Las percepciones y evaluaciones de las instituciones públicas están parcialmente formadas por la manera en que los gobiernos planifican y gestionan los desafíos complejos y de largo plazo. Este capítulo explora las percepciones ciudadanas sobre las competencias y los valores del gobierno en relación con la toma de decisiones complejas. Analiza cómo las personas evalúan la fiabilidad de los gobiernos a la luz de desafíos actuales y futuros, tales como regular las nuevas tecnologías para ayudar al público a usarlas de manera responsable, estar preparados para emergencias, o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También examina el grado en que las personas creen que estas decisiones son tomadas con integridad, en interés del público, y si están sujetas a controles y contrapesos institucionales. Por último, el capítulo presenta cómo participan los latinoamericanos en actividades políticas, en qué medida creen que pueden influir en la formulación de políticas y sus expectativas respecto a la apertura y capacidad de respuesta de los gobiernos ante los aportes del público.
Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe Resultados 2025
Resumen
Las percepciones sobre la toma de decisiones sobre cuestiones políticas complejas desempeñan un papel decisivo en la configuración de la confianza, en especial para el gobierno nacional, pero también para la administración pública. Las personas que creen que el gobierno equilibra adecuadamente intereses intergeneracionales, toma decisiones basadas en la mejor evidencia disponible y rinde cuentas ante las legislaturas son más proclives a expresar una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno nacional y la administración pública.
Una estrecha mayoría confía en la capacidad de los gobiernos para abordar problemas políticos de largo plazo, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (52%) y cooperar con otras partes interesadas (51%), pero hay un mayor escepticismo respecto a su preparación ante emergencias. Solo el 40% de los encuestados cree que sus gobiernos están preparados para proteger vidas en caso de emergencias a gran escala. Las percepciones positivas sobre la preparación ante emergencias y la competencia en políticas de largo plazo están fuertemente asociadas con una mayor confianza en las instituciones.
Las proporciones de latinoamericanos que creen que las decisiones reflejan el interés público y se toman libres de la interferencia de intereses especiales son menores. El 37% cree que intereses especiales sesgan las políticas públicas respecto del interés público, el 36% confía en que las legislaturas hagan rendir cuentas a los gobiernos y solo el 31% cree probable que los tribunales actúen independientes de influencias políticas.
La gente se siente capaz de participar y participa en política, pero no cree que sus voces sean escuchadas. Mientras que el 51% de los encuestados se siente capaz de participar en política, solo el 25% cree que personas como ellos tienen voz y pueden influir en las decisiones de gobierno. Esta discrepancia corre el riesgo de alimentar el cinismo y la apatía, mientras que sentirse escuchado se correlaciona con la confianza en las instituciones a nivel nacional.
La relación entre las percepciones sobre la toma de decisiones de cuestiones políticas complejas y la confianza es en gran medida consistente en ALC y los países de la OCDE, con dos salvedades. La asociación entre estos determinantes en materia de gobernanza pública y la confianza en la administración pública es más significativa para los países de ALC que para los de la OCDE. A su vez, aunque la asociación entre las percepciones de voz política y la confianza es similar en ALC y la OCDE en lo que respecta a la administración pública y las legislaturas, su impacto es menos significativo en la región, en lo que respecta al gobierno nacional.
¿Cómo pueden las instituciones públicas mejorar y fortalecer la confianza?
Continuar invirtiendo en la capacidad de los gobiernos para afrontar desafíos complejos para aumentar la confianza, en particular en el gobierno nacional, a través de promover la formulación de políticas inclusivas y consensuadas y garantizar que estas iniciativas alcancen a los grupos vulnerables. Del mismo modo, para mejorar las percepciones sobre la capacidad de los gobiernos de regular las nuevas tecnologías de tal manera que ayude al público a utilizarlas de manera responsable, los gobiernos podrían fortalecer sus estrategias nacionales de gobierno digital, priorizando los esfuerzos que promuevan un enfoque de transformación digital inclusivo y centrado en los usuarios (OECD/CAF, 2024[1]), así como reforzando el compromiso de utilizar la inteligencia artificial de forma fiable (OECD, 2025[2]).
Fortalecer las iniciativas que promuevan la integridad pública. Los gobiernos podrían mejorar y desarrollar marcos regulatorios integrales que resguarden las políticas públicas de los intereses especiales, en particular en relación al cabildeo y la gestión de conflictos de intereses, así como garantizar su implementación efectiva. También podrían redoblar esfuerzos para mejorar sus marcos estratégicos de integridad y garantizar que los funcionarios públicos se comprometan a defender el interés público.
Impulsar mejoras en la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y la participación significativa. Aunque mucha gente en la región se siente capaz de participar en la política y lo hace, pocos creen que pueden realmente influir en la formulación de políticas. Los gobiernos podrían comunicar mejor cómo se utilizan los insumos del público, ampliar la adopción de métodos participativos que sean significativos y potenciar sus esfuerzos en programas de educación cívica.
Aumentar los esfuerzos para resguardar la rendición de cuentas, fortaleciendo la independencia de los poderes legislativo y judicial para robustecer la rendición de cuentas democrática y restaurar la confianza en las instituciones.
Las expectativas, percepciones y la relación de las personas con las instituciones públicas no solo dependen de sus interacciones cotidianas, sino también de la forma en que los gobiernos enfrentan los desafíos políticos complejos. Esto incluye definir las agendas de políticas y liderar los procesos de toma de decisiones que abordan los principales desafíos sociales. En un contexto marcado por profundas transformaciones, como ser el envejecimiento de la población y la transición digital, las instituciones públicas deben responder con rapidez y a gran escala. Además, en las democracias, la gente espera que las instituciones representativas mantengan frenos y contrapesos, aseguren una participación pública significativa y respeten los derechos fundamentales.
