- Los mercados laborales se mantienen resilientes, pero dan señales tempranas de desaceleración
- Los salarios reales están creciendo, pero aún hay margen para recuperar terreno perdido
- Contrarrestando los efectos del envejecimiento en el crecimiento económico
- Las competencias en materia de procesamiento de la información y las tasas de formación son más bajas entre los trabajadores de más edad
Perspectivas del empleo de la OCDE 2025: España
Índice
Esta nota de país ofrece una visión general de la situación del mercado laboral en España en base a los datos de Perspectivas del empleo de la OCDE 2025. Esta edición se centra especialmente en cómo el envejecimiento de la población y la población activa afectará al mercado laboral y al empleo de los trabajadores.
La tasa de desempleo de la OCDE se mantuvo en el 4,9 % en mayo de 2025, igual que hace un año. Sin embargo, hay señales de debilitamiento, con una desaceleración del crecimiento del empleo y un retroceso de la tensión en el mercado laboral hasta niveles previos a la pandemia del COVID-19 en muchos países.
El mercado laboral español siguió mejorando en 2025, pero el desempleo sigue siendo el gran desafío. La tasa de empleo de las personas de entre 15 y 64 años alcanzó un máximo histórico del 66,5 % en el primer trimestre de 2025. Esto redujo la diferencia con la media de la OCDE a solo 3,8 puntos porcentuales, frente a los casi 10 puntos registrados tras la crisis financiera. A diferencia de la mayoría de las principales economías de la OCDE, el desempleo siguió su tendencia a la baja en 2025, situándose en el 10,8 % en mayo (véase el gráfico siguiente). A pesar de estos avances, España sigue teniendo la tasa de desempleo más alta de la OCDE, más del doble de la media.
Se prevé que el PIB de España siga creciendo, aunque a un ritmo más moderado que en los últimos años. Tras un fuerte crecimiento del 3,4 % en 2024, se prevé que la economía crezca un 2,4 % en 2025 y un 1,9 % en 2026, lo que refleja, en parte, el aumento de las tensiones comerciales. A pesar de ello, la sólida demanda interna debería seguir mejorando las condiciones del mercado laboral, con una previsión de descenso del desempleo hasta el 10,7 % a finales de 2025 y el 10,1 % en 2026.
Desde noviembre de 2024, España concede a los trabajadores hasta cuatro días de permiso remunerado cuando las autoridades imponen restricciones a la movilidad por motivos meteorológicos o cuando condiciones meteorológicas extremas hacen que el desplazamiento al trabajo sea inseguro, siempre que el trabajo no pueda realizarse a distancia. Los empleadores deben sufragar el coste de este “permiso climático”. Si bien esto sitúa a España entre los países líderes en la protección de los trabajadores frente al cambio climático, también supone un coste adicional para las empresas, que a menudo se ven afectadas por los mismos fenómenos meteorológicos extremos.
Los salarios reales están creciendo en prácticamente todos los países de la OCDE, pero en la mitad de ellos siguen estando por debajo de los niveles de principios de 2021, justo antes del repunte de la inflación que siguió a la pandemia.
A pesar del notable descenso del desempleo en los últimos años, el crecimiento de los salarios en España no se ha mantenido al ritmo de la inflación. Aunque los salarios nominales aumentaron considerablemente en 2023 y 2024, los salarios reales en el primer trimestre de 2025 se mantuvieron un 4,2 % por debajo del primer trimestre de 2021. Esto sitúa a España en línea con la evolución salarial de la zona euro, pero por detrás de la mayoría de las principales economías de la OCDE. Entre éstas, solo Australia e Italia experimentaron un descenso de los salarios reales más pronunciado que España en el mismo período.
En España, al igual que en la mayoría de los países de la OCDE, los trabajadores con los salarios más bajos han estado relativamente bien protegidos del repunte inflacionario posterior a la pandemia. En abril de 2025, el salario mínimo en España había aumentado un 3,1 % en términos reales en comparación con enero de 2021. Este crecimiento es inferior a la media de la OCDE, que fue del 7,9 % durante el mismo periodo. No obstante, en términos netos, el salario mínimo español sigue siendo superior al 60 % del salario mediano. El salario mínimo legal en España lo fija anualmente el Gobierno tras consultar con los sindicatos y las asociaciones patronales, aunque estas consultas no son vinculantes.
A nivel mundial, las personas viven por más tiempo y con mejor salud que nunca. Este notable logro ha ido acompañado de una disminución de la fertilidad, lo que ha provocado importantes cambios demográficos. El número de personas mayores por persona en edad de trabajar aumentará en un 67 % en toda la OCDE para el 2060. A menos que se promuevan cambios en las políticas públicas, la proporción de la población que estará empleada disminuirá, ralentizando el crecimiento anual del PIB per cápita en 0,4 puntos porcentuales.
