Si bien la región ha establecido marcos de integridad que son cada vez más sólidos, garantizar su implementación eficaz y su sostenibilidad a largo plazo sigue siendo el principal desafío para la próxima década. A partir de los avances logrados, este capítulo identifica seis áreas prioritarias en las que se necesita una implementación más sólida, mayor capacidad institucional y un compromiso político sostenido para traducir las reformas en resultados tangibles, fortalecer la confianza pública y generar un mayor impacto para la ciudadanía.
La próxima década de acción para la integridad pública en América Latina y el Caribe
Resumen
A pesar de estos avances y logros, la región enfrenta algunos desafíos para lograr impacto. Para abordar estos desafíos, los países de la región pueden basarse en los avances y fortalezas presentados en el capítulo anterior. Al haber fortalecido la coordinación interinstitucional y el enfoque estratégico, los países han sentado las bases para abordar con mayor eficacia los desafíos persistentes y emergentes.
A partir de las lecciones extraídas del trabajo previo de la OCDE en la región y de los datos disponibles de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE, en las siguientes secciones se identifican seis áreas prioritarias en las que cerrar las brechas de implementación es esencial para lograr avances significativos en la región durante la próxima década: 1) Abordar la influencia indebida en la toma de decisiones públicas; 2) Empoderar a los servidores públicos; 3) Renovar la interfaz entre la ciudadanía y el gobierno; 4) Promover la integridad en los niveles subnacionales; 5) Identificar y gestionar los riesgos para la integridad, y 6) Combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de mecanismos de aplicación y sanción de la ley transparentes y eficaces. En conjunto, estas prioridades constituyen una hoja de ruta para la acción futura que ayudará a los países de ALC a generar un impacto duradero en el avance de las reformas en materia de integridad y anticorrupción.
Además de estos desafíos, las empresas públicas se enfrentan a riesgos específicos para la integridad derivados de su participación en el mercado, sus relaciones comerciales y sus estructuras de gobernanza. Salvaguardar la integridad en las empresas públicas es fundamental para proteger los recursos públicos, garantizar que sus actividades se ajusten a sus fines de interés público y mantener la confianza. Aunque este informe no examina estas cuestiones en detalle, los países de ALC podrían reforzar las salvaguardas basadas en riesgos, entre ellas, los procesos transparentes y basados en el mérito para el nombramiento de los miembros de los consejos de administración, la gestión de los conflictos de intereses, los controles internos eficaces y mecanismos claros de rendición de cuentas.
Además, un desafío común a escala mundial, también presente en los países de ALC, es mantener los avances logrados en las políticas de integridad y gobierno abierto. Las reformas en estas áreas requieren enfoques que trasciendan los ciclos de gobierno, y se necesitan esfuerzos continuos y graduales para lograr un impacto significativo y duradero. Sin embargo, con mucha frecuencia, los gobiernos sucesivos no aprovechan los avances logrados por sus predecesores o, peor aún, adoptan políticas que socavan o revierten dichos avances. Esto pone en peligro el éxito a largo plazo de las reformas. En ocasiones, las consideraciones políticas pueden sesgar las decisiones de política pública hacia logros visibles y de corto plazo, en detrimento de reformas fundamentales, aunque más difíciles o de largo plazo; esto puede resultar especialmente problemático cuando las soluciones políticamente viables no abordan las causas profundas ni garantizan la sostenibilidad de las reformas.
La toma de decisiones públicas puede ser influenciada con el fin de reflejar intereses particulares en lugar del interés público. El financiamiento político presenta una de las mayores brechas de implementación en los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE: 41 puntos porcentuales en los países de ALC, frente a 19 puntos en los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC. El cabildeo destaca como una de las áreas menos reguladas en la región. La gestión de conflictos de intereses sigue siendo un desafío a pesar de las normativas y políticas existentes. Por lo tanto, abordar estas áreas sigue siendo una prioridad clave en la región.
La influencia indebida en la toma de decisiones públicas sigue siendo una vulnerabilidad clave en la región (OCDE, 2018[5]) y se refleja en la percepción de las personas de que los intereses particulares alejan las políticas públicas del interés general. Casi la mitad de las personas en ALC (el 49 %) considera que los altos cargos políticos no rechazarían incentivos del sector privado a cambio de favores políticos (OCDE, 2025[2]). Los intereses particulares pueden tener motivaciones económicas, políticas o delictivas. En algunos países, el crimen organizado genera riesgos especialmente graves de influencia indebida y captura institucional, entre otras vías, mediante la contratación pública, las decisiones regulatorias, la infiltración en las instituciones públicas y la intimidación de los servidores públicos. Los controles preventivos basados en riesgos, la protección de los servidores públicos expuestos a amenazas y el intercambio de información entre las autoridades competentes pueden reforzar la resiliencia institucional.
La captura de las decisiones públicas suele comenzar durante los procesos electorales, con el fin de influir indebidamente en los resultados y asegurar que los ganadores tengan que "devolver" el apoyo recibido durante sus campañas. Una vez en el cargo, los intereses particulares pueden seguir influyendo en las políticas públicas. Esta influencia puede ejercerse de manera íntegra y transparente, a través de actividades de cabildeo reguladas que permitan la rendición de cuentas; o por el contrario, en la sombra, a través de canales opacos. Por último, gestionar los conflictos de intereses es esencial para salvaguardar la integridad de la toma de decisiones públicas y garantizar que los servidores públicos actúen en favor del interés público.
2.2.1. Financiamiento político e integridad electoral
El financiamiento político es un elemento esencial del proceso democrático, ya que permite la participación política, la competencia y la expresión de apoyo durante las elecciones. Sin embargo, sin las salvaguardas adecuadas, las contribuciones políticas pueden convertirse en un vehículo de influencia indebida, lo que plantea graves riesgos para la integridad de los resultados electorales y de la toma de decisiones posterior.
Según los PII, la región de ALC supera a los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC en el cumplimiento de los criterios relativos a marcos normativos sobre financiamiento político, ya que cumple en promedio el 89 % de los criterios, frente al 74 % de los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC (Figura 2.1). Por ejemplo, todos los países de ALC cuentan con marcos normativos que incluyen sanciones proporcionales por el incumplimiento de las normas sobre financiamiento político y campañas electorales, así como prohibiciones de contribuciones procedentes de Estados y empresas extranjeros y de empresas de propiedad pública. 11 de 14 países de ALC también han establecido límites de gastos a campañas electorales para partidos y candidatos. Sin embargo, solo 5 de 14 lo han hecho para las campañas de terceros, es decir, las actividades realizadas por partes interesadas y grupos de interés que participan en las campañas electorales, pero que no se presentan formalmente a las elecciones. Así, los límites de gasto para terceros siguen sin estar regulados en gran medida, a pesar de los importantes riesgos de influencia indebida (OCDE, 2021[17]).
No obstante, a pesar de unas salvaguardas normativas en general sólidas, la región de ALC presenta un menor cumplimiento de los criterios relativos a su implementación en la práctica, con un 48 % de los criterios cumplidos, frente al 54 % de los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC. Por ejemplo, aunque todos los países de ALC exigen a los partidos políticos y a los candidatos que informen sobre sus finanzas (tanto ingresos como gastos) durante las campañas electorales, solo en 5 de 14 países de ALC todos los partidos políticos representados en el Congreso han presentado sus cuentas anuales dentro de los plazos establecidos por la legislación nacional en los últimos cinco años. Más preocupante aún es que solo en 4 de 14 países de ALC todos los partidos políticos representados en el Congreso han presentado a tiempo las cuentas relacionadas con las elecciones en los dos últimos ciclos electorales. Solo 7 de 14 países de ALC publican los informes financieros de todos los partidos políticos representados en el Congreso, y apenas 6 de 14 ponen esta información a disposición a través de una única plataforma en línea fácil de usar, lo que pone de manifiesto un importante margen de mejora para fortalecer la transparencia en toda la región. En materia de transparencia, Colombia, Guatemala y México constituyen excepciones destacables que podrían servir de inspiración para otros países. Por ejemplo, el sitio web del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Cuentas Claras, ofrece información de fácil acceso sobre los ingresos y gastos anuales de todas las organizaciones políticas.
