Este apartado presenta una hoja de ruta para la transición hacia la economía circular del agua en América Latina, abordando las brechas de gobernanza identificadas a través del análisis de la encuesta en el Capítulo 2. La hoja de ruta se centra en 3 áreas clave de gobernanza. La primera se refiere a los marcos regulatorios y políticos para establecer estructuras legales claras y de apoyo. Otra área son las herramientas financieras y económicas para modelos de negocio innovadores, esto para asignar fondos de manera más eficiente, minimizar las necesidades y generar ingresos. Y finalmente está el compromiso de las partes interesadas y el desarrollo de capacidades para garantizar la concienciación y aceptación públicas, al tiempo que se dota a los profesionales de los conocimientos necesarios y se refuerza simultáneamente la transparencia. Dentro de estas áreas clave, la hoja de ruta propone 13 acciones concretas para mejorar la eficiencia hídrica, promover la recuperación de recursos y aumentar la resiliencia, ofreciendo un camino práctico hacia la gestión circular del agua en la región.
La Economía Circular del Agua en América Latina
Resumen
Después de hacer un análisis exhaustivo del estado del arte en los 10 países seleccionados de América Latina y como parte final de este reporte se propone una hoja de ruta que aborda las brechas de gobernanza identificadas en el capítulo anterior (Figura 3.1). La hoja de ruta se centra en 3 áreas clave de gobernanza. La primera tiene que ver con los marcos regulatorios y políticos que establezcan estructuras legales claras y de apoyo. La segunda área de gobernanza se refiere a las herramientas financieras y económicas para modelos de negocio innovadores que asignen fondos de forma más eficiente, minimizar las necesidades y generar ingresos. Y la tercera y última es el compromiso de las partes interesadas y el desarrollo de capacidades para garantizar la concienciación y aceptación pública, al tiempo que se dota a los profesionales de los conocimientos necesarios y se refuerza simultáneamente la transparencia. Dentro de estas áreas clave, la hoja propone 13 acciones concretas para mejorar la eficiencia hídrica, promover la recuperación de recursos y aumentar la resiliencia, ofreciendo así un camino práctico hacia la gestión circular del agua en la región.
Fuente: elaboración propia.
Acción 1. Actualizar y racionalizar la normativa para integrar los principios de la economía circular en las políticas públicas existentes del agua
Los países de América Latina deben identificar las lagunas, y actualizar y racionalizar sus normativas para integrar explícitamente los principios requeridos en la economía circular. Entre los mecanismos concretos figuran el establecimiento de normas claras para la reutilización y el reciclado del agua y los materiales, la creación de estructuras para el comercio de energía y subproductos recuperados de las plantas de tratamiento, y la incorporación de objetivos de economía circular en las políticas nacionales y regionales del agua. Un ejemplo de enfoque holístico está en Europa, específicamente en un conjunto de normativas y políticas, incluida una política pública específica de economía circular y diversas políticas públicas relacionadas con el agua, que abarcan la gestión de las aguas residuales urbanas, la reutilización del agua, la gestión de los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y las energías renovables (Recuadro 3.1).
La Comisión Europea estableció normativas relacionadas con la reutilización del agua y las aguas residuales, y la recuperación de materiales y energía. De esta manera destaca la importancia de los principios de la economía circular y los objetivos climáticos en el sector del agua en consonancia con el Pacto Verde Europeo de 2020 que aspira a una UE neutra en carbono para 2050. En 2020, el Plan de Acción de Economía Circular, un componente clave del marco de aceleración del Pacto Verde Europeo, materializó los esfuerzos para la transición a una economía circular. El plan se centra en los sectores que consumen más recursos y en los que el potencial de circularidad es elevado. En concreto, el plan identifica 7 cadenas de valor, incluyendo “alimentos, agua y nutrientes”. Plantea la necesidad de contar con enfoques circulares para la reutilización del agua en la agricultura a través del Reglamento de Reutilización del Agua, el desarrollo de un Plan de Gestión Integrada de Nutrientes, así como la revisión de las directivas sobre tratamiento de aguas residuales y lodos. Al momento se ven los siguientes resultados:
En noviembre de 2024, el Consejo Europeo adoptó la nueva Directiva de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La Directiva introduce objetivos más estrictos para ampliar el alcance del tratamiento de las aguas residuales, abordar más contaminantes y avanzar hacia la neutralidad energética. Por ejemplo, se va a reducir el umbral de recogida y el tratamiento será obligatorio para las aguas residuales, garantizando que para 2035 todas las aguas residuales domésticas estén conectadas a sistemas de tratamiento. Para el mismo año será también forzoso el tratamiento secundario para eliminar la materia orgánica biodegradable, con exenciones para los Estados miembro que necesiten inversiones importantes o aquellos que hayan realizado esfuerzos recientes para cumplir la normativa. En 2039, las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas que gestionen cargas iguales o superiores a 150 000 m3 deberán aplicar un tratamiento terciario para eliminar el nitrógeno y fósforo, y en 2045 se exigirá un tratamiento cuaternario para los microcontaminantes. Para hacer frente a estos últimos, los fabricantes de productos farmacéuticos y cosméticos sufragarán al menos el 80% de los costes adicionales de tratamiento en virtud del principio de “quien contamina paga”. Además, la Directiva fija para 2045 el objetivo de neutralidad energética que exige que las grandes plantas de tratamiento generen energía renovable para compensar las emisiones y apoyar los objetivos climáticos de la UE.
