Filantropía privada para el desarrollo en México

1. Introducción

Antecedentes y objetivos de esta investigación

El sector filantrópico de México ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas. Con la creación de grandes fundaciones corporativas y aquellas establecidas por personas de patrimonio ultraelevado como Carlos Slim, la filantropía privada se ha convertido en una fuente creciente de financiamiento para el desarrollo social y económico del país. Las fundaciones en México adoptan muchas formas diferentes. Han surgido para abordar cuestiones que van desde el desarrollo económico y la protección del medio ambiente hasta los derechos humanos.

A pesar de este crecimiento, aún falta una comprensión empírica detallada del tamaño, el volumen de sus donaciones y los desafíos que enfrenta el sector filantrópico privado de México. Las investigaciones previas han utilizado principalmente el registro de datos abiertos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para analizar los ingresos y el financiamiento de los donantes registrados en México (Cemefi, 2023[1]; Butcher García-Colín, 2022[2]).1 Sin embargo, el registro no se limita a las fundaciones filantrópicas privadas, sino que también incluye universidades, bibliotecas y organizaciones no gubernamentales (ONG). Además, es incompleto y carece de información detallada sobre la distribución sectorial de los fondos.

Este informe se centra en las actividades y los patrones de financiamiento de las fundaciones privadas nacionales que participan en iniciativas de desarrollo. Con este fin, el Centro de Filantropía de la OCDE recopiló y analizó datos primarios de 62 fundaciones2, utilizando una encuesta estandarizada sobre concesión de subvenciones y una encuesta organizacional, y datos secundarios de la base de datos del SAT para otras 269 fundaciones. El informe también examina los flujos filantrópicos internacionales de 27 organizaciones transfronterizas activas en México, lo cual proporciona una perspectiva comparativa.

Esta investigación es parte de una iniciativa más amplia del Centro de Filantropía de la OCDE destinada a analizar el papel de la filantropía en las economías emergentes y brindar recomendaciones para abordar los objetivos cruciales delineados en la Agenda 2030. Estudios anteriores han examinado la filantropía nacional en la República Popular de China, Colombia, India, Nigeria y Sudáfrica.

Muestra y metodología

Este estudio se basa en datos e información recopilados de organizaciones filantrópicas mexicanas, así como en 14 entrevistas con líderes de fundaciones, académicos y otras partes interesadas entre septiembre de 2023 y febrero de 2025.

Definiciones y marco muestral

Este estudio define la filantropía privada para el desarrollo como las “transacciones del sector privado o sin fines de lucro que tienen como objetivo principal la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo y que provienen de fuentes propias de las fundaciones, tales como dotaciones; donaciones de empresas o personas (incluido el financiamiento colectivo); legados; ingresos por regalías; inversiones (incluidos valores gubernamentales); dividendos; loterías y similares. Además, la filantropía privada para el desarrollo también comprende el financiamiento de investigaciones básicas o aplicadas que benefician directamente a los países en desarrollo o de manera indirecta a través de bienes públicos mundiales” (OCDE, 2021[3]).

Dado que en México no existe una categoría jurídica que corresponda a esta definición, la OCDE creó un marco muestral de organizaciones que cumplían con los siguientes criterios en el año de referencia 2021. Para ser incluida en la muestra, la organización deberá:

• financiar proyectos u otras organizaciones

• no recibir su financiamiento principal del sector público

• generar ingresos provenientes de recursos privados por un total aproximado de medio millón de USD o más en 2021

• tener como objetivo principal promover el desarrollo económico y social de México

• tener su sede en México.

Con el fin de verificar los primeros tres criterios, la OCDE se basó en datos a disposición del público en el registro del SAT, mientras que los dos últimos criterios de elegibilidad se verificaron mediante investigación documental, sobre todo a través de los sitios web de las fundaciones. Sin embargo, no todas las fundaciones en México están registradas en la base de datos del SAT e, incluso cuando lo están, la información a disposición del público sobre sus fuentes de financiamiento suele ser incompleta. Por consiguiente, la muestra puede excluir de manera involuntaria fundaciones que cumplen dichos criterios o incluir otras que no los cumplen, lo cual afecta a la precisión y representatividad de los resultados.

Respuesta y participación en la encuesta

La OCDE seleccionó 328 organizaciones que cumplen estos criterios, incluidas muchas de las fundaciones nacionales más grandes de México. No obstante, debido a que los datos de contacto estaban incompletos, no estaban disponibles o no estaban actualizados, solo se pudo invitar a participar a 296 organizaciones. De esta muestra inicial, 62 respondieron a la encuesta organizacional y 30 a la encuesta financiera (Tabla 1.1). A pesar de la baja tasa de respuesta a la encuesta, que recomienda cautela al sacar conclusiones generales definitivas sobre el sector filantrópico en México, el tamaño general de la muestra es consistente con la investigación de la OCDE en otros países y proporciona hallazgos indicativos importantes sobre el estado de la filantropía en México.

