Política regulatoria en el Perú 2026

4. Regulaciones basadas en evidencia

Resumen

El Perú ha avanzado hacia un sistema de regulaciones basadas en evidencia mediante la implementación gradual de los AIR, la planificación temprana y las medidas de simplificación administrativa. La Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria y los instrumentos regulatorios posteriores establecieron el marco jurídico para el uso sistemático de los AIR, los análisis ex post y los instrumentos destinados a reducir las cargas. Pese a los avances iniciales, la implementación sigue siendo desigual debido a las capacidades limitadas, los retos relacionados con los datos y el frecuente recurso a las exenciones. La SGP desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la asistencia técnica y la capacitación. En cuanto a los avances del Perú en algunas de las recomendaciones, el Gobierno ha evaluado los resultados de los AIR, ha elaborado una hoja de ruta para su aplicación proporcional, ha introducido mecanismos de análisis ex post y ha formalizado estos marcos en el Reglamento de 2025, lo que demuestra avances tangibles en el fortalecimiento de la gobernanza regulatoria.

Introducción

Este capítulo ofrece una visión general de las condiciones y prácticas que sustentan la elaboración de regulaciones basadas en evidencia en el Perú. Se analizan los marcos regulatorios e institucionales, tanto para la elaboración de nuevas regulaciones como para la revisión del stock regulatorio. Además, se describen las iniciativas encaminadas a reducir las cargas administrativas y eliminar los costos innecesarios para los ciudadanos y las empresas.

Elaboración de nuevas regulaciones

Planificación temprana

A partir de 2023, todas las entidades del Poder Ejecutivo deberán identificar y publicar una lista de problemas de política pública que se deberán abordar durante el año siguiente. El documento resultante, conocido como Agenda Temprana, tiene por objeto proporcionar certeza, fomentar la participación de las diferentes partes interesadas y recopilar pruebas que sirvan para abordar los problemas identificados. Esta Agenda tiene un enfoque amplio (por ejemplo, aborda la limitada integridad pública en las administraciones regionales y locales). Tratar estos problemas de política pública puede requerir una combinación de enfoques (regulatorios y no regulatorios) y/o varias regulaciones.

El enfoque que da la Agenda Temprana a los problemas públicos, que puede derivar en una intervención regulatoria o no regulatoria, se diferencia claramente de la mayoría de los países de la OCDE. En estos últimos, los instrumentos de planificación temprana comprenden proyectos destinados a promulgar o actualizar instrumentos jurídicos específicos. Centrarse en los problemas de política pública en lugar de en los instrumentos jurídicos puede dificultar que las partes interesadas anticipen iniciativas de reforma específicas, sin embargo, puede favorecer la consulta temprana y la consideración de alternativas regulatorias entre los ministerios y los organismos reguladores.

La Agenda es aprobada por el director de la entidad y puede modificarse a lo largo del año siguiendo un procedimiento formal. Si bien esto permite a las entidades flexibilidad para incluir asuntos urgentes o importantes en su planificación, también merma el objetivo subyacente del instrumento, que es proporcionar certeza a las partes afectadas por las regulaciones.

Los problemas de política pública identificados en la Agenda constituyen la base del AIR. Se espera que la información recopilada como parte de la consulta de la Agenda se utilice como referencia durante la preparación del análisis de impacto regulatorio.

En 2023, las entidades del Poder Ejecutivo publicaron 32 agendas tempranas, que comprendían 320 problemas públicos. En 2024, 28 entidades elaboraron una Agenda Temprana, en las que se incluyeron un total de 280 problemas públicos.

AIR en el Perú

El Perú ha sentado las bases para la implementación de los AIR en las entidades del Poder Ejecutivo. El proceso ha sido gradual y se ha sustentado en la creación de capacidades institucionales y técnicas. El uso de los AIR pasó a ser obligatorio para un grupo de cuatro ministerios en la segunda mitad de 2022, y posteriormente para tres grupos de ministerios y entidades públicas. Esta obligación fue introduciéndose progresivamente hasta el segundo trimestre de 2023, cuando pasó a ser obligatoria para todas las entidades del Poder Ejecutivo debido a la entrada en vigor de la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria. Dado que la aplicación del AIR se encuentra aún en una fase inicial, solo unos pocos ministerios competentes la han llevado a la práctica.