Los resultados de la Encuesta de Confianza de la OCDE en ALC indican que muchos latinoamericanos expresan un optimismo relativo en cuanto a la capacidad de sus gobiernos para hacer frente a desafíos complejos y responder a las preferencias ciudadanas sobre cuestiones políticas clave.1 Estas percepciones moderadamente positivas, que en algunos casos son más positivas que los promedios de la OCDE, pueden ofrecer una base para construir una agenda de confianza en el gobierno nacional y la administración pública en la región. A la actualidad, las percepciones de que las políticas consideran las diversas necesidades intergeneracionales y se basan en la mejor evidencia disponible, son los principales determinantes de confianza en los gobiernos nacionales. También son importantes determinantes de la confianza en el gobierno local, la administración pública y las legislaturas nacionales.
Sin embargo, en lo que hace a preocupaciones más inmediatas, las percepciones públicas son menos optimistas. Los latinoamericanos son bastante más escépticos respecto a la preparación de sus gobiernos en caso de emergencias y sobre su capacidad para regular las nuevas tecnologías de manera tal que se ayude a ciudadanos y empresas a utilizarlas de manera responsable. Estas inquietudes, que potencialmente contribuyen a reducir los niveles de confianza en el gobierno nacional, pueden estar vinculadas a experiencias recientes, como ser la gestión y las secuelas de la pandemia del COVID-19, así como de múltiples desastres naturales. Además, las persistentes preocupaciones por la falta de integridad y equidad, tanto entre los altos funcionarios políticos como en los procesos de formulación de políticas, incrementan las dudas sobre la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones competentes y éticas.
Por último, en la región también hay preocupaciones generalizadas respecto a la insuficiencia de mecanismos de control y contrapesos institucionales, así como de oportunidades para hacer valer las opiniones de la gente. Solo alrededor de un tercio de los encuestados en los países de ALC (similar al promedio de la OCDE) creen que las legislaturas nacionales hacen rendir cuentas a los gobiernos de manera efectiva, y solo un cuarto piensa que gente como ellos tienen una voz significativa en lo que hace el gobierno. Para restablecer la confianza, los gobiernos deberían entonces reflexionar sobre cómo se pueden mejorar las percepciones de voz política.
Los resultados de la Encuesta sobre Confianza de la OCDE sugieren que existe un panorama dispar en cuanto a las percepciones de los latinoamericanos sobre la fiabilidad de los gobiernos y su capacidad para afrontar desafíos complejos. En promedio, las personas expresan una mayor confianza en la preparación de sus gobiernos para abordar ciertos desafíos de largo plazo y menor confianza en su capacidad para responder a emergencias o regular nuevas tecnologías (como la IA o las aplicaciones digitales) para apoyar a las empresas y a ciudadanos a usarlas de manera responsable.
Las percepciones sobre la preparación de las instituciones gubernamentales para proteger vidas y su capacidad para abordar desafíos complejos son importantes determinantes de la confianza. En particular, las percepciones positivas sobre la preparación para emergencias son uno de los tres determinantes más significativos de la confianza en el gobierno local (asociado a un aumento de 3.6 puntos porcentuales en la probabilidad de expresar confianza alta o moderadamente alta, manteniendo constantes otras variables). También se asocia con la confianza en la administración pública (2.4 puntos porcentuales), el gobierno nacional y las legislaturas (2 puntos porcentuales).
Además, los resultados del análisis econométrico muestran que las percepciones positivas sobre la capacidad de los gobiernos para equilibrar intereses intergeneracionales de manera adecuada es el principal determinante de la confianza en el gobierno nacional (7.5 puntos porcentuales) y también se asocia a una mayor confianza en la administración pública (2.9 puntos porcentuales) y en las legislaturas (2.6 puntos porcentuales). En este sentido, estas son áreas críticas en las que los gobiernos de la región deberían invertir, no solo para reforzar la resiliencia frente a los riesgos actuales y futuros, pero también para fortalecer la confianza pública.
4.1.1. Muchos latinoamericanos expresan preocupaciones respecto a la fiabilidad de las instituciones públicas para responder ante emergencias o adaptarse a las nuevas tecnologías
Pese a aún encontrarse en estadios iniciales, los países de América Latina y el Caribe han avanzado en la institucionalización de unidades de prospectiva y en la adopción de la planificación estratégica a largo plazo. Varios países de la región han creado unidades o divisiones de prospección específicas, como la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) de Uruguay o el Centro Nacional de Planificación Estratégica (CEPLAN) de Perú. Sin embargo, la región aún enfrenta el desafío de garantizar la estabilidad a largo plazo, la continuidad institucional e integrar estos elementos de prospectiva en los procesos de formulación de políticas (ECLAC, 2021[3]).
En promedio, el 40% de los encuestados de los países de ALC cree que las instituciones públicas estarían preparadas para proteger vidas en caso de emergencias, mientras que un porcentaje similar (43%) cree que no lo estarían (Gráfico 4.1.). Estos resultados contrastan con los de los países de la OCDE, donde una mayoría del 53% cree que las instituciones de gobierno estarían preparadas para responder eficazmente ante emergencias.
