La experiencia sugiere que un sistema de integridad robusto y transversal en todos los órdenes de gobierno y que involucra al sector privado y a la sociedad en general es esencial para el combate a la corrupción. El establecimiento de responsabilidades institucionales claras y coordinadas para el diseño, la dirección y la implementación del sistema de integridad es crucial para asegurar la aplicación y contribuir a un cambio positivo.
En 2017 el Estado de México estableció su sistema anticorrupción (Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, SAEMM), armonizando su marco legal con el modelo adoptado en el orden nacional, con el fin de mejorar la coordinación, cerrar brechas y evitar la duplicación en la prevención y la detección de la corrupción. El SAEMM busca atender la fragmentación de las políticas públicas, desarrollar un enfoque de integridad más integral y coherente y superar brechas de implementación notables al mejorar la coordinación vertical y horizontal e incluir a los municipios en el mandato del sistema.
Una estrategia de integridad pública es esencial para apoyar un sistema de integridad coherente e integral. Después de una amplia consulta a diferentes actores, la Comisión Ejecutiva del SAEMM preparó la política anticorrupción, que fue aprobada en julio de 2020 (Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios, PEA). Hasta octubre de 2020, el Estado de México era la única entidad federativa que había incluido en su política un eje estratégico adicional sobre ética pública e integridad con 12 prioridades de política pública.
El Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de México y sus organismos auxiliares contiene 15 principios y ocho valores del servicio público, que son congruentes con lo definido en otras legislaciones relevantes. Estos 23 valores y principios también son similares a los que se destacan en la mayoría de los países miembros de la OCDE. Sin embargo, algunos de los 23 principios y valores son repetitivos y podrían generar confusión entre los servidores públicos.
El Estado de México cuenta con un marco regulatorio robusto para promover un ambiente de control orientado hacia la integridad pública. La existencia de mecanismos que contribuyen al ambiente de control fue confirmada, pero también que algunas veces se perciben como formalismos que en la realidad no contribuyen a asegurar el logro de los objetivos institucionales. Las funciones de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y los Órganos Internos de Control (OIC) no son cabalmente entendidas por los funcionarios de línea, ya que la cultura organizacional en las secretarías y los organismos auxiliares los lleva a considerar el control como una tarea exclusiva de la Secretaría de la Contraloría (SECOGEM).
La reforma al combate a la corrupción para implementar el SAEMM en 2017 incluyó la regulación sobre responsabilidades y procedimientos administrativos, plasmada en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios (LRAEM). El marco legal representa un fundamento sólido e integral para hacer valer las reglas y los estándares de integridad, y también es congruente con el marco nacional. Sin embargo, dado el importante número de procedimientos y mecanismos nuevos, se requieren mayores esfuerzos para facilitar su implementación y, eventualmente, la aplicación de sanciones.