En 2021, el Perú publicó el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del AIR Ex Ante (Reglamento AIR), que sentó las bases para el uso del AIR en el país. Este documento vino acompañado de la publicación de lineamientos prácticos para los responsables de la formulación de políticas públicas sobre la implementación del AIR y, más específicamente, sobre las metodologías para analizar el impacto regulatorio. Estos documentos sirvieron de base para definir las actividades destinadas a fortalecer las capacidades y generar aceptación acerca del uso de los instrumentos de gestión regulatoria en las entidades pertinentes.

Este marco jurídico es anterior a la publicación de la Ley General de 2023, que establece la política general que engloba las disposiciones y obligaciones para la aplicación del AIR y otros instrumentos y prácticas de gestión regulatoria en el Perú. Sin embargo, de conformidad con las medidas transitorias establecidas en la Ley General, el marco jurídico del AIR descrito anteriormente seguirá siendo válido hasta que se apruebe un nuevo Reglamento.

Cuadro 4.1. Componentes del AIR en el Perú

El Manual para la aplicación del AIR Ex Ante proporciona orientaciones a los ministerios e instituciones que deben llevar a cabo AIR al elaborar sus regulaciones. El documento enumera los elementos que deben incluirse como parte del AIR. Además, detalla las consideraciones que deben tener en cuenta los responsables de la elaboración de regulaciones en las seis etapas de preparación previas al AIR.

Por ejemplo, al abordar la identificación y el análisis de alternativas, el Manual describe las diferentes medidas regulatorias y no regulatorias que los responsables de la formulación de políticas podrían aprovechar para resolver un problema de política pública. En particular, siempre debe evaluarse la opción de no adoptar medidas públicas.

Los AIR deben incluir los siguientes componentes:

1. Identificación del problema de política pública y de las partes afectadas

2. Desarrollo de los objetivos

3. Identificación y análisis de alternativas, incluidas soluciones regulatorias y no regulatorias.

4. Evaluación del impacto de las alternativas identificadas.

5. Descripción de los mecanismos de fiscalización y cumplimiento.

6. Descripción de criterios y de los mecanismos de monitoreo y evaluación.

Fuente: Resolución Ministerial N.º 151-2021-PCM: Manual para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR), https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2023285-manual-para-la-aplicacion-del-analisis-de-impacto-regulatorio-ex-ante-air.

La PCM definió un Plan de Implementación del AIR, que delimita las responsabilidades, los recursos y los plazos para la adopción obligatoria de la herramienta por parte de las entidades del Poder Ejecutivo. Las primeras etapas se centraron en la difusión de la herramienta, tanto dentro como fuera de la administración. Además, 10 entidades trabajaron en el desarrollo de proyectos piloto destinados a identificar las buenas prácticas y las posibles dificultades y limitaciones antes de la implementación de la herramienta en toda la administración.

Incorporar el uso del AIR en la administración requiere un cambio cultural y el apoyo de las más altas instancias políticas y de los funcionarios públicos. Para generar compromiso y aceptación se necesita, entre otras cosas, capacitación continua, intercambio de buenas prácticas y de enseñanzas extraídas entre pares, así como voluntad para romper con la inercia burocrática y la forma tradicional de elaborar regulaciones. La PCM cumple una función crucial, ya que es la encargada de prestar apoyo y asistencia técnica constantes a los ministerios competentes y otras entidades. Sin embargo, la rotación constante de los funcionarios públicos ha socavado en cierta medida el impacto de estas iniciativas.

Implementación del AIR en la práctica

El AIR es obligatorio en 55 instituciones del Poder Ejecutivo y se aplica a las disposiciones normativas generales que crean o modifican los costos de cumplimiento (es decir, decretos supremos, proyectos de ley y decretos legislativos). Sin embargo, su adopción ha sido lenta; solo unas pocas instituciones del Poder Ejecutivo han desarrollado un análisis completo desde que se introdujo esta obligación.

El Reglamento AIR define los supuestos que están fuera del alcance del AIR. Al igual que en muchos países de la OCDE, las disposiciones administrativas o las resoluciones internas y asuntos como las regulaciones de urgencia no están sujetos a estos análisis de impacto. La institución que propone la regulación puede seleccionar cualquiera de las 17 excepciones específicas previstas en el artículo 28.1 de la Ley General. Sin embargo, el artículo también incluye una disposición bastante amplia, según la cual la CMCR puede conceder una excepción en materia de AIR si la institución solicitante demuestra que el proyecto regulatorio no genera ni modifica los costos de cumplimiento para las empresas, los ciudadanos o la sociedad civil.

