Este informe presenta una evaluación exhaustiva de los avances del Perú en la aplicación de los principios y mejores prácticas de la OCDE en materia de política regulatoria. En concreto, se examina cómo ha evolucionado el marco jurídico e institucional del Perú para lograr una mejor regulación, cómo se han desarrollado e implementado las herramientas de gestión regulatoria, los mecanismos de gobernanza que respaldan la calidad regulatoria en los distintos niveles de gobierno, así como las políticas que apoyan la cooperación regulatoria internacional (CRI) y la gobernanza regulatoria ágil.
Los esfuerzos del Perú por incorporar herramientas de gestión regulatoria se remontan a 2016, cuando la OCDE recomendó adoptar un enfoque que abarcase todos los niveles de gobierno en el informe Política Regulatoria en el Perú: Uniendo el Marco para la Calidad Regulatoria. El Gobierno adoptó una estrategia gradual con el fin de introducir mecanismos de regulación, entre ellos análisis de impacto regulatorio (AIR) y la participación de las partes interesadas, que se complementaron con programas de sensibilización y programas piloto. Los organismos reguladores en materia económica, como el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), han incorporado los AIR y las prácticas de consulta en su labor normativa y han mejorado la gobernanza de acuerdo con las mejores prácticas de la OCDE.
El Perú ha sentado unas bases políticas y jurídicas sólidas para abordar la reforma regulatoria. Ha mostrado un firme compromiso con los principios de la OCDE en materia regulatoria mediante la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria (Ley General) y el Reglamento de 2025. El marco jurídico e institucional abarca actualmente los principales componentes de la política regulatoria, análisis de impacto regulatorio, análisis ex post, participación de las partes interesadas y simplificación administrativa, con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Secretaría de Gestión Pública (SGP) y la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR). Sin embargo, el proceso de implementación sigue siendo desigual debido a las capacidades limitadas, la frecuente rotación de personal y los problemas de coordinación. La OCDE recomienda concluir el marco a través de las siguientes líneas de acción: reforzar la fiscalización y la gobernanza multinivel, garantizar AIR proporcionales y consultas públicas coherentes, y promover una implementación regulatoria basada en riesgo. El Perú también debería fortalecer la independencia de los organismos reguladores, poner en marcha programas piloto de regulación ágil y redoblar los esfuerzos en materia de creación de capacidad. Contar con un liderazgo sólido, recursos estables y una implementación coherente es fundamental para instaurar una cultura de calidad regulatoria en toda la administración y garantizar una política de mejora regulatoria a largo plazo que se base en evidencia y se ajuste a las mejores prácticas de la OCDE.
En 2025, se promulgó el Reglamento en materia regulatoria, destinado a reforzar la gobernanza, definir las responsabilidades institucionales y consolidar el uso de herramientas de gestión regulatoria en toda la administración. Esta ley se sustenta en la experiencia previa, se alinea con las mejores prácticas de la OCDE e introduce mecanismos para la coordinación subnacional y las consultas con las partes interesadas.
El Perú ha sentado las bases para lograr un marco regulatorio basado en evidencia, entre otras cosas mediante la planificación anticipada a través de la Agenda Temprana. Se trata de una herramienta que identifica, con carácter anual, los problemas de política pública. La introducción de AIR obligatorios en todo el Poder Ejecutivo representa un avance importante, sin embargo, su aplicación sigue siendo limitada debido al recurso excesivo a excepciones y a la falta de criterios de proporcionalidad. La CMCR se encarga de supervisar la calidad de los AIR, pero las presiones y la falta de recursos afectan a su desempeño. El análisis ex post aún es incipiente, si bien la Ley General establece su puesta en marcha gradual, comenzando por sectores prioritarios. La simplificación administrativa sigue siendo la piedra angular de la reforma normativa, con herramientas como el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Sistema Único de Trámites (SUT), que contribuyen a reducir las cargas para los ciudadanos y las empresas.
El Comité formuló recomendaciones al Perú sobre la base de un documento elaborado para sustentar los debates sobre el examen de la adhesión que el CPR mantuvo con el Perú el 12 de abril de 2024. En cuanto a los avances del Perú en algunas de estas recomendaciones, el Gobierno ha evaluado el sistema de AIR, ha puesto en marcha una hoja de ruta para reforzar su adopción y ha formalizado los AIR proporcionales a través del Reglamento. También ha introducido mecanismos de análisis ex post con criterios claros y planes de aplicación gradual, lo que constituye un avance sólido hacia las normas de la OCDE.
El Perú ha mejorado la transparencia en la elaboración de normas mediante instrumentos jurídicos que exigen la realización de consultas públicas cuando se trata de regulaciones que crean o modifican los costos relacionados con el cumplimiento. Los Lineamientos para la Consulta Pública y la Guía de Consulta Pública contienen los procedimientos detallados. No obstante, muchos ministerios siguen solicitando excepciones, lo que limita el uso sistemático de esta herramienta.
El Reglamento establece la participación obligatoria de las partes interesadas en todas las regulaciones sujetas al AIR. De esta manera, los resultados de las consultas se vinculan directamente con la presentación del AIR. Asimismo, el Reglamento introduce requisitos de consulta proporcionales en función del impacto, la complejidad y el riesgo de las políticas públicas. La Guía de Consulta actualizada ya incorpora ejemplos, matrices para la gestión de comentarios y criterios más claros para la participación.
El Perú carece de una política unificada en materia de fiscalización y cumplimiento. Como resultado, los sistemas de inspección están fragmentados. Cada organismo mantiene sus propias prácticas, lo que limita la coordinación y la recopilación de datos. Mientras que algunos organismos de inspección, como el OEFA, el OSINERGMIN y el OSIPTEL, aplican enfoques basados en riesgo, otros se enfrentan a capacidades limitadas.
Los organismos reguladores en materia económica, OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN y SUNASS, presentan estructuras de gobernanza alineadas con los principios de la OCDE. Estos organismos aplican eficazmente herramientas de análisis de impacto regulatorio, consultas y análisis ex post, pero se enfrentan a presiones susceptibles de socavar su independencia. Por lo que, sigue siendo prioritario reforzar su autonomía, la fiscalización basada en datos y la coordinación institucional.
Los gobiernos subnacionales del Perú tienen amplias facultades en materia de regulación, pero capacidades limitadas para adoptar herramientas de gestión regulatoria. La Ley General encomienda a la PCM asesorar a las entidades subnacionales para ayudarlas a adoptar mejores prácticas regulatorias. Los programas piloto actuales tienen por objeto llevar los AIR y la simplificación administrativa a los niveles regionales y municipales.
El Comité formuló recomendaciones al Perú sobre la base de un documento elaborado para sustentar los debates sobre el examen de la adhesión que el CPR mantuvo con el Perú el 12 de abril de 2024. En cuanto a los avances del Perú en algunas de estas recomendaciones, el país ha puesto en marcha programas piloto en varias regiones, ha elaborado el Reglamento de 2025 con el fin de orientar la aplicación de políticas, herramientas y prácticas regulatorias a varios niveles, y ha introducido mecanismos de capacitación e intercambio destinados a mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La Ley General del Perú promueve una gobernanza regulatoria ágil. En este sentido, la ley introduce innovaciones costo-efectivas en materia de regulación, sin embargo, aún no se ha creado el marco operativo necesario para una gobernanza ágil. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú (SBS) ha sido pionera a la hora de crear entornos de pruebas regulatorios para la innovación financiera, mientras que otros organismos reguladores emplean métodos basados en datos y en riesgo. A pesar de estas iniciativas, la sensibilización y la capacidad en este ámbito aún son limitadas.