En 2023, el Reglamento europeo sobre reutilización del agua estableció requisitos mínimos de calidad para aguas residuales urbanas tratadas en el riego agrícola. Asimismo, definió estándares armonizados de control, incluyendo la frecuencia de análisis para cada parámetro de calidad del agua, así como requisitos específicos para la validación del control. El reglamento también incorporó disposiciones sobre gestión de riesgos orientadas a identificar y mitigar posibles impactos en la salud humana y animal, así como riesgos ambientales. También estableció las condiciones de autorización para producir y suministrar agua regenerada y promovió la transparencia mediante la obligación de divulgar información sobre los proyectos de reutilización del agua. Aunque esta nueva resolución fue bien acogida por los Estados miembro, en algunos países de la UE su implementación se ve limitada por regulaciones nacionales más estrictas que las comunitarias.
En 2023 se llevó a cabo una evaluación de la Directiva de 1986 sobre lodos de depuradora, esto como parte del Plan de Acción Europeo de Economía Circular. La evaluación mostró que los niveles de metales pesados en los lodos han disminuido significativamente y que muchos Estados miembro van más allá de las normas de la Directiva. Aunque se considera que la Directiva sigue siendo pertinente, podría enfocarse más en la lista de contaminantes y su riesgo.
La Comisión Europea también está desarrollando un Plan de Acción para la Gestión Integrada de Nutrientes con el fin de contribuir a cumplir los objetivos del Pacto Verde de la UE. En particular busca lograr una reducción de al menos el 50% en las pérdidas de nutrientes y del 20% en el uso de fertilizantes para el año 2030 en Europa.
Por último, las plantas de tratamiento de aguas residuales, el gas y el biogás se identifican en la Directiva como energía procedente de fuentes renovables y fomenta su producción y utilización. Esta establece un ambicioso proyecto de energía renovable de al menos el 42.5% para 2030, con el objetivo de alcanzar el 45%. Además, pretende potenciar la recuperación de energía y nutrientes en las plantas de tratamiento de aguas residuales, reconociendo su importante consumo energético, estimado en 24 747 GWh al año, equivalente a cerca del 0.8% de la generación total de electricidad de la UE. En concreto, las plantas pequeñas representan el 42% del consumo de energía en el tratamiento de aguas residuales, mientras que las grandes utilizan el 58%. Los costes energéticos pueden representar una parte sustancial, entre el 25% y el 56% de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Fuente: Comisión Europea (2022), Nutrients - action plan for better management, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12899-Nutrients-action-plan-for-better-management/public-consultation_en; Comisión Europea (2023), Renewable Energy Directive, https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en; Centro Común de Investigación (2019), Water Energy Nexus in Europe; Council of the European Union (2024), Urban wastewater: Council adopts new rules for more efficient treatment, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/11/05/urban-wastewater-council-adopts-new-rules-for-more-efficient-treatment/.
Acción 2. Integrar criterios circulares en la contratación pública de subproductos
Un aspecto que podría ayudar a los países de América Latina a crear un mercado para los productos de la economía circular del agua (agua limpia, energía y subproductos) es el hecho de incluir en la contratación pública requisitos de reducción, reutilización y reciclaje del agua, así como de recuperación de energía y materiales. Otro podría ser el fomentar la adopción de modelos de negocio circulares y promover la incorporación de materiales secundarios a los flujos de materiales. Por ejemplo, la contratación pública puede incluir criterios para dar prioridad al compost elaborado a partir de lodos para enriquecer la salud del suelo en los parques públicos, o invertir en biogás para alimentar las flotas de transporte público. En 2017, el informe “Circular Public Procurement in the Nordic Countries”, realizado por el Consejo Nórdico de Ministros, exploró el potencial para promover la economía circular y fomentar nuevas oportunidades de negocio a través de la contratación pública y las inversiones, con especial atención al tratamiento de aguas residuales. En Finlandia, la región de Helsinki y las ciudades de Porvoo y Vaasa son un ejemplo de esto (Recuadro 3.2).