Esta vaguedad en la redacción de la ley incentiva a los interesados a eludir el sistema: el equipo de la Secretaría ha constatado que es habitual que los ministerios preparen varias versiones del proyecto de regulación hasta que cumplen uno de los criterios que permiten acogerse al régimen de excepción del AIR. Como resultado, la mayoría de los proyectos presentados a la CMCR van acompañados de una solicitud de excepción. De hecho, en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la obligatoriedad del AIR, la CMCR ha evaluado menos de 10 AIR completos.

Cabe mencionar que una de las categorías que están fuera del alcance del AIR son las regulaciones técnicas. La justificación del proyecto de regulación técnica varía según el caso y puede incluir elementos coherentes con la evaluación del AIR. El MINCETUR informó a la Secretaría de su intención de fusionar el análisis ex ante de las regulaciones técnicas con el proceso de AIR, ya que ello podría incrementar la calidad de las regulaciones técnicas y promover la eficiencia en toda la administración.

Cabe señalar que, aunque algunas regulaciones queden fuera del alcance del AIR, deben someterse igualmente a un ACR. Este último se centra en los proyectos de regulación que generan o modifican trámites administrativos y tiene por objeto identificar, reducir y/o eliminar trámites, permisos o licencias innecesarios. La PCM y la CMCR podrían aprovechar la experiencia adquirida en la implementación del ACR para establecer las condiciones adecuadas para el uso sistemático del AIR.

El marco jurídico para la aplicación del AIR no establece criterios de proporcionalidad. El Manual de metodologías para la evaluación de impactos del AIR Ex Ante define los impactos y elementos que deben tenerse en cuenta al elaborar regulaciones; sin embargo, no enumeran criterios que puedan ayudar a orientar el análisis en función de los impactos previstos. Establecer un conjunto uniforme de requisitos de análisis para todas las regulaciones puede dar lugar a una asignación subóptima de los recursos, así como a la resistencia de los funcionarios públicos, especialmente si consideran que no disponen de los datos, las herramientas y los conocimientos necesarios para llevar a cabo una evaluación tan exhaustiva como se requiere.

Supervisión del AIR

La CMCR desempeña una función central en la aplicación y evaluación de la calidad de las herramientas destinadas a mejorar las regulaciones, en particular el AIR y, cuando procede, el ACR. La comisión está compuesta por representantes de alto nivel de la PCM, el MEF y el MINJUSDH. La Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la PCM es la Secretaría Técnica y se encarga de la coordinación de los equipos técnicos que dan apoyo al proceso de adopción de decisiones de la CMCR. La función de la CMCR se establece en la Ley General y en los lineamientos detallados sobre la supervisión del sistema de AIR.

El Manual del Evaluador del AIR Ex Ante describe el funcionamiento de la CMCR e incluyen criterios detallados para la adopción de decisiones por parte de la Comisión, como la aprobación o desestimación de los AIR. Durante las entrevistas, varios actores mencionaron que algunos miembros de la CMCR han sido objeto de presiones dirigidas a influir en sus decisiones sobre los AIR. Actualmente, los miembros de la CMCR están estudiando la posibilidad de que los comisionados no participen en la evaluación del AIR en los casos en que su propia institución sea la que proponga la regulación. Las decisiones de aprobación del AIR por parte de la CMCR se adoptan por mayoría simple (2 de 3 miembros). Estas dificultades podrían resolverse con el desarrollo y la implementación de mecanismos de gobernanza más sólidos en la CMCR a corto plazo. A mediano plazo, el Perú podría considerar la creación de un órgano de supervisión con un mayor grado de autonomía.

El proceso de evaluación de los AIR incluye una fase preliminar, en la que la Secretaría Técnica de la CMCR determina si el proyecto regulatorio debe someterse a un AIR. Una vez aceptado el expediente, la CMCR, con el apoyo de equipos técnicos multidisciplinares, evalúa el AIR, el proyecto regulatorio y su justificación, así como el ACR en caso de que el proyecto genere o modifique trámites administrativos. Durante el proceso de evaluación, la autoridad proponente puede solicitar reuniones y asesoramiento a la CMCR para resolver dudas y cuestiones.

Por último, cuando se publique una regulación sin la opinión favorable de la CMCR, la Comisión informará al responsable de la institución y a la Contraloría General de la República. El responsable de la institución es el encargado de derogar la regulación.