Porcentaje de la población que considera probable o improbable que las instituciones públicas estén preparadas para proteger la vida de las personas en caso de una emergencia a gran escala, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a la pregunta «Si se produjera una emergencia a gran escala, en su opinión, ¿qué tan probable es que las instituciones públicas estén preparadas para proteger las vidas de las personas?». La proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
Las diferencias en estas percepciones entre los países son grandes. En México, Chile y Costa Rica, alrededor de la mitad de la población cree probable que las instituciones estén preparadas para proteger las vidas de las personas, mientras que, en Perú o Paraguay, estos porcentajes son del 24% y 31%, respectivamente. Tanto estas diferencias entre los países, así como los resultados comparados con los de la OCDE, podrían estar relacionados con la vulnerabilidad a las catástrofes y los riesgos ambientales (Cabral-Ramírez, Niño-Barrero and DiBella, 2025[4]; OECD, 2024[5]) y las condiciones económicas. En particular, en los países donde el PIB per cápita es más bajo, las crisis pueden ser más duras, hay menos recursos disponibles para abordarlas, y otros desafíos preexistentes podrían hacer que las personas sean más vulnerables que sus pares en los países de ingresos más altos. A su vez, el análisis de las respuestas según los grupos de población dentro de los países revela que las personas que reportan inseguridad económica son 16 puntos porcentuales menos proclives a creer que sus gobiernos protegerían sus vidas en caso de una emergencia a gran escala.
Más allá de las preocupaciones sobre la preparación de los gobiernos para afrontar crisis y emergencias, muchas personas en ALC también parecen estar preocupadas respecto a cómo los gobiernos están manejando varios aspectos de la transición digital.
Varios países de la región han adoptado estrategias e iniciativas destinadas a reforzar la gobernanza digital, aunque sigue habiendo dificultades para lograr una transformación digital sostenible e integrada. Las expectativas públicas con respecto a la gobernanza de la tecnología son altas. En promedio, el 82% de los encuestados de la región cree que ayudar a los trabajadores a adaptarse a la automatización, la digitalización y las nuevas tecnologías debería ser una prioridad para los gobiernos, por encima del promedio de la OCDE del 77%.
Al mismo tiempo, solo el 42% de los encuestados en los países de ALC confía en la capacidad de los gobiernos para regular las nuevas tecnologías (como la inteligencia artificial o las aplicaciones digitales) de manera tal que se apoye a ciudadanos y empresas a utilizarlas de manera responsable. Esta proporción es muy similar al promedio de la OCDE (41%). Las proporciones a nivel nacional oscilan entre el 33% de Perú y el 53% de México (Gráfico 4.2.).
Porcentaje de la población que considera probable o improbable que el gobierno regule las nuevas tecnologías adecuadamente y ayude a las empresas y a las personas a utilizarlas de forma responsable, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a la pregunta «Si se dispusiera de nuevas tecnologías, (por ejemplo, inteligencia artificial o aplicaciones digitales), en su opinión, ¿qué tan probable es que el gobierno las regule adecuadamente y ayude a las empresas y a la ciudadanía a utilizarlas de forma responsable?». La proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
4.1.2. Sin embargo, la mitad de los latinoamericanos son optimistas sobre la capacidad de sus gobiernos para afrontar desafíos de largo plazo con compromisos intergeneracionales
La complejidad e incertidumbre en torno a los problemas de política de largo plazo, como las cuestiones ambientales o el equilibrio entre las necesidades de las generaciones presentes y futuras, los hacen especialmente difíciles de abordar para los gobiernos.
En 2024, América Latina y el Caribe se enfrentó a una serie de desastres ambientales sin precedentes (OECD, 2024[5]) y con repercusiones de gran alcance. Entre ellos se incluyen la peor sequía de Ecuador en 60 años, las graves inundaciones en Porto Alegre o los devastadores incendios forestales en el Amazonas y Valparaíso, entre otros. Al mismo tiempo, los países de la región han invertido cada vez más en iniciativas específicas y estrategias de adaptación a los cambios climáticos y de temperatura a largo plazo (Carter, Tye and Aguilar, 2022[6]; OECD, 2023[7]; OECD, 2024[8]), lo que parece estar dando sus frutos.
De hecho, los resultados de la Encuesta sobre Confianza sugieren que muchas personas en la región confían en la capacidad de sus gobiernos para gestionar desafíos de política complejos e intergeneracionales. En promedio, el 52% de los encuestados en los países de ALC cree que su país logrará reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos diez años. Del mismo modo, casi la mitad (46%) manifiesta confiar en que su gobierno conseguirá equilibrar adecuadamente los intereses de las generaciones actuales y futuras, el principal determinante de confianza en el gobierno nacional para ALC y la OCDE (Anexo A). Estos porcentajes son notablemente superiores a los reportados en los países de la OCDE, donde solo el 42% y 37% de los encuestados, respectivamente, comparten dicho optimismo (Gráfico 4.3.). Estas percepciones en la mayoría de los países de ALC (a excepción de Brasil y Costa Rica) son más positivas entre los encuestados más jóvenes. La brecha etaria es especialmente relevante en Guatemala, México, Paraguay y Perú (véase el Gráfico 2.8 en el capítulo 2).
