaria de los ODS se basan en las estimaciones de (UNCTAD, 2023[3]) y representan déficits anuales promedio. Dado que muchas de estas brechas se calcularon por separado, no deben sumarse para derivar una brecha de financiamiento total.
← 3. Las tasas impositivas efectivas promedio evalúan las decisiones de invertir por amplio margen. Resumen el efecto de la tributación sobre la decisión de invertir en proyectos comparables, pero mutuamente exclusivos, dando por hecho que los proyectos de inversión reciben ingresos económicos durante toda su vida. Las tasas impositivas efectivas marginales miden la carga tributaria sobre un proyecto que recién llega al equilibrio antes de impuestos para evaluar las decisiones de inversión en el margen intensivo, es decir, cuánto invertir cuando se ha definido la ubicación o la actividad. Para obtener más detalles sobre los cálculos de las tasas impositivas efectivas promedio y las tasas impositivas efectivas marginales, consulte (Hanappi et al., 2023[14]).
← 4. El estudio sobre los incentivos del impuesto sobre sociedades en ALC se benefició del apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) en el marco de las actividades dirigidas a mejorar los sistemas fiscales de ALC.
← 5. En este caso, los bancos públicos de desarrollo no incluyen otras IFD nacionales. La categoría más amplia de IFD nacionales abarca una amplia gama de instituciones financieras, incluidos los bancos públicos de desarrollo, los fondos de garantía y otros.