Análisis ex post

En el Perú, la implementación de herramientas centradas en la revisión del stock regulatorio puede verse desde dos perspectivas: el análisis regulatorio ex post y el uso de herramientas de simplificación administrativa. Al igual que en muchos países de la OCDE, los análisis ex post se encuentran en una etapa inicial en el Perú. La Ley General sienta las bases para su introducción e implementación en el Poder Ejecutivo. La SGP indica que aún no se han realizado ejercicios de análisis ex post en el marco de la Ley General. La SGP también señala que la estructura normativa e institucional necesaria para una implementación eficaz de esta herramienta se encuentra en proceso de desarrollo, lo que incluye la preparación del Reglamento y la creación de la Comisión Consultiva para la Mejora de la Calidad Regulatoria Ex Post. Este organismo estaría dirigido por la PCM e incluiría a miembros del sector privado, el mundo académico y la sociedad civil, con el objetivo de identificar las regulaciones que no han logrado su objetivo de política pública o que deberían revisarse.

No obstante, algunas entidades, como OSIPTEL y OSINERGMIN, han adoptado medidas para llevar a cabo análisis ex post de forma periódica. Por ejemplo, OSIPTEL ha establecido la obligación de realizar un análisis ex post de las regulaciones tres años después de su publicación. Por su parte, OSINERGMIN ha llevado a cabo el análisis ex post de una regulación sobre medidas de seguridad de los cilindros para gas licuado de petróleo sobre la base de un AIR ex ante elaborado hace cuatro años. La PCM, y toda la administración peruana, podrían aprovechar las experiencias de los organismos reguladores en materia económica para lograr la aplicación eficaz de la herramienta de análisis ex post.

Simplificación administrativa

En el Perú, la mayoría de los esfuerzos encaminados a la revisión del stock regulatorio se han centrado en la simplificación y la reducción de cargas administrativas. En 2010, Perú sentó las bases para la introducción de herramientas de simplificación administrativa en toda la administración nacional (Política y Plan Nacional de Simplificación Administrativa, metodologías para la evaluación de los costos administrativos y los servicios públicos, y Decreto Supremo N.º 007-2011-PCM). El uso del TUPA y el SUT prepararon el terreno para la adopción de medidas a nivel gubernamental destinadas a reducir las cargas administrativas. Además, en 2018, se publicaron dos decretos legislativos (Decreto Legislativo N.º 1448 y Decreto Legislativo N.º 1452) que formalizaron la obligación de utilizar ACR antes de introducir o modificar procedimientos administrativos. Por último, las labores de análisis y eliminación de las barreras burocráticas por parte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas respaldan las actividades de simplificación administrativa en el Perú.

El TUPA estandariza la información que las entidades públicas solicitan a los ciudadanos y las empresas a través de licencias y permisos. El TUPA proporciona detalles sobre los requisitos, las tasas y los plazos de tramitación de cada uno de los procedimientos administrativos que ofrece cada institución, esto ha contribuido a fomentar la transparencia y a aumentar la certidumbre de las partes sujetas a regulación.

Sobre la base de la obligación jurídica de adoptar el TUPA en todos los niveles de la administración, la PCM está desarrollando procedimientos administrativos estandarizados en las entidades subnacionales. El objetivo es eliminar cualquier diferencia en el número de requisitos, procesos internos, duración y costos de los procedimientos administrativos en todo el país. Los procedimientos objeto de estandarización se priorizan en función de elementos como la frecuencia, número de requisitos, el impacto en la competitividad, salud, educación y las diferencias entre los gobiernos subnacionales a la hora de aplicar sus procedimientos. Entre los procedimientos que se han estandarizado se encuentran, entre otros, las licencias de construcción, los permisos para abrir un negocio y las inspecciones técnicas de edificios.

Otra herramienta que el Perú ha puesto en marcha para reducir las cargas administrativas es el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR). El ACR evalúa las regulaciones que generan o modifican trámites, es decir, licencias, permisos y otras formas de autorizaciones gubernamentales. Este análisis se realiza desde cuatro perspectivas: legalidad, necesidad, eficacia y proporcionalidad. La finalidad es reducir las cargas administrativas y simplificar el stock regulatorio (aunque también puede utilizarse antes de la publicación de una regulación). Además de generar beneficios en términos de mayor competitividad y transparencia, la iniciativa ha generado resultados significativos en el Perú. Entre 2017 y 2019, el ACR de las regulaciones vigentes dio lugar a los siguientes resultados:

• Se evaluaron más de 2400 procesos administrativos;

• Se derogó aproximadamente el 30 % de los procesos administrativos;

• Se eliminaron más de 1300 requisitos de datos.