Porcentaje de la población que afirma confiar en la capacidad de las instituciones públicas para alcanzar los objetivos de política, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra los promedios de distribuciones de cada país de las respuestas a las siguientes preguntas: 1 «En una escala de 0 a 10, ¿cuánto confía usted en que [PAIS] logre reducir en los próximos 10 años las emisiones de gases de efecto invernadero?»; 2. «En una escala de 0 a 10, ¿cuánto confía en que el gobierno equilibre adecuadamente los intereses de las generaciones actuales y futuras?», y 3.«Si se dispusiera de nuevas tecnologías, (por ejemplo, inteligencia artificial o aplicaciones digitales), en su opinión, ¿qué tan probable es que el gobierno las regule adecuadamente y ayude a las empresas y a la ciudadanía a utilizarlas de forma responsable?». La proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
Las percepciones positivas entre los encuestados de los países de ALC podrían estar vinculadas al hecho de que una mayoría (51%) expresa confianza en la capacidad de sus gobiernos para colaborar con otras partes interesadas en el país, como ser organizaciones del sector privado o los sindicatos, para abordar mejor los desafíos de largo plazo (Gráfico 4.4). Las políticas de Chile para mitigar los desafíos ambientales brindan un buen ejemplo de formulación de políticas que han incorporado de manera sistemática y promovido la colaboración entre múltiples actores. Por ejemplo, la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático ha sido resultado de la colaboración entre partidos y sectores, y destaca como un ejemplo valioso para la región (OECD, 2024[8]).2
Porcentaje de la población que afirma confiar en la capacidad de su gobierno para cooperar con otras partes interesadas y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a las preguntas: «En una escala de 0 a 10, ¿cuánto confía usted en que [PAIS] logre reducir en los próximos 10 años las emisiones de gases de efecto invernadero?» y «En una escala de 0 a 10 ¿cuánto confía usted en la capacidad del gobierno para colaborar con otros actores del país (tales como empresas y sindicatos) con el fin de enfrentar los desafíos de largo plazo?». La proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «ALC» representa el promedio no ponderado de siete países de ALC, obtenido en 2023 para Chile, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE. La pregunta sobre la capacidad de los gobiernos para colaborar no fue incluida en la Encuesta de la OCDE de 2023 (con excepción de Chile) pero se ha incluido en el cuestionario de 2025.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.\
Los valores y principios que guían las acciones gubernamentales y los procesos de formulación de políticas son tan importantes para la confianza pública como los propios resultados (Brezzi et al., 2021[9]; Van de Walle and Migchelbrink, 2020[10]). Una gobernanza inclusiva, justa y accesible fomenta la cooperación, el respeto mutuo y el sentido de dignidad, al tiempo que refuerza la confianza de las personas en los funcionarios y las instituciones públicas. Sin embargo, en los países de ALC, al igual que en muchos países de la OCDE, la gente cree más probable que los gobiernos promuevan políticas que beneficien a los intereses privados a expensas del interés público (Grafico 4.5), socavando la confianza. Al mismo tiempo, si bien la mayoría de los latinoamericanos (51%) confía en su propia capacidad para participar en política, una proporción aún mayor (58%) cree que tiene poca o ninguna influencia en lo que hace el gobierno, independientemente de su participación. Esta brecha puede alimentar el cinismo y la apatía política.
Los ciudadanos de los países de ALC tienden a considerar que sus gobiernos son ligeramente más receptivos a sus preferencias que el promedio de los encuestados en los países de la OCDE, aunque de todos modos hay bastante escepticismo. Muchos de los encuestados se preguntan si sus gobiernos tienen en cuenta los insumos que proveen durante las consultas públicas, si responden adecuadamente a las preferencias de la población durante el diseño y la implementación de políticas, o si ofrecen suficientes oportunidades de participación significativa. En particular, las percepciones positivas sobre la oportunidad de expresar opiniones en decisiones que afectan a la comunidad son el principal determinante de la confianza en los gobiernos locales de ALC (asociada a un aumento de 4.7 puntos porcentuales en la probabilidad de expresar confianza alta o moderadamente alta en el gobierno local, manteniendo constantes otras variables), así como en la OCDE. Del mismo modo, sentir que uno puede influir en lo que hacen los gobiernos se asocia con una mayor probabilidad de confianza en los gobiernos nacionales (1.7 puntos porcentuales), las legislaturas (3 puntos porcentuales) y la administración pública (2 puntos porcentuales). La asociación entre las percepciones de voz política y la confianza en el gobierno nacional es menos pronunciada en la región que la que se ha encontrado en la OCDE.
Además de ser receptivas y rendir cuentas ante la ciudadanía, las instituciones públicas también deben rendirse cuentas entre sí. Las percepciones sobre la rendición de cuentas interinstitucional en la región son bajas y abordar esta deficiencia podría aumentar significativamente la confianza. El análisis econométrico (Anexo A) muestra que cuando las personas perciben que las legislaturas hacen rendir cuentas a los gobiernos, es más probable que expresen una confianza alta o moderadamente alta en los gobiernos nacionales (3.4 puntos porcentuales), las legislaturas (2.5 puntos porcentuales) y la administración pública (1.9 puntos porcentuales).
4.2.1. Muchas personas creen que los grupos poderosos sesgan las políticas públicas respecto del interés público
Garantizar un acceso abierto y equitativo a la formulación de políticas es fundamental para una vida democrática sana y contar con políticas públicas eficaces. Los procesos inclusivos permiten a los responsables de las políticas estar mejor informados, garantizan que los diversos intereses estén representados de manera justa en los resultados y evitan la representación excesiva de grupos poderosos a expensas de aquellos con menos capacidad de influencia. Sin embargo, en consonancia con otros indicadores históricos,3 los resultados de la Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC revelan una preocupación generalizada respecto a que algunos intereses especiales puedan ejercer una influencia indebida en las políticas públicas. Cuando esto ocurre, existe el riesgo de que las desigualdades económicas se reproduzcan y se agraven en los resultados políticos.
En promedio, el 45% de los encuestados en ALC cree probable que el gobierno acepte demandas de una corporación que promueve una política beneficiosa para su industria pero perjudicial para la sociedad en general. A la vez, el 33% cree que el gobierno rechazaría tales demandas, ligeramente por encima del promedio de los países de la OCDE (30%). Estos porcentajes varían de un país a otro. En Perú, el 39% piensa que los gobiernos se resistirían a la influencia de las empresas, frente a solo el 28% en Brasil y México (Gráfico 4.5). Las diferencias podrían estar relacionadas no solo con experiencias o prejuicios, sino también con diferentes expectativas, estándares y entendimientos de lo que podría considerarse una influencia indebida perjudicial para el interés público.