Tabla 1.1. Participación en la encuesta de la OCDE en México

Encuesta	Muestra total	Invitadas a participar (información de contacto válida)	Participaron	Tasa de respuesta (porcentaje)	Datos secundarios	Total de organizaciones incluidas
Organizacional	328	296	62	20.95	N/d	62
Financiera	328	296	30	10.13	298	328

El contexto socioeconómico en México

Comprender los desafíos socioeconómicos de México ayuda a contextualizar el papel del financiamiento filantrópico privado en el desarrollo nacional del país. En esta sección se presenta la evolución de algunos indicadores económicos clave y se describen los desafíos más urgentes que enfrenta el país.

A pesar de los importantes avances logrados en la última década, México sigue padeciendo una alta desigualdad de ingresos y pobreza y la informalidad (OCDE, 2024[4]; OCDE et al., 2024[5]). Si bien el aumento de los salarios mínimos y las transferencias gubernamentales han reducido la proporción de la población en situación de pobreza moderada, el nivel sigue siendo alto según los estándares internacionales. Además, la insuficiencia de ayuda específica para los más vulnerables ha mantenido la tasa de pobreza extrema, que afecta al 7% de la población, casi sin cambios desde 2016 (Gráfico 1.1). En 2020, el 64% de la población de México vivía en hogares donde al menos uno de los principales perceptores de ingresos tenía un empleo informal, cifra cercana al promedio de América Latina y el Caribe (64.9%). Sin embargo, la proporción de hogares totalmente formales (36.0%) sigue estando muy por debajo de líderes regionales como Uruguay (65.4%) y Chile (59.2%), lo que pone de relieve los persistentes desafíos de la informalidad (OCDE et al., 2024[5]; OCDE, 2024[4]).

Gráfico 1.1. La pobreza moderada ha disminuido, pero la pobreza extrema permanece sin cambios

Porcentaje de personas en situación de pobreza como porcentaje de la población total

Nota: Este indicador multidimensional de pobreza del CONEVAL define la pobreza moderada como las personas con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas (alimentos, bienes y servicios) y al menos una carencia social. La pobreza extrema se refiere a personas que no pueden costear alimentos esenciales incluso gastando todos sus ingresos en ellos, junto con al menos tres deficiencias sociales.

Fuente: (CONEVAL, 2022[6]).

La falta de recursos e infraestructura para una educación de calidad sigue limitando las oportunidades, en particular para los grupos vulnerables. México tiene la recaudación tributaria como proporción del PIB más baja de los países de la OCDE, de un 17.7%, que también está por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe, del 21.3% (OCDE et al., 2025[7]; OCDE et al., 2024[5]). A pesar de las urgentes necesidades de gasto en áreas como la educación, el gasto público en México es bajo, menos del 30% del PIB, en comparación con el promedio de la OCDE, de casi el 50%. Si bien el financiamiento de las pensiones ha aumentado como porcentaje del PIB, la inversión en educación ha disminuido. Esta disminución es particularmente preocupante dado el severo impacto en los resultados educativos de México de uno de los cierres de escuelas por COVID-19 más prolongados en los países de la OCDE. Las disparidades regionales en la calidad de la educación y las altas tasas de deserción, con muchos estudiantes que abandonan el sistema antes de completar la educación secundaria, siguen obstaculizando la movilidad social y el progreso económico (OCDE, 2024[4]).

La discriminación de género sigue siendo otro desafío estructural para el desarrollo inclusivo. Según el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) de 2023, la discriminación contra las mujeres y las niñas en las instituciones sociales (es decir, la legislación y las normas y prácticas sociales) es relativamente baja. Los resultados de México en el SIGI están en línea con el puntaje promedio de América Latina y el Caribe (22, ambos) y por encima del promedio mundial (30).3 Las reformas jurídicas han desempeñado un papel clave en el avance de la igualdad de género en las instituciones sociales: desde 2019, el matrimonio infantil está prohibido sin excepciones y, tras las modificaciones históricas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde 2022 existe una protección jurídica integral contra todas las formas de violencia de género. Sin embargo, la discriminación persiste en la práctica, ya que las normas sociales profundamente arraigadas continúan determinando la integridad corporal, los derechos y las oportunidades de las mujeres. Por ejemplo, el 32% de la población piensa que es aceptable que un hombre golpee a su esposa en ciertas circunstancias y más de la mitad de la población cree que los niños sufren cuando las madres trabajan por un salario (53%) y surgen problemas cuando las mujeres ganan más que los hombres (53%). Pese a que en México el 38% de los directivos son mujeres, por encima del promedio mundial y regional, solo el 15% de las empresas están dirigidas por ellas. Todavía hay mucho margen de cambio en lo que se refiere al acceso de las mujeres a puestos de decisión. Por último, siguen existiendo algunas lagunas en la protección jurídica, entre ellas la desigualdad de derechos en materia de divorcio, el acceso limitado al aborto seguro y la ausencia de garantías de igualdad salarial. (OCDE, 2023[8]).