En 2014, la ciudad de Porvoo inició un proceso de contratación para mejorar el reciclaje y la reutilización del fósforo y el nitrógeno en el tratamiento de residuos biológicos y lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales. Era la primera vez en Finlandia que el reciclaje de nutrientes se integraba en un proceso de contratación, participaron tanto plantas de tratamiento como instalaciones de gestión de biorresiduos. Entre los criterios se incluía que un mínimo del 80% del nitrógeno entregado se utilizara como fertilizante o químico industrial, y que sólo el 20% terminara en la planta local de tratamiento.
En el mismo año, la ciudad de Vaasa contrató una flota de 12 autobuses diseñados para funcionar exclusivamente con biogás procedente de residuos orgánicos y lodos procesados en las instalaciones de tratamiento locales. El contrato incorporaba cláusulas de rendimiento que ofrecían un descuento al proveedor por superar la eficiencia de consumo anual estimada y un reembolso por rendimiento inferior, incentivando así un servicio sostenido y fiable. Esta adquisición no sólo desplaza 280 000 litros de gasóleo al año, sino que también establece una vía circular para los subproductos de residuos locales, al tiempo que facilita la ampliación de la infraestructura para dar cabida a vehículos alimentados por biogás, beneficiando a otros 1 000 coches.
En 2016, la región de Helsinki realizó pruebas piloto de tecnologías de tratamiento de aguas residuales. El objetivo era evaluar métodos innovadores para tratar y utilizar lodos de plantas de tratamiento digeridos y biomasa en el centro de tratamiento de residuos de Espoo. A través de un estudio de mercado se buscaban propuestas que describieran el producto final, el potencial de mercado y los costes operativos con flexibilidad para la colaboración entre múltiples partes. La contratación final se realizó entre 2017 y 2018. Además, la ciudad de Helsinki ofrece actualmente a sus proveedores oportunidades para desarrollar y poner a prueba productos y servicios en el ámbito de la economía circular en el sitio web Testbed Helsinki, destinado a empresas y operadores de investigación, desarrollo e innovación.
Fuente: Consejo Nórdico de Ministros (2017), Circular Public Procurement in the Nordic Countries, disponible en https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1092366/FULLTEXT01.pdf; Unión Europea (2017), Public procurement for a circular economy. Buenas prácticas y orientaciones; Ciudad de Helsinki (s.f.), Testbed Helsinki, disponible en https://testbed.hel.fi/.
Acción 3. Fomentar la experimentación a través de la innovación normativa
Los países de América Latina pueden desarrollar marcos regulatorios que promuevan la innovación dentro de la economía circular del agua fomentando la experimentación controlada y segura. Fomentar la innovación normativa es fundamental para desarrollar soluciones más rentables y eficientes en el uso de los recursos, que puedan reducir significativamente el consumo de agua y los costes de tratamiento a largo plazo. Los sandboxes normativos pueden facilitar el desarrollo de proyectos piloto experimentales a pequeña escala, gestionando al mismo tiempo los riesgos de forma eficaz. Si estos son exitosos, pueden escalarse con reformas legislativas y reglamentarias ya probadas (Recuadro 3.3). Esto reduce el tiempo y el coste de la comercialización de ideas innovadoras asegurando la protección del consumidor y el cumplimiento con los estándares de calidad. Sin embargo, la aplicación a corto plazo de estos sandboxes normativos puede comprometer el ímpetu inversor debido a la falta de tiempo suficiente para recuperar el capital. Por ejemplo, Francia estableció en 2022 un procedimiento de autorización para nuevos usos de las aguas residuales tratadas, ofreciendo un entorno de pruebas regulatorio para experimentar con formas innovadoras de reutilización de las aguas residuales dentro de un plazo máximo de cinco años.
Este término hace referencia a instrumentos de política que permiten la experimentación en vivo, a pequeña escala, de innovaciones dentro de un entorno controlado que simula las condiciones del mercado. Suelen emplearse cuando la tecnología emergente es potencialmente perturbadora y permiten probar tecnologías y modelos empresariales que no se ajustan plenamente a la normativa al suspender temporalmente disposiciones o requisitos obligatorios. Esto significa que los participantes no están obligados a seguir todos los requisitos reglamentarios que se aplicarían normalmente fuera del sandbox en el mercado regulado. A cambio de esto, se exige a los participantes que incorporen lo necesario para aislar al mercado de riesgos. Esto ofrece a los participantes un espacio seguro para experimentar sin correr el riesgo de ser sancionados por incumplimiento, al tiempo que reduce las preocupaciones de responsabilidad. Otro aspecto clave de los sandboxes es el establecimiento de mecanismos de retroalimentación que permiten reunir pruebas de las posibles necesidades de cambio en el marco regulador existente, para facilitar la creación de más productos o modelos de negocio. Como tal, los sandboxes conllevan un “interés por el descubrimiento regulatorio”.
