En los últimos años no han dejado de crecer las presiones fiscales a largo plazo relacionadas con el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el envejecimiento de la población y la disminución de la oferta de mano de obra, y el aumento de los costos en salud y asistencia social. Los gastos por intereses están aumentando de forma significativa. Las tensiones geopolíticas actuales están generando nuevas presiones sobre el gasto —incluido el ámbito de defensa— así como una mayor incertidumbre económica.
Finanzas públicas y presupuestos
Los países de la OCDE se enfrentan a presiones fiscales a largo plazo en ámbitos como la sanidad, el envejecimiento de la población, el cambio climático y la defensa. Al mismo tiempo, los gobiernos deben hacer frente a unos niveles de deuda cada vez mayores, al aumento de los tipos de interés y a un alto grado de incertidumbre. En un entorno fiscal cada vez más restrictivo, conciliar las presiones nuevas y emergentes de gasto con unas finanzas públicas ya de por sí tensionadas requiere unas instituciones y unos procesos presupuestarios de alta calidad.
Mensajes clave
Los presupuestos son algo más que una cuestión de dinero. Son una declaración de las prioridades de un país. La participación y la supervisión del proceso presupuestario por parte de las instituciones fiscales independientes, los parlamentos y la ciudadanía son fundamentales para la gobernanza democrática y la confianza en los gobiernos. Es esencial dotar a la ciudadanía de los instrumentos necesarios para que comprenda los retos fiscales y para generar la voluntad necesaria para resolverlos
Los gobiernos deben contar con unos marcos creíbles de gestión de las finanzas públicas para fomentar la confianza en la gobernanza presupuestaria y mantener un margen fiscal suficiente que les permita financiar cualquier respuesta que sea necesaria a una eventual crisis.
Contexto
Los gobiernos deben contar con unos marcos creíbles de gestión de las finanzas públicas para fomentar la confianza en la gobernanza presupuestaria y mantener un margen fiscal suficiente que les permita financiar cualquier respuesta que sea necesaria a una eventual crisis
Cada una de las crisis de los últimos años ha puesto de manifiesto la importancia de mantener la solidez de las finanzas públicas; los países deben ser capaces de financiar elevados gastos imprevistos, como los que se producen tras catástrofes naturales, para ayudar a un sector en dificultades o para hacer frente a las consecuencias de una pandemia. Sin embargo, en los países de la OCDE, los niveles de deuda han aumentado con fuerza en los últimos años.
En 2021, el gasto público general ascendió, en promedio, al 46,3 % del PIB en los países de la OCDE
Entre 2019 y 2021, el gasto público general como porcentaje del PIB aumentó en 5,4 puntos porcentuales desde los niveles del 40,9 % registrado en 2019. Este aumento se debe en gran medida a la pandemia de COVID-19, que desencadenó una importante crisis económica. Esta situación provocó la adopción de importantes medidas de estímulo fiscal, entre las que se incluyeron un aumento del gasto en asistencia sanitaria, programas de bienestar social y ayudas a empresas y personas afectadas por la pandemia, al tiempo que el PIB descendía.
Saldo fiscal general
El saldo fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un gobierno. Indica si las cuentas públicas están equilibradas o si existe un superávit o un déficit. Los déficits recurrentes a lo largo del tiempo implican la acumulación de deuda pública y pueden enviar señales preocupantes a los consumidores e inversores con respecto a la sostenibilidad de las cuentas públicas, lo que, a su vez, puede afectar negativamente a las decisiones de consumo o de inversión. Sin embargo, si la deuda se mantiene en niveles sostenibles, los déficits pueden ayudar a financiar la inversión pública necesaria o, en circunstancias excepcionales —como en el caso de crisis externas inesperadas (por ejemplo, pandemias, guerras o catástrofes naturales)— pueden contribuir a mantener las condiciones de vida y a preservar la estabilidad social.