Nota: No se dispone de datos de Uruguay. El grupo de países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC corresponde al promedio de los datos disponibles de los países miembros de la OCDE, excluidos los datos de los cuatro países miembros de ALC: Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Fuente: Base de datos de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 16 de septiembre de 2026).
Además, los expertos perciben que la compra de votos es más común en ALC que en los países miembros de la OCDE (Figura 2.2). La compra de votos puede distorsionar los resultados electorales y disminuir la confianza en los procesos democráticos. Si bien se lograron algunos avances desde la década de 1980, éstos se han estancado e incluso muestran una ligera regresión desde 2005. Por lo tanto, es importante que los países de ALC garanticen la transparencia sobre quién puede hacer donaciones a los partidos políticos y en qué condiciones (cuándo, cuánto y por qué medios), cómo se utilizan los fondos de campaña y qué trato reciben los electores y los donantes institucionales después de las elecciones. Con ese fin, las instituciones de transparencia y electorales deberían contar con el mandato y los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones financieras, cooperar con otras entidades pertinentes y aplicar sanciones cuando sea necesario.
Estimaciones de compra de votos en las elecciones, en las que los valores más bajos indican una mayor compra de votos
Nota: En el caso de la compra de votos, el índice refleja las respuestas a la pregunta "En estas elecciones nacionales, ¿hubo evidencia de compra de votos o de participación?", cuyas respuestas iban desde "Sí. Hubo una compra sistemática, generalizada y casi a nivel nacional de votos o de participación por parte de casi todos los partidos y candidatos" hasta "Ninguna. No hubo ninguna evidencia de compra de votos o de participación".
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Variedades de la Democracia (V-Dem): https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/. La metodología utilizada para recopilar los datos y elaborar los índices está disponible en su sitio web.
2.2.2. Transparencia e integridad en materia de cabildeo
El cabildeo es una parte natural del proceso democrático, pero debe regularse adecuadamente para establecer salvaguardas que garanticen que los intereses pertinentes estén representados de manera equitativa en la formulación de políticas públicas y que las actividades de cabildeo se realicen dentro de los límites de la transparencia y la integridad. La transparencia sobre quiénes ejercen influencia en los responsables de la toma de decisiones debe reforzarse mediante una mayor trazabilidad de las pruebas, los intereses y las consideraciones que fundamentan las decisiones públicas, así como de los motivos que las sustentan. Esto puede facilitar el escrutinio de posibles casos de influencia indebida, sin dejar de reconocer la participación legítima de las partes interesadas.
En la región de ALC, al igual que en la OCDE, el cabildeo sigue siendo una de las áreas menos reguladas de la integridad pública. Sin embargo, la brecha normativa es especialmente pronunciada en ALC. En promedio, los países de la región cumplen solo el 23 % de los criterios normativos estándar sobre cabildeo y apenas el 10 % de los criterios estándar en la práctica (Figura 2.3). En cambio, los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC cumplen el 42 % de dichos criterios normativos y el 37 % de los criterios prácticos (Figura 2.3). Incluso elementos básicos de un marco de cabildeo suelen estar ausentes en ALC: solo 5 de 14 países de ALC han definido jurídicamente qué se entiende por actividades de cabildeo y quién tiene la condición de cabildero. Además, ningún país de ALC ha establecido en su marco normativo periodos de inhabilidad para prevenir conflictos de intereses cuando los cabilderos pasan a ocupar cargos públicos, y solo dos países (Chile y México) han establecido sanciones proporcionadas por el incumplimiento de los estándares de transparencia e integridad en el cabildeo. En general, Chile constituye una excepción destacable y sigue trabajando en el fortalecimiento de su legislación. En Perú, existen sanciones para los servidores públicos que realizan actividades de cabildeo.
Nota: No se dispone de datos de Uruguay. El grupo de países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC corresponde al promedio de los datos disponibles de los países miembros de la OCDE, excluidos los datos de los cuatro países miembros de ALC: Chile, Colombia, Costa Rica y México. México regula el cabildeo exclusivamente a través de los reglamentos del Congreso de la Unión, según el cual, los cabilderos deben registrarse para acceder a una o ambas cámaras del Congreso. Argentina y Brasil limitan la regulación del cabildeo a decretos o regímenes administrativos que solo se aplican al poder ejecutivo. Todos los demás países regulan el cabildeo principalmente a través de la legislación primaria, ya sea en leyes específicas sobre cabildeo o en leyes más amplias sobre integridad y transparencia. Estos enfoques no se excluyen mutuamente, ya que la legislación primaria se complementa a veces con normas específicas del sector, como códigos de conducta parlamentarios o requisitos de acceso adicionales.
Fuente: Base de datos de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 16 de septiembre de 2026).
2.2.3. Gestión de conflictos de intereses
La gestión de los conflictos de intereses sigue siendo un desafío clave en toda la región. Según los PII, las salvaguardas normativas están generalizadas: 13 de 14 países han establecido normas sobre incompatibilidades, todos han establecido requisitos de declaración de bienes y renta o de intereses, o de ambas, y la mitad ha introducido mecanismos de supervisión. De hecho, la región de ALC supera a los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC en el cumplimiento de los criterios normativos estándar sobre conflictos de intereses, con un cumplimiento promedio del 94 %, frente al 77 %. Sin embargo, persisten las brechas de implementación. En lo que respecta a la práctica, los países de ALC muestran un desempeño ligeramente inferior al de los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC, con un cumplimiento promedio del 41 %, frente al 42 %. Por lo tanto, en promedio, los países de ALC presentan una brecha de implementación de 53 puntos porcentuales, lo que muestra la necesidad de fortalecer la implementación (Figura 2.4).
Esta brecha de implementación en materia de conflictos de intereses obedece a distintos problemas. En primer lugar, las tasas de presentación de las declaraciones de intereses siguen siendo bajas en todas las categorías de servidores públicos (incluidos los miembros del Gobierno, los miembros del poder legislativo, los miembros del máximo órgano del poder judicial y los altos funcionarios recién electos o reelectos). Por ejemplo, solo el 42 % de los países de ALC alcanzó una tasa de presentación del 100 % por parte de los miembros del Gobierno en los últimos seis años. En segundo lugar, la verificación sigue siendo limitada, lo que pone de relieve la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos de supervisión. Según los PII, solo 5 de 13 países de ALC seleccionan las declaraciones de intereses que se verificarán con base en un enfoque basado en el riesgo. Esto puede limitar la capacidad de las autoridades competentes para identificar y priorizar la verificación de las declaraciones de intereses que presentan un mayor riesgo de conflicto de intereses. En tercer lugar, la autoridad competente ha emitido recomendaciones para resolver situaciones de conflicto de intereses en todos los casos de conflicto de intereses detectados en los últimos tres años en solo 4 de 13 países de ALC, lo que significa que no se están aprovechando plenamente las oportunidades de evitar que una situación de conflicto de intereses se convierta en una infracción de la integridad. Por último, si bien las medidas preventivas son clave, un marco eficaz en materia de conflictos de intereses también debería recurrir a sanciones que sean proporcionales a la infracción y se apliquen de forma justa, objetiva y oportuna. Sin embargo, solo 6 de 13 países de ALC imponen sanciones de distinta proporción en caso de infracción.
