Los gobiernos de América Latina y el Caribe se encuentran en una coyuntura crítica. Al igual que el resto de los países del mundo, deben transitar transformaciones ambientales, digitales y demográficas en un contexto global cada vez más incierto, marcado por tensiones geopolíticas crecientes, el aumento de los costos comerciales, un crecimiento económico débil –tanto actual como proyectado– y creciente inestabilidad (OECD, 2024[1]; OECD, 2025[2]). Al mismo tiempo, los países de ALC continúan enfrentando desafíos estructurales persistentes, como ser los altos niveles de desigualdad e informalidad, y la necesidad de fortalecer la gobernanza pública, entre otros aspectos para salvaguardar la integridad pública (OECD, 2024[3]; OECD et al., 2024[4]).
En este entorno complejo, mantener y fortalecer la confianza en las instituciones es particularmente desafiante. En los gobiernos democráticos, los funcionarios públicos y los responsables de las políticas dependen de la confianza interpersonal e institucional para abordar cuestiones prácticas y preocupaciones cotidianas en materia de gobernanza, así como para tomar decisiones de política complejas que respondan a los desafíos nacionales y globales. La confianza fomenta la participación política, reduce los costos de transacción –en la gobernanza, la sociedad y la economía- y facilita la implementación de las políticas públicas. Asimismo, promueve el apoyo a reformas difíciles, lo que permite obtener mejores resultados en materia de políticas (Putnam, 1993[5]; Rothstein, 2011[6]; Algan and Cahuc, 2013[7]; Brezzi et al., 2021[8]; Fukuyama, 1995[9]). Por el contrario, bajos niveles de confianza pueden obstaculizar la prestación eficaz de servicios públicos, generar pérdidas de bienestar y conducir a los países por una senda de menor y más lento crecimiento económico en el largo plazo (Acemoglu and Robinson, 2012[10]). La falta de confianza también puede erosionar la cohesión social y fracturar las sociedades (Keefer and Scartascini, 2022[11]).
En las democracias, la confianza es un indicador clave sobre cómo las personas se relacionan con las instituciones públicas y perciben su desempeño. Sin embargo, altos niveles de confianza en las instituciones públicas no constituyen necesariamente el objetivo último de la gobernanza pública. De hecho, las democracias son únicas en permitir, e incluso fomentar, que la gente exprese su falta de confianza o escepticismo hacia sus gobiernos. Más que en base a una confianza ciega, las democracias prosperan gracias a la participación informada y crítica. Esta apertura al escrutinio y al disenso es uno de los elementos que sustentan la resiliencia democrática. Al promover un discurso libre y abierto, las democracias están mejor preparadas para evolucionar, responder a las crecientes expectativas ciudadanas y avanzar hacia una mayor confiabilidad a lo largo del tiempo (OECD, 2024[1]).
Si bien los retos son significativos, el momento actual también ofrece oportunidades. Cuarenta años después de la última ola de redemocratización, la democracia está firmemente arraigada en la región. Según los últimos datos del Latinobarómetro, el apoyo ciudadano a la democracia ha aumentado desde 2018, año en el que presentó las puntuaciones más bajas (Latinobarometro, 2024[12]). Además, las sucesivas olas de reformas institucionales en las últimas décadas han ampliado el acceso a derechos y fortalecido los procesos electorales, con más de 220 elecciones nacionales y locales «libres y justas» celebradas desde la década de 1980 (Welp, 2022[13]). Por su parte, la digitalización brinda nuevas oportunidades para fortalecer la confianza.
Este informe presenta los hallazgos de la Encuesta de la OCDE sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas de América Latina y el Caribe (Encuesta sobre Confianza de la OCDE en ALC), la primera iniciativa regional llevada a cabo en el marco del Proyecto1 de Encuesta Global de Confianza. Implementado en diez países de América Latina y el Caribe, el ejercicio ofrece el análisis y banco de datos más completos realizados hasta la fecha sobre la compleja relación entre la confianza pública y la gobernanza democrática en la región. La encuesta pregunta a los latinoamericanos sobre sus experiencias y expectativas respecto a sus gobiernos en ámbitos clave, como la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la capacidad para afrontar desafíos complejos y globales, la integridad, equidad y apertura (Recuadro 1). El cuestionario implementado en los países de ALC que no son miembros de la OCDE está en gran medida alineado con aquel implementado en la Encuesta sobre Confianza de la OCDE de 2023, lo que permite realizar análisis comparativos y establecer referencias de comparación internacionales. A su vez, para que la herramienta de medición refleje las especificidades regionales se introdujeron nuevas preguntas, lo que mejoró la pertinencia de la encuesta para comprender los principales determinantes de la confianza pública en ALC.