En vista de estos desafíos, existe una oportunidad significativa para que la filantropía privada nacional desempeñe un papel en el financiamiento del desarrollo local. Aunque los recursos filantrópicos son solo una fracción de la financiación gubernamental, pueden impulsar los objetivos de desarrollo mediante el financiamiento de iniciativas de alto riesgo que los gobiernos pueden tener menos capacidad de apoyar (OCDE, 2021[3]). Al ofrecer soluciones y experiencia innovadoras, las organizaciones filantrópicas pueden actuar como catalizador del desarrollo de México.

El contexto político y jurídico de la filantropía privada en México

México tiene una larga tradición de donaciones privadas y su sector filantrópico ha experimentado transformaciones significativas en los últimos siglos. Si bien la Iglesia católica históricamente jugó un papel importante en la coordinación de actividades filantrópicas durante el período colonial, el movimiento de secularización del siglo XIX condujo al surgimiento de organizaciones benéficas independientes (Wiepking and Handy, 2015[9]). En el siglo siguiente, bajo la dictadura de Porfirio Díaz y los 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las actividades filantrópicas presentaron una estrecha alineación con las prioridades gubernamentales. Sin embargo, las crisis políticas y económicas de finales de la década de 1980 impulsaron al sector a volverse más autónomo y crítico respecto de las políticas gubernamentales (Wiepking and Handy, 2015[9]). Desde entonces, la filantropía en México se ha profesionalizado y ha ampliado su alcance más allá de la beneficencia tradicional, incluyendo campos como el medio ambiente y los derechos humanos. Además, han surgido numerosas fundaciones corporativas que actúan como la rama filantrópica social de sus respectivas empresas (OCDE, 2020[10]).

A medida que el sector creció y se profesionalizó, las fundaciones, junto con la sociedad civil, comenzaron a abogar por un marco jurídico que reconociera su papel en el desarrollo nacional y estableciera una base para el apoyo público y la colaboración con el gobierno. Si bien no existe un marco jurídico específico que regule las fundaciones, se aprobaron varias leyes para respaldar al “tercer sector” de manera más amplia. Por ejemplo, en 2004, después de una década de negociaciones, se aprobó la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (la “ley de fomento”). Esto permite que las organizaciones benéficas registradas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil puedan optar a recibir financiamiento gubernamental y estatal. Además, el gobierno promulgó disposiciones fiscales que incentivan la actividad filantrópica en el marco de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Becker and González Ulloa, 2018[11]).

El marco jurídico en materia de filantropía privada está fragmentado

A diferencia de la mayoría de los demás países latinoamericanos, México carece de una estructura jurídica unificada para las organizaciones filantrópicas privadas. En su lugar, se rigen por la misma legislación que otras organizaciones benéficas y se suelen registrar como Asociaciones Civiles (AC) o Instituciones de Asistencia Privada (IAP). Otras formas jurídicas que adoptan las organizaciones filantrópicas, aunque menos comunes, incluyen las Instituciones de Beneficencia Privada (IBP) y Asociaciones de Beneficencia Privada (ABP). Siempre que sigan siendo sin fines de lucro, las AC pueden realizar actividades más allá de la beneficencia tradicional, como la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la investigación y las iniciativas centradas en sus miembros. Además de las fundaciones, esta forma jurídica también se aplica a universidades, museos, clubes deportivos, centros de conocimiento y otras entidades sin fines de lucro. A junio de 2024, existen alrededor de 43 000 AC en México. Por el contrario, las IAP se centran exclusivamente en servicios de beneficencia financiados con activos privados y operan bajo supervisión estatal. Esta categoría jurídica existe solo en alrededor de la mitad de los estados mexicanos, con un número aproximado de 6 000 (ICNL, 2025[12]).