Esto pone de relieve la necesidad de seguir fortaleciendo el entendimiento de los conflictos de intereses y de ir más allá de la normativa para aprovechar plenamente el potencial de los marcos en materia de conflictos de intereses para identificar, prevenir y gestionar las situaciones en las que los intereses privados de los servidores públicos podrían influir, o podría percibirse que influyen, de manera indebida en el desempeño de sus funciones oficiales. Esto incluye proporcionar a los servidores públicos asesoramiento y orientación accesibles en materia de ética, promover la declaración oportuna de intereses privados y de posibles situaciones de conflicto de intereses, y garantizar que los conflictos reales, aparentes y potenciales se identifiquen y gestionen adecuadamente antes de que den lugar a faltas a la integridad. Un marco sólido en materia de conflictos de intereses exige que los países no solo incorporen sus sistemas en la normativa, sino que también garanticen el cumplimiento de las responsabilidades en la práctica.
Nota: No se dispone de datos de Uruguay. El grupo de países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC corresponde al promedio de los datos disponibles de los países miembros de la OCDE, excluidos los datos de los cuatro países miembros de ALC: Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Fuente: Base de datos de Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 16 de septiembre de 2026).
Las orientaciones claras y la capacitación en integridad son clave para promover culturas organizacionales de integridad en el sector público, y los países de la región han realizado significativos esfuerzos en estos ámbitos. Sin embargo, las debilidades estructurales del empleo público constituyen una amenaza para lograr dicho cambio cultural y, por lo tanto, deberían ser una prioridad máxima para demostrar el compromiso con resultados sostenibles.
Si el acuerdo institucional de un sistema de integridad es la columna vertebral que permite y sostiene la implementación de las políticas de integridad, los servidores públicos son su corazón y su alma. Las instituciones por sí solas no pueden garantizar una conducta ética, hacer respetar los estándares de integridad ni aplicar correctamente los instrumentos o procedimientos de políticas. La integridad pública también requiere que las personas actúen de manera diferente para lograr un cambio a largo plazo.
Sin embargo, las debilidades estructurales del empleo público siguen siendo un obstáculo para la institucionalización de la integridad en la región (OCDE, 2019[18]). Más allá de algunos avances, la eficacia de las políticas relacionadas con la integridad suele verse socavada por la politización, la alta rotación del personal y el recurso frecuente a contratos temporales para funciones permanentes. Estos factores no solo debilitan la independencia profesional de los servidores públicos, sino que también erosionan la estabilidad administrativa necesaria para generar confianza y responsabilidad. Por ejemplo, la contratación basada en el mérito sigue siendo desigual entre las administraciones de ALC, especialmente en los niveles de alta dirección, donde los nombramientos siguen siendo con frecuencia discrecionales. Según la Encuesta de la OCDE-BID sobre Liderazgo y Capacidad en la Función Pública, 11 de los 15 países de ALC encuestados (73 %) nombraron directamente a cargos de alta dirección sin un proceso de selección competitivo en 2022 (OCDE, 2024[7]). Esto ilustra los desafíos que enfrentan algunas administraciones públicas para garantizar que la selección y nombramiento de personal se base en el mérito.
Además, más allá de estos desafíos generales relacionados con el empleo público, la persistencia de prácticas clientelares supone un riesgo adicional para la integridad, ya que distorsiona la toma de decisiones administrativas, debilita la autonomía institucional y socava el principio de igualdad en el acceso al empleo público. Si bien el indicador de V-Dem presentado en la Figura 2.5 sugiere que el clientelismo alcanzó si nivel más bajo en la región entre 2002 y 2011, también apunta a un lento aumento desde 2005.
Los valores más altos indican un mayor clientelismo
Nota: El índice de clientelismo se construyó en una escala de menor a mayor (0-1) mediante la agregación de datos sobre la compra de votos, la distribución de bienes particularistas frente a bienes públicos y el carácter programático o clientelar de los vínculos partidistas. Ambas estimaciones se basan en entrevistas a expertos y abarcan más de 160 países (Lundstedt and Edgell, 2020[19]).
Fuente: Basado en datos de Variedades de la Democracia (V-Dem): https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/. La metodología utilizada para recopilar los datos y elaborar los índices está disponible en su sitio web.
Además, cuando las personas en ALC evalúan sus interacciones cotidianas con las instituciones públicas, persisten las preocupaciones sobre la equidad y la integridad. Solo el 36 % de los encuestados en los países de ALC cree que su solicitud a ayudas gubernamentales se trataría de manera justa, el 38 % cree que los empleados públicos tratan a todas las personas por igual y el 31 % cree que los empleados públicos rechazarían un soborno, frente al 52 %, el 45 % y el 36 %, respectivamente, en los países miembros de la OCDE (OCDE, 2025[2]). Más allá de las normas formales y de los mecanismos de cumplimiento, la integridad depende de las decisiones cotidianas, de los valores compartidos y de un liderazgo que sirva como modelo de comportamiento ético. Incorporar los principios de una función pública impulsada por valores y basada en el mérito a la cultura de la administración pública requiere un esfuerzo y un refuerzo continuos en todos los niveles de gobierno.
La región de ALC ha avanzado significativamente en la promoción de culturas organizacionales de integridad mediante una serie de medidas complementarias que se refuerzan unas a otras con el tiempo. Algunos ejemplos son la elaboración participativa de valores del servicio público y de códigos de conducta en materia de integridad en países como Brasil y Colombia, la elaboración de directrices claras sobre conflictos de intereses y prevención de la corrupción en Costa Rica, las campañas de sensibilización para servidores públicos basadas en conocimientos conductuales en México y los esfuerzos para promover el liderazgo en integridad mediante capacitaciones especializadas y redes en Brasil.
Sin embargo, se necesitan esfuerzos adicionales. En primer lugar, es necesario abordar las debilidades estructurales del empleo público mencionadas anteriormente. Abordar estos desafíos es una prioridad para crear un terreno fértil en el que las culturas organizacionales de integridad puedan prosperar en toda la administración pública.
En segundo lugar, fortalecer las culturas de integridad requiere comprender mejor los factores conductuales que influyen en la forma en que los servidores públicos toman decisiones éticas y en cómo implementan en la práctica las políticas de integridad. Una perspectiva basada en los conocimientos conductuales puede ayudar a identificar los obstáculos y los factores que favorecen la conducta ética, así como a mejorar la adopción y la eficacia de medidas como la gestión de riesgos para la integridad, la gestión de los conflictos de intereses, las declaraciones de bienes y renta, las políticas sobre obsequios, los informes de auditoría o los registros de cabildeo, lo que favorece un cambio de comportamiento más eficaz y sostenible en todo el sector público (OCDE, 2018[20]).
Por último, construir y mantener una cultura de integridad en el sector público requiere una inversión sostenida en las competencias, las capacidades y el desarrollo profesional de los servidores públicos, que les permita ejercer un criterio sólido, defender los valores públicos y adaptarse a los riesgos y oportunidades emergentes. Esto incluye invertir en iniciativas que doten a los servidores públicos de los conocimientos, las aptitudes y las competencias necesarias para afrontar dilemas éticos, ejercer un criterio sólido e integrar los valores del servicio público en la toma de decisiones cotidianas, complementando los enfoques de cumplimiento basados en normas. También implica fomentar entornos organizacionales que permitan a los servidores públicos solicitar asesoramiento ante dilemas éticos y plantear inquietudes relacionadas con la integridad a través de los canales adecuados, sin temor a represalias.
