Tribunal Administrativo de la OCDE

Todo funcionario de la Organización que considere que una decisión del Secretario General le ha generado un daño podrá presentar una demanda ante el Tribunal Administrativo, quien podrá anular las decisiones del Secretario General que sean contrarias a las condiciones de contratación del funcionario en cuestión o a lo establecido en el Estatuto del Personal u otra norma aplicable.

También pueden presentar una demanda exfuncionarios y derechohabientes debidamente facultados de funcionarios en activo y exfuncionarios.

El Tribunal también es competente para conocer las demandas interpuestas por aquellas personas que, sin ser funcionarios, impugnen por discriminación el rechazo de su candidatura para trabajar en la Organización.

El Tribunal es competente para anular la decisión del Secretario General objeto de controversia y reconocer al demandante una indemnización por daños y perjuicios (morales o materiales). Cuando el Secretario General considere que es imposible o inconveniente adoptar las medidas derivadas de la anulación (por ejemplo, la reincorporación), puede solicitar al Tribunal que, en su lugar, determine el abono, al demandante, de una cuantía en concepto de indemnización como reparación de cualquier daño sufrido. El Tribunal también podrá determinar el reembolso total o parcial de las costas procesales al demandante.

Se puede elegir. Algunas personas optan por acudir directamente al Tribunal, dado que es el único órgano competente para dictar resoluciones (sentencias) que vinculan al Secretario General, mientras que otras prefieren probar primero alternativas menos formales (mediación, Comisión Consultiva Paritaria).

Cuando se decide acudir directamente al Tribunal, lo primero que se tiene que hacer es presentar una «solicitud previa por escrito» en la que se pida al Secretario General que retire o modifique su decisión. El plazo para ello es de dos meses a partir de la notificación de la decisión (cuatro meses si se trata de un exfuncionario o un derechohabiente de un funcionario en activo o exfuncionario). Si el Secretario General rechaza la solicitud o si, transcurrido un mes, no ha habido respuesta, se dispone de un plazo de tres meses para interponer la demanda ante el Tribunal.

Si el asunto se presenta primero ante la Comisión Consultiva Paritaria (para lo que se dispone de un plazo de seis meses desde la notificación de la decisión que se desea impugnar), el plazo para interponer la demanda ante el Tribunal es de tres meses desde la notificación de la decisión del Secretario General dictada a raíz del dictamen de la Comisión.

La Secretaría del Tribunal responderá cualquier pregunta que se le formule sobre los procedimientos en cuestión. Los tres funcionarios que integran la Secretaría son:

• Nicolas Ferré, secretario.
• David Drysdale, secretario adjunto.
• Angélique Vallin, secretaria administrativa.

Sin embargo, los funcionarios de la Secretaría actúan con estricta neutralidad; responden únicamente ante los jueces y, por consiguiente, no pueden asesorar ni opinar sobre otras cuestiones (como la conveniencia o no de presentar la demanda).  Si pertenece a alguna organización profesional, puede ponerse en contacto con ella para que le asesoren acerca de estas cuestiones. De hecho, dicha organización puede mostrarse dispuesta a ayudarle (e, incluso, a facilitarle un abogado) si su caso fuera de interés general y pudiera sentar un precedente que favoreciera a los funcionarios o si se trata de un asunto en el que su asistencia estuviera justificada.

Tiene derecho a actuar por sí mismo e incluso pedir a un amigo o colega que le represente o, al menos, que le ayude. Sin embargo, la gran mayoría de los demandantes actúan representados por un abogado.

Si contrata a un abogado, tendrá que abonar sus honorarios, pero no tendrá que hacer ningún otro tipo de pagos. (Si cuenta con el apoyo de una organización profesional, esta podría estar dispuesta a asumir la totalidad o parte de esos honorarios).  En función de las circunstancias, el Tribunal también podrá decidir que la Organización le reembolse una parte o la totalidad de aquellos gastos justificados en los que haya incurrido para presentar la demanda.

No.

El idioma en el que decida redactar el escrito de demanda (que debe ser inglés o francés) se convierte, de manera automática, en el idioma del procedimiento.

Se puede solicitar la comparecencia de testigos, de forma motivada. Si el presidente del Tribunal considera que pueden aportar pruebas útiles, le pedirá al secretario que los cite.

Sí, a menos que el Tribunal decida en otro sentido. Puede hacerlo de oficio o a instancia de parte, por ejemplo, si el caso es especialmente delicado. Todos los casos relacionados con cuestiones disciplinarias se celebran a puerta cerrada.

No. Cualquiera de las partes puede solicitar al Tribunal que resuelva el asunto sin celebrar vista oral. Esto ocurre de vez en cuando, por ejemplo, cuando no hay controversia sobre los hechos y la cuestión es puramente jurídica.

Depende de varios factores, pero normalmente cabe esperar que el Tribunal se pronuncie en un plazo de 6 a 8 meses tras la presentación de la demanda.

No existe un límite teórico, pero solo se concede la indemnización por daños y perjuicios estrictamente necesaria para resarcir del daño realmente sufrido.

No hay nada definido al respecto, pues la condena en costas queda totalmente a la discrecionalidad del Tribunal y depende de las circunstancias de cada caso. Sin embargo, en general, si gana es más probable que le reembolsen una mayor parte de las costas judiciales que si pierde.

No existe el derecho de recurso en el sentido de poder solicitar a otro tribunal que revise una sentencia del Tribunal.  No obstante, el demandante puede solicitar al propio Tribunal que aclare, subsane o rectifique la sentencia dictada, por ejemplo, si aparecen nuevas pruebas o si se alega que la sentencia adolece de un error sustancial o material.

Sí.

No.

Las únicas personas a las que la Secretaría informa sobre las nuevas demandas son el Secretario General y cinco de sus colaboradores cercanos (entre ellos, el director de Asuntos Jurídico, que representa al Secretario General en las actuaciones ante el Tribunal). No obstante, cabe señalar que la mayoría de las audiencias son públicas y el secretario divulga las sentencias a toda persona que lo solicite. Por consiguiente, es muy probable que sus compañeros y supervisores descubran, tarde o temprano, que ha interpuesto una demanda. Por supuesto, el Tribunal puede ordenar que no se divulgue una sentencia hasta que se haya suprimido el nombre del demandante o de cualquier persona que aparezca mencionada en ella.

No. El Tribunal es un órgano totalmente independiente, cuyos miembros no pertenecen a la Organización. De hecho, la garantía de tutela judicial efectiva y defensa de la que gozan los funcionarios ha sido reconocida recientemente por el Tribunal de Casación francés en una sentencia.