Fuente: Ministerio Federal de Economía y Energía, Alemania (2019), Regulatory sandboxes: experimental areas for new energy technologies, https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/Newsletter/2019/07/Meldung/topthema.html; Zetzsche et al. (2017), From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance, doi: 10.2139/ssrn.2959925.
Acción 4. Adoptar un enfoque sistémico
Los países de América Latina necesitan mejorar de forma significativa la coordinación de políticas públicas entre los diferentes sectores estableciendo mecanismos que aborden objetivos comunes y eviten conflictos. Más allá del sector de agua existen ejemplos internacionales de impulso de iniciativas más amplias de economía circular (por ejemplo en Melbourne, Australia, también en la ciudad de Oulu en Finlandia, y en Toronto, Canadá) (OCDE, 2020[1]). Toronto creó un Grupo de Trabajo Interdivisional de Economía Circular compuesto por 11 divisiones1 incluyendo Agua de Toronto como la división municipal a cargo del agua y el saneamiento. Su mandato es proporcionar información, ideas y comentarios durante el desarrollo de las iniciativas de economía circular de la ciudad. La convocatoria de estos grupos interdivisionales ayuda a la ciudad a identificar las compensaciones sectoriales a medida que avanza en la aplicación de la economía circular.
Acción 5. Evaluar y reducir las necesidades de inversión
Los países de América Latina deben adoptar un enfoque estratégico para evaluar y reducir las necesidades de inversión en el sector del agua. Es importante que antes de recurrir a la costosa expansión de infraestructura, se prioricen medidas rentables como la reducción del agua no facturada (ANF) abordando las fugas de agua, los medidores obsoletos o inexactos, y la presión excesiva. Muchas empresas de servicios públicos en países de ingresos bajos y medios pierden un tercio del agua que extraen, tratan y distribuyen, lo que resulta en ineficiencias financieras y operativas significativas. Al dar prioridad a los sistemas de agua existentes y alinearse con los principios de la economía circular, los países pueden lograr mejores retornos de inversión. La gestión efectiva del ANF puede ayudar a retrasar o incluso eliminar la necesidad de proyectos costosos como las plantas desalinizadoras, asegurando que los recursos se dirijan hacia inversiones sostenibles y de alto impacto.
Bahamas demuestra los beneficios financieros y operativos de empezar por el ANF. En New Providence, la Corporación de Agua y Alcantarillado implementó un contrato basado en el desempeño2, lo que llevó a reducciones significativas en el ANF y a una mejora en el rendimiento financiero (BID, 2018[2]). De manera similar, Israel ha hecho de la reducción del ANF un componente central de su estrategia de gestión del agua, logrando pérdidas inferiores al 5% en algunas áreas (EPA, 2023[3]).
Acción 6. Aplicar un enfoque de ciclo de vida a las inversiones
La aplicación de un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para informar la toma de decisiones asegura inversiones basadas en datos, ofrece retornos inmediatos y de largo plazo, y camina hacia una economía circular del agua. Al adoptar el ACV en las inversiones en plantas de tratamiento se pueden reducir significativamente los costes de operación y mantenimiento (O&M) y, al mismo tiempo, desbloquear oportunidades económicas y reducir los impactos ambientales. Esto implica evaluar los beneficios a largo plazo, las externalidades ambientales y de innovación, así como el potencial de generación de ingresos de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales mediante la incorporación de principios de economía circular del agua. Las plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales, diseñadas tradicionalmente para cumplir las normas de vertido, pueden evolucionar hacia sistemas autosuficientes integrando tecnologías de recuperación de energía, extracción de nutrientes y reciclado del agua. Al analizar el potencial energético y los periodos de retorno de inversión en escenarios como la autosuficiencia energética o la venta de biogás, las plantas pueden reducir las emisiones, disminuir la dependencia de las subvenciones y crear fuentes de ingresos. Entre los mecanismos concretos para lograrlo se incluye la recuperación de biogás para la generación de energía como ha demostrado Anglian Water en Inglaterra, donde los centros de tratamiento de lodos generan energía renovable para uso in situ y exportan el excedente a las redes eléctricas (Anglian Water, 2023[4]). También la recuperación de nutrientes de los lodos para uso agrícola añade más valor. A escala internacional, los sistemas de créditos de carbono, como el programa australiano Carbon Credit Unit, recompensan los proyectos de aguas residuales que reducen las emisiones de metano o producen energía renovable. Estas prácticas ejemplifican cómo pueden compensarse los costes de O&M al tiempo que se promueve la sostenibilidad medioambiental (Recuadro 3.4).