En lo que respecta a los riesgos y las oportunidades emergentes, las competencias y capacidades adquieren especial importancia en el contexto de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA). Las brechas en las competencias siguen siendo el obstáculo que se cita con mayor frecuencia para la adopción de la IA en el gobierno, afectan a todas las funciones y alimentan la resistencia al cambio (Heyaca and Pallotta, 2026[15]). Sin suficiente experiencia interna, los gobiernos tienen dificultades para diseñar una capacitación eficaz, así como para contratar y retener talento, lo que genera un ciclo de dependencia que se refuerza a sí mismo. Como resultado, los organismos públicos corren el riesgo de limitarse a reaccionar ante el cambio tecnológico en lugar de configurarlo, mientras que las instituciones de auditoría que no puedan demostrar un uso eficaz y autónomo de la IA también podrían tener dificultades para ofrecer una evaluación creíble de su uso por parte del gobierno a largo plazo.
Las reformas de gobierno abierto pueden contribuir a la integridad pública y a la lucha contra la corrupción al permitir que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores no estatales participen en la toma de decisiones públicas, examinen la acción del gobierno y contribuyan a la identificación de los riesgos para la integridad. Para lograr un mayor impacto, los países de ALC deben ir más allá de las iniciativas fragmentadas, fortalecer una participación significativa e inclusiva, proteger el espacio cívico y mejorar la implementación. Los enfoques más integrados y basados en la evidencia pueden ayudar a traducir la apertura en salvaguardas contra la corrupción y la influencia indebida, así como en una mayor rendición de cuentas, capacidad de respuesta y confianza pública.
La participación ciudadana y el compromiso cívico son componentes importantes de un sistema integral de integridad pública. La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública invita a un enfoque que abarque a toda la sociedad en el que los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las personas compartan la responsabilidad de defender la integridad pública. Este enfoque reconoce que las interacciones entre las instituciones públicas y las partes interesadas externas pueden generar tanto oportunidades para una mayor rendición de cuentas como riesgos para la integridad. Por lo tanto, una participación significativa puede ayudar a incorporar perspectivas diversas en la toma de decisiones públicas, identificar posibles riesgos para la integridad y permitir que los actores externos examinen cómo se gestionan las decisiones y los recursos públicos.
Al mismo tiempo, la participación ciudadana y el compromiso ciudadano pueden contribuir a la confianza pública, al permitir que la ciudadanía, tanto a título individual como a través de grupos organizados e intereses colectivos, contribuya a la toma de decisiones públicas y ayude a las instituciones públicas a comprender mejor las necesidades de la sociedad y a responder a ellas, lo que favorece políticas públicas que mejoran el bienestar económico y social. Al igual que en los países miembros de la OCDE, en los países de ALC la sensación de las personas de "tener voz" en lo que hacen los gobiernos está más fuertemente asociada a las diferencias en la confianza pública que cualquier característica socioeconómica o demográfica. En ALC, el 66 % de quienes sienten que las personas como ellas tienen voz en lo que hace el gobierno manifiesta una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno, mientras que la proporción de encuestados que afirman confiar en su gobierno nacional cae drásticamente a aproximadamente el 21 % entre quienes sienten que carecen de voz política (OCDE, 2025[2]), lo que supone una brecha de confianza de 45 puntos porcentuales, frente a 47 puntos porcentuales en los países miembros de la OCDE (OCDE, 2026[21]).
2.4.1. Participación ciudadana
Para fortalecer la contribución del gobierno abierto a la integridad pública y promover la confianza pública, los gobiernos podrían adoptar estrategias que incorporen los principios de gobierno abierto en toda la gobernanza pública y los alineen estrechamente con marcos de integridad más amplios. En lugar de depender de iniciativas fragmentadas, aunque innovadoras, una estrategia coherente puede reunir los esfuerzos existentes en torno a una visión compartida y garantizar la alineación y la coherencia entre las instituciones y otras agendas pertinentes. Demostrar el impacto del gobierno abierto también requiere pasar de casos de éxito anecdóticos a una evaluación rigurosa y basada en la evidencia. Así, los gobiernos de ALC y de todos los países miembros de la OCDE podrían invertir en mejores sistemas de seguimiento y evaluación que reflejen, por ejemplo, cómo contribuye la participación ciudadana a la integridad pública, a la mejora de la prestación de servicios y a la confianza en el gobierno. Los mecanismos de retroalimentación mediante los cuales las instituciones públicas explican cómo se han tenido en cuenta los aportes de la ciudadanía también pueden contribuir a que la participación se traduzca en una mayor capacidad de respuesta y una mayor rendición de cuentas.
También persisten desafíos en toda la región para lograr una participación ciudadana más significativa. Si bien los países de ALC han adoptado regulaciones y marcos de políticas específicos para promover la participación ciudadana, la implementación sigue siendo fragmentada entre sectores, como el de medioambiente y el de infraestructura (OCDE, 2024[7]). En la práctica, la ciudadanía también sigue señalando un acceso limitado o desigual a las oportunidades de participación (V-DEM, 2025[22]). Esta brecha entre los compromisos escritos y su implementación de facto pone de relieve la necesidad no solo de fortalecer el entorno propicio para la participación ciudadana, sino también de mejorar las capacidades de gobernanza dentro de la administración pública e institucionalizar la participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas, desde la fijación de la agenda hasta la implementación y la evaluación (V-DEM, 2025[22]).
Brasil ofrece un ejemplo de cómo los arreglos institucionales pueden ayudar a llevar la participación más allá de las iniciativas aisladas. La Secretaría Nacional de Participación Social, establecida dentro de la Secretaría General de la Presidencia, constituye un mecanismo institucional para coordinar los procesos participativos, realizar investigaciones y articular las instancias participativas en todo el gobierno federal. Con el respaldo de este marco institucional, Brasil ha combinado canales institucionales, territoriales y digitales para involucrar a la ciudadanía a gran escala en la definición de prioridades políticas estratégicas, entre ellas la elaboración del Plan Plurianual 2024-27 y de los planes nacionales de clima y de cultura. Esto ilustra cómo acuerdos de gobernanza específicos pueden ayudar a llevar la participación más allá de las iniciativas fragmentadas e integrarla de forma más sostenible en la gobernanza pública.
2.4.2. Espacio cívico
El espacio cívico está sometido a una creciente presión en todo el mundo, incluyendo en ALC (OCDE, 2022[23]; OCDE, 2025[8]). Dado que una participación eficaz depende de la capacidad de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil para organizarse, expresar sus opiniones, examinar la acción pública y participar de forma libre y segura en la vida pública, fortalecer únicamente los mecanismos de participación no es suficiente. Por lo tanto, una participación ciudadana significativa se basa en un espacio cívico sólido y protegido (OCDE, 2022[23]). Solo cuando el espacio cívico está protegido y se fomenta activamente, las personas y las partes interesadas de la sociedad civil pueden participar en la vida pública, abogar por el cambio sin temor a represalias y contribuir a la rendición de cuentas pública. También permite que las comunidades se movilicen en torno a intereses comunes y planteen sus preocupaciones y opiniones sobre los problemas de política pública, sus efectos y las posibles formas de abordarlos. A su vez, un espacio cívico abierto e inclusivo puede fomentar una participación más activa, fortalecer el escrutinio externo y ayudar a los gobiernos a entender mejor las distintas preocupaciones de la sociedad, así como anticipar las tensiones emergentes.
En 2025, la OCDE publicó un estudio regional sobre el espacio cívico en la región de ALC, basado en datos recopilados en 13 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay). Entre las principales conclusiones figuran las siguientes (OCDE, 2025[8]):
Las políticas en materia de espacio cívico siguen siendo fragmentadas. Los esfuerzos de los gobiernos de ALC para proteger el espacio cívico suelen estar a cargo de una variedad de instituciones públicas o ministerios y, a menudo, son desarticulados y aislados. Por ello, los países de la región pueden beneficiarse de la adopción de un enfoque más integral y coordinado del espacio cívico. Por ejemplo, la República Dominicana elaboró la primera Estrategia de Espacio Cívico, basada en cinco pilares fundamentales: fortalecer un entorno propicio para la sociedad civil; promover la participación ciudadana; proteger la libertad de reunión, la protesta pacífica y los derechos humanos; garantizar el acceso a la información, la libertad de prensa y combatir la desinformación, y crear un espacio cívico digital (OCDE, 2025[8]).
