Paula Garda
OECD
Michael Koelle
OECD
Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025
Resumen
El limitado acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales restricciones a las que se enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) de Perú, que representan el 85% del empleo y constituyen el 99% de las empresas, lo que restringe su capacidad para invertir, crecer y formalizarse. Muchas MIPYME operan de manera informal, carecen de historial crediticio y dependen de prestamistas informales, lo que deja a muchas de ellas sin acceso al crédito formal. Incluso en el caso de las empresas formales, las elevadas tasas de interés, el escaso historial crediticio y los elevados costos de transacción limitan su acceso al financiamiento, a pesar de lo competitivo que es el segmento financiero de las MIPYME. Los mercados de capitales están poco desarrollados y ofrecen pocas alternativas a los préstamos del sistema financiero, sobre todo en el caso de las empresas más pequeñas. Las reformas deberían centrarse en reducir los costos de financiamiento mediante la mejora de la información crediticia, la ampliación de las garantías públicas al crédito y el desarrollo de alternativas a los préstamos del sistema financiero. En el caso de las empresas informales, la ampliación de los servicios financieros digitales y la vinculación del financiamiento a la consecución de determinados hitos de formalización contribuirían a la inclusión y la productividad. Asimismo, si se profundizaran los mercados de capitales y se mejorara la infraestructura financiera digital se podrían ampliar aún más las fuentes de financiamiento, se impulsaría la inversión privada y se fomentaría un entorno empresarial más dinámico.
El acceso al financiamiento es una barrera persistente para el crecimiento de las empresas en Perú, que limita el desarrollo del sector privado, la inversión a largo plazo y la capacidad del país para transitar hacia una economía verde. A pesar de la estabilidad macroeconómica y de la solidez del sistema financiero, el crédito privado representa solo el 42% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE, que se sitúa en el 76%, y por detrás de otros países de la región (Gráfico 2.1, Panel A). La penetración del crédito es baja, sobre todo en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME), y fuera de Lima (Gráfico 2.1, Panel B y C). Predomina el financiamiento tradicional basado en el crédito, y los mercados de capitales nacionales son escasos y cuentan con una escasa liquidez (Gráfico 2.1, Panel D), lo que limita el acceso al financiamiento a largo plazo, que resulta fundamental para la inversión en infraestructuras, en innovación y en resiliencia climática.
Nota: ALC es el promedio simple de Brasil, Chile, Colombia y México. El Panel D mide el valor total del capital de las empresas que cotizan en bolsa en relación con el tamaño de la economía.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial; BCRP; OCDE (2025), Financiamiento de PYMES y Emprendedores: 2025; SBS; FMI, base de datos de perspectivas de la economía mundial: abril de 2024.
El acceso limitado al financiamiento está estrechamente relacionado con el alto nivel de informalidad en Perú, que limita el crecimiento y la productividad de las empresas. Las MIPYME, que representan el 85% del empleo, son en su mayoría informales y se ven afectadas de manera desproporcionada por las limitaciones en el desarrollo de los mercados financieros. Las MIPYME formales —constituidas como tales y que cumplen sus obligaciones tributarias— pueden acceder al crédito, pero se enfrentan a unos elevados diferenciales de tasas de interés y a unos estrictos requisitos de garantías, lo que limita su crecimiento. Las alternativas existentes —como el financiamiento vía capital (crowdfunding), los arrendamientos financieros (leasing) o el factoring— siguen estando subutilizados, y el acceso al financiamiento fuera de Lima es particularmente escaso. Las empresas informales —normalmente pequeñas, de baja productividad y que no están formalmente constituidas— carecen de historial crediticio y dependen en gran medida de las redes familiares, los prestamistas informales o las microfinanzas. Casi la mitad de las MIPYME carecen de acceso al crédito formal, (OECD/CAF/SELA, 2024[1]), a menudo debido a la informalidad, los elevados costos de transacción y la insuficiencia de garantías o historiales crediticios. Las MIPYME dirigidas por mujeres tienen menos posibilidades aún de acceder al crédito formal debido a limitaciones en materia de garantías, a su mayor grado de informalidad, a sus escasos conocimientos financieros y las cargas que asumen en relación con el cuidado de la familia (World Bank, 2025[2]).
Ampliar el acceso al financiamiento requiere la adopción de estrategias diferenciadas. En el caso de las empresas informales, la prioridad es ampliar el acceso a los servicios financieros mediante las fintech, la banca móvil, la calificación crediticia basada en el historial de pagos digitales y la adaptación del microfinanciamiento a sus necesidades. Estas medidas deben ir acompañadas de mecanismos que vinculen el financiamiento con determinados hitos de su formalización —como el registro de la sociedad, la obtención de un número de identificación fiscal o su inscripción en la seguridad social—. Asimismo, deben estar respaldadas por servicios de asistencia técnica y por una simplificación de los trámites necesarios, así como por medidas para impulsar la productividad de las empresas —como el acceso a la formación y las mentorías, las herramientas digitales o la integración en cadenas de valor formales— a fin de evitar una deficiente asignación del crédito y garantizar que el financiamiento apoye a las empresas más dinámicas y escalables. Las MIPYME formales se beneficiarían de unas políticas orientadas a reducir los costos de intermediación y a promover el financiamiento basado en activos y en el capital. Es importante señalar que la reducción de los costos y la mejora de la disponibilidad del crédito también beneficiarían a las MIPYME informales de alto potencial, al reforzar sus incentivos para formalizarse y hacer más visibles las ventajas de incorporarse al sistema formal.
También es necesario impulsar el desarrollo de los mercados de capitales de manera que puedan apoyar la inversión a largo plazo y diversificar las fuentes de financiamiento. Los mercados de capitales pueden complementar los préstamos formales ofreciendo financiamiento a largo plazo a las grandes empresas con alto potencial y a los proyectos de infraestructuras, al tiempo que liberan crédito que puede dirigirse a las empresas más pequeñas. Abordar estas brechas también contribuiría a la transición climática de Perú al permitir la inversión en tecnologías limpias y en la adaptación al cambio climático (Capítulo 4).
