La OCDE recibió respuestas de 526 empresas de América Latina y el Caribe, recopiladas a través de la encuesta regional realizada a principios de 2025. Los resultados abarcan 26 países y 13 sectores, y contribuyen a comprender el nivel de conocimiento, las prácticas y los desafíos que enfrentan las empresas de la región en relación con la conducta empresarial responsable (CER), en particular en materia de debida diligencia.
La Encuesta 2025 de la OCDE sobre conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe constituye un primer paso para construir una base de evidencia sobre el grado actual de adopción de prácticas de debida diligencia en la región, así como para identificar los principales desafíos que enfrentan las empresas en la implementación de los principios y estándares de CER. En particular, la encuesta ofrece información sobre cómo una amplia variedad de empresas que operan en la región responde a las exigencias de los mercados, a los marcos regulatorios emergentes, a la participación en iniciativas de sostenibilidad y a otros factores clave que influyen en las decisiones y prácticas en materia de debida diligencia.
La encuesta fue elaborada en el marco del Proyecto sobre Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), financiado por la Unión Europea a través de su estrategia Global Gateway e implementado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). A continuación, se presentan los principales resultados de la encuesta.
1. El cumplimiento de las regulaciones es la principal motivación para llevar a cabo la debida diligencia
La mayoría de los encuestados consideró relevantes una amplia gama de motivaciones. El cumplimiento de las regulaciones o de las expectativas gubernamentales fue la motivación mencionada con mayor frecuencia, señalada por más de cuatro quintas partes de los encuestados. Alrededor de tres cuartas partes indicaron que la mejora de la reputación y la integración de la CER en los valores fundamentales de la empresa también constituyen motivaciones relevantes para llevar a cabo la debida diligencia. Asimismo, más de dos tercios mencionaron la mejora del rendimiento operativo, la prevención o mitigación de interrupciones en la cadena de suministro y el acceso a los mercados.
2. Las políticas de debida diligencia para una CER se centran principalmente en las operaciones propias, con una cobertura más limitada de las relaciones comerciales
Alrededor de tres quintas partes de los encuestados indicó que su empresa cuenta con una política de debida diligencia para una CER. Una cuarta parte de los encuestados indicó que estas políticas cubren las propias operaciones de la empresa. Sólo alrededor de una quinta parte señaló que estas políticas cubren tanto las propias operaciones de la empresa como sus relaciones comerciales.
3. Una mayoría de los encuestados hace un seguimiento de la implementación y la eficacia de sus actividades de debida diligencia
Más de la mitad de los encuestados indicó que hace un seguimiento de la implementación y la eficacia de sus actividades de debida diligencia, mientras que alrededor de una cuarta parte señaló que no lo hace.
4. Una mayoría de los encuestados no divulga públicamente información sobre su proceso de debida diligencia
Tres quintas partes de los encuestados indicaron no divulgar públicamente información sobre su proceso de debida diligencia. Más de una cuarta parte señaló que sí divulga dicha información.
5. La mayoría de los encuestados depende exclusivamente de mecanismos de reclamación internos
Más de la mitad de los encuestados indicó depender de sus propios mecanismos de reclamación internos. Más de una cuarta parte señaló no contar con ningún mecanismo, mientras que proporciones menores indicaron que utilizan mecanismos externos o una combinación de mecanismos internos y externos.