La libertad de expresión requiere una protección eficaz en la práctica. Aunque la libertad de expresión está garantizada constitucionalmente en los 13 países de ALC analizados, persisten desafíos para asegurar la plena realización y protección de este derecho. En particular, las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) constituyen una importante preocupación. Los países de la región siguen careciendo de datos sólidos sobre la incidencia de las SLAPP y de protecciones legales específicas para las personas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los medios de comunicación que son objeto de estas demandas (OCDE, 2025[8]).
Garantizar respuestas proporcionadas y responsables ante las manifestaciones. Si bien la libertad de reunión pacífica está permitida y es facilitada en todos los países de ALC encuestados, persisten desafíos, particularmente para garantizar el uso proporcional de la fuerza contra los manifestantes durante las manifestaciones multitudinarias. Además, la mayoría de los países de ALC carecen de leyes específicas que regulen la libertad de reunión pacífica más allá de su reconocimiento constitucional (OCDE, 2025[8]). Abordar estos problemas y, por tanto, proteger las reuniones requiere normas, protocolos y mecanismos de rendición de cuentas específicos. También es fundamental establecer canales de diálogo entre los manifestantes y el gobierno y adoptar tácticas de desescalamiento (OCDE, 2025[8]).
Es importante un entorno propicio para la sociedad civil en materia de rendición de cuentas pública. Los gobiernos también pueden seguir fortaleciendo los marcos legales, normativos y políticos que crean un entorno propicio para las OSC, entre otras cosas mediante la elaboración de estrategias generales para las OSC. En varios países de ALC, ciertas normativas gravosas, como los procedimientos y costos de registro, obstaculizan la plena realización del derecho a la libertad de asociación. Alinear los marcos nacionales con los estándares internacionales y simplificar los procesos administrativos, además de garantizar un acceso equitativo al financiamiento, permitiría a las OSC contribuir de manera más eficaz a la vida pública (OCDE, 2025[8]).
No existe una solución única para todos. Los marcos de integridad deben tener en cuenta la diversidad de riesgos, capacidades y recursos para garantizar la cobertura de todo el territorio y lograr un impacto visible para toda la ciudadanía. Las primeras buenas prácticas de la región son prometedoras, pero una inversión más estratégica para abordar los desafíos subnacionales debería ser una prioridad para la región de ALC en los próximos años.
Para construir una cultura de integridad, es clave llegar al nivel territorial, especialmente a los municipios. Dadas sus responsabilidades en la prestación de servicios públicos y la regulación del desarrollo local (como la educación, la salud, la gestión de residuos, el otorgamiento de licencias y permisos o la realización de inspecciones), los municipios son especialmente vulnerables a las prácticas corruptas. Las particularidades locales pueden agravar aún más estos riesgos; por ejemplo, los municipios con puertos pueden presentar riesgos para la integridad asociados al crimen organizado, mientras que los municipios con recursos naturales pueden presentar riesgos para la integridad relacionados con la tala o la minería ilegales. Asimismo, los municipios varían considerablemente en cuanto a tamaño, capacidades y recursos, lo que dificulta prevenir y controlar eficazmente la corrupción en la contratación pública o en la construcción, por ejemplo.
Estas especificidades requieren políticas de integridad diferenciadas que respondan a las realidades locales (OCDE, 2019[18]). Al mismo tiempo, la proximidad de los gobiernos locales a las necesidades y realidades cotidianas de la ciudadanía, así como sus frecuentes interacciones con el público, tiene el potencial de reforzar las percepciones positivas y aumentar la confianza pública. Si bien la confianza promedio en los gobiernos locales y en los gobiernos nacionales es similar en la región de ALC (37 % y 35 %, respectivamente) (OCDE, 2025[2]), sigue existiendo un significativo potencial para aumentar la confianza a nivel local. Por ejemplo, la continuidad de los esfuerzos para garantizar la equidad y ampliar las oportunidades de participación podría generar mejoras significativas en la confianza de la ciudadanía en el gobierno local.
Sin embargo, por lo general, las políticas de integridad no se diseñan ni se implementan de esta manera diferenciada. Por el contrario, suelen establecerse a nivel nacional, siguiendo patrones homogéneos, sin tener en cuenta las diferencias de los contextos locales ni las capacidades de los gobiernos locales. Por tanto, promover la integridad en el ámbito subnacional requiere adoptar enfoques proporcionales al tamaño, las funciones, las capacidades y los riesgos de los distintos gobiernos subnacionales, respaldados, cuando corresponda, por asistencia técnica, herramientas compartidas y cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Los países federales de la región, Argentina, Brasil y México, enfrentan un desafío adicional derivado del alto nivel de autonomía de sus gobiernos subnacionales. Según los datos recopilados a través de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE, en los países de ALC sólo el 57 % de los planes de acción de integridad incluyen actividades de colaboración con instituciones del nivel subnacional (lo que corresponde a 8 de 14 países de ALC).
No obstante, los países de ALC reconocen y abordan cada vez más este desafío. Perú ha venido realizando esfuerzos para llegar a los municipios y apoyar la implementación de las políticas de integridad a través de su Modelo de Integridad. Costa Rica está elaborando actualmente, con el apoyo de la OCDE, un marco para promover las políticas de integridad en las municipalidades. En Colombia, la ya mencionada herramienta de integración transversal MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) proporciona criterios diferenciados de implementación y medición para las instituciones subnacionales. Brasil ha implementado iniciativas para alentar a los gobiernos subnacionales a adoptar algunas de las normas sobre integridad pública aplicadas a nivel federal, entre ellas la iniciativa "Transparencia e Integridad en Municipios y Estados" (Transparência e Integridade em Municípios e Estados, TIME Brasil) y el Programa Nacional de Prevención de la Corrupción (Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, PNPC). En México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción exige que todos los estados establezcan sus propios sistemas anticorrupción, que funcionan como parte del marco nacional, garantizando así un enfoque cohesionado y estandarizado de los esfuerzos anticorrupción en todas las entidades subnacionales. En 2025, el BID, a través de su iniciativa regional MapaInversiones, apoyó la puesta en marcha de plataformas subnacionales de transparencia en grandes ciudades colombianas, como Cali y Bogotá (Recuadro 2.1).
Aunque las reformas en materia de integridad suelen diseñarse a nivel nacional, los ciudadanos suelen percibir la actuación del gobierno a través de los servicios locales, los proyectos de infraestructura y las inversiones públicas que se ejecutan en sus comunidades. Por lo tanto, fortalecer la integridad a nivel subnacional es esencial para mejorar la rendición de cuentas, la confianza pública y la participación ciudadana.
Estas plataformas proporcionan a la ciudadanía información accesible y fácil de usar sobre las inversiones públicas y los proyectos de desarrollo local, lo que permite una mayor visibilidad sobre cómo se asignan y ejecutan los recursos públicos en sus territorios. Al combinar datos abiertos, tecnologías digitales y una transparencia centrada en la ciudadanía, estas plataformas buscan fortalecer la rendición de cuentas pública, facilitar el control social y promover una participación ciudadana más informada en la gobernanza local.
También demuestran cómo las herramientas digitales de transparencia pueden ayudar a la operacionalización de los principios de integridad más allá del nivel nacional, al acercar la información a la ciudadanía y favorecer instituciones locales con mayor capacidad de respuesta y responsabilidad. La experiencia ilustra el papel creciente de los gobiernos subnacionales en el fomento de la integridad y pone de relieve el potencial de las iniciativas digitales de transparencia para fortalecer la confianza y la supervisión donde las políticas y las inversiones públicas afectan directamente la vida cotidiana de las personas.
