El informe fue preparado por la División de Integridad del Sector Público de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, bajo la dirección de Elsa Pilichowski, directora de Gobernanza Pública de la OCDE y de Julio Bacio Terracino, jefe interino de la División de Integridad del Sector Público. El informe fue coordinado y redactado por Giulio Nessi de la División de Integridad del Sector Público. El informe se benefició de las ideas y comentarios de Frédéric Boehm de la División de Integridad del Sector Público y de Juan Vázquez Zamora y Cristina Cabutto del Centro de Desarrollo de la OCDE. Se contó con el apoyo editorial y administrativo de Meral Gedik, Rania Haidar, Andrea Uhrhammer, Laura Uribe, Charles Victor y Laura Voelker. Laura Córdoba Reyes realizó la investigación preliminar para el informe. La traducción al español del informe fue elaborada por Carmen Navarrete y editada por el equipo técnico de la Dirección de Gobierno Abierto de la Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador.
Agradecemos el apoyo técnico y financiero de la Cooperación Técnica Alemana, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a través del Programa “Ecuador SinCero - Prevención de la Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana”, liderado por Fiorella Mayaute. En particular a Jessica Leguia y Germán Guerra, miembros del equipo técnico en Ecuador SinCero, por el soporte y sus contribuciones al informe.
La OCDE expresa su gratitud al Gobierno del Ecuador, así como a todas las instituciones públicas que participaron en el proceso, por su cooperación, en particular, a la Secretaría General de la Presidencia de la República, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Servicio Nacional de Contratación Pública, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La OCDE también agradece a las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia que aportaron ideas y perspectivas valiosas para la elaboración del informe, en particular a la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de la Industria de la Construcción, el Centro Segundo Montes Mozo, la Corporación Participación Ciudadana, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Fundación de Ayuda por Internet, la Fundación Diálogo Diverso, la Fundación Grupo Esquel, el Grupo FARO, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad Hemisferios. Por último, la Secretaría General de la Presidencia de la República - in particular Nicolas José Issa Wagner, Secretario General de la Presidencia, Ernesto Emilio Varas Valdéz, Subsecretario General de Gestión Gubernamental, María Fernanda Ordoñez Delgado, Subsecretaria de la Administración Pública, Nelson Sebastián Robelly Alarcón, Director de Gobierno Abierto, y el equipo técnico de la Dirección de Gobierno Abierto - amerita una mención especial por coordinar todas las actividades, incluso la misión de investigación virtual efectuada en diciembre de 2020 y los talleres virtuales organizados en marzo de 2021, cuando se presentaron las recomendaciones preliminares y se analizaron con representantes de las instituciones públicas, la sociedad civil, el sector privado y la academia.
Este informe también se benefició de la inestimable aportación de pares expertos de la OCDE, en particular, de Daniella Carizzo de la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile y de Gonzalo Guerrero Valle del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.