Si bien no existe una definición universal de justicia ambiental, lo que pretende fundamentalmente este movimiento es dar respuesta a una serie de retos recurrentes a los que se enfrentan diversas comunidades y grupos. Este capítulo presenta los retos subyacentes de la justicia ambiental, entre los que figuran la exposición desproporcionada a los peligros ambientales y los consiguientes efectos adversos para la salud derivados de dicha exposición, el acceso desigual a los servicios ambientales y el recelo por las implicaciones distributivas de las políticas medioambientales, que puede verse agravado por la falta de un compromiso significativo y de recursos jurídicos para las comunidades afectadas. Este capítulo presenta los componentes de la Encuesta sobre Justicia Ambiental de la OCDE, cuyo fin era detectar similitudes y diferencias en la forma en que los países reconocen, evalúan y tratan los problemas de justicia ambiental.
Justicia ambiental
Resumen
Cada vez hay más indicios de que la prevalencia de determinadas circunstancias sociales y económicas provocan que algunas comunidades y grupos sufran una exposición desproporcionada a los peligros ambientales, soporten una parte no equitativa de los costes asociados a la política ambiental y enfrenten más obstáculos para participar en el mundo de la toma de decisiones en materia de medio ambiente (véase, por ejemplo (Walker, 2012[1]; Mitchell, 2019[2]; Mabon, 2020[3])). La bibliografía al respecto pone de relieve los vínculos entre tales disparidades y una matriz de variables demográficas y socioeconómicas (Gráfico 1.1). La justicia ambiental consiste en reconocer y abordar estos problemas.
Fuente: Elaboración propia.
Una perspectiva de justicia medioambiental destaca los vínculos entre las condiciones ambientales y sociales. Arroja luz sobre cómo los distintos niveles de calidad y protección del medio ambiente contribuyen a la salud y el bienestar de algunos grupos, mientras que perjudican al bienestar de otros. Además, pone de relieve cómo los bienes ambientales de los que disfrutan algunos grupos pueden ir en detrimento de los que disfrutan otros. Por último, explora de qué manera la capacidad de influir en el cambio político y en los procesos de toma de decisiones relacionados varía según los grupos y las comunidades.
Aunque gran parte de la bibliografía y de la acción política se centra en contextos locales y nacionales específicos, dado el carácter común de muchos de estos retos, una evaluación de los avances en materia de justicia ambiental en distintos países puede aportar valiosas ideas y facilitar el aprendizaje mutuo. Es en este contexto que la OCDE ha emprendido un análisis transnacional para explorar los planteamientos gubernamentales en favor de la justicia ambiental. Este informe pretende esclarecer las estrategias que siguen los gobiernos de la OCDE y de otros países para detectar, analizar y abordar las cuestiones de justicia ambiental. Se distribuyó una encuesta entre los ministerios y organismos pertinentes de los países miembros de la OCDE, la Comisión Europea y varios países no miembros.1 Los resultados de la encuesta se complementaron con investigaciones documentales y consultas a expertos y profesionales.
La Encuesta sobre Justicia Ambiental de la OCDE tiene un objetivo exploratorio: detectar las similitudes y diferencias entre las estrategias que siguen los distintos países en materia de justicia ambiental. La encuesta constaba de 20 preguntas sobre tres temas clave: i) planteamientos hacia la justicia ambiental, ii) evaluaciones y datos, iii) medidas políticas para la justicia ambiental (Gráfico 1.2 y anexo A). La primera sección de la encuesta exploraba los planteamientos adoptados por los países para seguir los preceptos de la justicia ambiental. En la Encuesta no se definía explícitamente la justicia ambiental para explorar mejor cómo se define y aplica el concepto en los distintos países. Así, se presentaron los tres aspectos rectores de la justicia ambiental determinados (exposición no equitativa a los peligros ambientales y acceso a los servicios medioambientales, distribución no equitativa de los costes y beneficios de la política ambiental y barreras de acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones y recursos legales) para ayudar a estructurar las respuestas. En esta sección también se solicitaba a los países que compartieran las características que considerasen significativas a la hora de identificar grupos y comunidades en riesgo. La segunda sección exploraba las herramientas y metodologías de que se sirven los países para evaluar los problemas de justicia ambiental. La última sección de la encuesta exploraba las estrategias de los países para dar respuesta a los problemas de justicia ambiental a través de las políticas y los principales retos a los que se enfrentan en su aplicación.