Fuente: (IDB, s.f.[24]).
Varios países de la región de ALC han logrado avances en el desarrollo de marcos sólidos de gestión de riesgos para la integridad, control interno y auditoría. Para lograr un impacto, es clave fortalecer la responsabilidad y la apropiación de los gerentes públicos en la gestión de riesgos y la aplicación de controles internos. La auditoría interna y externa pueden fortalecerse aún más para ofrecer supervisión y aseguramiento.
La gestión de riesgos, el control interno y la auditoría ayudan a prevenir el fraude y la corrupción al garantizar que los riesgos se gestionen eficazmente y que los objetivos organizacionales se cumplan. Estos sistemas también contribuyen a una toma de decisiones acertada, mejoran la eficiencia y ayudan a garantizar la optimización de los recursos. Además de prevenir el fraude y la corrupción, estos sistemas también desempeñan una función más amplia al identificar y mitigar los riesgos para la integridad que puedan socavar los valores del servicio público, la conducta ética o la confianza ciudadana, incluso cuando no se haya producido ningún acto de fraude o corrupción.
La región de ALC tiene un desempeño similar al de los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC, lo que indica la existencia de marcos normativos relativamente sólidos en la región, al mismo tiempo que subraya la necesidad de asegurar que estos marcos se apliquen eficazmente en la práctica. Según los datos de los PII, en promedio, los países de ALC cumplen el 72 % de los criterios normativos, pero solo el 26 % de los criterios en la práctica, frente al 68 % y el 32 %, respectivamente, en los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC (Figura 2.6).
Varios países de ALC han desarrollado metodologías de gestión de riesgos de corrupción, incluyendo Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y la República Dominicana. En total, 9 de los 11 países de ALC de los que se dispone de datos de los PII abordan explícitamente los riesgos para la integridad en sus marcos de gestión de riesgos, frente a 18 de 26 países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC con datos disponibles. 4 de los 11 países de ALC han emitido directrices sobre la evaluación de los riesgos para la integridad dirigidas a todas las instituciones del sector público, frente a 10 de 25 países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC con datos disponibles. El grado de madurez de la gestión de riesgos varía considerablemente entre los países, y mejorar la apropiación de la gestión de riesgos para la integridad por parte de los gerentes públicos continúa siendo un desafío tanto en los países de ALC como en los países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC. La investigación cualitativa subyacente que alimenta los PII sugiere que la gestión de riesgos para la integridad en los países de ALC aún no está generalizada y sigue llevándose a cabo en el marco de la auditoría interna. De manera similar, la mayoría de los países no ha establecido dentro del poder ejecutivo una institución encargada de coordinar y supervisar el sistema de control interno, y son los órganos de supervisión externa, como la Contraloría General, los que desempeñan esta función en la mayoría de los países observados.
También se requieren importantes esfuerzos de implementación para fortalecer la auditoría interna. Ninguno de los 6 países de ALC encuestados cuenta con unidades de auditoría interna dotadas de al menos dos auditores, ni con al menos un 85 % de servidores públicos que desempeñen funciones de auditoría interna con una certificación nacional o internacional en auditoría interna. También es necesario un mayor compromiso del liderazgo: solo 1 de 6 países de ALC informó que los estatutos de auditoría y los manuales de procedimientos son formalmente aplicados por los jefes de las instituciones en todas las organizaciones incluidas en la muestra, y que los informes de auditoría interna se presentan directamente a dichos líderes.
Las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) pueden contribuir al fortalecimiento de la integridad pública mediante auditorías y supervisión independientes. Ofrecen un aseguramiento y un asesoramiento objetivos sobre la gestión de los recursos públicos, lo que ayuda a identificar vulnerabilidades a la corrupción, debilidades en los sistemas de control interno y deficiencias en los programas gubernamentales. Las EFS pueden realizar auditorías de cumplimiento o de desempeño para examinar la eficacia de mecanismos clave de integridad, como los códigos de conducta, los marcos legales en materia de conflictos de intereses, los sistemas de declaración de bienes y renta, los mecanismos de protección de los denunciantes y las estrategias de integridad. También pueden evaluar si las instituciones públicas cuentan con una gestión de riesgos eficaz y controles para identificar, gestionar y mitigar los riesgos para la integridad, y si los mecanismos de supervisión promueven la conducta ética y la rendición de cuentas. Yendo un paso más allá, las EFS también pueden basarse en los resultados de auditoría acumulados para generar información sobre patrones transversales, causas raíz y riesgos emergentes que afectan a los sistemas de integridad pública.
Nota: No se dispone de datos de Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. El grupo de países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC corresponde al promedio de los datos disponibles de los países miembros de la OCDE, excluidos los datos de los cuatro países miembros de ALC: Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Fuente: Base de datos de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 16 de septiembre de 2026).
A pesar de algunos avances, la impunidad sigue siendo un desafío en toda la región. La cooperación internacional para combatir la corrupción transnacional ha avanzado y algunos países han logrado fortalecer sus marcos de responsabilidad de las personas jurídicas, perfeccionar sus procesos disciplinarios y mejorar las capacidades de sus autoridades encargadas de la aplicación y sanción de la ley. En los próximos años, será clave seguir avanzando sobre la base estos esfuerzos, así como promover la coordinación y proteger la independencia del poder judicial y la capacidad de aplicación y sanción de la ley.
Abordar la impunidad requiere más que marcos legales sólidos; también depende de la capacidad de las instituciones para investigar, enjuiciar y resolver los casos de manera eficaz. En los últimos años, la creciente preocupación por el crimen organizado, los flujos financieros ilícitos y las redes delictivas transnacionales ha reforzado la necesidad de mecanismos de aplicación y sanción de la ley más sólidos y de una mayor cooperación regional.
Como reflejo de esta tendencia, en 2024 los países de América Latina y el Caribe pusieron en marcha la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo con el apoyo del BID. La Alianza promueve enfoques basados en la evidencia para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, reducir los flujos financieros y los mercados ilícitos y mejorar la cooperación entre países e instituciones. Estos esfuerzos ilustran el creciente reconocimiento de que combatir la impunidad requiere respuestas institucionales coordinadas que vayan más allá de los marcos anticorrupción tradicionales y que conecten a los órganos de control, las fiscalías y los tribunales.
La aplicación y sanción eficaz y consistente de las leyes y normas demuestra que los gobiernos están comprometidos con la defensa de la integridad. Es necesario detectar las infracciones en materia de integridad y aplicar los mecanismos sancionadores para evitar la impunidad. La impunidad, aunque solo sea percibida, socava el Estado de derecho y la confianza en las instituciones, y constituye un caldo de cultivo para más prácticas poco éticas, la apatía o el cinismo. La aplicación y sanción efectiva de las normas debe respetar el debido proceso, la imparcialidad y la proporcionalidad, garantizando que la responsabilidad se determine mediante procedimientos justos y fiables, y no se deduzca únicamente a partir de acusaciones.
2.7.1. Salvaguardas para la integridad del poder judicial y de la fiscalía
Los avances en el fortalecimiento de la integridad del poder judicial y de la fiscalía, así como en la garantía de que existan salvaguardas contra la influencia indebida en la región de ALC siguen siendo desiguales. Un análisis de los informes de seguimiento por país del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, elaborados desde 2018 sobre los siete países de ALC que son partes de la Convención Anticohecho de la OCDE revela que persisten desafíos. Entre ellos figuran la insuficiencia de recursos y de conocimientos especializados, así como las amenazas constantes a la independencia de jueces y fiscales. En varias jurisdicciones, la injerencia política en el nombramiento y la destitución de fiscales y jueces, junto con la influencia indebida en las investigaciones en curso, sigue suscitando graves preocupaciones. Los datos de los PII revelan asimismo variaciones dentro de ALC y brechas persistentes entre la adopción y la implementación de las salvaguardas de integridad del sistema de justicia. Las Figura 2.7 y Figura 2.8 presentan la proporción de criterios normativos y prácticos que se cumplen en materia de integridad del poder judicial y de la fiscalía.