El marco regulatorio del sector filantrópico de México está, por lo tanto, fragmentado y la supervisión está dispersa entre múltiples sistemas normativos nacionales y estatales. Además de la ley federal de fomento de 2004, 23 de los 32 estados mexicanos han promulgado leyes específicas para apoyar a las organizaciones benéficas a nivel estatal (Butcher García-Colín, 2022[2]). Estas leyes no siempre son compatibles entre sí y a veces crean obstáculos burocráticos adicionales para las organizaciones benéficas. Por ejemplo, en varios estados, las organizaciones benéficas deben registrarse tanto a nivel federal como estatal y, en el caso de las IAP, en la Junta de Asistencia Privada pertinente. Además, el apoyo que pueden recibir las organizaciones benéficas no es uniforme en todo el país y depende del estado en el que estén registradas y tengan su sede (Butcher García-Colín, 2022[2]).

Al igual que muchos otros países, México estimula la actividad filantrópica otorgando exenciones fiscales a organizaciones benéficas. Esta exención se aplica a los ingresos procedentes de donaciones, cuotas de membresía, intereses bancarios y de la venta o arrendamiento de bienes inmuebles (Council on Foundations, 2023[13]). Asimismo, las organizaciones benéficas que cumplen determinados criterios pueden emitir recibos deducibles de impuestos, incluso para donaciones internacionales de ciertos países, como los Estados Unidos. Las corporaciones mexicanas pueden deducirse hasta el 7% de su ingreso gravable del año anterior. Este porcentaje es inferior en comparación con los límites establecidos en la mayoría de los demás países de la OCDE con datos disponibles (OCDE, 2020[14]).

Para optar por estos beneficios fiscales, las organizaciones benéficas deben obtener la condición de “donatario autorizado” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que requiere el cumplimiento de estrictas normas administrativas, operativas y de presentación de informes. Los donatarios autorizados deben limitar los costos administrativos a no más del 5% de sus donaciones (Wiepking and Handy, 2015[9]), adecuar sus estatutos a un modelo estándar proporcionado por el SAT (Council on Foundations, 2023[13]) y presentar solicitudes anuales e informes financieros auditados. Estos requisitos son uniformes, independientes del tamaño y el presupuesto de una organización, lo que puede suponer desafíos para organizaciones más pequeñas con recursos limitados (OCDE, 2020[14]). El SAT revisa y renueva esta condición cada año, en función del cumplimiento de la organización con sus obligaciones tributarias (Council on Foundations, 2023[13]). Si una organización pierde esta condición, tiene un año para volver a optar a ella, después del cual debe operar sin el estatus de exención de impuestos o transferir sus activos a otra entidad apta (Lilly Family School of Philanthropy, 2022[15]). En 2023, menos de una cuarta parte de las 48 035 organizaciones benéficas registradas en México tenían la condición de donatario autorizado (Cemefi, 2023[1]).

Los recientes cambios de política redujeron el apoyo financiero y endurecieron las normas operativas para la filantropía privada

Desde la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018, las relaciones entre el gobierno y el sector filantrópico se han vuelto cada vez más tensas. En febrero de 2019, su administración eliminó todos los fondos federales para el tercer sector, incluido el Programa de Coinversión Social (PCS), que había respaldado a dicho sector en la asistencia a los grupos vulnerables. Además, el gobierno disolvió el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), un organismo que había brindado apoyo financiero y técnico a las organizaciones benéficas (Lilly Family School of Philanthropy, 2022[15]). Por otra parte, el gobierno ha ampliado los motivos por los cuales una organización benéfica puede perder su condición de donataria autorizada y realiza mayores esfuerzos de auditoría a través del SAT (Layton, 2020[16]).

Las reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta también restringieron otras vías de financiamiento para las fundaciones en México. Una reforma de 2020 de la Ley del Impuesto sobre la Renta revocó la condición de “donatario autorizado” a las organizaciones benéficas cuyos ingresos provenientes de actividades no relacionadas con su misión superaban el 50% de sus ingresos totales. La reforma también puso fin a la exención del impuesto sobre el valor agregado (IVA) para los donantes autorizados y gravó con un impuesto sobre la renta a las actividades comerciales no relacionadas que excedan el 10% de los ingresos anuales (Council on Foundations, 2023[13]). Otra reforma de 2021 de la Ley del Impuesto sobre la Renta impuso un nuevo límite a las donaciones deducibles de impuestos para las personas físicas. Al agrupar las donaciones con otras partidas deducibles, como los costos de atención médica, las contribuciones a la jubilación y los intereses hipotecarios, la reforma obliga de forma efectiva a las personas a priorizar entre estas categorías, con un límite de deducción general establecido en el 15% (Council on Foundations, 2023[13]).