Proporción de la población que cree probable o improbable que el gobierno rechace demandas de una corporación, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a la pregunta «Si una empresa promoviera una política que beneficiara a su sector pero pudiera ser perjudicial para la sociedad en su conjunto, en su opinión, ¿qué tan probable es que el gobierno acceda a las demandas de la empresa?». Para facilitar el análisis, se invirtieron las respuestas, de modo tal que coincidan las respuestas “probable” con un significado positivo. Por tanto, la proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
Las preocupaciones ciudadanas son aún mayores cuando se trata de la integridad de los funcionarios públicos de alto nivel. Casi la mitad de los encuestados (49%) cree poco probable que un responsable de políticas rechace un trabajo bien remunerado en el sector privado ofrecido a cambio de un favor político. En cambio, solo el 36% cree probable que el funcionario se niegue a conceder tal favor. Las percepciones sobre las puertas giratorias y la influencia indebida suelen ser bastante negativas en América Latina y el Caribe, con diferencias relativamente pequeñas entre los distintos grupos de población y países. Centrándose en los resultados a nivel de país, los encuestados de Ecuador son los que expresan opiniones más positivas, mientras que los de México son los que expresan percepciones más negativas (Gráfico 4.6).
Porcentaje de la población que considera probable o improbable que un alto cargo político se niegue a conceder un favor político a cambio de un trabajo bien remunerado en el sector privado, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a la pregunta «Si un/a ciudadano/a o una empresa ofrecieran dinero a un/a funcionario/a público para acceder más rápido a un servicio público, en su opinión, ¿qué tan probable es que lo rechace?». La proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
Contar con regulaciones eficaces de los conflictos de intereses y del cabildeo, así como con marcos estratégicos de integridad e instituciones anticorrupción sólidas es fundamental para salvaguardar las políticas públicas de la captura por parte de intereses especiales y garantizar que las decisiones sirvan al interés público. El cabildeo y la influencia en la formulación de políticas se han vuelto más complejos e involucran a una gama más amplia de actores y actividades que necesitan ser regulados (OECD, 2021[11]). Pese a ello, los marcos regulatorios siguen siendo limitados en la región, y en los casos en que existen, siguen habiendo dificultades para exigir el cumplimiento de las normativas. Solo Chile, México y Perú definen las actividades de cabildeo en sus marcos jurídicos, y entre estos, solo Chile y México mantienen registros de cabildeo accesibles para el público en línea (OECD, 2024[5]) (OECD, 2024[5]).
4.2.2. La gente se siente capaz de participar en la política, pero no siente que sus voces sean escuchadas
La participación política, la confianza pública y la democracia se refuerzan mutuamente. La participación en actividades políticas puede fortalecer los valores cívicos y democráticos, conferir legitimidad a los sistemas políticos y aumentar la confianza en las instituciones públicas (Prats and Meunier, 2021[12]; Prats, Smid and Ferrin, 2024[13]). Las personas que sienten que tienen voz y pueden influenciar las decisiones gubernamentales o que confían en participar en la política tienen aproximadamente el doble de probabilidades de expresar confianza alta o moderadamente alta en el gobierno nacional (véase el Capítulo 2). Además, las percepciones de falta de voz política pueden reflejar preocupaciones más amplias sobre la influencia indebida (véase la sección 4.2.1).
En promedio, la mayoría (51%) de los latinoamericanos afirma sentirse capaz de participar en la política, una cifra considerablemente superior a la media de la OCDE, del 40%. Estos resultados pueden en parte vincularse al liderazgo de la región en la adopción de mecanismos participativos innovadores, como los presupuestos participativos o procesos democráticos deliberativos (Selee and Peruzzotti, 2009[14]; OECD, 2020[15]). Los porcentajes varían mucho de un país a otro: la proporción más baja se observa en Brasil (42%), mientras que la República Dominicana (59%) y Ecuador (56%) presentan los niveles más altos (Gráfico 4.7). Asimismo, es importante destacar que en todos los países de ALC la proporción de personas que se sienten capaces de participar en la política supera el promedio de la OCDE. Las mujeres (excepto en Brasil), los más jóvenes (excepto en Guatemala) y las personas con niveles educativos más bajos se sienten menos seguros de su capacidad de participación en comparación con los hombres, las cohortes de mayor edad y las personas con mayores niveles educativos.
Porcentaje de la población que se siente confiado para participar en la política, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a la pregunta «¿Qué tanto confía en su propia capacidad para participar en política?». La proporción «confiada» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «no confiada» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
En línea con los resultados anteriores, los ciudadanos de ALC muestran niveles de participación política más elevados que sus pares de la OCDE (Gráfico 4.8). Es probable que el voto obligatorio tradicional en la región haya contribuido a una cultura de mayor participación política (Carey and Horiuchi, 2017[16]). Al igual que en los países de la OCDE, aproximadamente ocho de cada diez (77%) ciudadanos de ALC reportan haber votado en las elecciones nacionales más recientes y aproximadamente la mitad (51%) reporta haber votado en las elecciones locales. Sin embargo, los latinoamericanos parecen más inclinados a participar en formas de participación colectivas, como ser voluntario en causas sociales o medioambientales (17%), participar en reuniones sindicales o de partidos políticos (13%), o en protestas y manifestaciones callejeras (11%). Por el contrario, son menos los que afirman participar en acciones de protesta individuales, como boicotear productos por motivos políticos (5%).