Nota: No se dispone de datos de Bolivia, México y Paraguay. El grupo de países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC corresponde al promedio de los datos disponibles de los países miembros de la OCDE, excluidos los datos de los cuatro países miembros de ALC: Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Fuente: Base de datos de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 16 de septiembre de 2026).
Nota: No se dispone de datos de Bolivia, Colombia y Paraguay. El grupo de países miembros de la OCDE no pertenecientes a ALC corresponde al promedio de los datos disponibles de los países miembros de la OCDE, excluidos los datos de los cuatro países miembros de ALC: Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Fuente: Base de datos de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 16 de septiembre de 2026).
Aunque los arreglos de gobernanza judicial varían considerablemente a lo largo de la región de ALC, existen desafíos comunes. La región incluye sistemas basados en elecciones populares, arreglos en los que la gobernanza está anclada en gran medida en el propio poder judicial y en órganos específicos de gobernanza judicial con distintos mandatos y composiciones. En todos estos modelos, solo en el 27 % de los países la normativa exige que los nombramientos judiciales se basen en recomendaciones de un órgano independiente. Entre las deficiencias figuran los riesgos de influencia política en la composición de estos órganos y los arreglos en los que los jueces elegidos por sus pares constituyen menos de la mitad de sus miembros. Garantizar que al menos la mitad de los miembros sean jueces elegidos por sus pares ayuda a proteger las decisiones sobre la trayectoria judicial frente a la influencia política y aporta experiencia profesional pertinente a estas decisiones. Los órganos responsables de los nombramientos y ascensos deberían funcionar con autonomía respecto de los poderes ejecutivo y legislativo, aplicar criterios claros y objetivos y regirse por normas transparentes para la selección, el nombramiento y la destitución de sus miembros. Deficiencias similares afectan a la gobernanza de la fiscalía. Los procedimientos objetivos y basados en el mérito para la selección y el ascenso de los fiscales (por ejemplo, exámenes escritos estandarizados, entrevistas ante un tribunal o elecciones justas en los sistemas en los que los fiscales son elegidos) están establecidos en las normativas solo en el 27 % de los países de ALC, donde a veces las autoridades de la fiscalía conservan una facultad discrecional de nombramiento o los procedimientos solo están establecidos en normativas secundarias o internas.
Los mecanismos de apelación en los procesos de selección y ascenso tampoco están muy extendidos en ALC. La normativa establece el derecho de los candidatos a recurrir las decisiones sobre el nombramiento y el ascenso de los jueces en el 39 % de los países miembros de la OCDE, y de los fiscales, en el 44 %. Las cifras correspondientes para ALC son de solo el 27 % para ambos grupos. Los mecanismos de recurso eficaces son una salvaguarda esencial del mérito: permiten a los candidatos impugnar decisiones arbitrarias o con vicios de procedimiento, lo que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.
Las salvaguardas que gobiernan el traslado de los jueces constituyen otra área de mejora. En el 75 % de los países miembros de la OCDE, los jueces solo pueden ser trasladados con su consentimiento o a petición propia, salvo en circunstancias específicas establecidas por la ley. Esta salvaguarda solo existe en el 64 % de los países de ALC, donde los motivos admisibles para los traslados a veces no están regulados o solo están establecidos en la normativa secundaria. Las salvaguardas jurídicas claras son importantes porque, de lo contrario, los traslados involuntarios pueden utilizarse para ejercer presión sobre los jueces, penalizar determinadas decisiones o apartarlos de casos sensibles.
La normativa sobre independencia financiera es comparativamente sólida en ALC, pero su implementación sigue siendo problemática. En el 91 % de los países evaluados, debe consultarse a las autoridades judiciales sobre la asignación de recursos, que debe seguir criterios públicamente disponibles; el 82 % ofrece salvaguardas equivalentes para las fiscalías. No obstante, se informó de déficits de financiamiento o recortes respecto de las propuestas de financiamiento aprobadas en la mitad de los poderes judiciales de la región y en el 70 % de sus fiscalías. Esta significativa brecha entre las salvaguardas formales y el financiamiento real puede socavar la autonomía operativa, agravar las limitaciones de personal y de recursos, y limitar la capacidad de las instituciones para investigar y resolver eficazmente casos complejos de corrupción.
No obstante, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho también destaca algunos avances positivos. En Brasil, las capacidades de aplicación y sanción de la ley se han fortalecido mediante capacitación, orientaciones y reformas organizacionales (OCDE, 2023[25]). En Chile, los recursos de la fiscalía y de investigación han aumentado significativamente y se han introducido tecnologías innovadoras para apoyar las investigaciones complejas (OCDE, 2018[26]).
Los datos de los PII también identifican ámbitos de gobernanza e independencia institucionales en los que los países de ALC muestran un desempeño comparativamente positivo. En todos los países de ALC evaluados salvo en uno (91 %), la normativa exige que los jueces se sometan a evaluaciones de desempeño basadas en criterios predeterminados. Cuando se realizan de forma transparente y con las salvaguardas adecuadas, estas evaluaciones pueden favorecer el desarrollo profesional y la rendición de cuentas, al tiempo que reducen el margen para las decisiones arbitrarias relativas a la trayectoria judicial. Todos los países de ALC evaluados salvo uno también han establecido unidades o equipos especializados de fiscales encargados de investigar y procesar la corrupción y los delitos financieros, entre ellos una dirección especializada en Colombia y fiscalías especializadas que operan en todo Perú. Estas estructuras pueden concentrar los conocimientos especializados, facilitar la coordinación institucional y fortalecer la capacidad para manejar casos complejos. Por último, todas las fiscalías también publican periódicamente informes de desempeño, lo que favorece la transparencia y permite el escrutinio público de sus actividades y resultados.
2.7.2. Estándares de conducta y mecanismos de denuncia en el sistema de justicia
Unas normas de integridad y estándares de conducta claros ayudan a jueces y fiscales a identificar y gestionar los dilemas éticos, y proporcionan una base para abordar las conductas indebidas. Estas salvaguardas están ampliamente establecidas en toda la región: Los datos de los PII muestran que existen estándares de conducta disponibles y aplicables en el 91 % de los países evaluados, tanto para jueces como para fiscales. La normativa también suele definir las situaciones de conflicto de intereses para los fiscales (73 %), los jueces (64 %) y los empleados de los tribunales (55 %). Además, todos los países evaluados establecen causales y procedimientos para la recusación de los jueces, y el 90 % lo hace para los fiscales.
Sin embargo, la implementación sigue siendo motivo de preocupación, ya que los mecanismos institucionales, las orientaciones y la capacitación necesarios para aplicar estas normas están menos desarrollados. Solo Costa Rica, Ecuador y Perú han establecido órganos de asesoramiento ético que brindan asesoría y ayudan a gestionar los riesgos para la integridad tanto en el poder judicial como en la fiscalía. La capacitación periódica sobre salvaguardas de integridad está disponible para los jueces solo en 6 países de ALC, mientras que la capacitación de los fiscales sobre salvaguardas de integridad y sobre el enjuiciamiento de casos de corrupción está disponible en 5 países. Ampliar los órganos de asesoramiento y la capacitación práctica ayudaría a traducir los estándares formales en una conducta consistente.