En respuesta a los cambios en la política nacional, varios estados de México han tomado medidas encaminadas a mitigar su impacto en las organizaciones benéficas. Los estados mexicanos de Jalisco, Chihuahua y Nayarit, por ejemplo, han adoptado reformas legislativas destinadas a fortalecer y perfeccionar el marco jurídico de las OSC. Las medidas clave incluyen el reconocimiento formal de las redes y colectivos como actores legítimos de la sociedad civil y la inclusión de las OSC en los procesos de toma de decisiones presupuestarias que afectan directamente sus operaciones (Council on Foundations, 2023[13]).

En general, las organizaciones filantrópicas de México están operando en un entorno cada vez más restringido, caracterizado por una reducción del apoyo público y un marco regulatorio y fiscal más estricto. Al mismo tiempo, México enfrenta continuos desafíos de desarrollo, muchos de los cuales se intensificaron aún más por la pandemia de COVID-19. Estas circunstancias subrayan la importancia de un sector filantrópico activo que complemente las iniciativas públicas y promueva el desarrollo local.

El Capítulo 2 presenta una visión general de los datos disponibles sobre la filantropía nacional en México durante el período 2020-23, en el que se examina su escala, alcance y distribución geográfica. Además de determinar los recursos filantrópicos, el capítulo explora los tipos de beneficiarios y grupos objetivos apoyados por las fundaciones, las estrategias empleadas para compartir información y fomentar la colaboración, así como las herramientas utilizadas para medir el impacto. También analiza cómo las fundaciones se han visto afectadas por la crisis de COVID-19 y las recientes reformas jurídicas. El Capítulo 3 examina los flujos filantrópicos transfronterizos y la ayuda oficial al desarrollo (AOD), comparando su financiamiento con el de los donantes nacionales. El informe concluye con recomendaciones en materia de políticas para fortalecer la contribución de la filantropía nacional a la agenda de desarrollo de México.

Referencias

[11] Becker, C. and P. González Ulloa (2018), “Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México: Hacia una reforma de la LFFAROSC”.

[2] Butcher García-Colín, J. (2022), Generosidad en México III, Fuentes, causes y destinos, México: Porrúa, CIESC y Tecnológico de Monterrey, http://www.porrua.com.

[1] Cemefi (2023), Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo - Segunda edición 2023, https://www.cemefi.org/centrodedocumentacion/11568.pdf.

[6] CONEVAL (2022), Medición de la Pobreza, https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2022.aspx.

[13] Council on Foundations (2023), Global Grantmaking Country Notes.

[12] ICNL (2025), Mexico, https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/mexico.

[16] Layton, M. (2020), Mexican President Targets U.S. Philanthropy, but It’s Mexican Civil Society That Could Take the Hit.

[15] Lilly Family School of Philanthropy (2022), The 2022 Global Philanthropy Environment Index in Mexico.

[4] OCDE (2024), OECD Economic Surveys: Mexico 2024, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b8d974db-en.

[8] OCDE (2023), Social Institutions & Gender Index Dashboard, https://www.oecd.org/en/data/dashboards/social-institutions-gender-index/restricted-access-to-productive-and-financial-resources.html?oecdcontrol-18ae15c5e9-var1=MEX.

[3] OCDE (2021), Private Philanthropy for Development – Second Edition: Data for Action, The Development Dimension, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/cdf37f1e-en.

[10] OCDE (2020), Bringing foundations and governments closer: Evidence from Mexico, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7332f360-en.

[14] OCDE (2020), “Taxation and Philanthropy”, OECD Tax Policy Studies, No. 27, https://doi.org/10.1787/df434a77-en (accessed on 23 December 2024).

[7] OCDE et al. (2025), Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2025, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7594fbdd-en.

[5] OCDE et al. (2024), Latin American Economic Outlook 2024: Financing Sustainable Development, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c437947f-en.

[9] Wiepking, P. and F. Handy (eds.) (2015), The Palgrave Handbook of Global Philanthropy, Palgrave Macmillan UK, London, https://doi.org/10.1057/9781137341532.

Notas

← 1.  Además de examinar todas las organizaciones de la base de datos, (Butcher García-Colín, 2022[2]) realiza un análisis adicional de los patrones de ingresos y financiamiento de casi 300 entidades donantes, definidas como organizaciones que donaron más de 1 millón de MXN anualmente a cinco o más organizaciones de la sociedad civil.

← 2.  Un total de 62 fundaciones completaron la encuesta organizacional, de ellas solo dos también enviaron respuestas a la encuesta financiera.

← 3.  Las puntuaciones del Índice de Instituciones Sociales y Género varían de 0 a 100, donde 0 indica que no hay discriminación y 100 indica discriminación absoluta.