En Australia, la Unidad Australiana de Créditos de Carbono (ACCU) apoya proyectos destinados a evitar la emisión de GEI o a capturar y secuestrar carbono de la atmósfera. Fue creada en 2015 en virtud de la Ley de Créditos de Carbono (Iniciativa de Cultivo de Carbono) de 2011 y está supervisada por el Regulador de Energía Limpia, una autoridad legal independiente responsable de administrar ACCU, garantizar el cumplimiento de los proyectos y gestionar los contratos gubernamentales de reducción de carbono.
Los proyectos que se apoyan incluyen el tratamiento de las aguas residuales subvencionables para evitar las emisiones de metano que, de otro modo, se producirían en las lagunas anaeróbicas abiertas y profundas, y la mejora del biogás subvencionable procedente del tratamiento de las aguas residuales para producir biometano. El biometano se utiliza después como sustituto del gas natural, contribuyendo así a los esfuerzos globales de reducción de las emisiones de carbono.
Dentro de lo que los proyectos pueden incluir se encuentra la adopción de nuevas tecnologías, la modernización de equipos, la mejora de las prácticas agrícolas o empresariales, y una gestión más eficaz de la vegetación para almacenar más carbono.
Los participantes en estos proyectos obtienen ACCU en función de la cantidad de emisiones equivalentes de dióxido de carbono (tCO2e) que almacenan o evitan. Las ACCU pueden venderse a compradores del sector privado y a entidades gubernamentales para generar ingresos. El gobierno australiano adquiere ACCU a través de contratos de reducción de las emisiones de carbono, incluido el Fondo Powering the Regions.
Fuente: DCCEEW (s.f.) Australian Carbon Credit Unit (ACCU) Scheme, disponible en: https://www.dcceew.gov.au/climate-change/emissions-reduction/emissions-reduction-fund#toc_1.
Acción 7. Diversificar las fuentes de financiamiento
Es muy importante que los países encuestados vean la manera de diversificar las fuentes de financiamiento más allá de los fondos públicos. Esto contempla que el sector privado se enfoque en acceder al capital económico necesario y se adquieran las habilidades técnicas para la transición. Se puede ver en la región que el sector privado aportó el 78% de la inversión total en 2019 (por debajo de la media de la OCDE del 84%), y solo el 0.2% de la financiación privada en 2018 se destinó a infraestructuras de agua y saneamiento (OCDE et al., 2023[5]). La financiación combinada puede ser un instrumento eficaz para reducir la brecha financiera en agua y saneamiento. Sin embargo, esto requiere fortalecer la transparencia y el entorno propicio alrededor del financiamiento en general, y en agua y saneamiento en particular (OCDE, 2019[6]). Según la Red de Integridad del Agua y el BID, la corrupción, la mala gestión y otros fallos de integridad representan hasta el 26% de las inversiones malgastadas en el sector del agua, lo que contribuye al déficit financiero (Water Integrity Network, 2024[7]). Aumentar la transparencia reducirá la incertidumbre sobre los riesgos y las oportunidades de inversión ayudando a que las inversiones en agua y saneamiento sean más atractivas para el sector privado. Mediante acuerdos contractuales adecuados o una combinación de instrumentos y mecanismos financieros, resulta factible mitigar diversos riesgos. Los riesgos restantes pueden compartirse con el sector público con co-inversores comerciales o, alternativamente, un financiador que opte por asumir un nivel específico de riesgo en su propio balance. Sin embargo, para que una evaluación de este tipo tenga sentido, los riesgos vinculados a una inversión deben ser transparentes y cuantificables. La financiación combinada por sí sola no puede compensar el impacto de un contexto propicio desfavorable que puede incluir marcos políticos y estructuras institucionales inadecuados. Por el contrario, debe complementarse con esfuerzos para establecer un entorno político estable y favorable. Un contexto poco propicio, caracterizado por una normativa mal diseñada o inexistente, parámetros políticos (como los precios y las tarifas del agua) y mecanismos institucionales, puede obstaculizar las inversiones comerciales.
Acción 8. Colaborar con los bancos regionales para cerrar las brechas de infraestructura y fomentar la innovación y la investigación
Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) desempeñan un papel clave en el cierre de las brechas de infraestructura y en la promoción de innovación e investigación. A través del abordaje de obstáculos regulatorios y financieros en el marco de sus estrategias nacionales, y mediante el establecimiento de incentivos que fortalezcan los marcos políticos e institucionales, los BMD pueden contribuir a crear un entorno más favorable para la atracción y viabilidad de inversiones. El desarrollo de políticas públicas y normativas que apoyen las iniciativas de economía circular es una forma de avanzar. Lo anterior está en consonancia con la misión del BID de “fomentar un progreso social y económico transformador al tiempo que se combate activamente el cambio climático” (BID, 2023[8]). Esto implica centrarse de forma más destacada en proyectos que generen impactos sociales y medioambientales en los países de América Latina, más allá del desempeño de cada país.
