Hacia un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia en el Perú

3. Resumen de las recomendaciones

Resumen

Este capítulo provee un resumen de las recomendaciones clave de este informe.

3.1. Abordar los elementos contextuales

• Lograr resultados en la lucha contra la corrupción requiere un abordaje sistémico. Aunque no es suficiente para asegurar un cambio, considerar el fortalecimiento del marco institucional para asegurar que permita brindar liderazgo, seguridad y continuidad en la implementación efectiva de las políticas de integridad y transparencia como una condición necesaria para lograr un impacto, reflejando además una verdadera voluntad política.

• Seguir trabajando para crear las condiciones adecuadas que permitan un funcionamiento correcto de un posible sistema de integridad y de transparencia. Esto incluye, sobre todo, fortalecer elementos complementarios en materia de meritocracia, y de auditoría y control internos.

• Seguir avanzando en la implementación de la reforma del servicio civil en el Perú para fomentar una mayor estabilidad laboral y fortalecer la continuidad en el servicio público. La Ley 31 298 del 2021 debería ser reglamentada para ser efectiva y la implementación del Decreto Legislativo 1602 podría permitir a las entidades públicas contratar bajo el régimen regulado por la Ley 30 057.

• Para fortalecer la gestión pública, considerar transferir las funciones de control interno a la SGP en coordinación con la Contraloría General de la República (CGR) para promover una buena articulación del control externo e interno, manteniendo sus respectivas independencias en el marco de un sistema nacional de control revisado.

3.2. Crear un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia (SNIT)

• Se podría considerar centralizar las funciones de transparencia, abarcando los temas de transparencia proactiva y reactiva y la protección de datos, y de integridad bajo un solo Sistema Nacional de Integridad y de Transparencia (SNIT), para facilitar la adopción de un enfoque holístico y coordinado hacia estas áreas de prevención de la corrupción que están entrelazadas y se fortalecen la una a la otra.

• Considerar configurar el SNIT como un sistema de tipo administrativo como la estructura base del SNIT, pero uno en el que un nuevo ente tenga rectoría sobre una política pública (una característica de un sistema funcional) aplicable a todas las entidades del Estado.

  • Esta solución híbrida podría adaptarse más efectivamente a las características que tienen las políticas de integridad y de transparencia que requieren:

    • Por un lado, transversalidad, obligatoriedad de cumplimiento por parte de todas las entidades públicas, y la capacidad de establecer estándares claros y uniformes que faciliten el monitoreo y la evaluación de las políticas implementadas (sistema administrativo).

    • Por otro lado, coordinar a los diversos actores claves y complementarios además de involucrar a actores fuera del ámbito gubernamental, como la sociedad civil, permitiendo así una mayor articulación y efectividad en la implementación de una política nacional de integridad y transparencia (sistema funcional).

  • Las ventajas de esta configuración híbrida podrían ser, entre otras: una mejor coordinación entre niveles de gobierno y entidades públicas; la estandarización de objetivos y herramientas alineados con buenas prácticas a través de un sistema integrado; una mayor flexibilidad para abordar retos específicos; y una clara asignación de responsabilidades.

• La creación del sistema se podría lograr a través de una modificación de la Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

3.3. Crear la Autoridad Nacional de Integridad, Transparencia y Protección de Datos Personales (ANITAP) como rectora del SNIT

• Considerar crear una Autoridad Nacional de Integridad, Transparencia y Protección de Datos Personales (ANITAP) cómo un organismo técnico especializado (OTE) adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros uniendo las rectorías para la integridad (la actual SIP), para la transparencia y el acceso a la información (la actual ANTAIP) y de protección de datos (la actual ANPD). La estructura de un OTE le otorgaría a la nueva ANITAP un nivel adecuado de autonomía presupuestal y funcional, y le proporcionaría una mayor estabilidad y resiliencia frente a los vaivenes políticos.

• Proporcionarle a la rectoría, posiblemente la nueva ANITAP si fuera creada, el mandato de promover, coordinar y supervisar las políticas de integridad, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en todo el sector público peruano.

• Asegurar que la ANITAP cuente con un equipo de profesionales altamente capacitados en áreas como gobernanza pública, derecho, auditoría, y tecnologías de la información, y disponer de una infraestructura adecuada, incluyendo oficinas equipadas y sistemas tecnológicos avanzados.

• Considerar establecer un Consejo Ejecutivo, un Presidente Ejecutivo, una Gerencia General y cuatro Direcciones Generales que responderían a las temáticas de la competencia de la ANITAP: (1) Integridad, (2) Acceso a la Información y Transparencia, (3) Protección de Datos Personales, (4) Supervisión, Fiscalización e Instrucción. Las primeras tres direcciones dispondrían de perfiles especializados en su área respectiva, mientras que la cuarta podría ocuparse de supervisar e investigar los casos de infracciones a la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos.