La brecha de implementación es especialmente importante en el caso de las declaraciones de intereses. Todos los países de ALC evaluados exigen que los jueces nacionales y de alto nivel presenten declaraciones, frente al 57 % de los países miembros de la OCDE, y estas obligaciones van acompañadas de sanciones por incumplimiento. Los requisitos para las autoridades de la fiscalía están también generalizados de manera similar. Sin embargo, solo el 50 % de los países de ALC aporta datos suficientes para demostrar que la mayoría de los jueces había presentado las declaraciones exigidas en los cuatro años anteriores, y solo el 33 % lo hizo en el caso de los fiscales. La verificación es aún más débil: Costa Rica fue el único país evaluado que demostró que la autoridad competente había verificado al menos el 60 % de las declaraciones presentadas. Las declaraciones de intereses solo están disponibles públicamente en el 27 % de los países de la región. Por lo tanto, es necesario reforzar el seguimiento, la verificación y la publicación de datos agregados sobre el cumplimiento para que los sistemas de divulgación sean eficaces.
Los procedimientos para denunciar las conductas indebidas de jueces y fiscales también están ampliamente establecidos, pero las salvaguardas para las personas denunciantes siguen estando poco desarrolladas. Todos los países de ALC evaluados han establecido procedimientos de denuncia de las conductas indebidas judiciales, y todos salvo uno lo han hecho para las conductas indebidas de la fiscalía. Sin embargo, la mayoría carece de garantías legales específicas de confidencialidad y de protección contra represalias para los denunciantes internos. Ningún país de ALC evaluado exige que el personal que gestiona las denuncias en los tribunales reciba una capacitación obligatoria en confidencialidad, mientras que solo existe información públicamente disponible sobre los derechos de los denunciantes en el 22 % de los países en el caso de las conductas indebidas del poder judicial y en el 30 % en el de las conductas indebidas de la fiscalía. No obstante, iniciativas recientes muestran algunos avances: La fiscalía de Chile y el poder judicial de Perú han introducido mecanismos de denuncia a través de políticas internas, mientras que la ley de protección de los denunciantes de Costa Rica ofrece garantías para las denuncias internas tanto en el poder judicial como en la fiscalía.
2.7.3. Aplicación del régimen disciplinario
La aplicación del régimen disciplinario complementa la aplicación de la ley penal, ya que aborda formas de conducta indebida que no implican responsabilidad penal, pero que igualmente socavan la integridad de las instituciones públicas. Al garantizar que existan consecuencias por el incumplimiento de las obligaciones y deberes en el servicio público, las sanciones disciplinarias promueven la rendición de cuentas y refuerzan el marco general de aplicación de la ley mediante una acción oportuna, proporcionada y preventiva. Sin embargo, garantizar una cooperación, coordinación e intercambio de información eficaces entre las instituciones y los órganos pertinentes sigue siendo un desafío en la región de ALC, ya que los procedimientos disciplinarios a menudo dependen de la colaboración de una amplia gama de actores, tanto dentro como fuera de la entidad afectada. Más allá de la coordinación institucional, la aplicación eficaz también depende de garantías procesales adecuadas, de la capacidad profesional y de sistemas confiables de gestión y seguimiento de los casos disciplinarios.
La implementación eficaz también exige una mayor estandarización y capacidad profesional. Los procedimientos disciplinarios dependen de la cooperación y del intercambio de información entre múltiples instituciones. Por lo tanto, sin orientaciones y capacitación centralizadas, casos similares pueden tratarse de manera diferente en distintas partes de la administración pública. Aun así, solo el 64 % de los países de ALC evaluados ofrece capacitación pertinente a todos los servidores responsables de las investigaciones disciplinarias, mientras que el 73 % ha emitido orientaciones centralizadas sobre la estandarización de los procedimientos. El sistema disciplinario centralizado del poder ejecutivo federal de Brasil (Sistemas Correcionais, SISCOR), coordinado por la Contraloría General de la Unión (CGU), es un buen ejemplo de cómo la coordinación y la comunicación oportuna pueden favorecer procesos disciplinarios más eficaces. La CGU ha desarrollado metodologías, manuales, programas de formación y directrices técnicas para apoyar a los servidores públicos responsables de investigar irregularidades, llevar adelante procedimientos disciplinarios y salvaguardar la integridad organizacional. Iniciativas como el Marco de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Disciplinaria, una estructura de supervisión diseñada para medir, monitorear y mejorar el desempeño de las unidades disciplinarias sectoriales en todo el poder ejecutivo federal, y el Proyecto VESPA, que utiliza análisis automatizados para apoyar la evaluación de posibles casos de enriquecimiento ilícito, contribuyen a reforzar la capacidad investigativa y a promover procedimientos disciplinarios más coherentes y basados en pruebas.
Los sistemas digitales de gestión de casos y la mejora de los datos sobre la aplicación del régimen disciplinario también podrían fortalecer la implementación. Los sistemas electrónicos pueden mejorar la rapidez y la trazabilidad de los procedimientos y, al mismo tiempo, permitir a las autoridades agregar información sobre los casos. Sin embargo, solo México, Argentina y Brasil utilizan un sistema electrónico de gestión de casos para los procedimientos disciplinarios, y solo Brasil publica datos agregados en formato de datos abiertos sobre el número y el tipo de sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos. Sin esta información, los gobiernos no pueden evaluar fácilmente si los casos se resuelven con prontitud o si las sanciones se aplican de manera consistente. Por lo tanto, una mayor inversión en herramientas digitales, calidad de los datos y transparencia favorecería no solo una aplicación más eficaz, sino también el uso de la evidencia disciplinaria para mejorar la prevención.
2.7.4. Tipificación de la corrupción y marcos de responsabilidad de las personas jurídicas
Un análisis de los informes de seguimiento por país del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, elaborados desde 2018 sobre los siete países de ALC que son partes de la Convención Anticohecho de la OCDE revela que al menos dos de ellos han modificado sus delitos de soborno en el extranjero. En 2018, Argentina introdujo una nueva definición de servidor público extranjero (OCDE, 2019[27]). Ese mismo año, Chile amplió el delito de soborno en el extranjero para abarcar todas las actividades económicas realizadas en el exterior (OCDE, 2018[26]). En cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas, Argentina introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas por soborno en el extranjero en 2018 (OCDE, 2019[27]). Costa Rica le siguió en 2019 con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por soborno en el extranjero (OCDE, 2020[28]). En 2023, Perú también adoptó medidas para atender algunas recomendaciones relacionadas con su Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas (OCDE, 2023[29]). Chile y Costa Rica aumentaron las multas aplicables a las personas jurídicas (OCDE, 2020[28]; OCDE, 2018[26]).
2.7.5. Cooperación internacional en la lucha contra la corrupción transnacional
Los países de ALC han fortalecido la cooperación en los casos de corrupción transnacional. Un análisis de los informes de seguimiento por país del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, elaborados desde 2018 sobre siete países de ALC que son parte de la Convención Anticohecho de la OCDE revela que, a pesar de problemas tales como las demoras en la respuesta a las solicitudes de asistencia legal recíproca recibidas y la calidad de las solicitudes enviadas, la mayoría de los países cuenta con un marco sólido de cooperación internacional y participa activamente en la cooperación directa a través de redes de aplicación de la ley como la Red de la OCDE para la Aplicación de la Ley (LAC LEN) de la OCDE. La coordinación en los casos multijurisdiccionales también ha aumentado. Brasil, por ejemplo, ha desempeñado un papel activo ayudando a las autoridades de los países del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE y de países no miembros a resolver sus casos de soborno en el extranjero (Tabla 2.1). El informe de la OCDE de 2026 sobre las Sanciones por cohecho internacional mediante resoluciones multijurisdiccionales ofrece un análisis cuantitativo y cualitativo de cómo las resoluciones multijurisdiccionales están transformando la lucha contra la corrupción. El informe examina 31 casos que comprenden 114 resoluciones distintas e involucran a 12 países y 27 autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, entre ellas Brasil (OCDE, 2026[30]).