Acción 9. Asignar recursos financieros para la innovación relacionada con las prácticas de economía circular
Los países de América Latina deben explorar diversas herramientas de financiación como medio para canalizar recursos destinados a fomentar la innovación. Por ejemplo, en algunos países, los reguladores del agua han creado fondos específicos para apoyar la innovación, incluido todo lo relacionado con las prácticas de economía circular del agua. Este es el caso de Irlanda (Recuadro 3.5), donde la Comisión de Regulación de los Servicios Públicos, en su Plan de Tarifas de Agua de 2014, ejerció su facultad discrecional para permitir que Irish Water realizara un gasto de 2 millones de euros durante el próximo período de revisión a través de un fondo de innovación3. El objetivo de este fondo era animar a Irish Water a invertir en proyectos de investigación e innovación para “explorar avances tecnológicos y otras innovaciones en ámbitos como la participación efectiva de los clientes, la reducción del consumo energético, los procesos de tratamiento, la rehabilitación de infraestructuras, una mayor comprensión de los comportamientos de los clientes, la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de la normativa medioambiental, lo que, en última instancia, podría beneficiar a los clientes”4.
Irish Water presentó propuestas a la Comisión de Regulación de la Energía (CRU) antes de incurrir en gastos, demostrando que la inversión cumplía con los criterios de cualificación. Estas debían contar con una probabilidad razonable de generar beneficios concretos y tangibles para los clientes, y los beneficios esperados de la inversión deberían justificar sus costos. Las propuestas perseguían al menos uno de los siguientes objetivos: la prestación de servicios de agua seguros y fiables, una mayor comprensión de los comportamientos de los clientes, sus motivaciones y una participación efectiva de los clientes, un mayor ahorro de energía en la prestación de servicios de agua, la consecución de las normas medioambientales pertinentes y los objetivos de la Directiva Marco del Agua, la mitigación de los efectos negativos del cambio climático, la prestación de servicios de agua de manera económica y eficiente, y una mejor conservación de los recursos hídricos.
Además de exigir a Irish Water que solicite la aprobación previa de los gastos del fondo de innovación, también se han establecido requisitos de información para medir los resultados de estos proyectos y compararlos con los beneficios esperados. En noviembre de 2021, la CRU había aprobado 10 proyectos.5
Fuente: CRU (2020), Water Services Innovation Fund Annual Report 2020, CRU21121-Water-Services-Innovation-Fund-Annual-Report-2020.pdf (divio-media.com).
Acción 10. Incentivar el uso de los materiales y la energía regenerados mediante mecanismos económicos
Resulta indispensable el aprovechamiento de instrumentos económicos para incentivar la recirculación de los subproductos generados en el tratamiento de aguas residuales (agua limpia, biocomponentes y energía). Se debe priorizar que la compra de estos subproductos sea comercialmente ventajosa frente a sus alternativas en la economía lineal (agua extractiva, fertilizantes químicos y energía no renovable). Los descuentos fiscales, los impuestos medioambientales o las tarifas diferenciadas pueden servir como herramientas para fomentar o desincentivar comportamientos de mercado específicos. Por ejemplo, ofrecer descuentos fiscales a las industrias que utilicen agua regenerada o materiales reciclados en sus procesos de producción puede estimular la demanda y reducir el consumo total de agua y la generación de residuos. Del mismo modo, la imposición de tasas medioambientales a las industrias que contaminen en exceso o generen aguas residuales puede motivar la adopción de métodos de producción más limpios y fomentar la inversión en tecnologías eficientes. Además, la aplicación de tarifas diferenciadas por el uso del agua en función del grado de tratamiento y reutilización puede promover una asignación eficiente de los recursos y animar a las industrias a invertir en tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas residuales. Los incentivos pueden ser útiles para desarrollar mercados en torno a los subproductos recuperados. Los ajustes en los precios de las aguas residuales tratadas, los biosólidos recuperados o la energía generada, así como las exenciones del IVA, pueden incentivar también a las empresas y usuarios a reutilizar. Además, los sistemas de RAP pueden ayudar a desarrollar programas de reutilización de materiales o estimular la innovación.