Ampliar el acceso al financiamiento ayudaría a las MIPYME con alto potencial a crecer y generar más empleos formales. Pero esto por sí solo no es suficiente. Es necesario adoptar una estrategia más amplia para abordar la informalidad, que incluya reformas regulatorias que reduzcan el costo de la formalización de las empresas —como la reducción de las barreras administrativas, la simplificación de las licencias, los procedimientos de registro y el cumplimiento de las obligaciones tributarias—. Asimismo, es necesario reformar el mercado laboral para reducir los costos no salariales y mejorar la aplicación de la ley, tal y como se destaca en el Estudio Económico de la OCDE: Perú 2023 (OECD, 2023[3]) y en distintas partes del presente Estudio. La formalización y el crecimiento de las MIPYME en Perú también se pueden ver respaldadas por la capacitación, las mentorías, la innovación y la transferencia de tecnologías, proporcionadas por diversas instituciones a través de diferentes programas, entre ellos el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el banco de desarrollo COFIDE, Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica CITE, el Fondo de Desarrollo de la Microempresa (FONDEMI), las cámaras de comercio y la cooperación internacional para el desarrollo, entre otros organismos. La intensificación de la coordinación entre estos actores contribuiría a ampliar el alcance y la eficacia. En conjunto, estas políticas mejorarían la formalidad del entorno empresarial, lo que favorecería el crecimiento de las empresas y la productividad.
El presente capítulo se centra en las políticas prioritarias para ampliar y diversificar el financiamiento de las MIPYME en Perú. En primer lugar, se examinan una serie de reformas para reducir los diferenciales de las tasas de interés y promover instrumentos financieros alternativos y soluciones digitales. A continuación, se analizan políticas dirigidas a desarrollar los mercados de capitales con el fin de ofrecer alternativas al crédito y apoyar la inversión a largo plazo. El Gobierno desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la profundidad financiera mediante la creación de un entorno regulatorio que apoye el desarrollo del mercado y fomente la competencia en los servicios financieros. También es necesario reforzar la protección jurídica de los acreedores y los accionistas para reducir el riesgo de los inversores y mejorar el acceso al financiamiento en las empresas formales, al tiempo que se desarrollan mejores incentivos para que las empresas se formalicen y se beneficien de la mejora de las condiciones de financiamiento. Asimismo, es esencial que exista una supervisión sólida e independiente para generar confianza y atraer la inversión a largo plazo. Esta profundización financiera debe ir acompañada de mecanismos de protección dirigidos a preservar la estabilidad y proteger a los consumidores.
2.2.1. Mejorar el acceso de las MIPYME al crédito bancario
El crédito bancario sigue siendo la principal fuente de financiamiento de las empresas, sobre todo de las MIPYME. Si bien los bancos comerciales son los que acaparan la concesión de créditos, el sector de las MIPYME puede beneficiarse de una amplia gama de instituciones financieras no bancarias especializadas en los segmentos de las pymes y de microfinanzas (Gráfico 2.2, Panel A). Sin embargo, las MIPYME siguen teniendo dificultades para obtener crédito a tasas asequibles, debido a distintos factores, entre ellos el deterioro de la cartera de crédito desde la pandemia de COVID-19 y la desaceleración económica de 2023 (véase el Capítulo 1), los elevados costos de transacción y el aumento del riesgo de impago. La brecha existente entre las tasas de interés aplicadas a las MIPYME y a las grandes empresas es mayor en Perú que en ningún país de la OCDE (Gráfico 2.2, Panel B). Por lo tanto, para mejorar el acceso de las MIPYME al crédito del sistema financiero es necesario, en primer lugar, reducir el costo del financiamiento. Para ello es necesario abordar las diferentes causas de este diferencial de tasas de interés: la limitada información disponible para evaluar la solvencia, los elevados costos de transacción en relación con el tamaño de los préstamos, los altos costos de refinanciamiento para los prestamistas y la escasez de garantías (Choy, Costa and Churata, 2015[4]).
Asimismo, la mejora de los marcos de evaluación de riesgos basados en datos beneficiaría a las empresas formales y, al aumentar las ventajas de la formalidad, podría animar también a las empresas informales a formalizarse. El alto nivel de informalidad dificulta la evaluación del crédito, ya que muchos negocios carecen de un historial financiero verificable. Además, los ingresos suelen ser mucho más volátiles, (Engbom et al., 2022[5]), lo que aumenta la base de riesgos para los prestamistas. Asimismo, dado que los registros de la propiedad están desactualizados o son inexactos y existe un elevado grado de informalidad en la propiedad de la vivienda, existen limitaciones importantes para aportar garantías reales a los préstamos, lo cual es una práctica habitual en la OCDE para garantizar la mayoría de los préstamos de las pequeñas empresas. Perú estableció en 2006 un marco jurídico para mejorar el acceso al crédito de las MIPYME, que permitía como garantía los activos móviles (esto es, maquinaria, existencias, cuentas por cobrar e incluso ganado), pero su aceptación ha seguido siendo escasa debido a la pesadez de los trámites, el escaso conocimiento y su débil aplicación jurídica. Una reforma reciente introdujo una plataforma digital (Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias-SIGM) para simplificar el registro de garantías mobiliarias, reducir los costos asociados y mejorar la seguridad jurídica.
Nota: ALC es el promedio simple de Brasil, Chile, Colombia y México. Pymes incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Fuente: SBS; OCDE, Financiamiento de PYMES y Emprendedores 2024.
Mitigar el riesgo crediticio de las MIPYME
El refuerzo de los registros de crédito mediante la inclusión de datos alternativos sobre las transacciones financieras de una persona o una empresa (por ejemplo, proveedores de servicios públicos, autoridades públicas, empresas de Internet y de telefonía) y el avance de la calificación crediticia digital mediante el uso de la inteligencia artificial pueden mejorar la evaluación de los riesgos. En cierta medida, esto ya lo hacen las agencias de crédito privadas, y en enero de 2025 se actualizó la regulación que permite que las decisiones sobre los préstamos a las pymes se basen en datos de transacciones verificables. Algunos países, como Francia, mejoran los registros de crédito con datos procedentes de las cuentas de las empresas. Perú podría considerar la posibilidad de reintroducir un requisito ya adoptado anteriormente que obligaba a las empresas que superaban un determinado umbral de tamaño a publicar sus cuentas, una práctica que dejó de ser obligatoria para las empresas no cotizadas en 2016 tras una sentencia judicial. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) está preparando un nuevo registro público de crédito que incluirá a las cooperativas de ahorro y crédito —principales prestamistas de las MIPYME, sobre todo en las regiones fuera de Lima. Será importante que exista una plena aplicación de este registro —así como su eventual interoperabilidad con el registro público de crédito existente para el sector financiero— a fin de mejorar el acceso de las MIPYME al financiamiento, por un lado, y para garantizar condiciones equitativas entre los bancos comerciales —que tienen acceso privilegiado a la información— y las cooperativas de ahorro y crédito, por otro, permitiendo a estas últimas competir mejor con un sector bancario muy concentrado.