El ACR de los procedimientos administrativos vigentes debe realizarse al menos una vez cada tres años.

Por último, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas vela por que los requisitos regulatorios sean razonables, legales y no limiten el acceso y la participación de los diferentes actores del mercado. Cuando se identifica una barrera burocrática, la Comisión solicita a la entidad responsable su eliminación voluntaria. Si no se soluciona el problema, el INDECOPI puede presentar una denuncia formal. Según la Comisión, en el segundo semestre de 2020 se eliminaron voluntariamente 469 barreras, la mayoría de ellas impuestas por las municipalidades distritales.

Ventanillas únicas para los ciudadanos

En 2010, el Perú creó las ventanillas únicas físicas para los ciudadanos y los centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano), como parte de su estrategia para prestar mejores servicios a los ciudadanos. Los centros MAC permiten a los ciudadanos obtener información sobre requisitos y tasas, y solicitar servicios públicos de 51 instituciones, y más de 500 trámites y procedimientos en un solo lugar. Actualmente hay 15 MAC en todo el Perú. Durante la pandemia de COVID-19, aumentó la atención telefónica (Aló MAC) y virtual de algunos de los servicios ofrecidos por los centros MAC. Además, existen 10 centros ubicados en zonas rurales (MAC Express) que prestan 64 servicios de 22 instituciones diferentes. Sin embargo, a la fecha de redacción del presente informe, los centros MAC no cuentan con atención digital.

El Perú no cuenta con una ventanilla única física o digital que reúna todos los procesos administrativos, concretamente las licencias y los permisos necesarios para crear una empresa. La complejidad de los procesos, la gran cantidad de trámites a nivel nacional y subnacional y la falta de información sobre las licencias que se deben solicitar suponen una carga excesiva para las empresas de nueva creación. Estos obstáculos pueden constituir una barrera para la creación de una empresa formal, y también pueden empujar a los emprendedores hacia la economía informal, incluso impedirles entrar en el mercado. Por lo tanto, facilitar la concesión de licencias comerciales es un elemento clave para reducir los costos de cumplimiento de la regulación.

Avances del Perú en la aplicación de las recomendaciones del CPR

Recomendación prioritaria n.º 2

Una de las recomendaciones sobre regulaciones basadas en evidencia insta al Perú a "evaluar los resultados del sistema de AIR tras la fase inicial de implementación de la Ley General y poner en marcha un plan para reforzar el uso de AIR". Esto incluye demostrar avances en los siguientes aspectos:

• Identificar los obstáculos que dificultan la adopción del AIR en los ministerios y tomar medidas para solucionarlos.

• Como parte del plan, considerar la posibilidad de que la CMCR centre sus esfuerzos en los principales proyectos regulatorios identificados en las primeras etapas del proceso y colaborar con los ministerios en el desarrollo del AIR.

• Adoptar un enfoque proporcional en materia del AIR para orientar los recursos públicos en función de los impactos esperados de las regulaciones".

El Perú realizó un estudio de diagnóstico para definir la aplicación del AIR en varias entidades del Poder Ejecutivo, poder identificar los retos en su implementación y proponer soluciones y recomendaciones. Actualmente, el Perú está elaborando una hoja de ruta para dar respuesta a los obstáculos identificados en este estudio e implementar las recomendaciones resultantes.

El Perú ha adoptado medidas para fortalecer el sistema de AIR en la administración nacional. Para ello, se está colaborando con los ministerios competentes y fomentando la creación de capacidades en varias entidades. La SGP presta actualmente apoyo prioritario al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la elaboración de sus AIR. Además, se han renovado las actividades y los programas de capacitación, lo que ha beneficiado a un número importante de funcionarios públicos:

• Más de 700 funcionarios han recibido capacitación en el desarrollo de instrumentos de planificación temprana para el próximo año.

• Más de 1400 funcionarios recibieron asistencia técnica sobre herramientas de gestión regulatoria, como el AIR, el instrumento de planificación temprana, la consulta pública y el ACR.

• Más de 230 funcionarios asistieron a cursos sobre la identificación de problemas de política pública y sobre metodologías para evaluar el impacto de las regulaciones.