En 2018, el regulador italiano ARERA introdujo medidas innovadoras y multisectoriales destinadas a la eficiencia energética, la reducción del uso de plásticos, la recuperación de energía y materias primas, así como la reutilización de aguas residuales. Las medidas contempladas incluyen la instalación de arrancadores suaves e inversores, la gestión eficiente de la presión y el uso de dispositivos de recuperación de energía, todo ello orientado a optimizar la eficiencia energética. Asimismo, se incorporarán fuentes de alta calidad y se fomentará el consumo de agua del grifo como alternativa al agua embotellada para reducir el uso de plásticos. Paralelamente, se implementará la producción de biogás a partir de lodos, se instalarán minicentrales hidroeléctricas y se recuperarán biopolímeros, estruvita y fósforo presentes en los lodos, tanto para la generación de energía como para la valorización de materias primas. Finalmente, el agua regenerada se reutilizará para el riego o usos industriales, incluyendo su reaprovechamiento dentro de la planta para procesos técnicos en el tratamiento de aguas residuales.
Los operadores no están obligados a aplicar estas medidas, ya que ARERA no las considera parte de las normas obligatorias de los servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, estas medidas se incentivan a través de un mecanismo de distribución de ingresos.
Los costos ambientales y de recursos comprenden tanto componentes operativos como de inversión, y se consideran herramientas clave para fomentar la sostenibilidad y fortalecer la resiliencia. Concretamente, algunos componentes operativos de los costos medioambientales se utilizan para reflejar y cubrir los gastos destinados a las operaciones de telecontrol dirigidas a reducir o prevenir las pérdidas de agua. Desde 2016, ARERA introdujo 6 macro indicadores de rendimiento con objetivos regulatorios diferenciados en función de la eficiencia del operador. Si el operador no logra la mejora esperada y, por tanto, reducir las pérdidas de agua, recibe una penalización.
Fuente: Bardelli, L. (2023), Informe sobre los servicios de agua y gestión de residuos, https://www.arera.it/fileadmin/allegati/eventi/230412analistiAmbiente.pdf.
Acción 11. Sensibilizar y promover la participación de las partes interesadas
Para garantizar que las comunidades comprendan los beneficios de la economía circular del agua y participen en los procesos de elaboración y aplicación de políticas resulta relevante que los países se esfuercen en comunicar de manera efectiva. No es menor que una comunidad se preocupe cuando aumenta la probabilidad de contacto con el agua reciclada. Por ejemplo, el uso de agua reciclada para el riego urbano o agrícola tiene altos niveles de aceptación (Po et al., 2005[9]), mientras que el contacto más cercano como el consumo de agua reciclada tiene niveles más bajos de apoyo (Fielding, Dolnicar and Schultz, 2018[10]). Todo lo relacionado a utilizar agua reciclada como potable tiende a polarizar las opiniones, por lo que deben aplicarse mecanismos de comunicación que incluyan campañas, sitios web, plataformas y eventos para el intercambio de conocimientos y prácticas, conferencias, etc.
Acción 12. Garantizar la competencia de los responsables de la toma de decisiones y los profesionales
La capacitación tanto en el sector público como en el privado sin duda mejora la competencia y los conocimientos en el sector del agua, el objetivo es llegar a una comprensión más profunda de los principios de la gestión circular del agua. Por ejemplo, se debe asegurar que los responsables políticos cuenten con herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar y aplicar políticas que promuevan prácticas de agua circular. Los profesionales del sector del agua, como ingenieros y técnicos, podrían beneficiarse de programas de formación práctica diseñados específicamente para mejorar sus conocimientos técnicos, abarcando temas prácticos como el diseño y el funcionamiento de sistemas descentralizados de tratamiento de aguas residuales.
Acción 13. Reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas circulares de agua y de los datos correspondientes
Para fomentar la confianza y el compromiso, los países de América Latina deben hacer un esfuerzo por reforzar la transparencia en la gestión y el tratamiento del agua. Resulta necesario realizar un seguimiento de los datos que vaya más allá de la simple cobertura del agua y el saneamiento, se requiere incluir indicadores relacionados con la reducción, la reutilización y el reciclaje del agua, y la recuperación de materiales y energía. Indicadores como el ANC, el ahorro de agua derivado de la aplicación de técnicas y tecnologías de conservación, el volumen de aguas residuales tratadas reutilizadas, el volumen de lodos recuperados utilizados como fertilizantes y el ahorro de energía derivado de la recuperación durante el tratamiento, son solo algunos que pueden hacer diferencia en una rendición de cuentas transparente. El seguimiento regular de estos indicadores puede ayudar a garantizar una utilización eficiente de los fondos y a calibrar el impacto de las iniciativas circulares del agua. Los organismos reguladores de varios países ya han establecido indicadores clave de rendimiento centrados en las pérdidas de agua, el agua y la eficiencia energética (Recuadro 3.7).