Asimismo, el programa de Finanzas Abiertas (Open Finance) podría fomentar nuevas innovaciones en los mecanismos de calificación crediticia y en el financiamiento de las MIPYME al tener acceso a los datos de todo el sistema financiero. El banco central, que es responsable de regular los sistemas de pago, está llevando a cabo un ambicioso programa de Finanzas Abiertas con el objetivo de que todas las tecnologías de pago sean interoperables, tras el éxito conseguido con la difusión de los monederos digitales gracias a una regulación preventiva (Vega and Vasquez, 2022[6]). Además, si se acelerara el desarrollo de otros elementos del sistema de Banca Abierta regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) —el intercambio de datos bancarios, transacciones y otros datos de los consumidores entre todos los participantes del mercado mediante la elaboración y aplicación de normas de intercambio de datos— se podría mejorar aún más la evaluación del riesgo crediticio y conseguir un mercado de financiamiento empresarial más dinámico. Brasil, por ejemplo, lleva aplicando un programa de Finanzas Abiertas desde 2021, que incluye la obligación de compartir datos entre todos los bancos más grandes sujetos a la regulación financiera. Las obligaciones en el marco de un programa de Finanzas Abiertas y en materia de interoperabilidad deberán complementarse con otras medidas —como la protección de privacidad y la seguridad de los datos (véase más adelante), el aumento de la formalidad (véase el Capítulo 3) y la modernización y actualización del catastro (véase el Capítulo 4)— a fin de facilitar una adopción más generalizada de los préstamos con garantía real y reforzar los incentivos para la formalización.
Reducir los costos operativos
Los costos administrativos, sobre todo en el caso de los préstamos de pequeña cuantía, encarecen considerablemente las tasas de interés. Estos costos explican más de la mitad del diferencial de tasas de interés entre las pequeñas y las grandes empresas (Choy, Costa and Churata, 2015[4]). Los prestamistas han adaptado sus modelos de negocio a la elevada informalidad de las MIPYME, recurriendo a visitas presenciales para recabar información sobre las empresas, lo que, unido a la difícil geografía de Perú, aumenta sus costos operativos. Adaptar los requisitos de cumplimiento normativo al tamaño y el riesgo de los préstamos —y abandonar la aplicación de una regulación única para todos— puede reducir los costos y mejorar el acceso. Por ejemplo, en mayo de 2025, se autorizó a los agentes corresponsales de las instituciones financieras —como los comerciantes de aldeas remotas— y a las oficinas de banca electrónica a realizar más operaciones —como la evaluación crediticia, la apertura de cuentas y los desembolsos de cuentas— dentro de determinados límites operativos. Ampliar la digitalización de los procesos financieros y administrativos podría suponer una reducción adicional de los costos. Son un paso correcto los esfuerzos de digitalización pública que ya están en marcha, incluidos los de la autoridad tributaria y el registro civil, que deberían complementarse con soluciones digitales adaptadas a sus aplicaciones financieras (véase más adelante).
Reducir el costo de financiamiento de los prestamistas
Los prestamistas más pequeños que prestan servicios a las MIPYME se enfrentan a unos costos de capital más elevados, en parte debido a la escasa profundidad de los mercados de capitales de Perú. El segmento de préstamos empresariales es atendido por los bancos más grandes, que pueden refinanciarse a un bajo costo gracias al acceso a una amplia gama de mercados de crédito y de capital, a la solidez y diversificación de sus balances y a sus considerables márgenes de beneficio. Estos bancos se centran en financiar a las grandes empresas debido a su menor riesgo crediticio, sus menores costos administrativos y a la mejor calidad de la información que existe sobre ellas. En cambio, las MIPYME dependen cada vez más del financiamiento de segundo nivel, que está compuesto por instituciones más pequeñas que tienen un costo de obtención de capital mucho más elevado. El desarrollo de los mercados de capitales para las empresas más grandes de Perú —como se analiza más adelante— puede mejorar indirectamente el acceso de las MIPYME, al liberar el crédito y reducir los costos generales del financiamiento.
Mejorar los programas de garantía crediticia
Desde 2019, el programa de garantía crediticia Fondo Crecer —gestionado por el banco estatal de desarrollo COFIDE— garantiza hasta el 75% de los préstamos elegibles para pymes y empresas exportadoras. Durante la pandemia, así como durante los disturbios sociales y los fenómenos climáticos registrados en 2023, los nuevos programas de garantía crediticia de emergencia lograron ampliar el crédito a las MIPYME y reducir los diferenciales de las tasas de interés, lo que puso de relieve la demanda insatisfecha que existe en este segmento. La tasa de morosidad de los programas relacionados con la pandemia fue elevada —entre el 12% y el 25%— lo que refleja en parte la naturaleza de esos programas —prevenir o, al menos, retrasar las quiebras generalizadas de las empresas para «aplanar la curva» (Demmou et al., 2021[7])— pero también sirve para recordar que es necesario diseñar cuidadosamente estos programas a fin de maximizar sus beneficios y minimizar el riesgo moral.
Las garantías benefician principalmente a las MIPYME formales, pero si se consigue mejorar su eficacia, se puede contribuir a que las empresas informales accedan también a canales de crédito formales. Las mejores prácticas internacionales se centran cada vez más en las garantías de crédito para proyectos de inversión específicos (por ejemplo, proyectos ecológicos o digitales), e incorporan incentivos para la distribución de riesgos y la concesión responsable de préstamos, con el fin de minimizar el riesgo para el sector público. Sirvan como ejemplo los proyectos de digitalización e inversión en intangibles de Francia y Corea, y las inversiones verdes en muchos países de la UE, entre ellos Irlanda, Finlandia, Francia, Portugal, Rumanía, Bulgaria y Suecia, pero también Corea y México (OECD, 2024[8]). Criterios claros de elegibilidad también son fundamentales para reducir el riesgo moral y el riesgo de sobreendeudamiento. Otros componentes de las mejores prácticas actuales incluyen garantizar —mediante ratios de cobertura, condiciones y requisitos de garantías— que todas las partes —incluidos los prestamistas y los prestatarios— retengan una parte suficiente del riesgo y la responsabilidad (Cusmano, 2018[9]).