Fuente: Encuesta sobre Justicia Ambiental de la OCDE
Dada la naturaleza transversal de las cuestiones de justicia ambiental, que pueden no recaer claramente en las esferas de competencia de los ministerios y organismos, en la Encuesta se animaba a coordinar la respuesta nacional en la medida de lo posible. En total, respondieron a la Encuesta 25 países (Alemania, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Croacia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Japón, Lituania, México, Nueva Zelandia, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido (donde se recibieron respuestas separadas de Inglaterra y Escocia), República Eslovaca, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Türkiye) y la Comisión Europea. Aunque en la mayoría de casos fueron los Ministerios de Medio Ambiente los que se encargaron de responder, en algunos países las opiniones se recibieron de múltiples ministerios y organismos.2 En el caso del Reino Unido, se presentaron respuestas por separado para Inglaterra y Escocia porque el ordenamiento constitucional del Reino Unido establece que diversas competencias en materia de medio ambiente están transferidas a cada una de las administraciones nacionales. Sin embargo, Irlanda del Norte y Gales no respondieron a la encuesta. La respuesta de la Comisión Europea representa un enfoque regional, y no nacional, de la justicia ambiental.3
Por último, también se llevó a cabo una investigación documental complementaria, incluso para países como Brasil, que cuentan con iniciativas sobre justicia ambiental, pero en los que no se disponía de la respuesta a la encuesta. Los ejemplos procedentes de la investigación documental están marcados como tales.
El resto del informe se organiza tal y como se explica a continuación. El capítulo 2 ofrece una introducción a las diversas ideas que articulan la justicia ambiental. Recoge una reseña histórica de las distintas regiones para ilustrar la variabilidad del concepto, pero también pone de relieve que existen elementos unificadores y cuestiones de fondo que pueden estudiarse provechosamente en los distintos países para fundamentar la elaboración de políticas. Los dos capítulos siguientes presentan las principales conclusiones de la Encuesta. El capítulo 3 explora las estrategias que siguen los países a nivel nacional para tomar en consideración la justicia ambiental en la elaboración de políticas. A continuación, el capítulo 4 reseña el modo en que los países reconocen, evalúan y tratan los problemas en materia de justicia ambiental.
Referencias
[3] Mabon, L. (2020), “Making climate information services accessible to communities: What can we learn from environmental risk communication research?”, Urban Climate, Vol. 31, https://doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100537.
[2] Mitchell, G. (2019), “The messy challenge of environmental justice in the UK: evolution, status and prospects”, Natural England Commissioned Report NECR273, https://eprints.whiterose.ac.uk/148740/1/2019%20Mitchell%20NE%20EJ%20commissioned%20report%20NECR273.pdf.
[1] Walker, G. (2012), Environmental Justice: Concepts, Evidence and Politics, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9780203610671.
← 1. La encuesta se envió a los siguientes países (los países que facilitaron la respuesta están marcados con un *): Alemania*, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá*, Chile*, Colombia*, Costa Rica*, Croacia*, Corea*, Dinamarca, Eslovaquia*, Eslovenia, España*, Estados Unidos*, Estonia*, Finlandia, Francia*, Grecia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón*, Letonia, Lituania*, Luxemburgo, México*, Noruega, Nueva Zelandia*, Países Bajos, Perú*, Polonia*, Portugal*, Reino Unido*, República Eslovaca*, Sudáfrica*, Suecia*, Suiza* y Türkiye *.
← 2. La respuesta de Nueva Zelandia procede del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Sanidad. La respuesta del Perú se recibió de un total de 11 ministerios, departamentos y autoridades. Se dio prioridad al análisis de las respuestas de las Direcciones dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, pero el contenido de este informe se basa en todas las respuestas recibidas. La respuesta de Türkiye se recibió del departamento gubernamental para el que las cuestiones medioambientales suelen quedar fuera de sus principales competencias, a saber, la Organización para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa.
← 3. La respuesta destacó la transición justa como el tema central que fundamenta la elaboración de políticas. Por lo tanto, los detalles de la respuesta de la Comisión Europea se tratan en esferas en las que las preocupaciones sobre la transición justa y la justicia ambiental pueden solaparse.