Perspectivas del empleo de la OCDE 2026: España
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Estas notas de país ofrecen una visión general de la situación del mercado laboral en cada país en base a los datos de Perspectivas del empleo de la OCDE 2026. Esta edición presta especial atención a las disparidades geográficas en materia de empleo e ingresos.
Los mercados laborales de la OCDE siguen mostrando resiliencia, con tasas de empleo y de participación en la población activa en máximos (72,1 % y 76,7 % en el primer trimestre de 2026, respectivamente) y una tasa de desempleo baja en términos históricos (4,9 % en mayo). Sin embargo, se observan cada vez más indicios de debilitamiento, entre ellos el aumento del desempleo en muchos países, la desaceleración del crecimiento del empleo y la menor escasez de mano de obra. Debido al nuevo repunte de los precios de la energía, se prevé que los salarios reales disminuyan en muchos países.
En España, el mercado laboral siguió consolidándose en 2026, con una tasa de desempleo que descendió hasta el 10,3 % en mayo, frente al 10,6 % registrado un año antes. A pesar de esta mejora sostenida, el desempleo sigue siendo el principal reto de la economía española, con la tasa más alta entre las principales economías de la OCDE, y más del doble de la media (4,9 %).
El empleo ha seguido creciendo de forma ininterrumpida desde la crisis de la COVID-19, aunque aún se sitúa por debajo de la mayoría de las economías de la OCDE. La tasa de empleo de las personas de entre 15 y 64 años alcanzó el 67,3 % en el primer trimestre de 2026, lo que supone un aumento de 0,7 p.p. con respecto al año anterior, pero sigue estando 4,8 p.p. por debajo de la media de la OCDE. La tasa de actividad alcanzó un máximo histórico del 75,1 %, situándose cerca de la media de la OCDE (76,7 %).
El limitado crecimiento de los salarios sigue siendo un punto débil. Aunque los salarios reales crecieron un 2 % durante el último año, siguen situándose un 2 % por debajo de su nivel del primer trimestre de 2021, lo que sitúa a España entre las economías de la OCDE donde más han caído desde la crisis de la COVID-19 (véase el gráfico siguiente). Esto se produce a pesar de los importantes aumentos del salario mínimo, que han protegido a los trabajadores con menores ingresos frente a la inflación, lo que apunta a un estancamiento aún mayor en los salarios reales de gran parte de la fuerza laboral. Dado que el crecimiento de la productividad laboral se ha estancado durante la última década y se prevé que siga siendo moderado, y en un contexto de renovadas presiones inflacionaries a corto plazo, se anticipa que los salarios reales no repunten a lo largo de 2026 y 2027.
Las empresas en España se han vuelto cada vez más reactivas a los cambios en el entorno económico. La proporción de empresas que no reducen plantilla cuando se enfrentan a un deterioro de las condiciones empresariales pasó del 8,9 % en el cuarto trimestre de 2019 al 4,3 % en el primer trimestre de 2026. Como resultado, las empresas españolas han pasado de situarse cerca de la media de la Unión Europea antes de la pandemia a situarse entre las más reactivas en la actualidad.
Las desigualdades territoriales en las perspectivas de empleo son significativas en la OCDE. En más de la mitad de los países, las tasas de empleo entre las regiones con mejores y peores resultados difieren en más de 20 puntos porcentuales (p.p.). Estas disparidades no solo reflejan la composición de la población, sino también las oportunidades económicas que ofrecen las regiones, y se traducen directamente en desigualdades en los niveles de vida.
En España, las disparidades regionales en las tasas de empleo son significativamente mayores que en la mayoría de las economías de la OCDE (véase el gráfico siguiente): la brecha entre las regiones situadas en los quintiles superior e inferior en términos de empleo se sitúa en 15,5 p.p., frente a un promedio de 11,4 p.p. en los países con datos disponibles.
Las posibilidades de encontrar empleo dependen en gran medida del lugar de residencia. En 2024, la tasa de desempleo en la región con peores resultados, la ciudad autónoma de Melilla, alcanzó el 28,3 %, varias veces superior a la de la provincia con mejores resultados, Gipuzkoa (6,4 %).
Desde principios de la década de 2010, las disparidades regionales en las tasas de empleo se han reducido en un 10,4 % en términos relativos a la media nacional, en línea con la mayoría de los países de la OCDE. Esto refleja una evolución positiva del mercado laboral en regiones con niveles iniciales de empleo más bajos.
Aunque en España los trabajadores se desplazan de regiones con menor a mayor tasa de empleo, estos flujos siguen siendo demasiado limitados para reducir de forma significativa las brechas regionales de empleo. Además, quienes se trasladan tienden a estar mejor formados y a tener una mayor vinculación con el mercado laboral. En ausencia de políticas que reduzcan las barreras a la movilidad, especialmente para las personas con peores perspectivas laborales, la movilidad interregional puede acabar reforzando las disparidades existentes.
Las desigualdades regionales en el empleo se traducen en diferencias significativas en los ingresos de los hogares en España. La renta disponible mediana en la región de Madrid supera en más de 1,5 la de la región con menor nivel de ingresos, Almería. Gran parte de esta diferencia refleja condiciones del mercado laboral. Además, las personas que viven en regiones de bajos ingresos tienen menores probabilidades de subir en la escalera de ingresos a lo largo del tiempo y se enfrentan a un mayor riesgo de estancamiento
La legislación de protección del empleo influye en la seguridad laboral, el dualismo del mercado de trabajo y la capacidad de las empresas para ajustarse a las fluctuaciones económicas y al cambio estructural. Los indicadores actualizados de la OCDE muestran importantes diferencias entre países tanto en la regulación de los despidos como, especialmente, en las restricciones al uso de contratos temporales.
Según los indicadores actualizados de protección del empleo (EPL) de la OCDE, España se sitúa en el tercio superior de países en términos de protección frente a los despidos individuales y colectivos. Este resultado refleja, en parte, una aplicación considerablemente más estricta de la normativa sobre despido improcedente que en la mayoría de los países de la OCDE.
Las restricciones al uso de contratos temporales han aumentado tras la reforma laboral de 2021 y se encuentran ahora entre las más estrictas de la OCDE (véase el gráfico siguiente). En vigor desde marzo de 2022, la reforma limitó el recurso a la contratación temporal a necesidades estrictamente transitorias, eliminando el contrato por obra o servicio y endureciendo las condiciones para justificar contratación temporal. Asimismo, sustituyó los anteriores contratos formativos por modalidades de menor duración: el contrato para la obtención de la práctica profesional, por un máximo de un año (frente a dos anteriormente), y el contrato de formación en alternancia, con un máximo de dos años (frente a tres).
Estos cambios ya están contribuyendo a reducir el persistente dualismo del mercado laboral en España, históricamente elevado en comparación internacional. La reforma ha impulsado un mayor recurso a la contratación indefinida: la proporción de trabajadores con contratos temporales cayó del 24,8 % en el primer trimestre de 2022 al 14,8 % en el primer trimestre de 2026, aunque sigue siendo superior a la de la mayoría de los países de la OCDE. No obstante, parte de este ajuste refleja un mayor uso de los contratos fijos discontinuos, que, aunque se clasifican como indefinidos, pueden implicar periodos de inactividad, por lo que su impacto sobre la estabilidad de los ingresos podría ser más limitado.
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El libro completo está disponible en inglés: OECD (2026), OECD Employment Outlook 2026: Geographic Disparities in Jobs and Incomes, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7e710f54-en.
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