El “Plano Plurianual 2016-2019: Desenvolvimento, produtividade e inclusão social” [Plan Plurianual 2016-2019: Desarrollo, Productividad e Inclusión Social] actual de Brasil se basa en una visión guiada por la inclusión social y el fomento de una economía dinámica. Dicho plan incluye anotaciones sobre gasto de recursos de los presupuestos de los ministerios y las empresas de propiedad estatal y asignados a programas relacionados con sus objetivos. Los cuatro ejes estratégicos del plan prestan atención especial al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 10 (reducción de las desigualdades) y el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) (CEPAL, 2018). El plan incluye políticas para elevar la productividad y la competitividad, que contemplan la cooperación entre el Estado y el sector privado, la investigación como medio de desarrollo económico y una política de balanza fiscal para reajustar las finanzas públicas tomando en cuenta la reforma tributaria.
El plan se centra en mejorar la vida y la productividad de las personas mediante la acumulación de capital humano. Los ejes de “educación de calidad” y de “inclusión social y disminución de desigualdad” atienden a la población vulnerable. El plan de Brasil tiene también por objeto incrementar la capacidad operativa del Estado y su desempeño. Incluye políticas que aumentan la calidad de los servicios y el gasto públicos, la transparencia, la comunicación y la participación social; por ejemplo, prevenir y combatir la corrupción. Estas tareas se llevan a cabo mediante instrumentos y estructuras de vigilancia calificados en cada una de las acciones de las partes institucionales.
En términos de las capacidades de financiamiento público, los ingresos fiscales totales de Brasil representaron 32.2% del PIB en 2016 (en comparación con 22.7% de América Latina y el Caribe [ALC] y 34.3% de la OCDE). En 2008, el país puso en práctica la facturación electrónica, la cual es ahora obligatoria para todas las transacciones entre empresas. Con la instauración de su sistema de contabilidad digital (SPED, por sus siglas en portugués), las autoridades elevaron la cifra de impuestos federales totales recaudados sin aumentar la tasa impositiva. Brasil firmó el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Informes País por País y el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático para combatir la defraudación fiscal.
Al mismo tiempo, la cooperación internacional ha sido durante décadas parte fundamental de la estrategia de desarrollo brasileña. La estrategia multilateral de Brasil se orienta a intervenir de manera activa en las instituciones internacionales que abordan aspectos de desarrollo y cooperación. La estrategia Sur-Sur está armonizada con la política exterior brasileña y se propone contribuir a la promoción de las tres dimensiones internacionalmente acordadas de desarrollo sostenible (económica, social y ambiental) en otros países en desarrollo, de acuerdo con sus planes, prioridades y estrategias nacionales. La Agencia de Cooperación de Brasil (ABC, por sus siglas en portugués), del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene el mandato legal de coordinar la cooperación técnica y humanitaria con países socios, sobre todo de América Latina y África, pero también de Asia, Europa y Oriente Medio.
En lo que respecta a la cooperación trilateral con entidades multilaterales, los principales socios de Brasil son la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) (seguridad alimentaria y nutricional), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (trabajo digno) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (demografía), centrados en países de América Latina y África. Brasil también tiene programas de cooperación con países africanos, en particular los de habla portuguesa, como Mozambique, con el cual ha puesto en marcha más de 50 proyectos de cooperación en temas como productividad agrícola y seguridad alimentaria, desarrollo urbano, atención a la salud para mujeres y niños, desarrollo de capacidad para funcionarios de justicia y modernización del sistema de bienestar social y de pensiones.