2.2.2. Desarrollar instrumentos financieros alternativos para las MIPYME
El financiamiento de las MIPYME debe ir más allá del crédito bancario
El desarrollo de instrumentos financieros alternativos, más allá del crédito bancario, puede mejorar de forma considerable el acceso al financiamiento de las MIPYME, en particular de las empresas informales que tienen dificultades para cumplir los requisitos tradicionales en materia de garantías o para gestionar los complejos trámites bancarios (OECD, 2023[10]). Sin embargo, según los datos de la OCDE —que abarcan las operaciones de las instituciones financieras supervisadas— el uso de alternativas como el factoring, los arrendamientos financieros y las compras a plazos sigue siendo limitado e incluso ha disminuido (Gráfico 2.4). En parte, esto puede deberse a la entrada de otros proveedores tras unos cambios regulatorios que hubo; por ejemplo, los servicios de factoring prestados por entidades no supervisadas han experimentado un crecimiento considerable en los últimos años (Ministerio de Produccion, 2025[11]). Sin embargo, la participación de las MIPYME en el mercado de factoring se ha quedado en un 25%. Gracias a la reforma adoptada en 2020, Perú cuenta ahora con un marco jurídico actualizado para instrumentos financieros alternativos, como los sistemas de crowdfunding o financiamiento colectivo. Sin embargo, el escaso conocimiento de estos instrumentos y las barreras estructurales y operativas dificultan su expansión. Además, la ampliación del acceso a los instrumentos financieros debe sopesarse con otros objetivos de la regulación financiera, como la debida diligencia para prevenir el blanqueo de capitales y los servicios financieros ofrecidos por el crimen organizado.
Desarrollar el mercado de factoring
El factoring puede ayudar a las MIPYME formales a incrementar su liquidez y también ofrecer un punto de entrada viable para que las empresas informales se formalicen, mediante la emisión de facturas y la monetización de las cuentas a cobrar a través de plataformas reconocidas. El factoring sigue siendo un servicio financiero de nicho en Perú, en donde se caracteriza por tener un número reducido de transacciones, pero con valores relativamente elevados. El factoring es un tipo de financiamiento en el que una empresa vende sus facturas pendientes de pago a un tercero, con arreglo a un descuento, a cambio de un pago en efectivo inmediato. Uno de los principales obstáculos operativos es el proceso de verificación de facturas, que actualmente se gestiona a través de una única plataforma operada por los bancos comerciales más importantes. Este sistema está orientado a transacciones de alto valor y excluye a muchas MIPYME que tienen facturas de menor cuantía. Para conseguir que el factoring sea más accesible, las autoridades podrían habilitar servicios de verificación de facturas más amplios, quizá a través de plataformas existentes —como la gestionada por la autoridad tributaria para la implantación de la factura electrónica—, y fomentar el desarrollo de mercados de factoring en los que las facturas verificadas puedan ofrecerse como en una subasta. Facilitar un mercado formal de factoring de bajo valor también podría fomentar una mayor formalización de las MIPYME, que a veces utilizan instrumentos informales y no regulados que comparten similitudes con el factoring. En algunos países, como México, los bancos estatales de desarrollo ofrecen servicios públicos de factoring como parte de los programas de desarrollo de la cadena de valor, lo que ayuda a las MIPYME a obtener capital para integrarse mejor en estas cadenas de suministro.
Impulsar los arrendamientos financieros y las compras a plazos
El arrendamiento financiero y las compras a plazos son contratos financieros basados en activos que permiten a las empresas adquirir un activo a plazos, utilizando el activo durante la duración del contrato y asumiendo su propiedad una vez que este se haya pagado en su totalidad. El activo sirve como garantía natural, y la retención de la propiedad por parte del proveedor financiero mientras el préstamo está pendiente evita la necesidad de adoptar complicados procedimientos legales de recuperación de la deuda en caso de impago; en su lugar, el propietario recuperará el activo y lo podrá vender. Los contratos de arrendamiento financiero y las compras a plazos son habituales en muchos países de la OCDE. En países como Perú, son principalmente las empresas formales las que recurren al arrendamiento financiero y las compras a plazos, pero también resultan atractivos para las MIPYME informales, ya que les permiten acceder a activos productivos sin necesidad de recurrir a complejos procedimientos de préstamo, eludiendo así los ineficientes sistemas jurídicos y laboriosos trámites burocráticos. Asimismo, el hecho de poder rescindir anticipadamente estos contratos —si el activo deja de ser necesario o su uso continuado resulta inasequible— permite a las empresas adaptarse mejor a los riesgos empresariales que un préstamo bancario clásico. La evidencia sugiere que los contratos de compras a plazos pueden inducir a las MIPYME a realizar inversiones empresariales de mayor riesgo y mayor rentabilidad (Bari et al., 2024[12]).
Arrendamientos financieros y compras a plazos, factoring y descuento de facturas, ajustados por inflación (año base 2007), en millones PEN
Fuente: OCDE, cuadro de indicadores de Financiamiento de PYMES y Emprendedores: 2025.