Porcentaje de la población que ha participado en la actividad política respectiva en los últimos 12 meses, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra los promedios no ponderados de la proporción de la población que respondió «sí» a las actividades indicadas en la pregunta «Durante los últimos 12 meses, ¿ha realizado alguna de las siguientes actividades?». «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025
Al mismo tiempo, solo uno de cada cuatro encuestados (25%) en ALC considera que personas como ellos tienen voz y pueden influenciar en lo que hace el gobierno (Gráfico 4.9, Panel A). A excepción de México, donde el 45% de los encuestados siente que tiene influencia sobre las decisiones gubernamentales, todos los demás países de ALC se sitúan por debajo del promedio de la OCDE, del 30%. Cabe destacar que el sentimiento de voz política está relacionado con la confianza en el gobierno nacional (Gráfico 4.9, Panel B), y es un determinante significativo de la confianza en el gobierno nacional, el poder legislativo y la administración pública. En comparación con los resultados de la OCDE, la relación entre voz política y confianza es similar en lo que respecta al poder legislativo y la administración pública, pero menos pronunciada en atención al gobierno nacional.
Nota: Panel A: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a la pregunta ¿Qué tanto diría que el sistema político en [PAIS] permite que personas como usted puedan influenciar lo que hace el gobierno?». La proporción «completamente» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «nada» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte Panel B: El gráfico ilustra el porcentaje de personas que respondieron «probable» a la pregunta: «¿Qué tanto diría que el sistema político en [PAIS] permite que personas como usted puedan influenciar lo que hace el gobierno?» y respondieron «confianza alta o moderadamente alta» a la pregunta: «En una escala de 0 a 10, donde 0 no es en absoluto y 10 es completamente, ¿cuánta confianza tiene en el gobierno nacional?». La proporción «probable» o «confianza alta o moderadamente alta» es la agregación de respuestas de 6 a 10 en la escala. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
Asimismo, muchas personas en ALC no creen que los gobiernos respondan a los aportes y preferencias del público en relación a sus políticas, aunque este porcentaje en ALC es menor que el promedio de la OCDE. El 44% de los encuestados cree que si la mayoría de las personas expresaran una opinión en contra de una política nacional, el gobierno la cambiaría, frente al 38% que cree que no la cambiaría. Los promedios respectivos de la OCDE son del 37% y el 42%, respectivamente. Existe una variación considerable entre los países de ALC, que oscila entre un 34% de encuestados en Perú que afirma que el gobierno probablemente cambiaría una política, y el 51% en República Dominicana (Gráfico 4.10).
Proporción de la población que considera probable o improbable que el gobierno cambie una política nacional si más de la mitad de las personas expresan su opinión en contra, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a la pregunta «Si más de la mitad de la población en [PAÍS] expresara claramente su opinión en contra de una política pública de nivel nacional, en su opinión, ¿qué tan probable es que se cambie?». La proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
Incluso, al considerar las decisiones que afectan directamente a sus comunidades, o las ocasiones en las que se les pide explícitamente su opinión, muchos latinoamericanos siguen mostrándose escépticos ante la posibilidad de que se tengan en cuenta sus insumos y aportes. Poco más de un tercio de los encuestados (38%) cree que tendría la oportunidad de expresar sus opiniones en decisiones que afecten a su comunidad, por debajo del promedio de la OCDE del 41%. Del mismo modo, solo el 36% cree que se tendrían en cuenta sus insumos en consultas públicas, una cifra que, sin embargo, supera la media de la OCDE, del 32%. A nivel nacional, la proporción de la población que ve estas dimensiones positivamente no alcanza la mayoría en ningún país de ALC, aunque Ecuador tiene la percepción más positiva de la capacidad de respuesta del gobierno a las consultas públicas (49%), y México lidera en cuanto a la percepción de oportunidades para expresar opiniones a nivel local (46%) (Gráfico 4.11.).
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a las preguntas «Si el gobierno local va a tomar una decisión que afecta a su comuna, en su opinión, ¿qué tan probable es que usted tenga la oportunidad de expresar su opinión?» (Panel A) y «Si usted participara en una consulta pública para reformar un área como salud o medio ambiente, en su opinión, ¿qué tan probable es que el Gobierno tome en cuenta las opiniones expresadas en dicha consulta?» (Panel B). La proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
La Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC muestra una aparente discrepancia entre las percepciones que tienen las personas sobre el sistema político y respecto a la influencia que tienen en él. Aunque muchos latinoamericanos afirman sentirse capaces de participar en la vida pública, son muchos menos los que creen que su participación tiene repercusiones significativas o que se les escucha. Este desajuste de expectativas puede alimentar la desilusión y alejar a las personas de la participación en el sistema político (Recuadro 4.1), lo que a su vez puede dar lugar al cinismo y erosionar las instituciones representativas tradicionales (Prats and Meunier, 2021[12]).
A las personas que declaran no confiar en su gobierno se las suele retratar como políticamente desinteresadas o desencantadas de la política. Sin embargo, los datos de la Encuesta sobre Confianza de la OCDE de 2021 sugieren que, aunque parte de ese grupo de personas en los países de la OCDE está realmente desvinculado, un porcentaje significativo participa políticamente de diversas maneras, al tiempo que siente que carece de voz política (Prats, Smid and Ferrin, 2024[13]). En ALC, el 16% de los encuestados expresa falta de confianza en su gobierno nacional, seleccionando ‘0’ en una escala de respuesta de 0 a 10, un porcentaje similar al promedio de la OCDE (15%). Dentro de este grupo, el 43% confía en su capacidad para participar en la política, pero solo el 6% cree que tiene voz y puede influenciar lo que hace el gobierno.
