La integridad pública es el elemento aglutinante que mantiene unidas a las sociedades. Es la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público. No respetar estos valores y normas socava el desarrollo incluyente y sostenible, y puede poner en riesgo a nuestras democracias. Como factor clave que impulsa la confianza en el gobierno, la integridad pública es decisiva para asegurar la credibilidad y, por lo tanto, el apoyo y el éxito de sus políticas.
La integridad pública también es indispensable en el contexto actual. Los países están sufriendo las consecuencias de la crisis por COVID-19 y han movilizado importantes recursos públicos para disponer de vacunas, garantizar los servicios de salud, proporcionar apoyo a las personas más vulnerables y sostener a las empresas. Desafortunadamente, esta situación también ha agravado los riesgos de corrupción, y en muchos países, los casos de corrupción vinculados con la gestión de recursos relacionados con la COVID-19 están aumentando el ya creciente descontento de los ciudadanos, destacando la pertinencia de crear un sistema de integridad pública receptivo y resiliente.
Para responder a esto y a otros desafíos contemporáneos, Ecuador ha reconocido la necesidad de mejorar en forma continua sus políticas. Aunque la integridad pública es un tema novedoso en el país, Ecuador ha mostrado disposición para crear un sistema nacional de integridad conforme a las buenas prácticas internacionales y la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública (en lo sucesivo “la Recomendación de la OCDE”). Éste apoyará a Ecuador a organizar una respuesta viable a la corrupción, ya que la integridad pública aspira a ir más allá de la mera reacción a los escándalos mediante la construcción de una cultura de integridad en todo el gobierno, el Estado y la sociedad. Adicionalmente, consolidará los esfuerzos más amplios que realiza Ecuador para participar en el diálogo internacional —que incluye haberse unido al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2019— y encontrar soluciones innovadoras para promover un crecimiento incluyente y sostenible, reducir la pobreza y las desigualdades, y mejorar la vida de la gente.
Este informe, apoyado por la Cooperación Técnica Alemana en Ecuador, se basa en el trabajo y experiencia de la OCDE en integridad pública en América Latina y muestra el compromiso del país para fortalecer sus normas y prácticas de integridad. Se centra en los aspectos institucionales y estratégicos abordados en el primer pilar de la Recomendación de la OCDE, que Ecuador ha identificado como prioridades para crear un sistema de integridad. En sí, el informe proporciona una hoja de ruta con recomendaciones concretas que pueden ser consideradas por el nuevo gobierno electo en 2021 para sentar las bases de un enfoque estratégico y completo para la integridad. Aprovechando este primer informe, Ecuador podría decidir ampliar el estudio a los otros dos pilares de la Recomendación de la OCDE —cultura de integridad y rendición de cuentas— y llevar a cabo un Estudio de la OCDE sobre Integridad, que permitiría al país solicitar su adhesión a la Recomendación de la OCDE, como han hecho otros países no miembros en la región, por ejemplo, Argentina y Perú.