El mercado de arrendamiento financiero y las compras a plazos en Perú es pequeño y se ha reducido en más de la mitad durante la última década (Gráfico 2.3). Una de las principales limitaciones para el desarrollo del mercado es la dificultad de recuperar legalmente un bien arrendado en caso de incumplimiento, lo cual se ve agravado por la lentitud e ineficacia del sistema judicial, tal y como se señala en el Estudio Económico de la OCDE: Perú 2023 (OECD, 2023[3]). Para facilitar la recuperación y evitar la reventa no autorizada de los bienes arrendados, en 2018 se creó un Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Sin embargo, se ha tardado siete años en ponerlo en marcha (el sistema no entró en funcionamiento hasta principios de 2025). Si bien esta reforma tiene por objeto impulsar el uso de las garantías mobiliarias, su eficacia dependerá de su aplicación efectiva, la sensibilización y el cumplimiento —aspectos, todos ellos, que deben ser supervisados de cerca por las autoridades. Otra reforma reciente ha flexibilizado los requisitos regulatorios para las empresas de arrendamiento financiero, lo que ha favorecido su entrada en el mercado. Las autoridades podrían impulsar el crecimiento de este tipo de financiamiento basado en activos si mejoraran la formación y la sensibilización financiera en las microempresas y las pymes, o bien incluyendo este tipo de contratos en los programas públicos de promoción de la inversión en pymes, como se hace, por ejemplo, en Alemania.
Fomentar el financiamiento vía capital de las MIPYME a través del financiamiento colectivo
El financiamiento vía capital ofrece varias ventajas a las empresas frente al financiamiento mediante deuda, sobre todo a las MIPYME orientadas al crecimiento. La ausencia de una obligación de reembolso fija libera los flujos de caja y permite a las empresas reinvertir los beneficios, al tiempo que el reparto de riesgos incentiva las inversiones de mayor tamaño y riesgo, pero también más rentables (Meki, 2025[13]). Las inversiones de capital son complementarias al financiamiento vía deuda, ya que la mayor base de inversores o (en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada) la mayor base de capital reduce la ratio de endeudamiento y mejoran la solvencia. Sin embargo, la ausencia de cuentas independientemente verificadas y los costos de supervisión suelen limitar la base de inversores al círculo inmediato de familiares y contactos personales, para que realicen inversiones informales.
Las soluciones financieras modernas reducen las asimetrías de información y los costos de transacción que suelen limitar las inversiones formales en el capital de las empresas más pequeñas y no cotizadas. Las transacciones en plataformas digitales y los métodos de pago sin efectivo, como los monederos digitales, permiten verificar las ventas y los costos de una empresa. Las plataformas de financiamiento colectivo (o crowdfunding) permiten poner en contacto a pequeños inversores y pequeñas empresas que buscan inversiones en capital. El sector del financiamiento colectivo en Perú apenas se creó en 2021, cuando entró en vigor su regulación por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Si bien en 2024 ya había cinco entidades que contaban con licencia, solo una plataforma llevó a cabo operaciones de financiamiento ese año, con una inversión total de alrededor de 10 millones USD y una participación media en el capital social de 60.000 USD. Dos de estas entidades abandonaron el mercado a principios de 2025. Dada la novedad de este canal de financiamiento y la entrada aún en marcha de nuevos proveedores en el mercado, las autoridades deberían sensibilizar a las MIPYME a esta nueva oportunidad de financiamiento y estar atentas a la necesidad de hacer ajustes regulatorios.
2.2.3. Impulsar el desarrollo de las finanzas digitales
Las finanzas digitales pueden mejorar la inclusión financiera, sobre todo en las pequeñas empresas, informales, rurales y desatendidas, al permitir transacciones de bajo costo y desarrollar sistemas alternativos de calificación crediticia. Si bien los pagos móviles se han expandido con rapidez, siguen existiendo desafíos importantes: el acceso desigual a la tecnología digital, la baja cobertura de las infraestructuras digitales, sobre todo la banda ancha, y los limitados conocimientos financieros y digitales siguen restringiendo el alcance y el impacto de los servicios financieros digitales. El avance de la regulación en materia de datos abiertos, las garantías de interoperabilidad, el fomento de la alfabetización financiera, la protección de datos y la confianza de los consumidores, así como la creación de infraestructuras digitales, sobre todo en las zonas rurales, pueden mejorar el alcance.
Regulación e innovación en materia de tecnología financiera
Los programas de Finanzas Abiertas y la promoción de los sistemas de pago sin efectivo pueden mejorar el entorno competitivo y proporcionar los macrodatos (o el Big Data por su denominación en inglés) en los que basan su modelo de negocio las empresas de tecnologías financieras. También pueden garantizar unas condiciones equitativas entre los nuevos operadores y los bancos tradicionales que disponen de grandes cantidades de datos propios (INDECOPI, 2023[14]). Esto resulta especialmente relevante en Perú, donde los bancos comerciales no solo están muy concentrados, sino que a menudo forman parte de grandes conglomerados, tal y como se señala en el Estudio Económico de la OCDE: Perú 2023 (OECD, 2023[3]). Además, si se fomentaran las asociaciones entre las empresas de telecomunicaciones, las fintech y los bancos, se podría mejorar el financiamiento de las MIPYME, sobre todo en las zonas remotas o rurales y entre las empresas informales a las que las entidades financieras tradicionales no suelen prestar sus servicios (OECD, 2023[10]). En varios países, entre ellos la India, Colombia y México, las fintech utilizan datos de transacciones de monederos digitales y sistemas de pago mediante códigos QR para evaluar el volumen de negocios y los ingresos de las pequeñas empresas, así como el historial de pago de sus facturas, con el fin de concederles pequeños préstamos o líneas de crédito. El reciente éxito mostrado con la adopción de los monederos digitales en Perú constituye un punto de partida para ello, y la reciente interoperabilidad de los sistemas de pago aumenta las posibilidades de que este segmento de financiamiento se vuelva más competitivo. Algunos bancos comerciales ya están experimentando con el desarrollo de mecanismos alternativos de evaluación crediticia basados en sus propios datos. La adopción de monederos digitales para pagos sin efectivo podría potenciarse aún más si se permitiera la distribución de programas sociales y subsidios a través de estos monederos, como ha ocurrido en Brasil.
Educación financiera, protección de datos y confianza de los consumidores
Los estudios muestran que la adopción de los servicios financieros digitales en Perú requiere confianza, educación financiera y competencias digitales (Robles, Miranda and Colan, 2024[15]). Es fundamental fomentar la confianza y la capacidad digital para mejorar la inclusión financiera de las MIPYME informales, permitiéndoles así un acceso seguro e informado a los servicios financieros. Uno de los pilares fundamentales de la Política Nacional de Inclusión Financiera de Perú consiste en generar una mayor confianza de la población en el sistema financiero y fortalecer los sistemas de protección de los consumidores financieros; en general, Perú cuenta con un marco adecuado de protección de los consumidores financieros. Sin embargo, hay margen de mejora en materia de gobernanza y supervisión para garantizar que los servicios financieros satisfagan las necesidades de los consumidores, así como en lo relativo a los mecanismos para presentar reclamaciones formales.