Para 2060, las proyecciones sugieren que la población en edad de trabajar se reducirá en un 30 % en España, y que el país experimentará el mayor descenso de la tasa de empleo con respecto a la población entre los países de la OCDE, con una caída de 10,3 puntos porcentuales, frente a una media del 2 % en el conjunto de la OCDE (véase el gráfico siguiente). Este fuerte descenso se debe, en parte, a la baja tasa de fecundidad y a la elevada esperanza de vida en España en comparación con la mayoría de los países de la OCDE. Como consecuencia, el número de personas mayores por persona en edad de trabajar aumentará considerablemente, pasando de 0,34 en 2023 a 0,75 en 2060.
Este cambio demográfico tendría importantes consecuencias para el crecimiento económico de España. Si el crecimiento de la productividad se mantuviese en línea con su media de 2006-2019, el PIB per cápita aumentaría solo un 0,13 % anual de aquí a 2060, frente al 0,53 % registrado entre 2006 y 2019.
Sin embargo, movilizando recursos laborales sin aprovechar – reduciendo en al menos dos tercios la brecha de género en el empleo, activando a los trabajadores mayores en buen estado de salud y promoviendo la migración regular –, España podría impulsar el crecimiento anual del PIB per cápita hasta el 0,73 %, superando su tendencia histórica reciente. No obstante, para alcanzar el crecimiento del 0,9 % previsto para el conjunto de la OCDE en un escenario similar, España necesitaría mejorar su productividad.
Los baby boomers han disfrutado de un crecimiento de los ingresos significativamente mayor que las generaciones más jóvenes durante las últimas tres décadas. A menos que encontremos una forma de impulsar los ingresos de las generaciones más jóvenes, la desigualdad intergeneracional seguirá aumentando.
En España, las personas de 55 a 64 años han experimentado un aumento de ingresos más rápido que los jóvenes de 25 a 34 años. En 1995, la renta disponible equivalente de los jóvenes era un 1,3 % superior a la del grupo de mayor edad. Sin embargo, esta tendencia se invirtió en la década de 2000 y, en 2022, las personas de 55 a 64 años tenían ingresos un 5,6 % superiores a los jóvenes.
Además, los millennials españoles – los nacidos después de la década de 1980 – han experimentado un crecimiento limitado de los ingresos a lo largo de su vida adulta, en parte debido al estancamiento del crecimiento de la productividad laboral en las últimas décadas y al impacto duradero de la crisis financiera.
Las generaciones más jóvenes se enfrentarán a los retos económicos y sociales derivados del envejecimiento de la población. Por lo tanto, prolongar la vida laboral en España no solo contribuiría a liberar recursos laborales adicionales para apoyar el crecimiento económico, sino que también aliviaría la carga que soportan los jóvenes, que ya están experimentando un estancamiento de sus ingresos.
La naturaleza del trabajo está cambiando, lo que ofrece a los trabajadores de más edad la oportunidad de seguir siendo productivos durante más tiempo. Sin embargo, estas ventajas pueden verse contrarrestadas por el deterioro de las competencias a medida que envejece la población activa. Para hacer frente a esta situación, es urgente evolucionar del modelo actual, en el que solo un tercio de las personas de entre 55 y 65 años participan en actividades de formación, a otro en el que las personas se formen a lo largo de toda su vida laboral.
La participación en la formación es baja en España, especialmente entre los trabajadores de más edad. Solo el 29,3 % de los trabajadores de entre 55 y 65 años participan en formación no reglada a lo largo del año, frente a una media del 34,9 % en los 29 países de la OCDE (véase el gráfico siguiente). Además, España muestra la mayor brecha de participación entre los trabajadores de más edad y el resto de trabajadores de entre las principales economías de la OCDE, con casi 19 puntos porcentuales, muy por encima de la media de la OCDE, que se sitúa en 14,7 puntos porcentuales.
España ofrece numerosos programas de formación para personas desempleadas de mayor edad, pero cuenta con pocas iniciativas destinadas específicamente a promover la formación de aquellos que ya están empleados. Las empresas, independientemente de su tamaño, pueden acceder a bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para financiar programas de formación, ya sean impartidos internamente o por proveedores externos. En este marco, los trabajadores mayores de 45 años se consideran un grupo prioritario, y las empresas de gran tamaño deben asegurar que su participación sea proporcional a su presencia en la plantilla. Además, las personas mayores de 45 años suelen tener acceso preferente a los cursos de formación subvencionados para personas ocupadas, gestionados a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
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El libro completo está disponible en inglés: OECD (2025), OECD Employment Outlook 2025: Can We Get Through the Demographic Crunch?, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/194a947b-en.
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