En lo que respecta a su participación política, una gran mayoría (77%) de las personas que carecen de confianza afirma haber participado en al menos una forma de participación, y expresa niveles de participación electoral similares a los de las personas con mayores niveles de confianza (lo que podría explicarse por el voto obligatorio en la región). Sin embargo, las personas con falta de confianza participan más en actividades políticas no convencionales respecto a aquellos que confían, como ser publicar contenido político (+1.9 puntos porcentuales), boicotear productos por motivos políticos (+2.1 puntos porcentuales) o participar en manifestaciones (+1.5 puntos porcentuales). Las personas que carecen de confianza en su gobierno tienen, en promedio, 2.8 puntos porcentuales menos de probabilidades de haber participado en una consulta pública que las personas que tienen confianza en los gobiernos en ALC (Gráfico 4.12).
Diferencia en puntos porcentuales de participación en actividades políticas durante el año anterior entre personas que manifestaron no confiar (=0) y personas que manifestaron tener cierta o gran confianza (1-10) en el gobierno nacional, 2023 y 2025
Nota: El gráfico muestra la distribución de respuestas en ALC a la pregunta «Durante los últimos 12 meses, ¿ha realizado alguna de las siguientes actividades?». Aquí se muestra la diferencia en la proporción de personas que han participado en cualquiera de las actividades entre las que expresan no confiar en el gobierno nacional (respuesta «0») y las que reportan una mayor confianza (respuestas 1-10).
Cómo leer: En el extremo izquierdo de la figura, un valor negativo indica que esta forma de participación política es menos prevalente entre el grupo que desconfía (que respondió 0 en la escala de respuesta) en los países de ALC, en comparación con aquellos que indicaron niveles de confianza de 1 a 10. En el extremo derecho de la figura, un valor positivo indica que esta forma de participación política es más frecuente entre los grupos que desconfían.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
4.2.3. El pesimismo sobre los frenos y contrapesos sugiere que la rendición de cuentas institucional puede estar en riesgo
Uno de los principios fundamentales de la democracia es el sistema de controles y contrapesos entre las ramas del gobierno. Esto resguarda a las instituciones de cualquier intento de abuso de poder. Por ejemplo, es esencial que los poderes legislativo y judicial sean fuertes e independientes para garantizar la rendición de cuentas y salvaguardar la resiliencia democrática.
Las percepciones públicas positivas sobre la rendición de cuentas entre los distintos poderes son un determinante de confianza en los gobiernos nacionales, las legislaturas, los gobiernos locales y la administración pública en ALC. Empero, en promedio, solo alrededor de un tercio (36%) de los encuestados cree probable que el poder legislativo haga rendir cuentas al gobierno de manera efectiva, como ser mediante interpelaciones a los ministros o la revisión del presupuesto nacional. Las percepciones son más positivas en Chile, Brasil y Ecuador, donde el porcentaje supera en más de cinco puntos porcentuales el promedio de la OCDE (38%). Por el contrario, Perú, Guatemala y Paraguay reportan valores mucho más bajos, ya que solo uno de cada cinco encuestados expresa confianza en la capacidad del poder legislativo para hacer rendir cuentas al ejecutivo (Gráfico 4.13).
Porcentaje de la población que cree probable o improbable que la legislatura nacional haga rendir cuentas al gobierno nacional, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a la pregunta «En su opinión, ¿qué tan probable es que el gobierno rinda cuentas de manera efectiva al Congreso Nacional por sus políticas públicas y su comportamiento. Por ejemplo, interpelando a un/a ministro/a o revisando el presupuesto?». La proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
Las deficiencias percibidas en los controles y contrapesos entre las distintas ramas del gobierno también se reflejan en el escepticismo generalizado sobre la independencia del poder judicial con respecto al poder político. En promedio, apenas el 31% de los encuestados cree que un tribunal tomaría una decisión libre de influencia política si esta decisión pudiera influir negativamente en la imagen del gobierno (Gráfico 4.14). Las respuestas a nivel nacional oscilan entre el 26% en Perú y el 36% en República Dominicana y Ecuador, todas ellas por debajo del promedio para 22 países de la OCDE en 2021 (42%) (OECD, 2022[17]).
Proporción de la población que cree probable o improbable que los tribunales tomen una decisión que afecte al gobierno libre de presión política, 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a la pregunta «Si un tribunal estuviese a punto de tomar una decisión que pudiera afectar negativamente a la imagen de un gobierno o de un/a importante empresario/a, ¿qué tan probable cree que el tribunal tome la decisión libre de influencia política?». La proporción «probable» es la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala; «neutral» es igual a una respuesta de 5; «improbable» es la agregación de las respuestas de 0 a 4; y «No sé» es una opción de respuesta aparte. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025.
La proporción de encuestados que creen en la independencia del poder judicial (31%) se alinea estrechamente con aquellos que declaran una confianza alta o moderadamente alta en los tribunales y el sistema judicial (36%), tanto en promedio como a nivel de país (Gráfico 4.15. y (OECD, 2022[17])). Las percepciones de interferencia política en las decisiones judiciales pueden indicar un acceso desigual a la justicia (De Micheli and Taylor, 2022[18]), donde algunas personas se benefician de un trato preferencial. Este sesgo percibido en el sistema judicial podría contribuir a reducir la confianza en los tribunales y explicar la importante brecha entre los niveles de confianza de ALC y los países de la OCDE (véase el Capítulo 1).
Porcentaje de la población que considera probable que los tribunales adopten decisiones libres de influencia política y que expresan confianza alta o moderadamente alta en los tribunales y en el sistema judicial, 2023 o 2025
Nota: El gráfico muestra las distribuciones en cada país de las respuestas a las preguntas: «Si un tribunal estuviese a punto de tomar una decisión que pudiera afectar negativamente a la imagen de un gobierno o de un/a importante empresario/a, ¿qué tan probable cree que el tribunal tome la decisión libre de influencia política?» y «En una escala de 0 a 10, en la que 0 significa "Nada" y 10 "Completamente", ¿en qué medida confía en cada una de las siguientes instituciones? Tribunales y sistema judicial». La proporción de personas con confianza alta o moderadamente alta y que cree «probable» corresponde a la agregación de las respuestas de 6 a 10 en la escala. «OCDE» presenta el promedio no ponderado de 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC, en 2023. «ALC» representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC (confianza en los tribunales) / seis (decisiones libres de influencia), obtenido en 2023 en el caso de los países de ALC de la OCDE, y en 2025 en los países de ALC que no son miembros de la OCDE.