El nivel de alfabetización financiera en Perú es inferior al promedio de los países de la OCDE, pero similar al de otros países latinoamericanos como Chile y Costa Rica (OECD, 2023[16]). Resulta especialmente preocupante el bajo nivel de alfabetización financiera de los propietarios y gerentes de MIPYME (OECD, 2021[17]). Esta situación exige una mayor inversión en formación para impulsar la educación financiera y las competencias digitales, tanto entre los adultos como entre los jóvenes, por ejemplo, mediante módulos integrados en la educación secundaria o en la formación técnica, como el programa «Finanzas en el Cole» impulsado por la SBS. La implementación de la Cuenta-DNI, una cuenta bancaria digital para todos los ciudadanos a través del Banco de la Nación, institución de propiedad estatal, mejorará aún más la inclusión financiera y debería ir acompañada de una mayor formación para aumentar el uso de esta cuenta por parte de la población, los conocimientos financieros y la confianza en el sistema.
Por último, para que exista una mayor confianza también es necesario adoptar medidas sólidas de protección de datos y ciberseguridad. Los consumidores deben tener la certeza de que su información personal y financiera y su historial de transacciones siguen siendo confidenciales, y de que existe una infraestructura sólida que impedirá que se realicen pagos no autorizados. Esto es especialmente relevante dada la situación actual en materia de seguridad (Capítulo 1), en la que muchos propietarios de pequeñas empresas se han visto expuestos a prácticas de extorsión por parte de bandas criminales. Por lo tanto, los esfuerzos para fomentar los servicios financieros digitales deben alinearse con las estrategias públicas más amplias para promover la alfabetización digital y la concienciación sobre los riesgos, garantizando un entorno digital seguro y fiable para todos los ciudadanos. El Gobierno está tomando medidas en este sentido, entre ellas el establecimiento de un sistema nacional de autenticación digital, una plataforma nacional de interoperabilidad de datos y un centro nacional de seguridad digital.
Infraestructura digital y acceso rural
Es fundamental mejorar la infraestructura digital, sobre todo en las zonas rurales, para conectar a las empresas informales con los servicios financieros y contribuir a su transición a la formalidad. En 2022, la penetración de Internet se situaba en el 75% —muy por debajo del promedio de la OCDE (90%)— y en el país existen unas marcadas diferencias entre las zonas urbanas y rurales: casi todos los distritos urbanos están conectados, mientras que un tercio de los distritos rurales carecen de conectividad y alrededor del 20% de la población no tiene cobertura de Internet móvil. Si bien se están realizando esfuerzos para ampliar el acceso a la banda ancha móvil en las zonas rurales y proporcionar formación en competencias digitales, se necesitan más inversiones. Los ejemplos de Colombia, México y Brasil —en donde se han implantado redes públicas de banda ancha en cada cabecera municipal, así como redes comunitarias para facilitar el acceso sin ánimo de lucro en zonas rurales— podrían servir de base para desarrollar la estrategia de Perú. Otras medidas adicionales que podrían adoptarse son la simplificación de la regulación, la mejora de la coordinación entre las partes interesadas para crear conexiones locales, la búsqueda de soluciones basadas en redes de datos móviles o por satélite y la creación de quioscos y puntos de acceso Wi-Fi públicos.
La profundización de los mercados de capitales de Perú beneficia sobre todo a las grandes empresas formales y a las MIPYME de alto potencial, al ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento a largo plazo en el país, apoyar la inversión más allá del crédito y mejorar la resiliencia del sistema financiero. Además, a medida que fuera aumentando el número de empresas que accedieran a otras fuentes de financiamiento, se liberaría una parte del crédito del sistema financiero para que las MIPYME más pequeñas o recién formalizadas pudieran acceder a este tipo de financiamiento. Sin embargo, los mercados de capitales de Perú siguen estando poco desarrollados y ofrecen alternativas limitadas al financiamiento por crédito (Gráfico 2.4), mientras que la liquidez del mercado sigue siendo una debilidad fundamental, con un índice de rotación bursátil de tan solo el 2% en 2023, muy por debajo de países de la región como Brasil (119%) y México (19%) (BCRP, 2024[18]). Los shocks nacionales e internacionales han debilitado aún más el mercado bursátil peruano, erosionando la liquidez y la valoración de los activos. El impacto combinado de la pandemia, las presiones inflacionistas mundiales y las subidas sincronizadas de las tasas de interés han provocado importantes salidas de capital, mientras que las incertidumbres políticas internas generaron una estampida sin precedentes en 2021.
Crédito, balance de bonos corporativos y ofertas públicas, % del PIB
Fuente: BCRP.
Complicando aún más estas tendencias, Perú autorizó siete rondas de retiros extraordinarios de fondos de pensiones entre 2020 y 2024, lo que dio lugar a una salida acumulada de recursos equivalente al 9,4% del PIB a finales de 2022 y al 3% del PIB en 2024 (BCRP, 2024[18]). Estos retiros de fondos obligaron a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a reorientar sus carteras hacia activos líquidos y a corto plazo, lo que redujo el financiamiento a largo plazo en moneda local y aumentó la volatilidad del mercado. Como resultado de ello, el papel de las AFP como inversoras institucionales en los mercados de capitales se ha reducido drásticamente. A finales de 2023, las AFP y los inversores institucionales solo poseían el 6% del total de los activos del mercado —muy por debajo del promedio de la OCDE, que se sitúa en el 57%— lo que contribuyó a debilitar el financiamiento a largo plazo y a socavar la profundidad del mercado (OECD, 2024[19]).
Es fundamental que se restablezcan y se amplíen los mercados de capitales a fin de impulsar las oportunidades de inversión y apoyar el crecimiento económico. Existen diversos obstáculos —entre ellos, el elevado nivel de informalidad empresarial, los limitados conocimientos financieros, la escasa adopción de la gobernanza empresarial y los onerosos requisitos de cumplimiento y de información— que impiden a muchas empresas acceder a los mercados de acciones y de bonos (World Bank, 2024[20]; BCRP, 2020[21]).