En un informe del 2023, la Asociación de Reguladores Europeos del Agua (WAREG) evaluó los indicadores utilizados por los reguladores para evaluar el rendimiento de los servicios públicos. El informe señala que 18 miembros de WAREG (Albania, Azores, Bruselas, Bulgaria, Estonia, Flandes, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Malta, Montenegro, Macedonia del Norte, Portugal y Rumanía) están utilizando indicadores clave de rendimiento para supervisar y evaluar las pérdidas de agua (ANC) (Tabla 3.1).
Los datos del informe muestran que los reguladores utilizan ampliamente el ANC para controlar y evaluar, ya sea expresado en porcentaje (11 reguladores), en volumen por km lineal y día (6 reguladores) o en litros por conexión y día (2 reguladores). Las pérdidas reales también suelen ser objeto de seguimiento por parte de 5 reguladores, mientras que otros 3 utilizan un índice de fugas de infraestructura.
Además, algunos reguladores han establecido incentivos para la recuperación de energía a través de indicadores reguladores de referencia (Tabla 3.2).
Fuente: WAREG (2023), Marco de indicadores clave de rendimiento en los países miembros de WAREG.
Referencias
[4] Anglian Water (2023), 2025 – 2050 Bioresources Strategy, https://www.anglianwater.co.uk/SysSiteAssets/household/about-us/bioresources-strategy-2025---2050.pdf.
[8] BID (2023), IDB Group Institutional Strategy: Transforming for Scale and Impact, https://www.iadb.org/en/who-we-are/institutional-strategy.
[2] BID (2018), Case Study: Performance-based Contract for NRW Reduction and Control New Providence, Bahamas, https://publications.iadb.org/es/publicacion/12918/case-study-performance-based-contract-nrw-reduction-and-control-new-providence.
[3] EPA (2023), From Water Stressed to Water Secure: Lessons from Israel’s Water Reuse Approach,, https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-04/Action%2011.1%20Closeout_Draft_041723_508%20Compliant.pdf.
[10] Fielding, K., S. Dolnicar and T. Schultz (2018), “Public acceptance of recycled water”, International Journal of Water Resources Development, Vol. 35/4, pp. 551-586, https://doi.org/10.1080/07900627.2017.1419125.
[1] OCDE (2020), The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en.
[6] OCDE (2019), Making Blended Finance Work for Water and Sanitation: Unlocking Commercial Finance for SDG 6, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5efc8950-en.
[5] OCDE et al. (2023), Latin American Economic Outlook 2023: Investing in Sustainable Development, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8c93ff6e-en.
[9] Po, M. et al. (2005), Predicting Community Behaviour in Relation to Wastewater Reuse : What drives decisions to accept or reject ? Water for a Healthy Country National Research Flagship, https://www.researchgate.net/publication/242602980_Predicting_Community_Behaviour_in_Relation_to_Wastewater_Reuse_What_Drives_Decisions_to_Accept_or_Reject.
[7] Water Integrity Network (2024), Water Integrity Global Outlook 3, https://www.waterintegritynetwork.net/_files/ugd/3abf8e_7081cf31513f4898bd79656bbb75b4b5.pdf.
← 1. Las 11 divisiones son: Servicios de Gestión de Residuos Sólidos (SWMS); Compras y Gestión de Materiales (PMMD); Urbanismo; Desarrollo Económico y Cultura; División de Medio Ambiente y Clima; Gestión Inmobiliaria Corporativa; Parques, Bosques y Ocio; Servicios de Transporte; Toronto Water; Salud Pública de Toronto; y Servicios de Ingeniería y Construcción.
← 2. Los contratos basados en el rendimiento (PBC) son asociaciones público-privadas especializadas que las empresas de servicios públicos utilizan cada vez más para gestionar el agua no facturada. Estos contratos vinculan el pago al rendimiento de los contratistas, lo que les incentiva a cumplir los objetivos de reducción del agua no facturada. Los PBC permiten a las empresas de servicios públicos acceder a conocimientos especializados y equipos, al tiempo que mantienen el control sobre las operaciones y los activos. IWA (s. f.), Contratos basados en el rendimiento para la gestión del agua no facturada; PPIAF (2023), Uso de contratos basados en el rendimiento para reducir el agua no facturada; Banco Mundial (2006), El reto de reducir el agua no facturada en los países en desarrollo; Banco Mundial (2018), El uso de contratos basados en el rendimiento para la reducción del agua no facturada.
← 3. Comisión de Regulación Energética (Irlanda), Documento de decisión sobre el plan de tarifas del agua, 8 de octubre de 2014 (CER/14/746)
← 4. Comisión de Regulación Energética (Irlanda), Fondo de Innovación para los Servicios de Agua, 10 de abril de 2015 (CER/15/076), p. 2
← 5. Comisión de Regulación de los Servicios Públicos (Irlanda), Fondo de Innovación de los Servicios de Agua, Informe Anual 2020, 16 de noviembre de 2021 (CRU/21/121).