Fuente: Encuesta sobre Confianza de la OCDE 2023, Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC 2025
Bibliografía
[9] Brezzi, M. et al. (2021), “An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 48, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b6c5478c-en.
[4] Cabral-Ramírez, M., Y. Niño-Barrero and J. DiBella (2025), “Lessons from the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction from Latin America and the Caribbean”, International Journal of Disaster Risk Science, Vol. 16/1, pp. 72-83, https://doi.org/10.1007/s13753-025-00613-w.
[16] Carey, J. and Y. Horiuchi (2017), “Compulsory Voting and Income Inequality: Evidence for Lijphart’s Proposition from Venezuela”, Latin American Politics and Society, Vol. 59/2, pp. 122-144, https://doi.org/10.1111/laps.12021.
[6] Carter, R., S. Tye and S. Aguilar (2022), Long-term Adaptation Planning in Latin America and the Caribbean, Inter-American Development Bank, https://doi.org/10.18235/0004529.
[18] De Micheli, D. and W. Taylor (2022), “Public Trust in Latin America’s Courts: Do Institutions Matter?”, Government and Opposition, Vol. 59/1, pp. 146-167, https://doi.org/10.1017/gov.2022.6.
[3] ECLAC (2021), Resilient institutions for a transformative post-pandemic recovery in Latin America and the Caribbean: inputs for discussion (LC/CRP.18/3), Economic Commission for Latin America and the Caribbean , Santiago.
[19] Hooghe, M. and D. Stiers (2016), “Elections as a democratic linkage mechanism: How elections boost political trust in a proportional system”, Electoral Studies, Vol. 44, pp. 46-55, https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.08.002.
[20] Martínez-Gallardo, C. et al. (2024), “Executive Approval Dynamics in Presidential and Parliamentary Democratic Regimes”, Comparative Political Studies, Vol. 58/3, pp. 526-561, https://doi.org/10.1177/00104140241237481.
[2] OECD (2025), Gobernar con la inteligencia artificial: Panorama actual y hoja de ruta en las funciones centrales de gobierno, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/dc00e56a-es.
[8] OECD (2024), Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de Chile, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9cdf8865-es.
[5] OECD (2024), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0f191dcb-es.
[7] OECD (2023), Drivers of Trust in Public Institutions in Brazil, Building Trust in Public Institutions, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fb0e1896-en.
[17] OECD (2022), Building Trust to Reinforce Democracy: Main Findings from the 2021 OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions, Building Trust in Public Institutions, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b407f99c-en.
[11] OECD (2021), Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en.
[15] OECD (2020), Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/339306da-en.
[1] OECD/CAF (2024), Revisión del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe: Construyendo Servicios Públicos Inclusivos y Responsivos, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7a127615-es.
[12] Prats, M. and A. Meunier (2021), “Political efficacy and participation: An empirical analysis in European countries”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 46, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4548cad8-en.
[13] Prats, M., S. Smid and M. Ferrin (2024), “Lack of trust in institutions and political engagement: An analysis based on the 2021 OECD Trust Survey”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 75, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/83351a47-en.
[14] Selee, A. and E. Peruzzotti (2009), Participatory Innovation and Representative Democracy in Latin America, Woodrow Wilson Center Press with Johns Hopkins University Press.
[10] Van de Walle, S. and K. Migchelbrink (2020), “Institutional quality, corruption, and impartiality: the role of process and outcome for citizen trust in public administration in 173 European regions”, Journal of Economic Policy Reform, Vol. 25/1, pp. 9-27, https://doi.org/10.1080/17487870.2020.1719103.
← 1. Este optimismo relativo puede estar influenciado, en parte, por las transiciones políticas. En muchos casos, los nuevos gobiernos tienen nuevos mandatos y nuevas agendas ante los que la gente reacciona con crecientes esperanzas, lo que refuerza la legitimidad del sistema y la confianza de la ciudadanía (Hooghe and Stiers, 2016[19]). Estas transiciones suelen ir acompañadas de un periodo de «luna de miel» más intenso y prolongado en la opinión pública, en particular en los sistemas presidencialistas (Martínez-Gallardo et al., 2024[20]).
← 2. En Chile, la percepción de la capacidad del gobierno para cooperar con otras partes interesadas, como el sector privado o los sindicatos, para hacer frente a los desafíos a largo plazo es el determinante más significativo de confianza en el gobierno nacional. Las personas que confían en la capacidad del gobierno para cooperar son 11.6 puntos porcentuales más propensas a expresar confianza alta o moderadamente alta en el gobierno nacional en Chile (OECD, 2024[8]). Esta pregunta de la encuesta se implementó por primera vez en el país (no entre los países de la OCDE), se incluyó en el cuestionario para ALC, así como el cuestionario para los países de la OCDE 2025. Sin embargo, el análisis econométrico para los seis países de ALC encuestados en 2025 reveló que este no constituye un determinante significativo para la confianza en la región.
← 3. Desde que el Latinobarómetro empezó a recopilar estos datos en 2004 hasta 2024, en promedio, el 73% de los latinoamericanos afirma creer que su país está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio interés, frente al 23% que cree que está gobernado para el bien de todos.