Ya se están llevando a cabo esfuerzos para impulsar el desarrollo de los mercados de capitales. Las autoridades, en colaboración con el Banco Mundial, están elaborando una hoja de ruta para abordar los persistentes retos a los que se enfrenta el país (World Bank, 2024[20]; World Bank, 2024[22]). Esta iniciativa se basa en un informe de diagnóstico elaborado en 2019, del cual la mitad de las recomendaciones proporcionadas no se han llegado a aplicar. El proceso de adhesión de Perú a la OCDE brinda una oportunidad para acelerar estos esfuerzos. Las propuestas incluidas en este apartado se ajustan en gran medida a la hoja de ruta y ofrecen una base concreta sobre la que avanzar. Entre las medidas prioritarias se incluyen incrementar el número de grandes empresas que vendan sus acciones en el mercado, ayudar a las pequeñas empresas a incorporarse también a los mercados de capitales y ampliar la base de inversores. Asimismo, si se refuerza la capacidad técnica y operativa del SMV y se avanzara en la integración regional de los mercados de capitales, también se contribuiría a la profundización del mercado de capitales.
2.3.1. Abordar la baja liquidez de los mercados de capitales
La baja liquidez de los mercados de capitales de Perú socava su eficiencia, su profundidad y su atractivo. Para aumentar la liquidez de los mercados de capitales es necesario impulsar tanto la oferta como la demanda de los instrumentos financieros negociables. Por el lado de la oferta, esto significa mejorar el free float (o capital flotante) y facilitar el acceso de las pymes a los mercados de renta variable y de renta fija. Por el lado de la demanda, implica fomentar la participación de los inversores minoristas y ampliar los programas de creadores de mercado.
Ampliar la oferta de instrumentos negociables
Si se incrementara el capital flotante de las grandes empresas familiares, se lograría aumentar la oferta de acciones negociables y se mejoraría la liquidez del mercado (OECD, 2019[23]). Las empresas familiares dominan el panorama empresarial peruano y suelen ser reacias a aumentar el capital flotante por temor a perder el control. Una solución sería la adopción de acciones de doble clase. En estos casos, las empresas emiten acciones que tienen diferentes derechos de voto, lo que permite a las familias obtener capital sin perder el poder de decisión. Otra solución sería fomentar la venta escalonada de acciones, de manera que las familias se comprometan a aumentar el capital flotante a lo largo del tiempo, en lugar de realizar una gran emisión de acciones, para mantener la confianza del mercado sin que se produzcan cambios bruscos en el control, como se ha hecho en Chile. Asimismo, el refuerzo del gobierno corporativo también ayudaría a las empresas familiares a generar una mayor confianza entre los inversores y facilitaría la transición hacia un mayor capital flotante. En el caso de las empresas cotizadas, la adopción integral de los Principios de Gobierno Corporativo del G20 y la OCDE alinearía a Perú con las mejores prácticas internacionales.
El desarrollo de los mercados de capitales requerirá una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas con alto potencial. Es fundamental que se reduzcan las barreras de entrada al mercado a estas empresas para ampliar la oferta de valores cotizados, complementando los esfuerzos por aumentar el capital circulante entre las empresas más grandes. Si bien la mayoría de las pymes peruanas aún están lejos de acceder a los mercados de acciones y de bonos, el desarrollo de la infraestructura y el marco regulatorio adecuados puede ayudar a las más dinámicas a ir acometiendo poco a poco esta transición hacia el financiamiento basado en el mercado. Se trata de una cuestión de gran importancia en un contexto como el actual en el que existe una elevada concentración del mercado que limita la liquidez: en 2023, los diez valores más negociados representaban más de la mitad del volumen total negociado, y la propiedad de las empresas estaba muy concentrada, ya que estas empresas retenían el 73% de las acciones, frente al promedio del 7% en los mercados de la OCDE (Segura and Villavicencio, 2022[24]; OECD, 2019[23]; OECD, 2024[19]).
La mayoría de las MIPYME no pueden acceder a los mercados de capitales debido a los elevados costos que implica cotizar en la bolsa, a los estrictos requisitos de información y a las exigencias en materia de gobernanza (World Bank, 2024[20]). Si bien estas medidas garantizan la integridad del mercado, también disuaden a las empresas más pequeñas —que no están familiarizadas con las normas de gobernanza empresarial— a la hora de acceder a los mercados de capitales (OECD, 2023[25]). La aplicación de un programa de preparación empresarial adaptado para ayudar a las MIPYME a cumplir los requisitos de información financiera y de gobernanza mitigaría este problema. Este programa también podría proporcionar servicios de intermediación con inversores, mejorando así el acceso al capital y facilitando la entrada de las MIPYME en el mercado. Perú podría seguir el ejemplo de algunos países en los que este tipo de programas han tenido éxito —como la Certificación Prime de México, el programa de emisión de bonos corporativos de Serbia y la iniciativa Crecimiento y Escala de Chile— que han ayudado a las empresas más pequeñas a incorporarse a los mercados cotizados.
La oferta del mercado también se encuentra limitada por la elevada concentración existente, como demuestra el hecho de que las empresas mineras representen, por sí solas, el 50% de la capitalización bursátil, lo que limita la diversificación sectorial y las opciones de los inversores (Macroconsult, 2021[26]). Para ampliar la participación al resto de sectores y alentar a las empresas de los sectores menos representados a incorporarse al mercado, sería útil adoptar incentivos específicos como la reducción de los costos de emisión y las campañas de promoción de determinados sectores. Chile y México han aplicado con éxito políticas similares, dirigidas a las empresas tecnológicas, de energías renovables e industriales.