• Considerar transferir el existente Tribunal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (TTAIP) al nuevo ente rector. Este órgano resolutivo podría pasar a tener jurisdicción, además de sus competencias actuales, sobre las controversias y recursos administrativos relacionados con: (1) el acceso a la información pública −actualmente asignados al tribunal de SERVIR−; (2) la protección de datos personales, mediante la creación de nuevas salas especializadas en la materia; y (3) las sanciones y apelaciones por brechas de funcionarios a las normativas de acceso a la información. Esto permitiría aprovechar y fortalecer la experiencia y conocimientos técnicos de este tribunal en materia de transparencia y derecho a la información.

• Establecer mecanismos claros y transparentes para el nombramiento y remoción de sus directivos y presidente ejecutivo para asegurar la eficacia y la credibilidad de la ANITAP así como garantizar su independencia administrativa y financiera:

  • Considerar seleccionar al titular de la ANITAP a través de un concurso público de méritos con un periodo específico para el ejercicio del cargo.

  • Establecer causas graves y específicas por ley y un proceso transparente que garantice que la remoción no sea utilizada como un mecanismo de represalia política o de control indebido.

3.4. Promover la coordinación y articulación

• Se podría considerar reformar la CAN como un órgano más efectivo, reducido y de corte preventivo para promover la coordinación a nivel estratégico dentro del SNIT. Esta CAN podría reunir a la Contraloría General de la República (CGR), la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la Secretaría de Gestión Pública (SGP), el Archivo General de la Nación (AGN), la Procuraduría General del Estado (PGE) y la Defensoría del Pueblo. Tanto la CGR como la Defensoría podrían participar con voz, pero sin voto para mantener su independencia como entes de supervisión.

• Garantizar la integración efectiva y coordinación entre diferentes instituciones del Estado a través de la PCM y la ANITAP, asegurando que las políticas de integridad y transparencia sean aplicadas de manera consistente y eficiente a través del país.

• Asegurar que el SNIT mantenga un diálogo y una coordinación efectiva con los otros sistemas y actores relevantes y complementarios para la integridad y la transparencia, tales como:

  • Actores de la rama legislativa y judicial, otros organismos constitucionalmente autónomos (OCAs) relevantes como la Junta Nacional de Justicia y Ministerio Público Fiscalía de la Nación, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades, el sector privado y la sociedad civil.

  • Otros sistemas relevantes: El Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Nacional de Control, el Sistema de Justicia, el Sistema Electoral y el Sistema de Contratación.

• Considerar la invitación regular de representantes de estos actores clave a algunas sesiones de la CAN, así como el establecimiento de mecanismos regulares de consulta e interacción, como mesas de trabajo, foros de discusión, y comités mixtos para asegurar esta coordinación.

3.5. Promover la implementación de políticas de integridad y de transparencia

• Aprovechar la oportunidad de la creación del SNIT para fortalecer las OII, los FRAIP y para revisar y afinar el Modelo de Integridad con el fin de reflejar lecciones aprendidas de su implementación a la fecha considerando las siguientes medidas:

  • Que las OII le reporten directamente al titular de la entidad y a la nueva ANITAP;

  • Asegurar la profesionalización de las Oficinas de Integridad Institucional (OII) y de los Funcionarios Responsables del Acceso a la Información Pública (FRAIP);

  • Incorporar a los FRAIP como parte de las OII, que podrían pasar a llamarse “Oficinas de Integridad y Transparencia” (OIT), a fin de articular internamente ambas funciones;

  • Agregar funciones de rendición de cuentas a las OIT;

  • Eliminar la función de recepción de denuncias por parte de las OIT, acompañando esta medida con una reforma más profunda para evitar crear un vacío y clarificar los canales de denuncia y las protecciones disponibles para los denunciantes.

• Mejorar y fortalecer la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano como un mecanismo de coordinación efectivo entre las diferentes entidades responsables para dar seguimiento a las denuncias.

• Incentivar una cooperación consolidada entre las OIT en toda la administración para promover los intercambios de buenas prácticas y la provisión de apoyo mutuo al enfrentarse a casos similares.

• Considerar adaptar los criterios obligatorios para la implementación de políticas de integridad y de transparencia para que puedan responder a las realidades de los gobiernos locales, reflejando sus retos y particularidades. En este ámbito, se podría considerar el desarrollo y la implementación piloto de OII (o las nuevas OIT) “compartidas” que presten sus servicios a varias municipalidades pequeñas para atender a las limitaciones de capacidades. Esta OII (OIT) compartidas podrían, por ejemplo, estar ubicadas a nivel del gobierno regional o en municipalidades más grandes.