La adopción de un enfoque proporcional en materia de AIR se ha formalizado mediante el Reglamento, que introduce el concepto de proporcionalidad en el proceso de elaboración de normas y sienta las bases para utilizar pruebas de umbral con el fin de determinar el alcance y la profundidad del análisis. Si bien su aplicación se encuentra aún en una fase inicial, se han elaborado documentos y análisis internos para concretar la metodología y los criterios definitivos, lo que supone un paso importante hacia la implementación de este enfoque, en consonancia con el espíritu de la recomendación.

Se ha distribuido una propuesta de AIR diferenciados, adaptados a los impactos previstos de regulaciones específicas, para recabar comentarios de las principales partes interesadas. El proyecto de criterios para definir los umbrales se basa en un estudio comparativo internacional, que incluye las experiencias de Australia, Canadá, México y la Unión Europea. La SGP está elaborando actualmente una hoja de ruta para su aplicación, que incluirá programas piloto en determinados sectores.

Los avances mencionados muestran el progreso realizado por el Perú para dar cumplimiento a esta recomendación. El Perú ha evaluado el funcionamiento del sistema de AIR mediante un estudio de diagnóstico encaminado a identificar los obstáculos y proponer soluciones, lo que ha dado lugar a la elaboración de una hoja de ruta para abordar estos retos y reforzar la aplicación del AIR.

El Gobierno ha intensificado el apoyo a los ministerios. En este sentido, ha dado prioridad a los proyectos regulatorios clave y ha prestado asistencia técnica a algunos ministerios. Se han ampliado considerablemente las iniciativas de creación de capacidades, que han permitido capacitar a más de 2300 funcionarios. Además, se ha formalizado la adopción de un enfoque proporcional en materia de AIR mediante el Reglamento, y se sigue trabajando para perfeccionar e implementar los criterios de umbral.

Recomendación prioritaria n.º 3

Otra recomendación sobre regulaciones basadas en evidencia insta al Perú a "establecer el marco de políticas y gobernanza que respalden la introducción efectiva del análisis ex post de las regulaciones, entre otras cosas, demostrando los avances logrados en la publicación del Reglamento o los lineamientos para el uso sistemático del análisis ex post y enfocar su uso en un conjunto específico de regulaciones (en particular, regulaciones que se aprobaron sin un AIR o que tienen un impacto significativo en grupos o sectores específicos, entre otras)".

El Reglamento establece las bases para la adopción del análisis ex post de las regulación en la administración nacional. Este análisis busca evaluar la relevancia de las cuestiones políticas que conducen al desarrollo de una regulación, determinar si ha alcanzado sus objetivos e identificar cualquier impacto no deseado. Además, el objetivo es identificar oportunidades de mejora, modificación o derogación, si procede.

Las regulaciones sujetas a análisis ex post incluyen aquellas que se sometieron a un AIR antes de su publicación y las regulaciones prioritarias publicadas sin un AIR. Se priorizan en función de los siguientes criterios:

• Comentarios de las partes interesadas.

• Proporcionalidad del impacto, la magnitud y los grupos afectados.

• Comentarios recogidos en el AIR.

• Sector: se da prioridad a los sectores que pueden facilitar el desarrollo inclusivo y sostenible, la innovación y el crecimiento empresarial.

Las entidades del Poder Ejecutivo deben preparar las evaluaciones y presentarlas a la CMCR para su revisión. El informe de la CMCR puede dar lugar a un proceso para simplificar o modificar las regulaciones y eliminar disposiciones específicas, o bien la entidad pertinente puede publicar una regulación para eliminar o modificar la regulación que fue objeto de análisis.

Además, el Reglamento encomienda a la SGP la elaboración de lineamientos y un plan de implementación para la introducción de análisis ex post. La puesta en marcha de esta herramienta de gestión regulatoria se llevará a cabo de manera gradual, comenzando por los sectores prioritarios. Los primeros proyectos del plan de implementación contemplan la capacitación y la asistencia técnica a los ministerios e instituciones correspondientes, así como programas piloto para introducir la herramienta.

Los avances mencionados muestran los progresos realizados por el Perú para dar cumplimiento a la recomendación. Con la publicación del Reglamento, el Perú ha sentado las bases para el desarrollo y la aplicación del análisis ex post. El Reglamento identifica el objetivo, los criterios de priorización y los resultados de la aplicación del análisis ex post. La SGP está elaborando actualmente un plan de acción que prevé la necesidad de una implementación gradual de esta herramienta y subraya la necesidad de proporcionar suficiente capacitación y creación capacidad en toda la administración.