Argentina es una república federal compuesta por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y es miembro del G20, que reúne a las economías más grandes del mundo. Cada provincia tiene su propia constitución, que define sus poderes e instituciones. El Poder Judicial de la CABA está compuesto por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura (CM), los demás tribunales establecidos por ley y el Ministerio Público. Las competencias del CM incluyen la elaboración del presupuesto y la administración de los recursos asignados al Poder Judicial, la selección y propuesta ante la Legislatura de candidatos a jueces y la recepción de denuncias. Las funciones relacionadas con las contrataciones se asignan jerárquicamente, con el Plenario en el papel estratégico, la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial en el papel de control y la Secretaría de Administración General y Presupuesto (SAGyP) en el papel de ejecución.
La Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC) de la SAGyP recibe y centraliza los requerimientos de todos los juzgados, salas y fiscalías y lleva a cabo sus contrataciones a través del sistema JUC (Justicia Compra). El CM puso en marcha la adopción de JUC en 2021, tras la aprobación del acuerdo de cooperación técnica para la cesión gratuita de la licencia de uso del sistema de contratación electrónica del Poder Ejecutivo BAC (Buenos Aires Compra). Aprovechar esta experiencia permitió una adopción relativamente rápida de la contratación electrónica en el CM.
Varias iniciativas del CM crearon un entorno favorable para la transformación digital, entre ellas la implementación del Sistema de Gestión de Trámites Administrativos Electrónicos (SISTAE) en 2018 y Pilagá, un sistema de administración financiera, presupuestaria y contable, en 2021. Este entorno apoyó la digitalización de la gestión del CM, tanto en su interacción con los ciudadanos como en sus procesos internos, incluida la contratación pública. Sin embargo, este entorno favorable surgió de una serie de iniciativas adoptadas a lo largo del tiempo, más que como parte de una estrategia única e integrada de transformación digital. Más recientemente, el CM también ha experimentado con la aplicación de herramientas basadas en tecnologías digitales, como la inteligencia artificial (IA).
La gobernanza de JUC se basa en una distribución de poderes principalmente dentro de la SAGyP, pero también incluye otras áreas del CM, por ejemplo, las encargadas de gobierno abierto, políticas digitales y control y auditoría interna. La colaboración con partes interesadas externas (por ejemplo, empresas, sociedad civil, etc.) con el fin de mejorar continuamente a JUC ha sido limitada e informal.
El CM proporciona capacitación para el personal de contratación pública, a través del Centro de Formación Judicial y de acuerdos con universidades. El personal dedicado a contrataciones también participa en un congreso anual sobre contratación pública organizado por el CM. Más allá de estas iniciativas, el CM no cuenta actualmente con una política integral de profesionalización para su personal de contratación pública.
El sistema JUC cubre la fase licitatoria, pero no así las etapas pre- y post-licitatoria. La integración de JUC con otros sistemas del CM, en particular el SISTAE y Pilagá, no solo mejoraría la planificación de las compras, sino que también permitiría la recopilación de la información necesaria para evaluar cómo la contratación electrónica contribuye al logro de los objetivos centrales del CM.
La sustentabilidad, entendida como la consideración de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos, es uno de los principios rectores de las actividades de contratación pública del CM. JUC podría apoyar la contratación pública sustentable comunicándola claramente como una prioridad a la comunidad de proveedores y facilitando el análisis sobre qué criterios aplicar (ambientales, sociales y/o económicos) según el potencial para lograr un impacto en cada proceso de contratación, al tiempo que se evita sobrecargar los procesos de contratación o crear confusión entre los funcionarios.
El sistema JUC ha dado pasos importantes para mejorar la transparencia. No obstante, la información sobre contrataciones que se publica actualmente es limitada, y las funciones de consulta en JUC son restringidas. Si bien la publicación de datos sobre contrataciones mejora la transparencia, su valor para las partes interesadas depende de la facilidad de acceso. JUC puede facilitar el acceso a la información sobre contrataciones adoptando estándares de datos abiertos.
Más allá de las evaluaciones realizadas por la función de auditoría interna para supervisar las recomendaciones de sus informes de auditoría, no se lleva a cabo una evaluación sistémica de los riesgos en contrataciones. Esto deja a JUC vulnerable a riesgos como los ciberataques o las fallas operativas.