Los esfuerzos por facilitar la emisión de bonos en las MIPYME ampliarían la oferta de instrumentos negociables y reducirían la actual dependencia de un reducido grupo de emisores. El Mercado Alternativo de Valores (MAV), que fue diseñado con este fin, no ha cumplido los objetivos esperados. Desde su puesta en marcha en 2012, solo han participado 19 entidades emisoras y las colocaciones han caído desde los 30 millones USD registrados en 2019 a los 7 millones USD de 2022 (World Bank, 2024[20]). Esto refleja la escasa confianza de los inversores, la fuerte competencia del crédito bancario tradicional y los elevados costos de cumplimiento que suponen para las pymes. La simplificación del marco regulatorio del MAV —eliminando complejidades innecesarias y alineando los procedimientos más estrechamente con las operaciones de las MIPYME— podría contribuir a reactivar la actividad. La introducción de plantillas aprobadas con antelación y procesos de emisión estandarizados —siguiendo el ejemplo de Tailandia— podría agilizar el cumplimiento y reducir tanto los plazos como los costos de emisión. La reducción de los requisitos de documentación y presentación de informes, al tiempo que se mantiene una adecuada protección de los inversores, reduciría aún más las barreras y aumentaría la participación de las MIPYME.
Ampliar la base de inversores
Por el lado de la demanda, es fundamental que se amplíe y diversifique la base de inversores para potenciar el desarrollo de los mercados de capitales y mejorar la liquidez. Una opción sería impulsar la participación actualmente escasa de los inversores minoristas mediante el desarrollo de productos financieros estructurados con respaldo soberano —como el reciente lanzamiento de fondos bursátiles (ETF, por sus siglas en inglés) de bonos soberanos del Perú— y los fondos de inversión de bajo riesgo, que ofrecen a los inversores minoristas un punto de acceso seguro a los mercados de capitales (OECD, 2019[23]). Este modelo ha sido eficaz en México y Brasil, donde los instrumentos de bonos soberanos orientados al público minorista han aumentado sus niveles de participación. El reciente lanzamiento del primer ETF de bonos soberanos en Perú es un paso positivo para ampliar la participación de los inversores minoristas en los mercados de capitales. Para mantener el impulso, sería necesario adoptar campañas complementarias de educación financiera que apoyen aún más el acceso al mercado de este tipo de inversores. Los fondos de inversión destinados a las empresas medianas y que cuenten con apoyo público atraerían tanto a los inversores institucionales como a los minoristas, al reducir el riesgo percibido y mejorar la escalabilidad de las inversiones. El banco nacional de desarrollo de Perú, COFIDE, podría actuar como inversor catalizador, cofinanciando estos fondos y dirigiéndose a las empresas medianas, siguiendo el modelo ya adoptado en Reino Unido (British Business Bank) y en Colombia (Bancóldex y Fondo Nacional de Garantías).
Los inversores institucionales, en particular las administradoras de fondos pensiones (AFP), han dominado tradicionalmente la participación en el mercado, pero su papel se ha debilitado tras los sucesivos retiros extraordinario de los fondos. Su preferencia por las estrategias pasivas (comprar y mantener) limita aún más la actividad del mercado secundario y la profundidad del mercado. La reforma de pensiones de 2024 prohibió el retiro total o parcial de los fondos de pensiones, con excepciones como la compra de vivienda o enfermedad terminal (véase el Capítulo 1) pero, desde principios de 2025, el Congreso sigue debatiendo nuevos retiros extraordinarios. Para restablecer el papel de las AFP será necesario impedir nuevos retiros de pensiones, promover el ahorro voluntario para la jubilación y ajustar los marcos regulatorios para fomentar una mayor asignación a instrumentos negociables sin socavar los objetivos de inversión a largo plazo.
Por su parte, los creadores de mercado pueden ayudar a impulsar la actividad bursátil y hacer que el mercado sea más accesible para los inversores no institucionales al ofrecer una actividad continua de compraventa de acciones, lo que reduce las diferencias de precios y da una mayor confianza a los inversores de que pueden negociar cuando lo necesiten. El programa voluntario de creadores de mercado existente en Perú ha tenido hasta ahora un impacto limitado, con tan solo tres o cuatro creadores de mercado activos que cubren únicamente nueve empresas (World Bank, 2024[20]). Si se ampliara este programa para que abarcara a una gama más amplia de valores y se impulsara aún más la participación mediante una regulación más favorable, podría contribuirse a desarrollar aún más la actividad bursátil.
2.3.2. Reducir las barreras institucionales
La capacidad institucional también sigue siendo un factor limitante. El regulador del mercado de valores, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), padece un déficit de recursos (de financiamiento y de personal) y de capacidades que debilitan su posición para regular con eficacia, para supervisar la actividad del mercado y para hacer cumplir la regulación (OECD, 2024[19]). La existencia de una infraestructura tecnológica obsoleta limita su capacidad para proporcionar una supervisión oportuna y precisa, lo que reduce la eficiencia y la transparencia del mercado. A diferencia de sus homólogos —la SBS y el BCRP—, la SMV carece de independencia constitucional y sigue dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que limita su control sobre las cuestiones de presupuesto, dotación de personal e iniciativas legislativas. Para garantizar una supervisión sólida, mejorar la transparencia y respaldar las reformas de los mercado de capitales, es esencial que exista una mejor coordinación formal entre la SMV y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) —el regulador del sistema financiero, del sector asegurador y de los fondos de pensiones privados— y el Banco Central (BCRP), así como una mayor capacidad institucional de la SMV y medidas para reforzar su independencia operativa y su autoridad legislativa.
2.3.3. Avanzar en la integración regional
Si se consiguiera una mayor integración regional de los mercados de capitales a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), se podría ampliar el acceso de los inversores, mejorar la liquidez del mercado y diversificar el financiamiento de las empresas peruanas. Chile, Colombia y Perú (miembros del MILA) están trabajando juntos para lograr la plena integración de sus mercados en el marco de la plataforma de negociación unificada Nuam. El objetivo es crear un mercado más grande y atractivo para los inversores internacionales y proporcionar a las empresas mayores fuentes de financiamiento, permitiendo la negociación transfronteriza de valores. Sin embargo, los avances han sido limitados debido a los importantes retos operativos, regulatorios y políticos, entre los que figuran las diferencias en los regímenes tributarios y los procesos de liquidación, las divergencias en la regulación financiera y la ausencia de una moneda común, lo que introduce un riesgo cambiario. Un avance en la integración regional podría ayudar a Perú a abordar sus debilidades estructurales como la baja liquidez y la elevada concentración, conectando su mercado con otros mercados más grandes y diversificados. Entre las principales prioridades se incluyen la armonización de las normas regulatorias, la modernización de la infraestructura financiera transfronteriza y el fortalecimiento de la cooperación entre los supervisores.
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