Para liberar el potencial de los países caribeños es necesario abordar la vulnerabilidad de la región frente a los efectos del cambio climático, impulsar la integración regional y mejorar el acceso al financiamiento, afirma la primera edición de Caribbean Development Dynamics 2025, un nuevo informe que se ha presentado hoy en Bridgetown, Barbados, en presencia de la primera ministra, Mia Mottley.
Según este informe conjunto, elaborado por el Centro de Desarrollo de la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, los importantes activos que atesora la región constituyen una sólida base sobre la que impulsar un desarrollo más sostenible, entre los que destaca, por ejemplo, su abundante biodiversidad —el Caribe alberga casi el 10% de los arrecifes de coral del mundo y cerca del 45% y el 25% de las especies de peces y corales, respectivamente—.
Sin embargo, dada su condición de pequeñas naciones insulares, los países caribeños se enfrentan a determinadas vulnerabilidades medioambientales, sociales y económicas. Invertir en resiliencia puede ayudar a mitigar los grandes costos socioeconómicos de los fenómenos climáticos en la región, que ascienden al 2.13% del PIB anual (promedio de 1980-2020) y que afectaron a 24 millones de personas durante ese periodo. El número de fenómenos meteorológicos extremos en el Caribe aumentó un 85% entre 2001 y 2020 en comparación con el periodo 1980-2000.
El bienestar del ciudadano promedio caribeño ha mejorado en las tres últimas décadas, sin embargo casi una de cada cuatro personas es pobre y la inseguridad alimentaria afecta, en promedio, al 37% de la población —una proporción superior al promedio de América Latina, que se sitúa en el 33%—. En promedio, el 47.2% de los trabajadores de la región tienen empleos informales y el 34.1% de la población total vive en hogares completamente informales. El informe también insta a adoptar esfuerzos especiales para abordar los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el Caribe, desde la violencia de género hasta la desigualdad salarial y el acceso limitado a la salud y la educación.
El crecimiento económico potencial —cercano al 1.4%— es relativamente bajo y está descendiendo, mientras que la productividad laboral se sitúa en el 46% del nivel registrado en la OCDE en 2023. A pesar de los importantes esfuerzos de consolidación en curso en varios países, la deuda pública de los gobiernos centrales representaba en promedio el 78.8% del PIB en 2022, muy por encima de la media de América Latina (52.9%). Mientras tanto, los ingresos tributarios representan en promedio el 21% del PIB, por debajo de la media latinoamericana (22.4%) y de la OCDE (34%), y el ratio promedio entre el servicio de la deuda y los ingresos fiscales alcanzó el 12.9% en 2022.
La participación de la región en las exportaciones mundiales ha ido disminuyendo hasta situarse en el 0.23%, y el comercio intrarregional sigue siendo limitado (6.7%). La conectividad del transporte es un problema importante, ya que la logística pesando considerablemente en los costos (supone el 16-26% del PIB, muy por encima del promedio del 9% de la OCDE). Por último, la diversificación sigue siendo un desafío, ya que el 52.5% de las exportaciones consisten en productos primarios y manufacturas basadas en recursos, frente a solo el 4.1% de bienes de alta tecnología.
En este contexto, el informe Caribbean Development Dynamics 2025 insta a adoptar políticas en áreas estratégicas clave con el potencial de desbloquear las oportunidades de desarrollo de la región:
Impulsar los sectores con un alto potencial de desarrollo: la economía azul, las energías renovables, el turismo y el transporte sostenibles, la economía circular y las soluciones basadas en la naturaleza.
Aprovechar el potencial de los instrumentos innovadores de deuda —que el Caribe ha estado liderando— para canalizar recursos hacia objetivos de desarrollo social, verde y azul. Los canjes de deuda por naturaleza, por ejemplo, pueden impulsar objetivos medioambientales mientras reducen los niveles de deuda. En el Caribe se ha activado la primera cláusula de deuda por resiliencia climática del mundo.
Invertir en infraestructuras resilientes, sistemas de alerta temprana e instrumentos de políticas de adaptación al cambio climático, para abordar la elevada exposición a las amenazas climáticas, alinear los compromisos nacionales de adaptación con los objetivos internacionales, y examinar los pros y los contras entre las políticas sectoriales y otras políticas no relacionadas con el clima.
Mantener los esfuerzos para consolidar la sostenibilidad fiscal y destrabar el espacio fiscal: mejorar los sistemas impositivos para hacerlos más progresivos a través de una recaudación relativamente mayor procedente de impuestos directos; racionalizar los gastos fiscales ineficientes; y abordar la evasión fiscal en línea con los acuerdos internacionales.
Aprovechar la diversidad de la región mediante una cooperación regional mejorada, para profundizar la integración comercial, aumentar la conectividad de transporte y digital, y reducir el riesgo de desastres. Para ello, se consideran prioridades clave reducir las barreras no arancelarias, abordar los costos logísticos y desarrollar el potencial del transporte marítimo.
El informe centra su análisis en 15 países del Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Para aportar una óptica comparativa, el informe analiza estas economías caribeñas junto con los promedios de América Latina y la OCDE. Asimismo, cuando es relevante, el análisis incorpora la perspectiva del "Gran Caribe", que incluye otros países y territorios situados en la cuenca del Caribe.
Más información sobre el informe: https://brnw.ch/cdd2024. Siga el lanzamiento en las redes sociales a través de #CaribbeanDevelopmentDynamics.
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